SANTA OLALLA EN LA GUERRA CIVIL

SANTA OLALLA

 

Texto tomado de nuestro libro monográfico, Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla

 

Guerra Civil

 

Aunque el Gobernador había ordenado la retirada de armamento de toda la provincia, «el 18 de julio de 1936 había en Santa Olalla 45 derechistas con armas, pero la izquierda tomó el poder”, según refería la propia Causa General. La orden de embargo de armamento fue dada por el alcalde Lorenzo Navarro a dos miembros del Comité: Bartolomé Rayón Montoro y Timoteo Recio, quienes requisaron varias pistolas y bastante munición, así como un rifle a Luís Hierro Hierro antes de su huida de la villa. Pero la casi totalidad del material no pudo ser incautado porque fue soterrado previamente en el corral de José Vélez.[i]

En Santa Olalla, las familias Hierro, Vélez, Sánchez de Rivera o Salamanca, únicas que podían haber optado por apoyar al golpe militar, prefirieron la sumisión o la huida inmediata de la villa, como el caso de Ángel Gómez de Agüero Vélez, afiliado a Falange, que escapó atemorizado hasta Talavera de la Reina donde sería asesinado por convecinos que se desplazaron hasta la ciudad de la cerámica para tal fin. De igual manera, Pedro Hierro Hierro, el hombre más buscado, desapareció el mismo día 18 de julio con dirección hacia La Adrada (Ávila), donde aguantó unos días para después refugiarse en Madrid. Aunque semanas después sería detenido y conducido a la prisión de Alicante donde permanecería hasta su fuga en 1938. Volvió a la capital de España y aquí continuó escondido, hasta que finalizó la contienda, gracias a la ayuda que le prestó un obrero del campo que trabajó en sus fincas durante más de 12 años, Alfonso Benayas Aguilar.[ii]

En primer lugar, el párroco Mariano Ruiz García (albacea-contador partidor de la herencia de doña Elisa) fue obligado a marcharse a Alcubillete en la primavera de 1936, donde sería asesinado al inicio de la contienda. Igual suerte corrió su sucesor, Eloy Serrano, que también abandonó la iglesia en esas mismas fechas para ser pasado por las armas en su pueblo natal, La Solana. Y por último, el coadjutor Julián Torralba, natural del pueblo, moriría asesinado en el kilómetro 64 de la carretera de Extremadura por miembros del Comité de Santa Olalla. Además, los daños causados en la Iglesia de San Pedro fueron cuantiosos: dos órganos destruidos, retablo del altar mayor deshecho, destrozos de imágenes, cuadros, lienzos, etcétera, así como el robo de alhajas y vasos sagrados de gran valor que el Comité se llevó a Madrid en su huida.

Quien mejor conocía la persecución sufrida por el clero de Santa Olalla era su sacristán, Sebastián Recio, quien salvó milagrosamente su vida, junto con su hijo Mario Recio. Ambos fueron perseguidos por el Comité hasta su huida a la localidad vecina de Carriches. Y a través de sus cartas remitidas a los distintos curas de la parroquia, recientemente publicadas, hemos podido saber que les amenazaban a «diario con quitar los badajos de las campanas de las que me ocupo personalmente». Además Sebastián, seguía relatando: «cada vez son más bestias (refiriéndose a los jornaleros), porque no quieren ir a cosechar y tenemos que mandar a nuestros hijos para evitar que se pierda el cereal». En cuanto al orden público local, el viejo sacristán nos confirmaba un hecho ya resaltado anteriormente: que el cambio de Gobernador llevado a cabo el 15 de junio de 1936 (Vicente Costales por el más autoritario Manuel María González) influyó en la pacificación momentánea del vecindario. «Con el cambio de gobernador hemos ganado mucho, ya no vemos a las Juventudes Socialistas uniformadas por la calle, ni manifestaciones como antes, pero siguen mandando y con ganas de conflictos porque no se les reprime en muchos de sus desmanes», concluía Sebastián.[iii]

En Santa Olalla y durante los primeros días, Ayuntamiento y Comité estuvieron regidos por la misma persona: el primer edil Lorenzo Navarro Rodríguez. Éste se acompañó de sus compañeros de partido, Hilario Collado y Anselmo Lozano Gutiérrez (padre del matador de toros Gregorio Sánchez), entre otros, para comenzar con las multas e incautaciones. Así, procedieron a ocupar la finca El Tapuelo, propiedad del Conde de Orgaz y administrada por José Nuero. Además, como el Gobierno de la República también había promulgado el decreto de 27 de julio del mismo año, “por el que se ordenaba la ocupación de todos aquellos edificios que las Congregaciones Religiosas tenían dedicadas a la enseñanza” interpretaron incorrectamente dicha norma y requisaron un cuadro de El Greco que custodiaba el presidente de la fundación Hospital Corpus Christi y administrador de aquella hacienda.

También la propia Causa General hacía mención que Anastasio Jiménez Arevalillo fue amenazado y obligado a permanecer custodiado en su domicilio de la calle Jardines. Además se impusieron multas y requisaron cosechas recién recolectadas. Pero tanto Lorenzo Navarro, como Hilario y Anselmo, estaban en contra de cualquier derramamiento de sangre.[iv]

Como ocurriera en Torrijos, Fuensalida y en tantas otras poblaciones, durante los primeros días del estallido de la guerra, Comité y Ayuntamiento trabajaban al unísono. Pero cuando llegaron las órdenes de que era necesario ejecutar a los derechistas más significados de la villa, los tres miembros más destacados del primer Comité dimitieron, por oponerse a los asesinatos. Pese a ello Hilario y Anselmo serían injustamente ejecutados tras un consejo de guerra al finalizar la contienda por su actuación en los días que relatamos.[v]

Hacía falta al frente del Comité alguien que supiera interpretar el proceso revolucionario en el que Santa Olalla estaba inmerso tras el estallido de la guerra, y sobre todo que no fuera natural del pueblo para evitar sentimentalismo a la hora de imponer su represión. La elección del Comité recayó en el médico de la población, Regino Moreno Rodríguez, «porque yo sabía leer y escribir, y así podía llevar las cuentas mejor que nadie; no me dieron opción de rechazar el cargo», declaró el propio interesado ante los tribunales militares que le condenaron a muerte al terminar la contienda.[vi]

El joven facultativo Regino, de 31 años, era natural de Urda (Toledo) y llegó a Santa Olalla en el año 1932, para ejercer su profesión. Siempre estuvo interesado por la política, y con el paso del tiempo su ideario cambió y se aproximó al partido de Largo Caballero. Este líder socialista pasó por Santa Olalla en agosto del 1936, antes de ser nombrado presidente del Gobierno, con ocasión de una visita al frente de Talavera. El contenido de la reunión que mantuvieron Largo y el presidente del Comité de Santa Olalla, en el desaparecido Café Gálvez, es desconocido para todos. Lo único que sí ha trascendido es que a dicha cita, de finales de agosto, también asistió el coronel republicano José Asensio Torrado, quien días después fracasaría estrepitosamente con la pérdida de Talavera.[vii]

En la noche del 12 de agosto de 1936, el juez de paz, Anastasio Hierro Abad, fue conducido por miembros del Comité a las dependencias municipales, para ser asesinado un día después en el kilómetro 93 de la carretera de Extremadura. Los dos vecinos que acudieron a su domicilio a practicar su detención le acusaron de «que muchas veces habían sido ellos juzgados por él, y que ahora se invertirían las tornas». El día 13 de agosto de 1936, en el mismo lugar citado, el farmacéutico Urbano Ferrer de Yanguas, de 55 años, junto con su hijo Urbano Ferrer Urtiaga de Vivar, estudiante de 17 años, fueron ambos igualmente asesinados.[viii]

Igual suerte corrió Guillermo Lozano de la Vega, auxiliar de secretaría del Ayuntamiento de Santa Olalla desde 1928. Además fue delegado gubernativo durante algunos meses. Dicho cargo lo desempeñó de manera muy enérgica, llegando al extremo de clausurar la Casa del Pueblo tras la huelga general campesina de junio de 1934. El día de su muerte se encontraba trabajando en una era del Camino de la Higueruela, en compañía de su hijo de 14 años, Florencio. Ambos fueron también asesinados en el mismo momento.[ix]

El día 20 de agosto se cometió otro asesinato que sorprendió a toda la localidad porque ocurrió en pleno día y no fue ordenado por el Comité. Obedecía a una rencilla personal entre su autor, Eugenio Collado Rodríguez y Teodoro Sánchez. Su primera intención era matar a éste último, con el que había tenido un enfrentamiento en un baile público meses atrás, pero al final mató a su padre, Juan Sánchez, El Panadero. Armado con una escopeta y sin mediar palabra le disparó a quemarropa, en presencia de dos testigos: Albino Bernal García y Julio Benayas del Moral. Como el muerto era de ideología conservadora, el Comité ordenó la prohibición de velar el cadáver en el domicilio familiar. Para ello, mandó hacer guardias en la puerta del finado. Así cada dos horas, un vecino reclutado por el Comité de entre los miembros de la Sociedad Obrera era sustituido por otro. Al poco tiempo, Eugenio Collado huyó a Madrid, en septiembre de 1936, y después de acabar la guerra lideró una partida de guerrilleros o maquis en la serranía de Córdoba con el apodo de “El Capitán Corruco”. El día 11 de marzo de 1942 caería abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil por aquellos montañosos parajes.[x]

Estos fueron todos los asesinatos cometidos en Santa Olalla durante aquel verano de 1936. No obstante pudieron ser muchos más si la policía no hubiera intervenido rápidamente. Ocurrió que tras la muerte de Anastasio Hierro Abad, sus hermanos Pedro, Julio y Juan también fueron detenidos por el Comité, junto con los hijos del difunto, Pedro y Pilar Hierro Moreno, y hasta un total de 19 personas, entre las que se encontraba Rafael Sánchez de Rivera, jefe de Falange en la localidad. El destino de los apresados fue muy incierto, pero fuerzas de seguridad vinieron desde Madrid en su ayuda. Éstas fueron requeridas por Julián Recio de la Cruz, funcionario de policía en la madrileña Dirección General de Seguridad (DGS) y pariente de la familia Hierro (casado con una hermana del asesinado Anastasio Hierro Abad). Previamente, dicho agente había recibido una llamada de socorro desde Santa Olalla y fue advertido de que una veintena de vecinos, en su mayoría familia política suya, podían ser pasados por las armas si no se actuaba con rapidez.[xi]

Aquella misma noche del 16 de agosto de 1936 dos camiones de la DGS salieron de Madrid camino de Santa Olalla con órdenes de traer hasta la capital a los 19 derechistas detenidos, la mayoría eran miembros de las familias Hierro, Sánchez de Rivera o Vélez. Pero también se encontraba en el grupo Juan Lorenzo Arroyo Pérez, que se había afiliado a Falange contra la voluntad de su padre, el alcalde Manuel Arroyo.[xii]

El viaje de vuelta a la capital de los detenidos fue muy accidentado, con continúas paradas en los controles milicianos de cada localidad por la que pasaban, porque los vehículos rotulados con distintivos oficiales no eran, a veces, suficientes para continuar el camino. Ya en Madrid, al no existir denuncia previa, todos fueron puestos en libertad después de prestar declaración en las dependencias de la Puerta del Sol. El artífice del rescate agradeció a sus superiores la atención prestada para con sus amigos y familiares, aunque la decisión fue fácil al no existir acusación contra ellos. Los 19 santaolalleros se marcharon, por caminos diferentes, en busca de algún refugio en aquella ciudad tan hostil, donde las checas recibían diariamente a decenas de personas para ser asesinadas. Unos se alojaron en alguna vieja pensión del centro, otros en casas de familiares o amigos que arriesgaban sus vidas por esconder a sospechosos de apoyar el golpe militar. Los hermanos Pedro y Alberto Hierro acompañaron a su tío Julián al domicilio de éste sito en la calle Canarias, 30.[xiii]

Aunque los perseguidos habían destruido sus ropas y se habían disfrazado con otras más idóneas, no podían salir de sus refugios por miedo a ser reconocido por alguno de sus convecinos que habían comenzado a llegar a Madrid huyendo de las tropas sublevadas que ya habían sobrepasado Talavera.

Mientras tanto, en Santa Olalla, los dirigentes del Comité también estaban preparando su huida hacia la capital. Habían decidido reagruparse a su llegada a Madrid en el número 118 de la calle Embajadores. Aquí vivía el carrichano Siro Carpeño, un activo militante del PCE, casado con la santaolallera Enriqueta Bernal García, trabajador en la fábrica de cervezas «El Águila» de Madrid, que también abandonó Santa Olalla después de las continuas disputas mantenidas contra el derechista Pedro Argudo García.[xiv]

A finales de septiembre de 1936 se constituyó un nuevo Comité en el lugar previsto, con la finalidad de acordar el destino que habría que dar al dinero y demás incautaciones realizadas en aquel verano recién terminado. Después de convenir que todos esos bienes serían entregados a la Caja de Resistencia a la República más próxima a ese punto, decidieron formular denuncia en comisaría contra todos los miembros del «grupo de 19», a excepción de Juan Lorenzo Arroyo y Pedro Gómez de Agüero. La acusación fue firmada, en la jefatura de la Inclusa, por Siro Carpeño y ocho vecinos más. Los cargos imputados, en su mayoría contra la familia Hierro, eran muy dispares: les tachaban de caciques y pistoleros, culpándoles de haber estado todo el periodo republicano en contra de las reformas agrarias y atropellando a los jornaleros; no sin antes recordar que el alcalde Pedro Hierro asesinó caprichosamente a un convecino en 1923.[xv]

A consecuencia de un chivatazo llevado a cabo en los últimos días de septiembre, la policía buscaba a los derechistas santaolalleros en el domicilio de Julián Recio, en la calle Canarias 30, quien fue detenido por encubridor y puesto en libertad en 48 horas, mientras «el grupo de 17» denunciados (el número de perseguidos se había reducido en dos unidades), seguían en paradero desconocido. Pero 12 de ellos caerían asesinados el día 3 de octubre de 1936. Sus cadáveres aparecieron en el cementerio del Este y fueron fotografiados por la prensa con un cartel que decía: «Estos son los señoritos de Santa Olalla».

En esta misma fecha se requerirá la presencia de Julián Recio en el despacho de su director general y se le advirtió del riesgo que corría su vida tras los sucesos ocurridos unas horas antes: los autores de la denuncia querían permanecer en el anonimato, pero sabían que Julián tenía copia de la misma y algún día la podría utilizar en su contra. Pero Julián ya no pudo salir de Madrid y encontró protección en la embajada de México, donde permaneció cinco meses. Sabía que la santaolallera Epifanía Peña Gómez había sido detenida por el Comité en la Checa de Marqués de Riscal en la calle Caracas 17 y estaba siendo coaccionada para que revelase el paradero de Julián Recio. Ocurría que los miembros del Comité que firmaron la denuncia contra sus paisanos sabían que Madrid podía ser ocupada por Franco en cualquier momento y, si eso sucedía, su vida correría peligro. Pero no sucedió así. Habría que esperar a la terminación de la guerra para que los tribunales militares condenaran a muerte a la mayoría de los miembros del último Comité de Santa Olalla con sede en Madrid.

La autoría del chivatazo nunca se ha podido averiguar. Seguimos ignorando quien condujo a las milicias republicanas hasta los distintos refugios en los que estaban ocultos en una ciudad que les era tan hostil. El único superviviente, José Vélez Hierro, se encontraba enfermo en cama. Cuando llegaron a detenerle y como apenas podía moverse, dada su avanzada edad, pudo librar su vida. Por supuesto que entre las caras de sus captores no había ninguna conocida.[xvi]

 

Llegada de las tropas sublevadas

 

La localidad de Santa Olalla quedó casi desierta de habitantes. La mayoría habían emigrado para nunca más volver, sobre todo los que ostentaron algún cargo público o habían participado indirectamente en algún delito de sangre. Otros, incluso de ideología conservadora, simplemente se marcharon ante el temor a los aguerridos moros. Según refiere la Causa General, de 3.078 habitantes que había censados, sólo quedaron 400 para recibir a las tropas nacionales. A ello contribuyó el desánimo de todos los vecinos, de ambas ideologías, cuando se enteraron de lo ocurrido días atrás en El Casar de Escalona.[xvii]

En la retina de aquellas personas que recibieron a las tropas de Yagüe, aquel 20 de septiembre, ha quedado grabado el montón de ruinas a que quedaron reducidas las casas del pueblo, fruto de la batalla aérea librada por aquellas fechas.

No hubo fusilamiento o represión inmediata como sucedió en otros pueblos. En Santa Olalla, a pesar de los asesinatos ocurridos semanas atrás, los aguerridos moros no tuvieron con quien saciar sus ansias de venganza, un poco aplacadas ya por los sucesos ocurridos el día antes en El Casar de Escalona. Excepción hecha de una decena de milicianos de la localidad de Belvís de la Jara que pasaban en camión por allí, saludando puño en alto, camino de Madrid. Ignoraban que el pueblo había sido ocupado ese mismo día. El error de los recién llegados les costaría la vida.

           Corresponsales de guerra y periodistas extranjeros acompañaban a las columnas africanas. Uno de ellos, John T. Whitaquer, se ganó la confianza de Yagüe, quien le ayudó a sortear los rígidos controles impuestos a la mayoría de los corresponsales de países democráticos. Solo les permitían llegar al frente una vez concluida la batalla y siempre escoltados por el jefe de prensa de Franco. Pero este redactor debió transmitir por error una noticia equivocada que el historiador Paul Preston ha transcrito en su libro El holocausto español, y de cuyo contenido se habló en el capítulo correspondiente.[xviii]

Habían transcurrido solo unos días desde la llegada de las tropas rebeldes a la deshabitada Santa Olalla y ya se advertían los consabidos ánimos de venganza entre los apenados familiares de las víctimas que acababan de ser asesinados semanas atrás. Pero, ¿ contra quién irá dirigida la represalia si casi toda la población había huido, y con ella los mayores implicados en delitos de sangre.

En los primeros días no existió represión en caliente alguna convertida en forma de muertes, tal y como ocurriera en otras poblaciones vecinas. Pero todo cambió con la llegada a Santa Olalla de los falangistas andaluces y canarios. Los primeros eran miembros de la sevillana columna Carranza y se alojaron en el caserón propiedad del exalcalde Manuel Arroyo, sito en la Glorieta del Callao. Esta plazuela aún seguía conservando su encanto, tras superar inalterada los bombardeos llevados semanas atrás por la aviación.

Con la aparición en el pueblo de estos fanáticos forasteros, isleños y andaluces, llegó la primera detención en la persona del santaolallero Manuel Ruiz Sánchez Ortiz, quien nunca se había significado en política durante la etapa republicana, como reconoció el propio tribunal militar que le juzgó. Sin embargo, fue apresado por miembros de Falange y aunque «compré mi libertad por 1.000 pesetas que entregué al jefe de los falangistas canarios», según relató el propio interesado. Después, fue juzgado y después ejecutado en Talavera.[xix]

Hubo que esperar hasta la constitución de los tribunales militares a principios de 1937 para ver como un grupo de infelices santaolalleros, como el citado Manuel Ruiz, serían condenados a muerte y ejecutados en Talavera en ese mismo año. Habían permanecido en sus casas, sin huir a Madrid, porque no tenían nada que temer; sin embargo, fueron los chivos expiatorios que buscaban los nuevos ocupantes de la villa para sembrar el pánico.

A veces los escuadrones de la muerte pasaban por varios pueblos, recogían a las víctimas y los llevaban a otras localidades. Así ocurrió en Carpio de Tajo. El 23 de octubre de 1936 llegaron a Santa Olalla diez jóvenes esposados vecinos de aquella localidad, con edades comprendidas entre 18 y 23 años, conducidos por sus captores para ser ejecutados en el camino de La Higueruela. El asesinato colectivo se produjo en la bifurcación de esta travesía, a tan solo un kilómetro de centro de Santa Olalla, con la vereda de San Antón. Los restos permanecieron enterrados en aquella fosa durante décadas, pero desde los años 50, yacen todos juntos en una sepultura del cementerio de su pueblo natal.[xx]

Una vez creados los tribunales militares, a principios de 1937, sería a ellos a quienes se les confió la justicia penal, sea cual fuere la naturaleza del delito. Pero solo un consejo de guerra se celebró en Santa Olalla antes de terminar la guerra, incoado en el año 1937. Sirvió para sentar en el banquillo a varios vecinos, algunos de los cuales fueron condenados a muerte. Entre los acusados se encontraba el alcalde Manuel Arroyo, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante cuatro años. Fue denunciado por Piedad Hierro Arroyo, con quien estaba emparentado y que acababa de enviudar tras el asesinato de su esposo José María Salamanca. El contenido de la denuncia era muy singular y, como ocurriera en tantas poblaciones, se acusaba a los alcaldes de no saber contener, y en otros casos arengar, a las masas que después acabaron con la vida de sus familiares. Otras imputaciones formuladas contra Arroyo iban referidas al liderazgo que ejerció en el Partido Republicano Radical Socialista, en cuyo domicilio tenía su sede, y a la amistad que le unía con el líder de dicha formación política en la provincia, José Ballester, alcalde de Toledo en aquel periodo. En el relato de la extensa acusación se aludía a las actuaciones de la vida pública del primer edil, ocurridas desde 1931 hasta 1936.[xxi]

A los condenados a muerte, cuya relación de víctimas está reseñada al final del libro, se les ejecutó la pena en la cárcel de Talavera, no sin antes recibir la visita del cura párroco de Santa Olalla, Modesto Cortés Moreno, para rezar por sus almas. Otros, como Jacinto Luna Aguilar (se encontraba incorporado por su reemplazo en el ejército sublevado cuando fue detenido) y Eugenio Rodríguez, consiguieron la libertad en poco tiempo. En cambio, Eugenio Rodríguez Sánchez falleció por enfermedad en el citado presidio mientras cumplía condena en 1941.[xxii]

Paradójicamente, ante la sorpresa de todos, el único procesado que había estado significado políticamente, el alcalde Manuel Arroyo, no fue condenado a muerte. Manuel Arroyo pasó la guerra en la cárcel y hasta 1939 permaneció en la prisión de Orduña (Vizcaya), donde recibió la triste noticia de que su hijo Francisco había fallecido en el frente enrolado en el ejército rebelde. Mientras su esposa seguía pidiendo clemencia a Franco para que le concediera el indulto. En su defensa, Jesusa Pérez remitió una carta al dictador argumentando que su marido había sido condenado en 1937 porque el juicio se celebró con mucha premura y no pudo defenderse. Además la actuación de Manuel «siempre fue de repulsa contra los rojos», tanto era así que se había visto obligado a refugiarse en Alcabón huyendo de la revolución. Igualmente, buscando la compasión de Franco, la señora explicaba como su hijo Teófilo (también conocido como Juan Lorenzo) ya era adepto al régimen desde antes de estallar la guerra y por ello fue conducido a Madrid el 16 de agosto de 1936 para evitar ser asesinado por el Comité de Santa Olalla. Por último, hacía alusión a su otro hijo, Francisco, que prestó sus servicios en una Centuria de Falange hasta que resultó muerto el 4 de septiembre de 1937.[xxiii]

 

Final de la guerra

 

Dos meses después de terminar la guerra, el 1 de junio de 1939, 92 extenuados vecinos de Santa Olalla, llegados desde todos los puntos de España, estaban apresados en la llamada «prevención municipal». En un inmueble abandonado, situado en la plaza de la villa y conocido como la casa de doña Elisa, el casi centenar de arrestados esperaban hacinados la determinación que las autoridades franquistas iban a tomar con sus vidas.[xxiv]

De aquel grupo de 92 reclusos, el que primero encontraría la muerte sería Eugenio de la Vega Plaza, alcalde republicano de Santa Olalla desde junio de 1934 hasta la primavera de 1936. Éste optó por el suicidio el día 28 de agosto de 1939. Hemos indagado con mayor interés el caso de Eugenio porque una modalidad de tortura, muy propia de los primeros meses de la posguerra, era la protagonizada por jóvenes falangistas y familiares de las víctimas de aquel verano de 1936, que hacían visitas a las cárceles para propinar terribles palizas a los presos. Algunas de estas agresiones acabaron con la vida de más de uno, cuyo certificado de defunción era falseado con la palabra “muerte por ahorcamiento” o “shock traumático”, para hacer creer que la muerte se produjo por suicidio. Pero éste no fue el caso de Eugenio de la Vega Plaza, aunque la causa del fallecimiento en su certificado dijera «asfixia por suspensión o colgadura».[xxv]

La relación de los 92 presos citados fue entregada por el Ayuntamiento al comandante de puesto de la Guardia Civil. Este oficial también recibió las denuncias presentadas contra los mismos por vecinos del pueblo, junto con las fichas de aquellos soldados que habían estado alistados en el «ejército rojo», como el caso de Pedro Horcajuelo Díaz. Éste se alistó voluntario al servicio militar antes de estallar la guerra y ocho días antes del 18 de julio fue trasladado al cuartel de la Montaña de Madrid. La sentencia absolutoria dictada en Toledo en 1940 reconoció que «no tomó parte en el asalto al mismo, en el que Fanjúl se hizo fuerte el 19 de julio con 1.500 hombres que apoyaron el alzamiento militar».[xxvi]

La mayoría de las acusaciones contra los etenidos iban referidas a la posible implicación del recluso en los sucesos ocurridos en Santa Olalla durante aquel sangriento verano de 1936. Este fue el caso de Eugenio de la Vega que fue denunciado por Petra Hierro y Leocadia Sánchez. Ésta última era viuda de Guillermo Lozano quien había sido asesinado, junto a su hijo, en el mes de agosto de aquel año. Pero a Eugenio no le imputaban ser el autor de la muerte de estos familiares, sino simplemente el hecho de no haber impedido dichas muertes cometidas por milicianos forasteros, «máxime cuando Guillermo era sobrino de Eugenio, y éste mantenía buenas relaciones con el presidente del Comité», como aseguraba Leocadia.[xxvii]

El destino que seguiría cada uno de los detenidos era muy incierto porque la mayoría habían pertenecido a la Sociedad Obrera o a algún partido de izquierdas, como Bartolomé Rayón Montero. Éste se afilió al PSOE en 1931 pero no había participado en la vida pública hasta las elecciones de febrero de 1936, ni había intervenido en delito de sangre alguno. Fue juzgado por los tribunales militares y aunque su sentencia, dictada en 1940, fue absolutoria porque sus amigos del otro bando, los derechistas Elicio González Blázquez y Teodoro Sánchez Caro testificaron a su favor.[xxviii]

Otros que sí estuvieron comprometidos políticamente, como Pedro Salido Luna, teniente alcalde de la última Corporación republicana, no volvieron a sus casas por temor a represalias. Sin embargo, su hermano Daniel si retornó y aparecía en la lista de 92 detenidos. El destino de ambos fue muy dispar: el primero sería ejecutado en 1940 en el Cementerio de la Almudena de Madrid, mientras la causa de Daniel fue archivada sin cargos en 1943.[xxix]

Las primeras cárceles improvisadas tuvieron carácter provisional. Su existencia solo se prolongó unos meses, fundamentalmente hasta el verano de 1939. Su finalidad fue la de acoger al ejército republicano cautivo y servir de filtro para la depuración de responsabilidades. La primera intención del régimen fue abrir una investigación, pidiendo informes sobre cada prisionero, para proceder a su liberación si éstos eran positivos. Pero tal empresa se reveló complejísima, por lo que se decidió que fueran los propios cautivos quienes buscaran sus propios avales. Así ocurrió con Francisco Gómez de Agüero Jiménez, presidente del Partido Republicano Radical Socialista en Santa Olalla, que vio archivada su causa al recibir un informe favorable de un comandante del Ministerio del Aire. De igual manera a Emilio Gómez Peña, tras ser avalado por el jefe de Falange de Santa Olalla, Mario Recio.[xxx]

Algunos de los 92 detenidos en su propio pueblo estaban enfermos y desfallecidos después de tres años de guerra, por ello algunos morirían en la cárcel cumpliendo condena. Tal sería el caso de Víctor Arroyo Casares que ingresó por su quinta en el Ejército de la República. Después de arriesgar su vida muchas veces en el frente de batalla, falleció de tuberculosis en la prisión de Talavera en 1941.[xxxi]

Mientras tanto, los familiares de las víctimas de aquel verano de 1936 buscaban a los autores de dichas muertes. Este era el caso del Alférez de Regulares Román Hierro de Prada que había perdido a su padre y dos hermanos, asesinados en la madrileña cárcel Modelo en octubre de 1936, tras una denuncia interpuesta por vecinos de Santa Olalla. Por ello, cuando interrogó a la mayoría de los 92 detenidos en el caserón de doña Elisa, en algunos casos propinándoles severas palizas, comprobó que allí no estaban las personas que delataron a su familia y se marchó a Madrid en su búsqueda. Llevaba el militar santaolallero en la cartera una copia del escrito de acusación que le había facilitado su pariente, el policía Julián Recio, y una serie de domicilios por los que comenzar su investigación, entre ellos el de Siro Carpeño Rico de la calle Embajadores nº118 de la capital.[xxxii]

No obstante, en Madrid, un personaje “enigmático” facilitó la labor a Román Hierro. Sin embargo, cuando éste llegó a la capital, a finales de mayo de 1939, Siro Carpeño y su esposa ya estaban detenidos por la Brigada Político Social, junto con Magdaleno Gómez y Jesús Rodríguez. Sin embargo, únicamente Siro sería ejecutado en noviembre de 1939.[xxxiii]

La tarea de investigación de Román Hierro no fue fácil porque algunos de los perseguidos habían cambiado su identidad por la de algún fallecido en el frente, y tendría que identificarles personalmente en un Madrid saturado de hombres y mujeres arrestados y a la espera de que alguien interpusiera la preceptiva denuncia contra ellos. Para entonces ya se había conseguido el control absoluto de la ciudad y las escuadras de Falange habían ocupado conventos, institutos y fábricas con la misión de informar sobre la existencia de armas. También existían controles de entrada y salida de viajeros en Puerta de Hierro y todos los puentes de acceso a la ciudad.

Algunos santaolalleros serían ajenos a esta represión porque huyeron a Francia, como le ocurrió a Félix Gómez Fernández. Éste se había incorporado al Ejército de la República en 1938, pero se marchó al país vecino un mes antes de finalizar la contienda. Sin embargo, regresó voluntariamente a España para ser recluido, y después juzgado, en un campo de concentración de Manresa. Los tribunales militares archivaron su causa a la vista de los buenos informes del jefe de Falange local.

Quien podría haber corrido la misma suerte que Félix fue su paisano Pedro Durán Sánchez. Éste se marchó a la nación gala el 10 de febrero de 1939 y allí contrajo matrimonio en 1944 con la ciudadana francesa, Paulette Emilie. A pesar de no haber estado significado políticamente, ni tener formulada denuncia alguna en su contra, no volvería a España hasta 1985. Vendría solo de vacaciones, para después regresar a Francia, donde falleció en 1997. Pero antes, en 1958, la madre de Pedro, Agueda Sánchez Durán, viajo a Francia a ver a su hijo, con tan mala fortuna de que a la vuelta falleció en la frontera de Bayona de muerte natural.

Pedro perteneció aquel nutrido grupo de republicanos españoles en el exilio que formaron parte de la resistencia francesa contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Prestó sus servicios como teniente de artillería y transmisiones de la 94 división de guerrilleros españoles de la Unión Nacional Española que participó en la invasión del Valle de Arán. La utópica misión fue un intento de provocar, desde el país vecino, en octubre de 1944, un levantamiento militar contra la dictadura del general Franco.[xxxiv]

Tras la finalización de la Guerra Civil española, lo que quedó de manifiesto desde el primer momento en la lucha antifranquista fue que el PCE era la organización política más organizada y combatiente contra los postulados represivos del franquismo. Los dirigentes comunistas crearon pequeñas células y grupos de comunistas para reorganizar el Partido y crear un frente común a la dictadura franquista. La primera reestructuración más organizada fue la llevada a cabo por Heriberto Quiñones que puso en marcha un organigrama directivo con unas directrices políticas más definidas y con la creación de un verdadero Buró Político. Los comunistas españoles en Francia, como el santaolallero Pedro Durán, con Jesús Monzón a la cabeza, crearon una Delegación del PCE en territorio francés y entre 1943 y 1945 fueron pasando al interior de España varios colaboradores de Monzón para preparar la Delegación del PCE en el interior del país. La política que defendían era la de Unión Nacional, siendo esta un intento de unificar a todos los partidos y personalidades, no solo republicanos sino aquellos que estuvieran en contra de Franco. Como órgano difusor de sus postulados e ideales crearon el periódico Reconquista de España. A lo largo de esos años estructuraron comités provinciales y locales para desarrollar sus actividades clandestinas.[xxxv]

 

[i]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario E-249, seguido contra Bartolomé Rayón Montoro por denuncia de Petra Hierro, viuda del asesinado José Mª Salamanca, quien reconoció que tanto su esposo como sus hijos llevaron las armas voluntariamente al Ayuntamiento. El acusado Rayón manifestó que cumplía órdenes del alcalde Lorenzo Navarro y que retiró armas en los domicilios de Gabriel Moset, (una pistola del 6,5 mm), Félix Sánchez Caro (entregó un arma inservible), David López (no quiso entregarlas), Julio Hierro (una pistola) y José Vélez (otra pistola). Por otra parte, la Causa General refería la titularidad del rifle que abandonó Luís Hierro antes de huir a La Adrada (Ávila). Aunque la Causa General fue ordenada por Franco para la investigación de «todos los hechos delictivos cometidos durante la denominación roja», nos ha servido para desvelar muchos hechos como este. Actualmente, estos fondos compuestos de más de 1.500 legajos están depositados y accesibles al público, en el Archivo Histórico Nacional o en la página web del Ministerio de Cultura. La afirmación de que las armas fueron soterradas es testimonio de Alfonso San Miguel Vélez.

[ii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 816, seguido contra Alfonso Benayas Aguilar.

[iii]. Dionisio Vivas, Miguel Ángel: El clero toledano en la Primavera Trágica de 1936, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 2014, p.145.

[iv]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 12.354 y 623, seguidos contra Hilario Collado y Anselmo Lozano Gutiérrez, respectivamente. Tanto a Hilario como a Anselmo no se les imputaban delitos de sangre alguno. Solo eran acusados de haber pertenecido al primer Comité durante unos días, y antes de que éste órgano ordenara cometer asesinato alguno. La mayor acusación contra el primero consistía en ser el padre del autor de la muerte de Juan Sánchez «El Panadero».

[v]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 12.354 y 623, seguidos contra Hilario Collado y Anselmo Lozano Gutiérrez, respectivamente. Tanto a Hilario como a Anselmo no se les imputaban delitos de sangre alguno. Solo eran acusados de haber pertenecido al primer Comité durante unos días, y antes de que éste órgano ordenara cometer asesinato alguno. La mayor acusación contra el primero consistía en ser el padre del autor de la muerte de Juan Sánchez «El Panadero».

[vi]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 491, seguidos contra Regino Moreno por denuncia de Piedad Hierro Arroyo. El acusado manifestó en su defensa que el año 1935 fue delegado gubernativo en el Ayuntamiento y que perteneció a la CEDA. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento Jorge Besteiro, sobrino del líder del PSOE, le dijo que debía aceptar el cargo para salvar su vida.

[vii]. Archivo General e Histórico de Defensa. En diversos sumarios seguidos contra miembros del Comité se habla de la presencia del general Asensio Torrado en las reuniones de dicho órgano en los días inmediatamente anteriores a la llegada de las tropas nacionales. Incluso algunos encausados le citan como último presidente de ese consejo. Y la propia Causa General también alude al referido general: «el general Asensio mandó llamar a los derechistas Mario Recio Blanco y su padre Sebastián Recio Recio, para evitar que el Comité continuara acosándoles». Si bien, la fundada desconfianza les llevó a refugiarse en Carriches para evitar más persecuciones.

[viii]. Archivo Histórico Nacional, Causa General, coincidente con todos los consejos de guerra seguidos contra sus captores.

[ix]. Archivo Histórico Nacional, Causa General. El testimonio de Pedro Rodríguez, nonagenario santaolallero, salió corriendo, tras oír los disparos cerca de la era y antes de llegar a los cadáveres sin vida de sus paisanos, se cruzó con los dos milicianos forasteros de la C.N.T. autores del doble crimen.

[x]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 12.354, seguidos contra Hilario Collado, padre del autor del asesinato, y contra su hermano Victoriano Collado Rodríguez. Este contaba solo con 15 años de edad cuando se cometieron estos delitos, por ello consiguió eludir el pelotón de ejecución.

[xi]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 55.403, seguido contra Siro Carpeño Rico y otros miembros del Comité en Madrid.

[xii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 55.403, seguido contra Siro Carpeño Rico y otros miembros del Comité en Madrid.

[xiii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 55.403, seguido contra Siro Carpeño Rico y otros miembros del Comité en Madrid.

[xiv]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 55.403, seguido contra Siro Carpeño Rico y otros miembros del Comité en Madrid.

[xv]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 55.403, seguido contra Siro Carpeño Rico y otros miembros del Comité en Madrid.

[xvi]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 55.403, seguido contra Siro Carpeño Rico y otros miembros del Comité en Madrid.

[xvii]. Causa General, AHNM, Caja, 556, Santa Olalla.

[xviii]. PRESTON, Paul: El holocausto español, Op. Cit, p. 488. Tomado de Whitaker, We Cannot Escape History, pp. 111-112; Whitaker, «Preludi to World War: A Witness from Spain», Foreign Affairs, vol 21, nº 1, October, 1942, pp 105-106.

[xix]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 3.565, seguido contra Manuel Ruiz Sánchez.

[xx]. Testimonio del carpeño Máximo Molina, según entrevista de 19 de septiembre de 2015. En el cementerio de Carpio de Tajo existe una sepultura en cuya lápida aparecen todos los nombres de los cuerpos exhumados en esa fosa común.

[xxi]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 57/1937, seguido en Talavera de la Reina contra Manuel Arroyo y una decena de vecinos más. Ningún miembro del tribunal afirmó en toda la instrucción del consejo de guerra, y en la sentencia tampoco, que los condenados a muerte hubieran cometido delito de sangre alguno.

[xxii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario 57/1937, seguido en Talavera de la Reina contra Manuel Arroyo y resto de imputados.

[xxiii]. Carta remitida el 31 de diciembre de 1939 por doña Jesusa Pérez del Pozo, esposa de Manuel Arroyo, a Franco solicitando el indulto de su marido. Organero Merino, Ángel; Batallón de pico y pala: cautivos toledanos en Navarra (Lesaka, 1939-1942), Pamiela, Pamplona, 2015, p.161.

[xxiv]. Archivo municipal de Santa Olalla. Existe una hoja suelta, de fecha 1 de junio de 1936, con la relación de los 92 presos citados, que fue entregada por el Ayuntamiento al comandante de puesto de la Guardia Civil. Este oficial de la Benemérita también recibió las denuncias presentadas contra los mismos, junto con las fichas de aquellos soldados que habían estados alistados en el «ejército rojo».

[xxv]. Certificado de defunción de Eugenio de la Vega Plaza. Los testimonios orales de Pedro Rodríguez y Concha Molina, entre otros muchos, afirman que Eugenio de la Vega se suicidó. Otros vecinos, en cambio, manifiestan que la trágica decisión la tomó tras sufrir una fuerte depresión motivada por la pérdida de parte de su patrimonio en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

[xxvi]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 190, seguido contra Pedro Horcajuelo Díaz.

[xxvii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 27.651, seguido contra Eugenio de la Vega Plaza por denuncia de Petra Hierro y Leocadia Sánchez que finalizó sin sentencia por fallecimiento del acusado.

[xxviii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 6.831, seguido contra Bartolomé Rayón Montero.

[xxix]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 5.439, seguido contra Pedro Salido Luna.

[xxx]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 8.790, seguido contra Francisco Gómez de Agüero Jiménez.

[xxxi]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 8.612, seguido contra Víctor Arroyo Casares.

[xxxii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 9.801, seguido contra Josefa Benito González.

[xxxiii]. Archivo General e Histórico de Defensa, sumario nº 18.953, seguido contra Siro Carpeño Rico. Por su parte, Román Hierro Prada marchó a la División Azul y aquí perdió la pierna izquierda en la batalla. Fue condecorado por los alemanes con la Cruz de Hierro, el 7 de noviembre de 1941, y a su vuelta a España gozó del privilegio de los excombatientes hasta ejercer de alcalde en Santa Olalla.

[xxxiv]. Testimonio de la hija de Pedro Durán, Baudry Yolande, que contactó con nosotros desde Francia a través de Facebook, Guerra Civil en la comarca de Torrijos.

[xxxv]. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid clandestino. La reestructuración del PCE, 1939-1945, Fundación Domingo Malagón, Madrid, 2002 y Archivo General e Histórico de Defensa, Sumario 140771.