Santa Cruz de Retamar en la Guerra Civil

Santa Cruz de Retamar.

El líder de la izquierda local, Segundo Sánchez González, Tacones, primer y último alcalde republicano de la villa, sería detenido en Valencia el 3 de octubre de 1940, tras ser reconocido por su paisano Mariano Díaz Gómez. Éste, convertido ahora en Guardia Civil,  realizaba una inspección policial rutinaria en el puerto de la ciudad levantina cuando reconoció al primer edil y a su compañero de corporación, Julián Guerra Fernández. Ambos serían apresados y conducidos a Toledo para ser juzgados por los tribunales militares. Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD

Casi nueve años atrás, nada más proclamarse la Segunda República y ser elegido alcalde de Santa Cruz del Retamar, pronto comenzaría a exigir la rápida aplicación de las reformas agrarias con respecto a la finca “El Alamín”, propiedad del duque de Güel, con quien mantuvo largos pleitos en defensa de la Sociedad Obrera local. El máximo mandatario municipal churriego fue el mayor impulsor de la Reforma Agraria en la comarca, junto con el alcalde de Quismondo, llegando a presidir la Agrupación del Río Alberche que construyó el pantano de Cazalegas.

Tras la promulgación de la ley de Términos Municipales los trabajadores del campo pronto comenzaron a organizarse en torno a la Sociedad Obrera La Igualdad, con sede en un edificio próximo a la plaza de toros. A través de su representante, Arsenio Benayas Benayas, comenzaron a exigir la rápida aplicación de la norma con respecto a la finca “El Alamín”, propiedad de Juan Antonio Güel López de Prélago, duque de Güel. Los conflictos entre la citada sociedad, el Ayuntamiento y el terrateniente fueron continuos a lo largo del primer bienio republicano, llegando incluso a entablar distintos contenciosos ante los tribunales de justicia.

El duque de Güel y su extensa dehesa antes citada, junto con los obreros en paro de la comarca, constituían el centro de atención de la prensa provincial. El periódico El Castellano, en su portada de 27 de octubre de 1931, escribía:

Asalto a la finca Alamín por cien obreros de Portillo, de los que setenta fueron detenidos. Capitaneados por Mariano Mora López, armados con escopetas y hoces, se adentraron en la hacienda ante la presencia de la Guardia Civil de los puestos de Santa Cruz, Méntrida y Almorox. Los obreros apresados fueron puestos en libertad ante la posibilidad de amotinamientos en pueblos vecinos.

La Benemérita pudo apoderarse de alguna arma y expulsarles de la finca, pero existe el temor de que la nueva invasión será inmediata. Estos mismos obreros de Portillo, en un número que pasaba los 125, asaltaron en septiembre el mismo monte Alamín. Ese hecho fue repetido por los jornaleros de Almorox.

Estos hechos han causado conmoción en Santa Cruz de Retamar, Escalona, Quismondo y Maqueda, donde sus Sociedades Obreras están agrupadas para explotar conjuntamente distintas fincas en común.

En efecto, la rigurosa aplicación de la conflictiva ley de Largo Caballero obligó a que cuatro localidades vecinas (Maqueda, Santa Cruz, Quismondo y Escalona) se asociaran con la suscripción de un Acuerdo de Intermunicipalización del que fue excluido Noves. Este veto vendría impuesto por la negativa del ayuntamiento de Santa Cruz, localidad más próxima, al ver peligrar la mano de obra de sus jornaleros. (Sesión del Ayuntamiento de fecha 6 junio 1931)

Durante los dos primeros años de la República se iniciaron centenares de ocupaciones en la España agraria, como el ocurrido en El Alamín. Los campesinos tenían hambre de tierras y todas sus esperanzas estaban puestas en la Reforma Agraria cuya promulgación se retrasaba. El movimiento obrero estaba alcanzando un espectacular desarrollo en la provincia a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), dependiente de la UGT. Por su parte, los patronos intentaban boicotear todos los avances sociales de las clases populares.

Muy solidario estuvo el alcalde, Tacones, con los pueblos vecinos de la ribera del Alberche. Fue el impulsor, y presidente, de una Agrupación en pro de los riegos del río Alberche. Para ello, contó con ayuda inestimable del maestro nacional Ernesto Pérez Delgado y el secretario del ayuntamiento, señor Gisnestal. A la Asamblea constituyente asistieron los representantes de Ayuntamientos, Patronales y Sociedades Obreras de Quismondo, Escalona, Villa del Prado, Méntrida, Torre de Esteban de Hambrán, Domingo Pérez,  Nombela y Alcabón. Por aclamación se aprobó el siguiente acuerdo: “Que la presa o embalse de riego de la corriente del Alberche no se construya en Cazalegas y sí en un lugar más próximo a estas localidades” (Libro de Actas, El Castellano y La Vanguardia).

Pero poco les importaba ya a los tribunales militares el intachable pasado de este político moderado que se afilió al partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, en 1934, cuando ya cumplía los 60 años de edad. Ni que bajo su mandato fuera transcurriendo la Segunda República sin incidentes de ningún tipo; ni que gobernara el Ayuntamiento churriego durante más de cuatro años, incluido el difícil periodo revolucionario que se inició con el estallido de la guerra.

Los militares que le juzgaron, casi dos años después de finalizar la contienda, buscaban esclarecer la autoría de los 18  asesinados cometidos, bajo su mandato, contra derechistas locales. Entre ellos, el ocurrido el 25 de agosto de 1936 contra Manuel Moreno. La esposa de éste, Aurea Sanchez García tenía 3 hijas de 3 meses, 4 y 6 años cuando se fue de rodillas al Comité para que no mataran a su marido Manuel Moren, el 25 de agosto, y lo mataron. Sin olvidar a Julio Recio que fue quemado vivo.

Así se defendía Tacones ante los tribunales militares: “El ayuntamiento que yo presidía fue obligado a ceder todo su poder en favor de un Comité, al que nunca pertenecí”, afirmó el alcalde en el proceso seguido contra él. “Algunos miembros del Comité me tacharon de fascista cuando intenté evitar algún asesinato y me dijeron que también había un cartucho para mí”, continuaba su declaración. “Nunca pude imaginar que todos aquellos jóvenes paisanos, a los que aleccioné bajo mi mandato, acabaran perdiendo al cabeza”, concluyó el procesado, no sin antes recordar que sólo pudo convocar el pleno del ayuntamiento en dos ocasiones con el fin de liquidar el sueldo a los empleados municipales.

Y en efecto, así ocurrió. Hasta tres ocasiones tuvo que interceder el alcalde ante el Comité para liberar al derechista Nazario Yuste y a sus dos hijos Brígido y José Luís. Pero a la tercera detención ocurrió el desenlace fatal. Mejor suerte corrieron, en principio,  los vecinos Manuel Romero, Jesús y Julio Recio, a los que el primer les facilitó un salvoconducto para viajar a Madrid, donde encontrarían la muerte. (Continuará….)