Val de Santo Domingo en la Guerra Civil.

Val de Santo Domingo.

 

              El moderado primer alcalde republicano de la villa, Demetrio Díaz Fernández, se mantuvo en su cargo desde 1931 hasta el año 1936 porque  desempeñó con acierto la difícil tarea de armonizar los intereses entre obreros y patronos. Fue el primer edil que más tiempo perduró en su puesto durante la Segunda República en la comarca (1)

Durante los primeros de proclamarse la República, a los amos y jornaleros de Val de Santo Domingo los problemas les venían de fuera. Con un término municipal tan extenso y difícil de guardar, los robos, hurtos e invasiones de fincas eran frecuente y motivadas por forasteros. Para evitar estos daños se procedió a poner en conocimiento del Ministro de Trabajo los mismos, y para prevenirlo se solicitó “una pequeña escuadra de guardias civiles a caballo para poder custodiar las fincas del término, sin reparar en si es necesario que estén dirigidas por un sargento o por varios cabos, ya  que este Ayuntamiento sufragará todos los gastos de alojamientos y alimentación, y todo lo que sea menester…”, se decía textualmente en el libro de actas. (2)

Las tensiones en la España rural representaban una grave amenaza a la nueva República, por ello pronto se comenzó a trabajar en la elaboración de una ley que pusiese en marcha una profunda transformación de las estructuras de la propiedad rústica. El articulado de la Ley de Reforma Agraria perseguía la puesta en práctica de diferentes mecanismos de asignación de tierras y recursos agrarios. Se optó por la aplicación de diferentes soluciones para satisfacer el «hambre de tierra» de los jornaleros y campesinos más pobres.

La crisis angustiaba a los Ayuntamientos que se veían desbordados por las quejas de sus vecinos que pedían pan y trabajo. Las protestas de los propietarios comenzaron a formularse mediante denuncias ante el Juzgado o ante el gobernador, ya que los abusos contra la propiedad eran constantes. En Quismondo, días después de homenajear a su ilustre compositor musical invidente, Pablo Tapias, jornaleros de la localidad quemaron una cosechadora. Protestaban por la mecanización del campo en detrimento de la mano de obra humana.

Aunque Val de Santo Domingo  poseía un extenso término municipal, de tierras productivas, y más de 2.000 habitantes censados a principios de los años treinta, la conflictividad laboral le venía impuesta de la vecina Torrijos, con una jurisdicción agrícola muy pequeña. El alcalde de esta villa, el médico Agustín Rivera Cebolla, afiliado al partido de Manuel Azaña, hacía valer sus mejores influencias con el Gobierno provincial para emplear a los jornaleros del campo de su pueblo en detrimento de los braceros de Gerindote y Val de Santo Domingo.

Esta localidad se caracterizó por gran la armonía sindical entre los convecinos para defender sus intereses frente a las leyes agrarias que iba promulgando la república. Entre éstas se encontraba  el decreto de Términos Municipales que establecía la obligación patronal de contratar preferentemente a los obreros locales.

Esta nueva legislación beneficiaba a los jornaleros de los pueblos, como Val de Santo Domingo, con mayor superficie. Por ello, el citado alcalde de Torrijos utilizó su autoridad ante el Ministerio de Trabajo para suscribir el llamado Acuerdo de Inter-Municipalización con el fin de eludir, en la medida de lo posible, aquella norma. El mismo Rivera Cebolla así lo reconoció, dos años después, en una entrevista a la revista Toledanos: “Busqué el acuerdo para colocar a algunos de los más de 600 trabajadores del campo de Torrijos que están en paro”. (3)

Patronos y jornaleros de Val de Santo Domingo, algo atípico en los tiempos que corrían, se unieron para hacer frente al acuerdo que tanto les perjudicaba. Esta situación perturbaba las relaciones laborales de los obreros de la villa, que se unieron en manifestación junto a los amos para quejarse ante el Consistorio:

 

“Obreros y patronos de esta localidad han protestado ante este Ayuntamiento contra el acuerdo de inter-municipalización al que han llegado los alcaldes de Torrijos y Caudilla. Se han unido para intercambiarse mano de obra y evadirse de cumplir el decreto de Términos municipales. Por ello exigimos, y así lo haremos saber al Ministro que deseamos nos incluyan en dicho pacto o en caso contrario, nuestros patronos quedarán libres de contratar a jornaleros del lugar de la residencia del dueño…”. (4)

          

La proclamación de la República marcó el punto culminante de las tensiones Iglesia-Estado, que se remontaban al siglo XVIII. Es preciso, pues, recalcar que la «cuestión religiosa» no nació con la República, sino que llevaba un siglo protagonizando el debate político. Se pretendía eliminar a la Iglesia como poder público. Por ello, los primeros  conatos de violencia anticlericales surgieron en Madrid el 10 de mayo de 1931 con la llamada quema de conventos que provocó enfrentamientos en las calles entre monárquicos y republicanos. Las concentraciones multitudinarias acabaron con la destrucción de un total de 27 establecimientos religiosos, entre ellos el Palacio Arzobispal. Fue la primera convulsión violenta sufrida por la República que puede ser interpretada como una manifestación espontánea de anticlericalismo popular, pero también quizá haya razones fundadas para vincularla a la dinámica insurreccional de la extrema izquierda formada por grupos anarquizantes y militares revolucionarios.

La consecuencia más inmediata de los sucesos de mayo fue que el Gobierno radicalizó su política laicista que crispó la convivencia con los católicos, especialmente con motivo de las festividades religiosas. En este contexto histórico podemos relatar un hecho violento, ocurrido en Val de Santo Domingo, que trascendió a la opinión provincial y que el periódico socialista El Heraldo de Toledo, narraba así:

 

“La procesión de San Isidro en Val de Santo Domingo fue un acto político más que religioso, en la que se dieron vivas a la monarquía y a Cristo Rey. Aunque el alcalde había prohibido la procesión, esta se celebró sin la presencia del cura párroco que ordenó no sacar la imagen del Santo. El sacerdote se excusó de posibles responsabilidades, afirmando que la autorización provino por los miembros de la Hermandad de San Isidro. Una vez finalizado el recorrido, un camarada socialista reprochó, tanto al religioso como a los hermanos su actitud. Mientras sonaron unos disparos que hirieron al compañero. El tiroteo se generalizó y algunos tuvieron que defenderse con piedras”. (5)

La tradición oral, y algunos de los testigos llamados a declarar en los juicios sumarísimos seguidos en la posguerra, discrepan en la forma de suceder los hechos. Afirmaban que hubo un disparo, provocado por el derechista Diógenes Rodríguez Aguilera, para disolver el alboroto que se produjo en la puerta de la Iglesia. Según dichas  fuentes, “al pasar el santo por la puerta de la taberna del tío Dorao, frecuentada por socialistas, una mujer de la procesión aprovechó el momento para gritar ¡Viva San Isidro!, y los espectadores contestaron con un ¡Muera San Isidro! Después, al finalizar el acto religioso, zarandearon al cura y Diógenes disparó hiriendo al socialista Pedro Bargueño Aguilera”. (6)

            Una vez celebradas las elecciones de febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular en toda España, el gobernador de la provincia ordenó el cese de casi la totalidad de los Ayuntamientos donde gobernaba la derecha municipal, como era el caso de Val de Santo Domingo. Así el día 5 de marzo de 1936, se nombra una Comisión Gestora de concejales frentepopulistas como Eusebio Barqueño Aguilera, Jacinto de Miguel Gómez, Samuel Otero Rodríguez y Francisco Castaño Merchán. Todos ellos eligieron por unanimidad al socialista Alejandro Castaño Robles como alcalde. (7)

La nueva Corporación, en su primer acuerdo plenario, cesó de sus puestos de trabajo a empleados del Ayuntamiento que no eran afines a su ideología. Así, les ocurrió a los serenos municipales Procopio Ramos Robles y Claro Martín Valverde; al alguacil, Faustino Gómez Hernández y al sepulturero Jesús Bajo Ordoñez. Se nombran en su lugar a Eusebio Aguilera del Cerro y Adolfo Otero Rodríguez. (8)

La gobernabilidad del Ayuntamiento, con una masa de jornaleros enfervorecida, no estaba ya para tibiezas ideológicas. Atrás quedaron ya lo años en los que Val de Santo Domingo se caracterizó en la comarca por la ausencia de enfrentamientos de clases sociales. De esta manera, el gobernador de Toledo, Vicente Costales, el 2 de abril de 1936, designó como alcalde al socialista Eusebio Bargueño Aguilera, “El Huecano” que ya era concejal desde 1931 y actual presidente de la Casa del Pueblo.

A este último mandatario municipal republicano se le encomendó la tarea de gobernar los meses de más tensión en la vida nacional, la llamada primavera revolucionaria. Aunque el primer edil era el más moderado de toda su Corporación, en unas semanas todos tuvieron que soportar la presión de las muchedumbres que exigían medidas de castigo contra los anteriores mandatarios: desarme de escopeteros, destitución y expedientes al guardia municipal o serenos, depuración de secretarios de Ayuntamientos, destitución de jueces de paz hostiles etc. En mayo de 1936, “El Huecano” procedió a cambiar el nombre de las calles del pueblo del que no era originario. Así, la calle  Real pasó a denominarse Largo Caballero; plaza de España por la de Manuel Azaña y  de la Iglesia por Pablo Iglesias. (9)

 

La guerra civil.

Cuando estalló la guerra seguían en el recuerdo de muchos vecinos los incidentes ocurrido en la primavera de 1932, con ocasión de la celebración de una procesión de San Isidro. En este incidente, recordemos, el derechista Diógenes Rodríguez hirió de un disparo al socialista Pedro Bargueño Aguilera. Pues, bien, el primero sería asesinado al inicio de la contienda y el segundo a la terminación de la misma. Aquella disputa, que enfrentaría a ambas familias, marcaría el devenir de sus contendientes hasta el final de sus vidas.

El alcalde Eusebio Bargueño, declaró en el procedimiento sumarísimo seguido contra él y sus dos hijos, Luís y Mario, que  “el cargo de presidente del Comité lo ejercía el secretario del Ayuntamiento, Antonio Márquez”.  La sentencia que puso fin a dicho consejo de guerra decía expresamente “que como no constaba que hubiera intervenido de manera directa en los asesinatos perpetrados en su pueblo, sólo era condenado a 30 años de reclusión mayor, a pesar de que le fueron intervenida por las fuerzas nacionales una escopeta de dos cañones, 4.650 pesetas y documentación acreditativa de las incautaciones y multas del Comité”. En consecuencia, si los desaforados tribunales militares no condenaron a muerte al primer edil fue porque éste solo ejerció labores de mando administrativas en el Comité y, presumiblemente, debió oponerse a la llamada justicia revolucionaria.   (10)

El día 20 de julio, comenzaron las detenciones y apresamientos en la iglesia parroquial, convertida en cárcel, con los consabidos destrozos en sus retablos. Igual que ocurriera en Torrijos, el primer edil perdió el mando municipal a favor del Comité, negándose  a colaborar en las muertes de  convecinos de ideología contraria. Pero un destacamento jóvenes armados madrileños llegaron a la localidad y sembraron el terror entre la población.

Los forasteros pertenecían a las Milicias de Radio 8, de Carabanchel Bajo, y obligaron al vecino Florencio Gómez López a llamar a la puerta de su patrón, Rodrigo Rodríguez Herretes, afiliado a Falange. Éste le abrió, después de cerciorarse por la mirilla de quien era. Buscaban armas y documentación de dicho partido, ya que Herretes mantenía estrecha relación con dirigentes provinciales de dicha formación derechista y con el mismo José Antonio Primo de Rivera. Los milicianos irrumpieron a tiros en el domicilio del falangista y encontraron cartas manuscritas del citado líder de Falange y una pistola, marca Astra, soterrada en la huerta próxima a su casa. Al acabar la contienda, Florencio Gómez López sería condenado a muerte y ejecutado en la tapias del cementerio de La Almudena. (11)

El día 21 de julio del 36, el teniente de artillería Augurio Lorenzo Martín,  Teodosio Rodríguez Merchán, y el también teniente de infantería, Tomás Martín Aguilera, que se encontraban disfrutando de un permiso, fueron detenido por miembros del Comité y entregado a las milicias llegadas de Madrid, para después ser conducidos a la capital. Aquí los dos primeros serían asesinados. Las órdenes de estos apresamientos habían sido acordadas en la casa del cura párroco, sede del Comité tras su incautación. Pero no había instrucciones, todavía, de asesinar a los detenidos en el templo parroquial. (12)

Un suceso inusual ocurrió el 3 de agosto de 1936. Era excepcional que en pleno verano revolucionario, miembros de la derecha hicieran frente a los Comités. Ocurrió que se produjo un tiroteo en pleno centro de la villa. Asociados del Comité habían detenido a un hijo de Federico Gómez, por lo que éste y los tres hermanos del apresado, Damián, Máximo y Emiliano, fueron en su búsqueda para liberarle. Pero al llegar al céntrico lugar conocido como las Cuatro Calles serían recibidos a tiros por sus captores, causando la muerte del joven Damián Gómez Ramos  que agonizaba en los brazos de su padre, también herido. (13)

Días después, el 9 de agosto de 1936, el sacerdote de Val de Santo Domingo, Franco Aguilera Carrasco, fue descubierto por milicianos cuando pasaba por Torrijos camino de su villa natal. Así narraba en su declaración ante los tribunales militares el testigo Justo Menoría López, afiliado a Falange:

 

Observé como unos milicianos llevaban al sacerdote, que se había disfrazado  de segador para intentar pasar desapercibido, camino del Ayuntamiento de Torrijos. El cura llegó en tren desde Madrid y tuvo la mala suerte de que se encontraba allí un coche de milicianos forasteros de la F.A.I. que pasaban por allí para arrebatar víctimas. Me encontré horas después con el alcalde, Agustín Rivera Cebolla,  y me dijo: “Uno más que seguramente asesinarán, por si no fueran ya bastantes”. Me consta que las dos o tres veces primeras que fueron milicianos extraños a Torrijos, este primer edil consiguió frenarles sus afanes sanguinarios, llegando a decirles: “Si necesitáis alguna víctima que dispusieran de su vida”. (14)

 

La madrugada del 28 de agosto de 1936 fue  la más recordada de aquel verano de 1936 por los familiares de estos ocho vecinos: Isaias y Diógenes Rodríguez Aguilera, José Hernández Molina, Gil Sánchez Ramos, Rodrigo Rodríguez Herrete, Eduardo Rodríguez Herrero y los hermanos Teodoro y Francisco Garro Leyún. Estos santodominganos, que previamente habían sido maniatados en la sede del Comité, fueron conducidos a Madrid en una camioneta al mando de un teniente y acompañados por algunos miembros del Comité. Al llegar a la capital, justo en el Puente de Segovia, el vehículo giró hacía la Pradera de San Isidro donde serían fusilados seis de los ocupantes. Los otros dos compañeros de viaje, los hermanos Teodoro y Francisco Garro Leyún, continuaron su planificado viaje hasta la sede del sindicato agrario socialista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, en la calle Santa Engracia, de donde había partido dicho vehículo un día antes con una clara consigna: traer a los hermanos Garro sanos y salvos a Madrid. (15)

Para el 15 de septiembre de 1936, la aviación nacional ya estaba cerca de Maqueda. Su lucha con los aviones republicanos, por ganar el cielo, se hizo notar en Val de Santo Domingo. Ese mismo día, en la Plazuela de la Fuente, las vecinas Celestina Martín e Isaura Calderón, que acarreaban agua, fueron víctimas de las bombas lanzadas por las aeronaves. (16)

Días antes, el piloto neoyorquino del bando nacional, Vincent Patriarca, participó voluntario con 23 años de edad en la guerra civil española. En agosto de 1936 cayó en Santa Olalla, dentro de las líneas enemigas, mientras cumplía una peligrosa misión que le fue encomendada por García Morato. Tras encontrarse con tres aviones republicanos se produjo un duro combate en el aire y Vincent tuvo que saltar en paracaídas. Aquí fue trasladado a una fábrica abandonada para ser interrogado por el general Asensio Torrado. El americano nunca olvidó el buen trato recibido por el militar, ni el café con galletas y tabaco que recibió de sus captores. (17)

Este fue el aviso de que era el momento de huir hacía Madrid, si no querían ser víctimas del temido Ejército de África, pero antes había que “limpiar” la retaguardia de futuros enemigos. Así, Augurio Lorenzo Martín y Teodosio Rodríguez Merchán fueron asesinados el día 21 de septiembre de 1936, junto a las tapias del cementerio municipal,  un día antes de la llegada de las tropas nacionales a la villa, que encontraron sus cuerpos calcinados. Semanas antes, en agosto de 1936, Francisco Aguilera Carrasco perdería su vida en Torrijos víctima de la revolución miliciana de esta localidad. (18)

El día 22 de septiembre de 1936 se produjo la polémica e histórica decisión de Franco de sustituir a Yagüe por Varela. El militar reemplazado mantenía la opinión de que era más conveniente seguir la marcha hacía Madrid, donde aún no habían llegado las Brigadas Internacionales, en lugar de liberar Toledo. La opinión de los expertos en cuanto a esta estrategia militar está dividida porque los éxitos de septiembre auparon a Franco a lo más alto y el Alcázar se convirtió en su símbolo de resistencia.

 

Final de le guerra.

Al finalizar la guerra, la mayoría de los soldados republicanos derrotados volvieron a sus casas, creyendo que no habría represalias. Franco advirtió que solo serían juzgados los implicados en delitos de sangre, pero lo cierto es que nada más llegar a sus pueblos, gran parte de los derrotados fueron recluidos en cárceles municipales (escuelas, conventos, viejas fábricas o almacenes); después serían trasladados a las prisiones provinciales. Así le ocurrió a Nicanor Calderón Fuentes que luchó en el frente de Zaragoza, para después ser recluido en campos de concentración y posteriormente regresar a Val de Santo Domingo. Aquí sería denunciado por familiares de las víctimas de aquel verano de 1.936. Sería fusilado el día 17 de septiembre de 1940 en Talavera de la Reina, tras haber sido condenado a muerte por los tribunales militares. (19)

Desde principios de 1937 hasta julio de 1948 en que se dio por terminado el estado de guerra, toda la maquinaria represiva recayó sobre la jurisdicción militar. En lugar del Código Penal, Franco aplicó el Código de Justicia Militar que, en su artículo 237, castigaba la “rebelión militar” contra el Gobierno de la República; es decir, que los sublevados castigaban por “rebelión” a los que habían permanecido leales al Gobierno constitucional. Una curiosa aberración legal que se llamó “justicia al revés”. En definitiva, se concedió prioridad a la jurisdicción castrense, con procedimientos sin ninguna garantía jurídica, sobre la ordinaria.

A fin de sustanciar los miles de sumarios incoados contra más de 280.000 detenidos, el régimen se vio obligado a crear multitud de juzgados militares. La mayoría de los santodominganos fueron juzgados por los tribunales de  Escalona, Talavera, Torrijos y Toledo, que se vieron totalmente saturados en los tres primeros años de la posguerra. Solo Florencio Gómez López sería juzgado y ejecutado en Madrid el 31 de julio de 1939.

La mayoría de los consejos de guerra en Val de Santo Domingo fueron incoados para juzgar a todas aquellas personas que intervinieron, como autores, cómplices o encubridores, en los sucesos anteriormente narrados, del verano de 1936. La mayoría fueron condenados injustamente. Sirva como ejemplo el de Isabel del Cerro Salvador que fue juzgada y condenada a 20 años de cárcel por ser obligada a cocinar para el Comité, además de estar presente cuando la camioneta partió para Madrid con los vecinos de derechas detenidos. (20)

Otros  condenados a muerte y ejecutados en Toledo y Talavera fueron: Casto Aguilera Fuentes, Casimiro Albo Tofiño, Casimiro Gómez de Miguel, Castor Aguilera Fuentes, Catalina López Hormigos, Dionisio Torres Bajo, Domingo Guio Alonso, Fabio Bargueño Aguilera, Francisco Castaño Merchán, Luciano Gómez Martín, Mariano Sánchez Gómez,  Pedro Bajo Burgos, Pedro Bargueño Aguilera,  Saturnino Gómez González, Senén Rodríguez Gómez y Victoriano Bajo García. Pero pagaron justos por pecadores, porque muchos de ellos serían condenados sin haber participado en hecho delictivo alguno.

Otros tuvieron más suerte y huyeron a Francia, como Casimiro Gómez de Miguel. Era hijo de un miembro destacado del Comité y en el país vecino colaboró con el Partido Comunista de España en el exilio. (21)

 

 

  • Libro de actas, sesiones desde 14 de abril 1931 y 23 junio 1936.
  • Libro de actas, sesión de 5 de julio de 1932.
  • Toledanos, revista gráfica mensual de la vida toledana, 2 de febrero de 1934.
  • Libro de actas, sesión 5 de marzo de 1933.
  • El Heraldo de Toledo, 17 mayo de 1932.
  • Testimonio del nonagenario, Ismael Díaz Morales, en entrevista realizada el 2 de mayo de 2005.
  • Libro de acatas, sesión 5 de marzo de 1936.
  • Libro de actas, sesión 8 de marzo de 1936.
  • Libro de actas, sesión 23 de mayo de 1936.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 184 y Legajo 769, seguido contra Eusebio Bargueño Aguilera. En el mismo sumario también fueron juzgados sus hijos Luís y Mario Bargueño López, que fueron absueltos.
  • Ibídem
  • Ibídem
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumario 647 seguido contra el alcalde de Torrijos, Agustín Rivera Cebolla. Caja 6622, Legajo 5930.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumario 6722, seguido contra Florencio Gómez López, juzgado en el año 1944.
  • Libro de actas, sesión 3 de octubre de 1936.
  • MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio: Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla. Editorial Ledoria, Toledo 2014.
  • Causa General, Caja 477, Legajo 783, en Val de Santo Domingo.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumario 8611, seguido contra Nicanor Calderón Fuentes.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumario 8811, seguido contra Isabel del Cerro Salvador.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumario 1234, seguido contra Casimiro Gómez de Miguel.

 

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Juan Antonio Morales Gutiérrez
moralesgutierrez@telefonica.net

Guti para los amigos. Abogado en ejericio e investigador. Autor del libro: Una memoria sin rencor, ambientando en la Segunda República y posterior conflicto bélico

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