Alfonso XXIII en Toledo.

Relaciones Iglesia-Estado

Relaciones Iglesia-Estado

Con la llegada de la República, las tensiones entre la Iglesia y el Estado, que habían existido durante siglos, se volvieron a manifestar con una intensidad sin precedentes. En España había una arraigada tradición de anticlericalismo, que a veces derivaba en actos violentos como la matanza de frailes y la quema de conventos ocurrida en Madrid en 1834, los sucesos de Barcelona, Zaragoza y Reus en julio de 1835, o los incidentes de Barcelona en 1868 y julio de 1909. Estos episodios se repetirían con mayor virulencia a partir de abril de 1931. Sin embargo, es importante destacar, como señala Hilari Raguer, que «el problema religioso no fue un invento arbitrario de la República, sino que se encontró con él encima, como algo que los demás países europeos habían resuelto o al menos encauzado un siglo antes» (Raguer, 2007:16).

Durante la dictadura de Primo de Rivera, se protegió la posición de la Iglesia, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza. Esto se acompañó de la promoción de una imagen de la Monarquía como patriótica y católica, basada en la unión entre el trono y el altar (Quiroga, 2013: 55). Sin embargo, el republicanismo anticlerical pronto se dio cuenta de que la reducción del poder político de la Iglesia era una de las tareas necesarias para modernizar el nuevo régimen. Como movimiento colectivo, el anticlericalismo buscaba eliminar a la Iglesia como un poder público, ya que consideraba que la Iglesia defendía los intereses de la clase dominante con la que históricamente se había identificado (Caro Cancela, 2001: 71).

Toledo en el epicentro

 Tal  fue la sorpresa del resultado electoral del 12 de abril de 1931 que el cardenal primado de Toledo, el polémico y antirrepublicano Pedro Segura Sáez, no  pudo de cancelar su visita pastoral al pueblo de Huecas, señalada para el 14 de abril de 1931. También es posible que prefiriera pasar ese día en esta localidad, administrando el sacramento de la confirmación a los niños, antes que soportar el griterío de la población  de Toledo proclamando la Segunda República.

Fueron algunos miembros importantes de la jerarquía eclesial quienes comenzaron los enfrentamientos. Hubo cartas o pastorales dantescas de Irurita en Barcelona o Gomá en Tarazona, pero la más relevante fue la del cardenal primado Pedro Segura, que envió una carta a los obispos instigándoles a una “reacción de entusiasta adhesión a la Monarquía”, participando en actos públicos de apoyo al rey. Este prelado emitió el 1 de mayo de 1931 una pastoral en la que homenajeaba a la extinta Monarquía, cuestionaba la doctrina papal de la accidentalidad de las formas de gobierno y llamaba a los católicos en defensa “de los derechos de la Iglesia y del orden social”. Muchas declaraciones de la misiva tenían un carácter político y hostil al régimen republicano, según Fernando de los Ríos, por lo que fue sustituido de la sede de Toledo.

El primero de mayo de 1931, durante la celebración de la romería del Valle o de la Fiesta del Trabajo, mientras centenares de toledanos se divertían, en el Palacio Arzobispal, el primado Pedro Segura redactó una pastoral en la que delineaba la posición de la Iglesia católica ante el cambio de régimen que había ocurrido días antes. Según la pastoral, «cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo, retirado en su hogar o dedicado solamente a sus negocios particulares». Aunque la Iglesia «no siente predilección hacia una forma particular de gobierno», reconoció los valores del reinado de Alfonso XIII en uno de sus párrafos y sugirió, de manera sutil, que los católicos debían votar en las próximas elecciones a Cortes Constituyentes. Según la pastoral, «Nos hallamos en una de esas horas en que se va a decidir, quizá de manera irremediable, la orientación y el porvenir de nuestra Patria. Si permanecemos pasivos y ociosos, si nos dejamos llevar por la apatía y la timidez, si dejamos que los que se esfuerzan en destruir la religión nos arrebaten la victoria, no tendremos derecho a lamentarnos».

 

La respuesta de la prensa de Toledo al mensaje del primado fue inesperada, como se indicó en las páginas del Heraldo Toledano, donde se criticó la actitud del cardenal y se le acusó de utilizar su posición para atacar a la República desde su lujosa mansión. A pesar de las dudas iniciales, el Vaticano finalmente reconoció a la República el 24 de abril, y la Nunciatura aconsejó a los obispos que mantuvieran la serenidad y el acatamiento, aunque desconfiaban de los principios liberales promovidos por los partidos políticos, como la libertad de culto y la educación laica.

Cuando se interceptó una carta de Segura en la que se instaba al obispo de Vitoria, Mateo Múgica, a sacar dinero de España, el Gobierno reiteró el destierro del primado, quien finalmente abandonó el país el 13 de mayo. Pocos días después, Múgica también fue expulsado. Al mismo tiempo, y poco después del regreso clandestino de Segura a España, la prensa publicó la Declaración Colectiva de los Metropolitanos Españoles, redactada por el propio Segura tras una reunión en Toledo. En este documento, los prelados españoles expresaron su deseo de no crear problemas al Gobierno provisional y su esperanza de que se respetaran los derechos de la Iglesia en España. También instaron a los católicos, independientemente de sus preferencias políticas, a unirse para elegir candidatos que defiendan los derechos de la Iglesia y del orden social en las próximas elecciones.

El documento, que llevaba la fecha del 9 de mayo, fue criticado por la prensa madrileña, que tachó a Segura de «Richelieu de la Mancha». Cuatro días después, el cardenal fue llamado a Roma a consulta debido a las presiones ejercidas por el Gobierno Provisional. (Sánchez Lubián 2022:57)

Las primeras medidas secularizadoras y la quema de conventos de mayo de 1931

 En los primeros días de la República española en 1931, se establecieron medidas de conciliación y neutralidad para respetar la libertad de creencias y culto individuales, y mantener una postura neutral en cuanto a ceremonias religiosas. Sin embargo, la proclamación de la República supuso la pérdida de la posición privilegiada de la Iglesia y la necesidad de replantear sus relaciones con los poderes públicos.

El fanatismo del cardenal Segura llevó a los sectores republicanos más extremistas a presionar al Gobierno Provisional para que abandonara su moderación inicial. En mayo de 1931, se produjeron movilizaciones violentas que culminaron en la quema de conventos. Según algunos autores, estos actos anticlericales fueron impulsados por organizaciones políticas de extrema izquierda, como una maniobra contra el proyecto moderado del Gobierno Provisional.

Domingo Alonso intentó explicar los sucesos de la quema de conventos por una serie de noticias alarmantes que enfurecieron a la opinión pública republicana, como los anuncios de sublevaciones nacionalistas en el Norte, la movilización militar decretada por el Gobierno Provisional, la liberación sin cargos del general Berenguer acusado de entrometerse en el consejo de guerra que condenó a muerte a Galán y García Hernández, y el acto del Círculo Monárquico Independiente anunciado para el 10 de mayo. Durante la inauguración de los locales del círculo en la calle de Alcalá en Madrid, un gramófono instalado en la ventana para propagar consignas monárquicas provocó la indignación de los transeúntes, lo que llevó a una revuelta y a una concentración amenazadora ante los locales del diario monárquico ABC. La carga de la Guardia Civil provocó dos muertes y encolerizó a los manifestantes.

Después de los disturbios en las puertas del ABC, se comenzaron a difundir rumores inquietantes que llevaron a la gente a manifestarse ante el Ministerio de la Gobernación para exigir cambios. Entre las demandas estaban la renuncia del ministro Maura, la encarcelación de Berenguer, la disolución de la Guardia Civil, la eliminación de los periódicos que se oponían a la República, la expulsión de las órdenes religiosas y una «actitud más radical del Gobierno que liderara la revolución popular que ya estaba en la calle». Maura ya sabía que los manifestantes estaban planeando quemar conventos al día siguiente. Los grupos extremistas invitaron a los trabajadores a no ir a trabajar y los manifestantes incendiaron la iglesia de los jesuitas y varios conventos. A las 2:30 pm llegaron al convento de Maravillas y quemaron el edificio de viviendas contiguo. El mayor incendio ocurrió a las 7 pm en el convento de Chamartín de la Rosa. El movimiento se extendió a otras provincias y la izquierda culpó a las derechas y viceversa. La movilización fue casi espontánea, estimulada por el miedo a una contrarrevolución monárquica y las implicaciones políticas dirigidas contra la Iglesia y su apoyo al régimen monárquico. El alcalde de Toledo publicó un bando para prevenir cualquier alteración del orden público. No hubo víctimas mortales, pero la relación entre la Iglesia y el Estado quedó seriamente dañada. Se llevaron a cabo juicios sumarios y se destituyó a muchos funcionarios, guardias y fuerzas de seguridad.

Tanto la izquierda como la derecha trataban de atribuir la responsabilidad de los disturbios a la otra facción, mientras que los anarquistas sostenían que eran una reacción del pueblo debido a la falta de acción del Gobierno en la implementación de reformas. En realidad, las causas eran mucho más complejas y el Gobierno actuó con indecisión para evitar un baño de sangre. La movilización se produjo de forma casi espontánea debido al temor a una contrarrevolución monárquica y también tuvo implicaciones políticas contra la Iglesia y su apoyo al régimen monárquico. Hubo incidentes similares en algunas capitales de provincia, pero Toledo se mantuvo en calma gracias a la intervención del alcalde Ballester, quien publicó un bando exhortando a la población a mantener el orden y la cordura. Los concejales republicanos y socialistas de Toledo mantuvieron contacto con sus militantes para evitar el arrebato anticlerical procedente de Madrid, y se estableció un servicio de vigilancia para evitar la entrada de alborotadores en la ciudad. El periódico católico El Castellano destacó la cordura del pueblo toledano y la gratitud de las religiosas por su actitud pacífica.

El “caso Segura” y las consecuencias de los sucesos de mayo

El Gobierno intensificaría su política laicista, causando molestias entre los católicos, especialmente durante las festividades religiosas. La primera iniciativa laicista del Gobierno Provisional culminó en un decreto que prohibía la enseñanza primaria a personas sin el título facultativo de maestro (más del 50% de los enseñantes, principalmente religiosos) o licenciado en los colegios de enseñanza secundaria. Otra orden del Ministerio de Justicia estableció una libertad vigilada para los no católicos, lo que provocó la protesta del episcopado y de su periódico, El Castellano, acostumbrados a una confesionalidad más estricta. En el mismo día, una orden del Ministerio de Instrucción Pública excluyó el catecismo, el crucifijo y las imágenes de los santos en las escuelas públicas y ordenó la retirada de los objetos de arte de los edificios religiosos que estuvieran en peligro de deterioro. En consecuencia, la religión católica dejó de ser la religión oficial del Estado.

 

 

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Juan Antonio Morales Gutiérrez
moralesgutierrez@telefonica.net

Después de "Una memoria sin rencor", Juan Antonio Morales Gutiérrez y Belén Morales Pérez, padre e hija, presentan la segunda entrega de la trilogía, que es independiente de la primera. Pese a que algunos de sus personajes principales aparecen en ambas narraciones, "Secuelas de una guerra" no es una continuación de aquella; aunque comparten el mismo espíritu y denominador común: narrar acontecimientos históricos con nombres y hechos verdaderos. Este segundo volumen se inicia en julio de 1936, con el asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, continúa con los sucesos de Paracuellos del Jarama y finaliza en la primavera de 1981, tras el fallido golpe de Estado del 23-F. Pedro Rivera, alcalde derechista de Gerindote (Toledo), huye a Madrid tras ser expulsado de su pueblo después de la victoria del Frente Popular en los comicios de febrero de 1936. Tras el golpe de militar del 18 de julio, esconde en su portería del barrio de Argüelles a un exministro de la CEDA perseguido por la revolución miliciana, Federico Salmón Amorín. El destino de ambos es la cárcel Modelo de la capital y su posterior asesinato en Paracuellos del Jarama. Después aparecen nuevos personajes, todos ellos militantes del Partido Comunista, uno de los cuales interviene desde el exilio en la resistencia contra el régimen de Hitler y la frustrada invasión del Valle de Arán. Cada uno de sus episodios ha sido extraído fielmente de un hecho verídico; cada uno de ellos tiene una existencia real y una personalidad auténtica. Esta es la historia de esos hombres que sobrevivieron o murieron luchando contra el fascismo. "Secuelas de una guerra" es una novela de reconciliación, de amores, sentimientos y de ausencias, que utiliza el recurso de hacer regresar al pasado bélico a sus protagonistas, mientras relatan cómo vivieron la posguerra y la transición democrática en España.

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