Segunda República. Relaciones Iglesia-Estado.
Primeros textos del capítulo 2 de nuestro libro Orígenes de la Guerra Civil en la comarca de Torrijos.
Con la proclamación pacífica de la República, todo el mundo comprendió que ésta era una oportunidad única para transformar España. Las Cortes surgidas de los comicios de junio de 1931 eligieron a Julián Besteiro y a Niceto Alcalá-Zamora, como presidente de las mismas y del Consejo de ministros, respectivamente. Todos comenzaron a elaborar la Constitución, aprobada en diciembre de 1931, que reconocía a la mujer el derecho de sufragio. Los legisladores constitucionales, algunos de los cuales habían estudiado en Alemania, tomaron de la Constitución de Weimar la noción de un poder presidencial moderador, mucho más necesario en España debido a la falta de Senado. Sin embargo, las discrepancias más importantes para su confección surgieron en lo relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
El debate sobre el artículo 26, que pedía la disolución de todas las órdenes religiosas que constituyeran un peligro para el Estado, fue el primer conflicto grave en la historia de la joven República. Durante más de mil años la Iglesia había sido, aparte de la Monarquía, la institución más poderosa de España. Su derecho a la enseñanza apenas si había sido puesto en duda hasta finales del siglo XIX, y siempre había intervenido en grandes empresas económicas. Sus escuelas de segunda enseñanza eran en 1931 una importante fuente de ingresos. Por todo ello, la aprobación de la norma citada dio lugar a la primera crisis gubernamental del nuevo régimen y los dos católicos practicantes del Gobierno provisional, Alcalá-Zamora y Maura, presentaron su dimisión.
Fotografía tomada del archivo Rodríguez. Alfonso XIII y el Cardenal Segura en Toledo.
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