La República tras la sublevación en la comarca de Torrijos

La República tras la sublevación en la comarca de Torrijos

 El golpe militar fracasó en algunos sitios y triunfó en otros, dividendo al país. La gran paradoja consistió en que el levantamiento militar que supuestamente pretendía evitar una revolución en ciernes, lo que hizo realmente fue provocarla. En la comarca de Torrijos se cumple lo que tantos analistas han afirmado: en la parte de España donde no triunfa el golpe de Estado estalla la revolución originada por el propio movimiento militar, con lo que el alzamiento provoca precisamente lo que supuestamente intentaba evitar. Como lo puede apreciar en nuestros libros [i]

Por ello, en aquel verano del 1936, la revolución desató en la retaguardia (y la comarca de Torrijos estaba en esa zona) una represión indiscriminada sobre personas sospechosas de colaborar con los rebeldes o simplemente de simpatizantes de derechas, entre los que se incluyó el clero. Al contrario que en la capital toledana, en los pueblos de la comarca de Torrijos no se apoyó a la rebelión, a excepción de La Torre de Esteban  Hambrán. Aquí, un nutrido grupo de vecinos se amotinaron en torno a su líder, Juan Aguado, Jefe de Falange, como se relata más ampliamente en su capítulo correspondiente.[ii]

El jefe del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, ordenó a los Gobernadores civiles que no repartieran armas entre las milicias obreras, pero los acontecimientos le desbordaron el mismo día 18 de julio. A la mañana del día siguiente, tras su dimisión, el socialista José Giral aceptó el encargo de sucederle y dio el paso decisivo de armar al pueblo que salió a la calle para combatir a los sublevados, como ocurrió en la cárcel Modelo de Madrid, donde se asesinaron a destacados líderes de derechas. En este sentido, se puso en marcha una revolución espontánea, liderada fundamentalmente por los sindicatos UGT y CNT, que no ocupó el poder del Estado, sino que se limitó a crear múltiples organismos propios que funcionaban con independencia de él. Sin embargo, esta revolución tuvo una duración breve y limitada, y su inicio y desarrollo están vinculados a los meses de verano de 1936, coincidiendo con  el hundimiento del aparato del Estado republicano.

Siguiendo a Santos Juliá, el epicentro del poder se desplazó a las clases obreras y campesinas, debido al papel decisivo que tuvieron las milicias políticas y sindicales en los lugares donde el golpe militar fracasó, como en la comarca de Torrijos. Aquí, las calles de los pueblos  se llenaron de hombres y mujeres armados. Muchos de ellos no estaban allí para defender la República, sino para hacer la revolución. Allí a donde no había llegado la República con sus reformas, llegarían las acometidas revolucionarias. Personas aparentemente pacíficas, mataron a convecinos cuando participaron colectivamente armados.  Así, era difícil imaginarse antes del 18 de julio que el vecino de Novés, Zoilo Fernández Alonso, “El Lechoncillo”, sería capaz de participar en algunos de los asesinatos de sus cuarenta y seis paisanos muertos en aquel verano sangriento; al igual que ocurrió con el fuensalidano Teófilo Estepa García, que participó en otros tantos crímenes de su localidad, o con el torrijeño Manuel Sánchez Espinosa, “Clavel”, que hizo lo propio con el cura Libero y los hermanos Yébenes o, en fin, como miembros del Comité de Burujón participaron en la muerte del capitán Alba.[iii]

No podíamos imaginar, y así lo hemos investigado, a las personas más representativas de izquierdas de la comarca, como el último alcalde republicano de Torrijos, el médico Agustín Rivera Cebolla, conspirando en la trágica muerte del cura Liberio. Tampoco sospechábamos del postrero alcalde socialista de Fuensalida, Manuel Gómez Escalonilla, haciendo lo propio con los hermanos falangistas Evencio, Teodoro y Vicente Caro Sardinero. En efecto, la mayoría de los máximos mandatarios municipales estaban en contra de la violencia, como más adelante quedará evidenciado.

En la localidad de Carpio de Tajo, toda la población salvó la vida a sus convecinos derechistas. Estos permanecieron apresados en la iglesia parroquial hasta que, a principios de agosto de 1936, un grupo de milicianos forasteros llegados de Madrid convocó al pueblo a reunirse en la plaza para  decidir la suerte de sus paisanos de ideología contraria. Desde el balcón del Ayuntamiento, “El Granadino”, jefe de las recién llegadas Milicias de Toledo, invitó a los asistentes para que, a mano alzada, decidieran si les asesinaban. Después del plebiscito, unánimemente negativo, el orador arengó al auditorio para que cambiaran de opinión y, con enojado acento andaluz, les auguró: “A estos que hoy perdonáis, serán los que en el futuro os quiten la vida a vosotros”. Y así fue, meses después, entre septiembre y diciembre de 1936, casi cuarenta carpeños fueron asesinados por las tropas sublevadas que llegaron al municipio, acompañadas por falangistas canarios.[iv]

Al igual que en Carpio de Tajo, no todos querían derramar sangre y hubo abundantes voces que se alzaron desde el principio contra la masacre, como es el caso de Gerindote, Nombela o Alcabón. Aquí, sus alcaldes frentepopulistas, Adrián Rodríguez, Alejandro Martín o Tomás Campos, evitaron que se cometieran asesinatos. En otras villas, como Torrijos, Fuensalida o Santa Olalla a pesar de la buena intención de sus primeros ediles, los Comités se adueñaron del poder en detrimento de los Ayuntamientos.  Hubo veces, aunque sea la excepción, en que los mismos miembros del Comité evitaron asesinar a sus convecinos. Tal caso se dio en Almorox, cuyos componentes se desplazaron hasta una Checa de Madrid para liberar a los más destacados dirigentes de la derecha almorojana, relatado con más detalle en su apartado correspondiente.

Como respuesta inmediata a la rebelión militar, y aprovechando el vacío de poder creado, en los últimos días del mes de julio de 1936, se formaron los Comités de Defensa del Frente Popular, también llamados Comités de Guerra o simplemente Comités, que  actuaron por su cuenta, sin ninguna coordinación con el gobierno de Toledo. Estos Comités proliferaron en todo el territorio de la España leal, como poderes autónomos para vigilar a las Corporaciones municipales y demás autoridades existentes, pero sin sustituirlas o eliminarlas.

La misión del Comité era controlar todas las incautaciones, las cárceles, las multas, los registros y las ejecuciones. Sus miembros eran afiliados, o simpatizantes, de todos los partidos o sindicatos de izquierda (PSOE, PCE, IR, CNT, UGT). Los jóvenes preferían marcharse al frente de guerra o enrolarse en alguna milicia antes que quedarse en el pueblo, para así evitar las ineludibles tareas represivas que les encomendaban los órganos de dirección. Y acertaron las juventudes de izquierda, como el caso del adolescente comunista pueblano, Justino de la Concepción, entre otros muchos, que abandonó su localidad natal para rehusar obedecer las cruentas órdenes de sus superiores. Al finalizar la contienda, los tribunales militares estimaron que el simple hecho de haber sido obligado a realizar  alguna detención en aquel verano de 1936, conllevaba una pena de muerte o, en el mejor de los casos, muchos años de reclusión. Sirva como ejemplo la veintena de torrijeños que serían ejecutados por desplazarse, cumpliendo órdenes del Comité, hasta San Martín de Pusa para detener al cura Liberio.

El Comité de Torrijos se constituyó en los primeros días siguientes a la insurrección y se posesionó de una habitación del Ayuntamiento que utilizó como sede. Pero, como ocurriera en casi todas las localidades de la comarca, dentro dicho órgano existía una bicefalia de poderes: los que estaban a favor de las ejecuciones y los que sólo apoyaban las detenciones preventivas, incautaciones o multas. La mayoría de las veces, el Comité actuaba de forma contraria a las directrices marcadas por el Ayuntamiento. Éste era el caso de Torrijos y así se expresaba el primer edil en funciones, el médico señor Fiscer:

 

Yo nunca ocupé la presidencia del Comité durante los 16 días que estuve de alcalde sustituto. El Comité era una entidad extraoficial, desconectada de la vida municipal, y funcionando al margen de toda relación de derecho público. Su actuación se desarrollaba en local distinto del oficial del Ayuntamiento y se jactaba de arrollar toda autoridad formalmente instituida.

 

El dicente, no sólo se abstuvo de participar en aquella actuación, sino que estuvo a punto de ser víctima de la misma, tanto por mis gestiones oficiosas a favor de personas perseguidas. Éste fue el caso de la supuesta denegación de auxilio que se me imputa con respecto a los asesinatos del cura de Carriches y de su padre enfermo. Ocurrió que una mañana de la primera decena del mes de agosto de 1936 llegaron a Torrijos los referidos señores, huyendo de la persecución, preguntando por mi domicilio, sabedores de que yo era una persona honrada., con el fin de que les pusiera a salvo. Pero, antes de llegar a mi casa, se encontraron con unos milicianos que les reconocieron y fueron asesinados en el cruce de la carretera de Gerindote con Albarreal.

Le han querido presentar también al dicente como inductor o autor moral de las muertes del cura de Val de Santo Domingo, Don Francisco Aguilera, del capitán de Infantería señor Alba y de cuantos vecinos de Torrijos fueron asesinados.

En algunas poblaciones los Ayuntamientos quedaron relegados a un segundo plano, permaneciendo gran parte del poder en manos de estos Comités. En otras como Gerindote, Nombela o Alcabón, la Corporación siguió siendo el centro de autoridad, al menos administrativo. Sin olvidar que, en todos los casos, los primeros ediles participaron y organizaron las incautaciones de bienes, multas o requisas para financiar la guerra recién iniciada. Pero lo cierto fue que, en multitud de ocasiones, esta patriótica tarea degeneró en un pillaje, cuyo botín de guerra se quedaba entre las uñas de los propios miembros del Comité, como más adelante veremos, en el apartado correspondiente a cada localidad.

El alcalde de Fuensalida, Manuel Gómez Escalonilla Zapardiel, permaneció al margen de los asesinatos que el mismo imputó, en sus declaraciones, a los miembros del Comité. El primer edil fuensalidano ejerció una gran actividad económica requisitoria y sancionadora, de la que rindió  cuentas ante los tribunales militares que le ejecutaron al finalizar la contienda. Este municipio fue el más eficaz de la comarca en lo que a incautación de industrias y servicios se refiere. “Requisé todo el trigo que había en el pueblo, incluidas las 1.900 fanegas del convento de monjas, ante la necesidad de fabricar harina para abastecer a la población”, declaró al finalizar la contienda el malogrado zapatero.

Ningún empresario fue respetado en su propiedad, salvo la Banca privada local que no sufrió efecto alguno de la socialización. Esta circunstancia de respetar a las entidades bancarias, digna de señalar, fue general para toda la provincia de Toledo, salvo las 2.000 pesetas con las que fue sancionado el Banco Central de Torrijos y las 5.000 pesetas de Banesto de Talavera de la Reina.

Así mismo, en Fuensalida y otros municipios, se incautaron las industrias agroalimentarias de ámbito local (bodegas, almazaras, fábricas de harinas etc.), y el comercio mediano y al por menor siguió similar proceso expropiador, para comenzar a ser gestionado por el Comités. De tal manera, se constituyó una economía colectivizada en la que, como todos los bienes estaban socializados por la comunidad, desposeyó a todo el vecindario  de moneda de curso legal sustituyéndola por vales. El primer alcalde franquista decía en uno de sus informes: “La mayoría de los vecinos de Fuensalida  se quedaron sin dinero porque el alcalde se lo cambiaba por vales de imprenta con su firma por su valor en pesetas. Como los artículos necesarios para vivir habría que adquirirlos forzosamente en el economato municipal, el dinero de curso legal no servía de nada”.[v]

Durante el verano de 1936 muchos de los comercios y talleres de la comarca colocaron en sus fachadas carteles en los que se decía: “En esta firma se trabaja en colectividad”. La incautación a veces no era plena y se obligaba a los propietarios a colaborar con los Comités para enseñarles el manejo de la maquinaria. En Torrijos, el grupo de empresas de la familia Calderón sufrió todo tipo de saqueos e incautaciones que culminaron con al asesinato de uno de sus dueños,  Domingo Calderón Bajo.  Esta familia también fue despojada de la fábrica de conservas “La Piedad”, en La Puebla de Montalbán,  por iniciativa de  José Villaplana Balmaseda y José Baeza Amat,  miembros del Comité local. Ambos viajaron hasta Madrid para recibir dinero del Ministerio de Agricultura con el fin de reactivar la paralizada actividad conservera.[vi]

En la retina de la memoria de los más ancianos de cada población aún perdura el recuerdo de aquellos hechos sangrientos. No se equivocan  los testimonios orales cuando rememoran que un determinado alcalde permaneció ajeno a los asesinatos ocurridos en su pueblo, como ocurriera en Santa Cruz de Retamar. Después, investigando en los miles de legajos que componen los juicios sumarísimos, se comprueba la veracidad de los hechos.  El líder de la izquierda de esta población, Segundo Sánchez González, “Tacones”, primer y último primer edil republicano de la villa, pertenecía al  partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana y bajo su mandato se cometieron dieciocho  asesinados contra derechistas locales. “El Ayuntamiento que yo presidía fue obligado a ceder todo su poder en favor de un Comité, al que nunca pertenecí”, afirmó el alcalde en el proceso seguido contra él. “Algunos miembros del Comité me tacharon de fascista cuando intenté evitar alguna muerte y me dijeron que también había un cartucho para mí”, continuaba su declaración. “Nunca pude imaginar que todos aquellos jóvenes paisanos, a los que aleccioné bajo mi mandato, acabaran perdiendo la cabeza”, concluyó el procesado en el juicio sumarísimo seguido contra él donde le fue conmutada la pena de muerte por la de 30 años de reclusión.[vii]

La única localidad de la comarca en la que los familiares de los derechistas detenidos intentaron liberar a estos fue Val de Santo Domingo. Aquí, el 3 de agosto del 36, se produjo un tiroteo en pleno centro de la villa. Ocurrió que el Comité había arrestado a un hijo de Federico Gómez, por lo que éste y los tres hermanos del apresado se encaminaron en su búsqueda para liberarle. Pero al llegar al céntrico lugar, conocido como “Las Cuatro Calles”, fueron recibidos a tiros por miembros del Comité, causando la muerte del joven Damián Gómez Ramos  que agonizaba en los brazos de su padre, también herido y cuya defunción fue certificada en el Hospital Provincial de Toledo.[viii]

La población de la mayoría de los pueblos de la comarca se abstuvo de participar en actos violentos y dejó correr los acontecimientos. Muchos no se opusieron por miedo a ser posteriormente también represaliados. No hay que olvidar que el electorado local votó masivamente a la derecha en los comicios  generales celebrados cinco meses antes, excepción hecha Gerindote, Maqueda, Santa Olalla, Santa Cruz, Cerralbos, Novés, Caudilla y Barcience. En realidad, una gran parte de la población rural de derechas no pertenecía a ningún partido político. Simplemente tenían un fuerte arraigo religioso que había sido atacado por la izquierda, lo que motivaba su rechazo al Frente Popular. Los votantes de esta formación, en una gran parte, tampoco militaban en partido alguno, pero sí pertenecían a la Sociedad Obrera local estrechamente relacionada con el sindicato socialista U.G.T.-FETT, ya que era requisito indispensable para poder recibir trabajo, como ya se dijo anteriormente.

En los juicios sumarísimos seguidos contra los últimos alcaldes frentepopulistas es muy común encontrarse declaraciones como la de Esteban López Martín, máximo mandatario de Portillo hasta 1936. Se desconoce si éste fue sometido a algún tipo de presión, o si fue un simple acto de supervivencia, cuando en su manifestación judicial imputó la muerte del líder local de Acción Popular, Agustín Díaz Guerra, a cuatro miembros del Comité, acompañados por el teniente republicano, apodado “Siliano”, natural de Tembleque, al frente de un grupo de milicianos forasteros. “No pude persuadir a los forasteros de que rompieran la lista de vecinos a ejecutar”, manifestaba en su declaración, “a pesar de que me desplace hasta la carretera, en compañía de Amado Martín y Agustín Díaz Guerra, para intentar impedir su entrada en la villa”, concluía el alcalde.[ix]

Hubo localidades, como las de Mesegar, Erustes y Los Cerralbos, en las que parecía que la guerra no había estallado. En ninguna de estas se cometió asesinato alguno y sus primeros alcaldes franquistas apoyaron la labor de sus homólogos republicanos, que les acababan de entregar el bastón de mando. Así, Arturo Ovejero Herradón, último mandatario frentepopulista de Mesegar, evitó que la revolución  se cebara en su localidad, por lo que no se produjo muerte alguna. Este militante socialista tuvo “un comportamiento ejemplar y conducta intachable”, en opinión de José Adánez Collado, primer alcalde franquista que le sustituyó en el Ayuntamiento. Y tanto insistió éste para conseguir la libertad de aquel, al finalizar la guerra, que en uno de sus informes remitidos a los tribunales militares llegó a responder personalmente con su vida avalando la inocencia de su adversario político: “Si no es cierto lo que decimos de Arturo Ovejero, estamos dispuestos a pagar con nuestras vidas”, concluía afirmando  la Comisión Gestora franquista.[x]

En el pequeño municipio de Erustes, la figura del presidente de Comité y alcalde estaba encarnada en la misma persona: Julián Jerez Vaquerizo. Éste primer edil, afiliado a  UGT desde 1931, fue el artífice de que la revolución pasara de largo en su pueblo. No era habitual encontrar un informe emitido, a finales de 1939, por el primer alcalde franquista de Erustes, Alejandro Palomo, sobre la conducta de su “enemigo político”, Julián Jerez Vaquerizo. En él se recogía toda la buena actuación de éste mandatario durante el periodo republicano y reconocía su buena labor al frente del Ayuntamiento en tiempos tan difíciles, durante el tiempo comprendido entre marzo y septiembre de 1936. “A pesar de que Julián Jerez fuera el fundador de la Sociedad Obrera y de que obligó a todos los jornaleros a afiliarse a UGT para poder trabajar de braceros en el campo, fue un hombre justo y sensato”. Así informaba Alejandro Palomo a los tribunales que juzgaron a  aquel. También agradeció su gestión administrativa: “Gracias a Julián fue posible que no hubiera derramamiento de sangre alguno y dejó las cuentas municipales cuadradas, sin faltar una sola peseta”, concluía el informante.[xi]

Finalmente mencionaremos a Fulgencio Pérez Carrasco, primer edil frentepopulista que recibió a las tropas sublevadas a su llegada a Los Cerralbos en septiembre de 1936. Éste era un hombre de izquierdas, afiliado a UGT y con la madurez que daban sus 56 años de edad. Sorprendentemente, los patronos derechistas de la villa, en especial Eliezer García de la Torre, después primer alcalde franquista, siempre  apoyaron a su homólogo republicano y su anterior gestión municipal. Añadiremos, además, que en esta localidad ocurrió un hecho insólito: el último  y primer alcalde, republicano y franquista respectivamente, se reunieron en el Ayuntamiento, tras la llegada de Ejército de África, para nombrar nuevos mandatarios municipales en septiembre de 1936. En el recuerdo de todos ellos estaba la reciente actuación de Fulgencio, ocurrida el 17 de septiembre, hacía tan solo unos días, de convencer a forasteros milicianos de la FAI llegados  a la villa para que se marcharan sin detener a los patronos de la misma.[xii]

También Fulgencio tuvo un gran comportamiento con el derechista Miguel Olmedo. Este huyó de su localidad natal, Domingo Pérez, hasta la vecina de Los Cerralbos, perseguido por milicianos domingoperanos que le querían dar muerte. Previamente a su fuga, Miguel había sido sitiado en su domicilio de aquella localidad por una turba de paisanos. Mientras tanto, su padre, Besa Olmedo, oyó los tiros que disparaban los milicianos contra la vivienda de su hijo y salió rápidamente en su ayuda, junto con su esposa  Adriana y la pequeña hija de ambos, Gloria, que seguían atormentadas al progenitor. Como la masa de gente armada prestó más atención a Besa que a su hijo, éste huyó en  coche hasta la vecina localidad de Los Cerralbos. Aquí vino a refugiarse  en casa de su amigo Julio Riesgo, y ambos contaron con  la ayuda inestimable del alcalde socialista de esta población, evitando así otra muerte segura. Entretanto esta fuga se producía, el joven Olmedo era ajeno, camino de Los Cerralbos, a lo que le estaba sucediendo a su progenitor. Éste se escondió en el domicilio de su hermana, pero tuvo que escapar por los tejados hasta el patio del vecino Esteban Alvarado que, en un ataque de pánico, abrió la puerta de su casa a los asesinos que  dieron muerte a su buen amigo Besa.[xiii]

Hubo localidades, como la pequeña Caudilla, con menos de un centenar de habitantes, en la actualidad deshabitada, en las que el Comité esperó la evolución del conflicto bélico para decidir si matar o no a sus detenidos. Así, cuando el 19 de septiembre de 1936 las tropas rebeldes se encontraban a tan sólo unos kilómetros de aquella localidad, Petra García Alonso, su esposo Álvaro Rodríguez (autoproclamado alcalde de la villa) y el hijo de ambos, Alfonso (jefe del Comité), solicitaron ayuda a su homólogo de Novés, y al vecino de Val de Santo Domingo, Sotero Gómez López, “Cubilla”, para dar muerte a Claudio Ruiz Bajo, y a sus tres hijos. Entre la familia Ruiz Bajo y  sus ejecutores les  unía una larga relación laboral que se remontaba a muchos años atrás, cuando el alcalde frentepopulista comenzó a prestar servicio de guarda  las fincas propiedad  de aquel terrateniente.

Pero con el estallido de la guerra, explosionaron esos odios acumulados que producen tantos lustros de patronazgo y servilismo. El mismo día 18 de julio, tanto “don Claudio”, como sus tres hijos, Salvador, Alejandro y Jesús, afiliados a Falange, fueron detenidos y arrestados a trabajar en sus propias tierras, hasta que llegó el fatídico 19 de septiembre en el que fueron asesinados y despojados de sus joyas y otros bienes.

Pero el destino de los autores de dichas muertes fue el mismo que el de sus víctimas.  Alcalde y presidente del Comité, no fueron juzgados al acabar la guerra, como su madre. El padre sería fusilado en Val de Santo Domingo el 26 de octubre de 1936; y el hijo, también correría la misma suerte en las tapias del cementerio de Caudilla, pocos días después.

Sin embargo, Petra García Alonso sería imputada por los tribunales militares de ser la inductora de las muertes citadas. Tras su precipitada huida hacía Madrid, fue detenida en Casarrubios; pero olvidó en su domicilio de Caudilla unos sellos de oro con las iniciales de la familia Ruiz Bajo, que fueron requisados por los militares franquistas a su llegada a la localidad.[xiv]

Uno de los problemas historiográficos que plantea el estudio de los Comités es la desaparición de su documentación: fue destruida, o puesta a buen recaudo, por sus propios miembros, para evitar su utilización represiva por parte de las fuerzas sublevadas. No obstante,  un estudio exhaustivo de los juicios sumarísimos seguidos contra sus componentes, al finalizar la guerra, nos ha permitido poder conocer de su actuación. Esta ha sido examinada con mucha cautela, sabedores de que dicha información jurídico-militar nos viene manipulada, en muchos casos, por el bando vencedor. Por este motivo, sólo cuando un hecho ha sido contrastado con otras fuentes es cuando nos aventuramos a darlo cierta veracidad.

Según Santos Juliá, España venía dividida en dos desde siglos remotos y sus contendientes decidieron, ante la perplejidad del mundo entero, arreglar sus cuentas pendientes matándose mutuamente. Por eso la responsabilidad de los causantes de la catástrofe quedaría sumergida en el genérico carácter español. Los golpistas sabían lo que hacían y emplearon todos los medios para conseguirlo, como si no hubieran tenido más remedio de hacer lo que hicieron, cumpliendo así un guion escrito por mano ajena. Pero basta pensar que si un grupo de conspiradores militares hubieran mantenido la fidelidad al juramento de lealtad a la República, nunca habría comenzado una guerra entre españoles; habrían ocurrido otras cosas, pero no una contienda fratricida de esa magnitud de la que aún restan sus secuelas.[xv]

 

[i] RODRIGO SÁNCHEZ, Javier: Hasta la raíz. Violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza, 2008, p. 34: “La sublevación militar fue la que rompió todos los frenos sociales preexistentes. Y así, todas las partes contendientes  sintieron, con el poder que daban las armas, la cadena de transmisión del verdadero sentir popular”.

[ii] Archivo Histórico Nacional; AHN-M, La Causa General, caja 1.049/1, pza. 2ª, “La Torre de Esteban de Hambrán”.

[iii] JULIÁ, Santos: Víctimas de la Guerra Civil, Ediciones Terra de Hoy, Barcelona, 2006, pp. 145 ss.

[iv] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Signatura 213, Caja 6307. Sumarios 321, Legajo 40 seguido contra el alcalde de Carpio de Tajo, Críspulo López García.

[v] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Signatura 7166, Caja 34307. Sumarios 124, Legajo 40 seguido contra el alcalde de Fuensalida. Los hombres del Comité a los que el alcalde atribuyó toda la responsabilidad fueron: Marcelino Hernández Díaz, “Cirgarrilla”, José Serrano Gómez, “Roso”, Eusebio González Canto, “Pájaro” y Teófilo Estepa García, “Terremoto”, Eulogio García Archicollar y Eduardo Serrano Plaza.

[vi] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 944, Legajo 115. En el juicio sumarísimo seguido contra José Villaplana Balmaseda y José Baeza Amat, miembros del Comité, éste último reconoció haber recibido dinero subvencionado del Ministerio de Agricultura para reactivar la fábrica. Pero no le dio la finalidad adecuada, ya que el negocio siguió sin producción de conservas. No obstante, Baeza se excusó argumentando que parte del dinero se lo entregó a las mujeres trabajadoras de la empresa.

[vii] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 234 y 697, Legajos 35 y 99 seguidos contra el alcalde de Santa Cruz del Retamar. No era fácil sobrevivir a los tribunal militares cuando en el pueblo donde eras alcalde se habían cometido 18 asesinatos delante de tus narices. Pero la explicación la encontramos en que, a parte de su inocencia, al primer edil se le juzgó en el año 1944. En estas fechas las sentencias eran más indulgentes.

[viii] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 126 Legajo 980 seguido contra Nicanor Calderón Fuentes, que fue ejecutado por los tribunales militares por su participación en la muerte citada.

[ix] Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 14 y 1342, Legajo Lo que ocultó el alcalde procesado, quizás porque Ramón Mora Nombela era compañero de celda y banquillo, fue que este vecino fue la persona más activa de la represión en Portillo. Esteban López Martín, último alcalde republicano de Portillo, fue absuelto en el juicio sumarísimo seguido contra él al finalizar la contienda. Con este veredicto queda todo dicho sobre su hipotética participación en los asesinatos cometidos por el Comité de Guerra local, a cuyo frente se encontraba Feliciano Gómez Pérez, “El Curro”. Si bien, como la mayoría de los máximos mandatarios municipales de la comarca, estuvo al frente de lo que el propio primer edil denominó como “Junta Administrativa del Comité”, encargado de las incautaciones y multas.

[x] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumario 6453, seguido contra Arturo Ovejero Herradón.

[xi] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 114 y 192, Legajo 776 seguido contra Julián Jerez Vaquerizo, alcalde de Erustes.

[xii] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 1201, Legajo 564. seguido Eliezer García de la Torre y su yerno, Luís García de la Torre.

[xiii] Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 234, Legajo 1088, seguido contra el primer edil, Marcos Galán Castro. El jefe de Falange, Juan Garrido fue detenido en Los Cerralbos y conducido a la iglesia de Domingo Pérez, para después ser asesinado en Maqueda. Y Besa Olmedo sufrió, a manos del Comité local, una de las muertes más trágicas de las ocurridas en la comarca. Igual suerte correría su hijo, Miguel Olmedo. Después de ser detenido en Villasante, pasó a la cárcel de Talavera y el 4 de agosto del 39 fue asesinado en Puente Silo. Otro hijo de Besa, Julián Olmedo, secretario de la Diputación de Toledo, también moriría en Toledo la madrugada del 23-24 de agosto de 1936.

[xiv] Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumario 467, Legajo 3917, Caja 04530, seguido contra Pedro Bolonio Gallina y otros.

[xv] JULIÁ, Santos: Víctimas de la Guerra Civil, Ediciones Terra de Hoy, Barcelona, 2006, pp. 15.