LOS RETOS DEL FRENTE POPULAR

LOS RETOS DEL FRENTE POPULAR

 

Las primeras medidas gubernamentales tras las elecciones de febrero de 1936 fueron la amnistía y el restablecimiento de la Generalitat, para lo que, y con la intención de evitar un decretazo exclusivamente gubernamental, se recurrió a reunir la Diputación de las Cortes para hacerlo de acuerdo con ella, para lo que se contó con la colaboración del centro-derecha y de representación de la CEDA, que capitaneaba Manuel Jiménez Fernández, contra el criterio de buena parte de esa misma coalición y de la derecha más intransigente en esos temas. Pero el meollo de las nuevas medidas se desplegó en el ámbito social.

Gran parte del peso de la nueva legislación recayó en la figura del ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, de Izquierda Republicana,  que ocupó la cartera de forma ininterrumpida en todo el periodo, con Azaña y con Casares, e incluso después de julio continuó con Giral. Solo cuatro ministros del Gobierno inicial conservaron la cartera tanto tiempo. Su mano derecha en esta tarea fue Adolfo Vázquez Humasqué, al frente del IRA. Este era un técnico con un currículum muy combativo en esa materia, que había dirigido este organismo entre octubre de 1932 y febrero de 1933. Su destitución había venido propiciada por el incidente del decreto sobre comunales de 21 de enero de 1933, que apareció en el Boletín Oficial como firmado por Niceto como presidente de la República, cuando este no le había refrendado y si oponía taxativamente a él. Era, como afirma el mismo, un audaz e insensato decreto de expropiación por lo que le tildaba de inconstitucional. Por ello, el retorno de Vázquez Humasqué era toda una declaración de intenciones: el IRA se hizo más ejecutivo que nunca, presto actuar con un registro de la propiedad expropiable y unos plazos burocráticos perentorios. De hecho, el jefe del Estado también interpuso su veto en marzo a otra medida agraria con los mismos argumentos que en enero de 1933, y es un claro ejemplo del motivo por el que fue destituido un mes después: habría sido muy complicado llevar a cabo el programa del Frente Popular en esta materia, y en otras muchas, con sus continuos impedimentos. También presionó insistentemente para que no se celebrasen las proyectadas elecciones municipales del 12 de abril, llegando a enfrentamientos violentos con Azaña. Elecciones que por esta y otras razones no se celebraron. Sin duda, para la destitución de don Niceto fue clave esta labor que Azaña y sus ministros veían como obstruccionista y de oposición, pues de haberse limitado a refrendar lo que se le presentaba difícilmente habría sido depuesto, proceso que resultaba complicado y engorroso.

Entre las medidas agrarias que el Gobierno logró aprobar, o presentar a las Cortes, una vez se constituyeron, se pueden destacar en primer lugar la actuación sobre arriendos y desahucios, situación de gran emergencia tras lo sucedido en 1934-1935. Se suspendieron por decreto los desahucios para los arrendatarios, colonos o aparceros de fincas rústicas, si no era por falta de pago. Este decreto se englobó más tarde en un proyecto de ley de revisión de desahucio de fincas rústicas que fue convertido en ley el 2 de junio.

Lugar estrella ocuparon los decretos de yunteros, emitidos con urgencia por qué se acababa el nefasto invierno 1935-1936 y había que hacer las labores de barbechera. El primero del 3 de marzo, de aplicación en Cáceres y Badajoz, buscaba reponer en posesión de la tierra a los que ya la trabajaban como tales junteros durante el año 1933-1934 o siguientes, que habían sido expulsados de allí por el libre albedrío del propietario y no por falta de pago. El segundo decreto de 14 de marzo daba a todos los campesinos de Cáceres y Badajoz con yuntas la posibilidad de entrar en posesión de una suerte de tierra, con preferencia los desahuciados y expulsados, como ocupación temporal hasta su asentamiento definitivo.

Se legisló una nueva intensificación de cultivos, siguiendo la exitosa experiencia de noviembre de 1932 de dar tierras por decreto a toda velocidad: la medida se expresó en el decreto de 20 de marzo que permitía los asentamientos rápidos e inmediatos hasta de 120.000 campesinos en 600.000 hectáreas. Esto se hizo acogiéndose a la legislación del segundo bienio, pues se aprovechó para ello la cláusula de utilizar social de la Ley Velayos, que habría la puerta pera la ocupación temporal, lo que preludiaba el asentamiento definitivo. Este decreto, nada arbitrario, hablaba de cuatro supuestos para realizar la expropiación: gran concentración de la propiedad, censo campesino elevado en relación con los habitantes, reducida extensión del término en comparación con el censo campesino y el predominio del cultivo extensivo. Las fincas quedarían ocupadas temporalmente, en tanto se incoaba el expediente de expropiación de las mismas. Eso es lo que hicieron miles de campesinos extremeños, sobre todo de Badajoz, en el ínterin entre la firma del decreto y su publicación, demorada durante 8 días. Frente a los que creen que el gobierno fue desbordado por estas invasiones se ha destacado que, en lógica interna, esta acción colectiva no hacía sino cumplir el programa del Frente Popular, pues se centraba en fincas susceptibles de expropiación señaladas por el propio IRA.

Estas medidas se pueden definir de distintas formas, pero en cualquier caso resultaban una amenaza y ataque a los a los intereses de la oligarquía agraria, y podrían suponer un cambio radical en la estructura de la propiedad en pocos años. No es extraño que la mayor parte de los historiadores que se han acercado al tema de la reforma agraria y las movilizaciones campesinas, desde Malefakis a hoy,  hayan ligado estos temas al origen de la Guerra Civil. La voluntad política de acelerar y llevar a cabo estas reformas sin las dilaciones y los vericuetos de años anteriores iba más allá de recuperar la legislación. De hecho se había aprendido de los errores y fallos de antiguas leyes. Por ejemplo, no se restableció la Ley de Términos Municipales de septiembre de 1931, o al menos no hubo ninguna prisa en reponerla. Hay que recordar que fue muy criticada en general por sus errores, y fue de las primeras leyes en ser retocada y después abolida por el gobierno radical en mayo de 1934.

Para entender con propiedad lo que supuso la primavera de 1936 en esta batería hay que recordar que los primeros asentamientos de campesinos solo pudieron hacerse en octubre de 1933, a un mes de que triunfaran partidos o coaliciones en cuyo programa electoral figuraba la anulación producción de la reforma agraria, es decir, con un gabinete que ni siquiera presidía Azaña.

Es obvio que estas medidas no fueron el motor de las conspiraciones que desembocaron en la Guerra Civil, pero pudieron servir de acicate para indecisos y terratenientes amenazados para colaborar con ellas, y sin duda fueron una importante motivación para apoyar el triunfo del golpe en ciertas áreas rurales. Era una amenaza real estaba basada en hechos y En medidas tangibles arraigadas en el reformismo republicano llevado a sus últimas consecuencias, y que quitaba argumentos políticos a la izquierda más radical, en lugar de animarla a emprender acciones revolucionarias para las que estaba imposibilitada.

En la cuestión laboral se actuó sobre todo en tres campos: la readmisión de despidos, que estaba englobada en el tema de la amnistía, el estudio de medidas de reducción del paro, incluida la reducción de jornada y el restablecimiento de las relaciones laborales del primer bienio, y sobre todo de los Jurados Mixtos, que para los sindicatos suponían nuevos bases de trabajo más favorables tras un parón de más de un año.

 

La movilización sociolaboral en la comarca de Torrijos

  

La otra gran novedad del periodo residió en la gran movilización sociolaboral, campesina, industrial y urbana, que de alguna manera respaldaba al Gobierno, pero a la vez amenazaba con desbordarle. En este sentido, lo habitual de este tipo de despliegues y movilizaciones había sido el choque frontal con las autoridades gubernamentales, por lo que puede decirse que existen escasos ejemplos parecidos en la historia laboral de España. Como todos sabemos, las protestas, movilizaciones, ocupaciones de fincas y huelgas iban estrechamente unidas, en numerosas ocasiones a  las iniciativas legislativas, las respaldaban o las motivaban.

Es evidente que la actividad huelguística durante la primavera de 1936 aumentó notablemente frente a 1935, y en el relato guerracivilista al uso, se trataría  de una muestra más de un país ingobernable, compuesto de unas masas revolucionarias enfervorizadas que pedían la luna y las estrellas, y un Estado débil para hacerles frente, pues no empleaba al parecer la fuerza bruta que era tan preciada… salvo en perseguir a las derechas, que por tanto tenían todo el derecho a defenderse. Este relato contrasta con el número real de víctimas provocadas por las fuerzas de orden público y el pistolerismo derechistas, que rondan los dos tercios del total, según González Calleja.

La historiografía ultraconservadora ha ofrecido una visión sesgada, simplista y maniquea de la violencia política producida durante la República. La imagen que ha prevalecido de la etapa del Frente Popular es la de la violencia desbordada en aquella primavera, que algunos autores han transformado en elemento explicativo determinante, e incluso justificativo de la Guerra Civil. Esto resulta hoy claramente insostenible. No había una revolución en marcha, ni tolerada ni orquestada desde el Gobierno o desde las formaciones políticas o sindicales que le daban apoyo. Tampoco la violencia había estallado en la etapa del Frente Popular, ni este fue el responsable único o último de los graves conflictos multisectoriales que trataron de resolverse mediante un golpe de estado, y tras el fracaso de este, desencadenar una guerra civil. La violencia se manifestó a lo largo de todo el periodo republicano desde muy diversas líneas de fractura —no solo, ni fundamentalmente, de orden político— y actuó como un enérgico corrosivo de todo tipo de consenso interno entre grupos sociales. Esta violencia tuvo su campo preferente de expresión en el ámbito local, donde más incidencias tuvieron las reformas y contrareformas  impulsadas por los distintos gobiernos.

En los meses inmediatamente previos al inicio de la Guerra Civil los conflictos huelguísticos aumentaron en la comarca de Torrijos y todos ellos iban orientados a mitigar el paro agrícola. Además, los sindicatos locales socialistas de la FETT-UGT pusieron en marcha una gran cantidad de manifestaciones reclamando la aplicación de las ventajosas Bases de Trabajo que habían estado vigentes durante el primer bienio. En otros muchos casos, las disputas giraron en torno al deseo de los jornaleros por obtener un mejor reparto de las ofertas de empleo. Este objetivo venía respaldado por los Ayuntamientos de izquierdas recién restablecidos y por las sociedades locales de la FETT. En este último sentido, las Corporaciones regidas por alcaldes de izquierda, en estrecha colaboración con las Casas del Pueblo, recurrieron en muchas poblaciones de la comarca de Torrijos  a la imposición de jornaleros en paro a los patronos locales. En tales casos se aducía la estricta aplicación de los preceptos contenidos en la Ley de Laboreo Forzoso, aun cuando frecuentemente se vulnerasen los procedimientos administrativos establecidos a tal efecto.

Hay que insistir en que una gran parte de las localidades volvieron a ser escenario de protestas y conflictos huelguísticos, en los que se perseguía  el cumplimiento de las Bases y la legislación laboral del primer bienio. También se reclamaba la elevación de los jornales mediante la aplicación de las normas de trabajo correspondientes a los años 1932 o 1933, hasta que no fuesen firmados nuevos acuerdos. Pero sin duda, la modalidad de conflicto laboral más frecuente volvió a consistir en la imposición a los propietarios para que obreros agrícolas, en determinadas fincas, trabajaran sin el consentimiento de aquellos. De esta manera, grupos de numerosos jornaleros ocupaban tierras sin la autorización previa del dueño, reclamando de este último el pago de los salarios una vez finalizada la jornada. La espontaneidad de estas  desbordó, incluso, a los dirigentes locales de la FETT, o si se prefiere de UGT, allí donde existían centros socialistas de trabajadores agrícolas. La intensidad de las “invasiones” motivó frecuentemente protestas patronales, que aconsejaron la intervención del Gobernador civil y de la fuerza pública.

Desde el mes de abril de 1936 comenzaron a hacer acto de presencia las interminables denuncias patronales acerca del “humillante” trato recibido por los jornaleros de numerosos pueblos de la comarca de Torrijos, casi siempre respaldados en sus actuaciones por los alcaldes socialistas o republicanos de izquierda que se amparaban en las disposiciones legales del Laboreo Forzoso. Ciertamente, la mano de obra campesina  desplegó una gran lucha agraria después de las elecciones de febrero de 1936. Sin embargo, las Sociedades Obreras argumentaban en  defensa de sus afiliados que sufrían serios episodios de hambruna y no tenían más remedio que buscar  el sustento de sus desnutridos hijos.

También, comenzaron a menudear las presiones dirigidas contra los patronos, funcionarios, exalcaldes y otros vecinos significados políticamente, como ocurrió en Gerindote. Aquí el exprimer edil cedista, Pedro Rivera, se marchó coaccionado con su familia a Madrid, en marzo de 1936, y no volvería más a su villa natal. Otros paisanos, como el veterinario Pedro Rodríguez Merchán y el secretario del Ayuntamiento de dicha localidad, Manuel Ípola, junto con el maestro Roberto Pérez Grueso, fueron obligados a dejar sus puestos de trabajo. Los tres últimos volvieron después de acabar la guerra para seguir ejerciendo su profesión. Sin embargo, el exalcalde fue asesinado en Paracuellos después de ser detenido en la cárcel Modelo de Madrid tras una denuncia cursada por algún enemigo político de su villa natal.[i]

Por esas mismas fechas, un Partido Socialista radicalizado exigía el exacto cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de los jornaleros y la aceleración de la reforma agraria. Para sosegar los ánimos de los yunteros extremeños el ministro de Agricultura promulgó una serie de decretos encaminados a satisfacer las necesidades más perentorias del campesinado. Así pues, mediante decreto de 3 de marzo de 1936 se reconocía a los jornaleros de Extremadura el derecho a recuperar el uso y disfrute de las tierras de las que habían sido expulsados y, dos días después, se autorizaban los asentamientos temporales en algunas provincias como Toledo. Otra norma, en beneficio de los obreros, se decretó  el 20 de marzo, al amparo de la cláusula de utilidad social de la Ley para la Reforma Agraria de 1935, y se autorizó al IRA para que los jornaleros ocuparan determinadas fincas en varios municipios de la comarca, como Novés, Arcicóllar o La Puebla de Montalbán.[ii]

Con la esperanza puesta en contener la súbita radicalización jornalera que se adueñó de las más importantes regiones latifundistas, el Gobierno de Azaña dispuso nuevas medidas para colmar las demandas formuladas por el poderoso sindicato socialista. Aunque no fue rehabilitada la temida Ley de Términos Municipales, se restituyó el preceptivo cumplimiento por parte de los patronos del turno riguroso. Por si eso no fuese bastante, la mayoría de los jueces municipales y funcionarios que habían sido nombrados presidentes de los Jurados Mixtos durante el bienio radical-cedista fueron destituidos en sus puestos. Esta nueva medida se aprecia claramente en Arcicóllar donde las enconadas disputas entre patronos y obreros durante el primer bienio acabaron derramando sangre en sus calles por cuestiones laborales.[iii]

Por fin, el 18 de junio de 1936 se decretaba la derogación de la Ley de Reforma Agraria de agosto de 1935 y volvía a declararse en pleno vigor la de agosto de 1932, regresando con ello el desánimo en la patronal agraria. El Ministro de Agricultura, Ruiz de Funes, de Izquierda Republicana, ya prescindió del torrijeño Benayas al frente del IRA, y adoptó  nuevas medidas. Se suspendieron por decreto los desahucios para los arrendatarios, colonos y aparceros de fincas rústicas, si no eran por falta de pago (28 de febrero). Esta norma anulaba uno de los efectos más perniciosos de la ley, sobre contratos de arrendamientos de 15 de marzo de 1935, que había permitido anular los contratos a los yunteros extremeños. Como éstos tenían que hacer las labores de barbechera, el decreto de yunteros se aprobó con toda urgencia el 5 de marzo. También se permitieron los asentamientos rápidos acogiéndose a la legislación del segundo bienio. Por último, hay que señalar la importancia del proyecto de ley sobre el rescate y readquisición de bienes comunales por parte de los municipios, que proponía la revisión del despojo sufrido por los Ayuntamientos desde la desamortización de Mador de 1855. De esta manera, pueblos como Alcabón, Fuensalida, Almorox, y otros muchos, podrían “rescatar las fincas que poseían y aprovechaban con posterioridad al 2 de mayo de 1808, con lo que se pretendía revisar todo el proceso de despojo municipal del siglo XIX”.[iv]

Entre la mayor parte de la burguesía agraria de las regiones latifundistas empezó a expandirse un estado de opinión contrario a la persistencia del régimen republicano. Muchos de sus integrantes, cada vez más inquietos por las normas agrarias del Frente Popular, comenzaron a ver con buenos ojos el ensayo de una solución de carácter militar-golpista, que pusiese fin a la democracia parlamentaria y acabase con la despreciada Ley de Reforma Agraria. Es obvio que estas medidas agrarias no fueron el motor de las conspiraciones que desembocaron en la insurrección armada del 18 de julio, pero pudieron servir de acicate a los indecisos y terratenientes amenazados para colaborar con ellas, y sin duda fueron una importante motivación para apoyar el triunfo del golpe en ciertas áreas locales.[v]

Mientras esta normativa agraria se iba promulgando, los gobiernos de Azaña-Casares mostraron su gran debilidad para contener a los “revolucionarios”, y también para yugular el pistolerismo de Falange y abortar el golpe militar en marcha. La sede de Falange en Toledo, situada en la plaza de Zocodover, fue asaltada por una muchedumbre, causando graves destrozos. A continuación, los falangistas respondieron colocando un artefacto explosivo en la puerta de la Casa del Pueblo. Además, los partidarios de la insurrección  aumentaban con las primeras medidas gubernamentales: la amnistía y el restablecimiento de la Generalitat.

Sobre el Parlamento destacaron los discursos de Calvo Sotelo, los cuales mostraban el caos existente, ofreciendo una visión claramente sesgada como ocurriera en muchos casos. Pero solamente en Escalona hemos podido esclarecer esta tergiversación de hechos, con la que el líder de Renovación Española intentaba equivocar a la opinión pública. Los sucesos ocurridos en este municipio el 8 de marzo de 1936, aún con la resaca electoral, trascendió a la esfera política nacional y al mismo Congreso de los Diputados. Ocurrió que cuatro jornaleros del campo (Gabriel Recio Bullido, Melchor Jiménez Palomo, Virgilio Blanco Ruiz y Filiberto Rodríguez Caro)  en una manifestación campesina, fueron abatidos a tiros por la Guardia Civil en un lugar próximo a la plaza de la villa. Hubo además 21 heridos, dos de ellos miembros de la Benemérita.[vi]

Los sucesos de Escalona tuvieron tanta relevancia que el diputado Calvo        Sotelo expuso su versión en el Parlamento y presentó, erróneamente, las muertes  como un caso de legítima defensa.  Este político tenía mucha vinculación con dicha localidad, ya que el dueño de la finca Villarta, Luís de Grondona, era primo carnal suyo. Por su parte, el escalonero Felipe Sanchez Cabezudo Salanova, líder provincial del Partido Agrario, que fue elegido diputado en las elecciones de febrero por dicha formación, también mantenía una estrecha relación con Calvo, a quien informó de los sucesos del 8 de marzo.[vii]

No hubiera sido difícil clarificar ahora, casi 85 años después, como ocurrieron aquellos hechos no sentenciados frente al “Bar Alberche”,  en la misma plaza de Escalona, propiedad del derechista Demetrio Rodríguez Esteban. No obstante, la investigación se complica porque algunas de las declaraciones judiciales prestadas en la posguerra por los acusados, debieron ser obtenidas bajo intimidación de los tribunales militares. Sin embargo, los magistrados de carrera que impartían justicia en Escalona, antes de estallar la contienda, no dudaron en encarcelar al citado propietario del bar, junto a los patronos Longinos Montero y Cipriano Gallego, por su implicación en los hechos. Los tres permanecieron en prisión hasta pocas semanas antes del 18 de julio, pero serían asesinados después por el Comité de Escalona. También fue encarcelado por los mismos hechos el izquierdista Zoilo Díaz Valdepeñas. Por su parte, el cabo de la Guardia Civil apodado “El Corneta” fue trasladado del acuartelamiento de la localidad al de otro lugar para evitar represalias del vecindario.[viii]

Otro grave incidente ocurrió en Huecas el 14 de abril de 1936, en la celebración del quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República. Este día, el derechista Julián del Álamo falleció tras ser apuñalado por Pascual Sánchez-Escalonilla. Aquel fue conducido al Hospital Provincial de Toledo junto a tres heridos más. Tal hecho vino motivado por una revuelta en  la plaza en la que, a pesar de que el Gobernador había ordenado la retirada de armas, algunos derechistas iban armados.[ix]

La historiografía ultraconservadora ha ofrecido una visión simplista de la violencia política producida  durante la República. La imagen que ha prevalecido de la etapa del Frente Popular es que la violencia desbocada de aquella primavera de 1936 fue el desencadenante de la Guerra Civil. Según Martínez Rus, esta visión resulta hoy claramente insostenible. No había una revolución en marcha, ni tolerada ni orquestada desde el Gobierno o desde las formaciones políticas o sindicales que le daban apoyo. La violencia se manifestó a lo largo de todo el periodo republicano, y no solo en la etapa del Frente Popular. No obstante, en el ámbito local se apreció mucho más porque las reformas tuvieron aquí más incidencia y fue donde el Estado republicano evidenció con más claridad su ineptitud para hacer frente a las causas de su crisis y derrumbe.[x]

Las memorias de dirigentes republicanos como Azaña, Prieto o Martínez Barrios, coinciden en achacar en buena parte de la responsabilidad en el hundimiento del régimen, a su incapacidad para preservar el orden público. Uno de los argumentos justificativos del golpe de estado de julio fue el rearme activista de la izquierda obrera, que había reanudado el despliegue de sus milicias, como parecía deducirse del hecho de que se hubieran manifestado con toda libertad por las calles de Madrid el Primero de Mayo. Según González Calleja, la actitud política de las diversas formaciones de izquierdas podía calificarse de todo menos insurreccional, y las milicias del PSOE, de unos 15.000 hombres, con escaso número de armas, no eran sino para aplacar el nerviosismo contra la conjura del golpe militar anunciado.[xi]

En cualquier caso, siguiendo a dicho autor, todo parecía responder al precio que pagaron los militantes izquierdistas por expresar abiertamente sus reivindicaciones y ocupar con sus protestas los espacios públicos. Si bien es cierto que en algunos sectores proletarios se manifestaban  actitudes irregulares que el Gobierno se vio obligado a tolerar y caucionar (la liberación espontánea de los presos, la ocupación masiva de fincas en Extremadura, la readmisión forzosa de los despidos de Octubre, el impago de alquileres, etc.), también hay que decir que el conjunto de las organizaciones obreras no transitó por la senda del ilegalismo prerrevolucionario. En cambio, estas mismas fuerzas revolucionarias decidieron otorgar un crédito de confianza al Ejecutivo mientras este pudiese encarar con energía la amenaza del golpe militar.[xii]

En contraste con esta voluntad subversiva de algunas organizaciones de izquierda, las formaciones de derecha alcanzaron durante estos meses su punto culminante de radicalización. El 1 de marzo, tras haber contemplado la manifestación de 250.000 personas en Madrid para celebrar el triunfo del Frente Popular, José Antonio Primo de Rivera ordenó al SEU que se incorporara en pleno a las milicias de Falange. El partido, nutrido por la adhesión de jóvenes oficiales del Ejército organizó su propio comité militar por oficiales falangistas afiliados a la UME. Los incidentes violentos protagonizados por sus miembros se sucedieron casi a diario hasta el estallido de la Guerra Civil, arrojando un balance de, al menos, 64 víctimas mortales y 67 muertos propios, según González Calleja. Con la detención de Primo de Rivera el 14 de marzo, y la decisión de un tribunal de Madrid de suspender de actividad a su partido por tenencia ilícita de armas, Falange recibió el golpe más duro de su corta trayectoria, y se despeñó por la pendiente de la conspiración en favor del golpe militar. El 15 de marzo, unos pistoleros de derecha tirotearon el domicilio de Largo Caballero, siendo procesados y condenados a penas leves.[xiii]

Los días próximos al V Aniversario de la República fueron la culminación de esta estrategia de tensión. En la noche del 13 de abril de 1936 cayó abatido el magistrado Manuel Pedregal, instructor de la causa por el atentado a Jiménez Asúa, presuntamente a manos de pistoleros del SEU. Al día siguiente, en los actos celebrados el día 14, el falangista Isidoro Ojeda arrojó una traca junto a la tribuna presidencial, causando la natural confusión. Reanudada la parada, y durante el paseo de la Guardia Civil, se produjo un tumulto que degeneró en tiroteo por Recoletos y la Castellana y que causó numerosos heridos, además de la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, un notorio derechista que fue abatido por la Policía cuando estaba situado junto a la tribuna presidencial en actitud que fue considerada sospechosa. Este oficial de la Benemérita fallecido era natural de La Puebla de Montalbán, y desde el año 1962 las escuelas públicas de la calle Canes llevaron su nombre.[xiv]

En la tarde del 16 de abril de 1936 se verificó el sepelio del pueblano, Anastasio de los Reyes, a cuyo cortejo, presidido por autoridades republicanas y parlamentarios de la derecha, como Gil Robles, se unieron unos 3.000 jefes y oficiales del Ejército. Desde el primer momento la comitiva fúnebre se convirtió en una manifestación tumultuaria contar el Gobierno, hasta el punto que, al llegar a la Plaza de Cibeles, el grupo más violento, alentado y apoyado por las milicias falangistas, pretendió asaltar el Congreso de los Diputados. La relación total de víctimas fue muy confusa, pero la más plausible se cifra en cinco muertos y cincuenta heridos.[xv]

La prensa derechista también publicó la prolija relación de hechos violentos ocurridos desde el 16 de febrero y la muerte de muchos falangistas, que culminaron con los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo. La muerte de este despertó gran indignación, pero ya ha quedado evidenciado que un sector del Ejército barajaba el cambio de régimen democrático desde antes de la llegada al poder del Frente Popular, y no desde el desafortunado fallecimiento del líder derechista en julio de 1936. Pero no es objeto de nuestro trabajo cifrar el número de víctimas de ambos bandos ajenas a nuestra zona de investigación.

Más fácil nos ha resultado cuantificar los brotes de violencia en la comarca de Torrijos, en cuanto a asesinatos u homicidios se refiere, durante la primavera de 1936. Solo hemos contabilizado los cuatros obreros muertos en Escalona a manos de la Guardia Civil y el derechista apuñalado en Huecas. Sin embargo, agresiones de ambos bandos contamos muchas más: Maqueda, Domingo Pérez, La Puebla de Montalbán, La Mata y Torrijos, entre otros municipios, que son narradas al final de este libro.

A pesar de que hubiera disturbios en nuestra zona de investigación, con cierta frecuencia se trataba de hechos esporádicos, en absoluto generalizados. Así ocurrió en Maqueda el día 21 de junio de 1936. Aquí, la derecha maquedana exhibió un arma de fuego en un acto público. En ese comienzo del verano, los patronos celebraban su baile en lugar distinto que los obreros, pero a la salida de ambos, el secretario del Ayuntamiento, de filiación derechista, Enrique Valverde Merchán, fue herido de bala. En estos enfrentamientos rurales entre personas de ideología contraria era difícil determinar dónde empezaba el desafío y dónde acababan las revanchas, pero lo cierto fue que la pistola que éste portaba ese día fue objeto de intensa búsqueda, sin ser localizada, por milicianos forasteros que irrumpieron en la villa una vez iniciada la contienda.[xvi]

También se vivió una primavera intensa en Domingo Pérez, donde la Causa General afirmaba “que Falange tenía 30 afiliados a su nombre y las Juventudes Socialistas más de 400”. El jefe de aquella formación política derechista, Juan Garrido, y su compañero Besa Olmedo,  mantuvieron serios enfrentamientos contra sus adversarios políticos antes de estallar la guerra. Ya el 15 de mayo de 1936 las disputas dialécticas pasaron a las manos y dos vecinos de izquierdas, Mariano López Martín, “Cascarilla” y Julián Sepúlveda, “El Ruso”, ingresaron en  cárcel de Torrijos por agredir a, Juan Garrido. Según el alcalde socialista, Marcos Galán Castro, “Monjo”, “no fue una simple agresión, sino una gran paliza”, lo que motivó el apresamiento citado. Pocas semanas después, una vez estallada la guerra, tanto Juan Garrido como Besa Olmedo serían asesinados.[xvii]

Aunque la tranquilidad reinaba en números pueblos, como Albarreal de Tajo, Alcabón, Los Cerralbos, Erustes y Almorox, entre otros, en Fuensalida la hostilidad acumulada durante años entró en erupción en cuanto se supieron los resultados de las elecciones.  Aquí, Pedro García, hijo del veterinario local, se asomó a la ventana y vio que un hombre, escopeta en mano, mantenía a raya a una multitud que avanzaba hacia él en la plaza, arrojándole piedras. El hombre armado era un rico terrateniente de derechas, el único que se había atrevido a dejarse ver.[xviii]

 

 

 

 

[i]. Libro de sesiones del Ayuntamiento de Gerindote.

[ii]. GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp  724 y ss.

[iii]. Ibidem.

[iv]. Ibidem.

[v]. Ibidem.

[vi]. MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil, Toledo, Autoedición, 2012, pp. 69.

[vii]. DSC, sesión de 15 de abril de 1936, tomo I, página 32 DSC, sesión de 15 de abril de 1936, tomo I, página 32.

[viii]. Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 614 y Legajo 334, seguido contra Zoilo Díaz Valdepeñas, entre otros muchos.

[ix]. FÉLIX GARCÍA, Roberto: Segunda República y Guerra Civil en Huecas, autoedición, página 12 y ss.

[x]. GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp  724 y ss.

[xi]. GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp  654 y ss.

[xii]. GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp  784 y ss.

[xiii]. Ibidem.

[xiv]. Ibidem.

[xv]. Ibidem.

[xvi]. Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 714 y Legajo 334, seguido contra Gonzalo Díaz Morejón, último alcalde republicano de Maqueda.

[xvii]. MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil, Toledo, Autoedición, 2012, pp. 69

[xviii]. Testimonio de Pedro García, en Fraser, 1979: I, 117.