REFORMA AGRARIA EN LA COMARCA DE TORRIJOS.

 

Capítulo 3º del libro Orígenes de la guerra civil en la comarca de Torrijos.

3.- La Ley de Reforma Agraria

La proclamación de la República había causado por sí misma una grave crisis financiera en España. Gran parte de los españoles ricos comenzaron inmediatamente a transferir sus capitales a los bancos extranjeros, y los círculos financieros internacionales acogieron con escepticismo el nuevo régimen. De esta manera, los primeros ministros de Hacienda fijaron como su primer objetivo la estabilización de la peseta como preludio  a la restauración del crédito internacional.

Dentro del laboratorio de reformas políticas, educativas, laborales, religiosas o culturales, la agraria fue la más desarrollada en esta comarca de Torrijos, que aún sigue siendo agrícola. La reforma agraria era, sin duda, la más crucial de todas las cuestiones económicas. El articulado de la Ley perseguía la puesta en práctica de diferentes mecanismos de asignación de tierras y recursos agrícolas que propiciasen el cultivo directo de las mismas. Asimismo, se optó por la aplicación de diferentes soluciones que satisfarían, ante todo, el “hambre de tierras” de los jornaleros y campesinos más pobres.

Los distintos decretos y disposiciones legislativas elaboradas por el Ministerio de Trabajo (al frente del cual se hallaba el socialista Largo Caballero) durante el primer bienio republicano, afectaron seriamente a los esquemas de dominio tradicionales de los grandes propietarios. Se sancionó  un sistema de intervención estatal  en favor de los cultivadores directos, y en contra los propietarios que acaparasen en cada municipio una superficie considerada excesiva, como ocurría con el terrateniente Taramora, afincado en Barcience. Este titular había dejado parte de sus fincas sin cultivar, desde 1931, pues temía una confiscación revolucionaria inmediata. Sin embargo, hay que resaltar, que el Instituto de Reforma Agraria (IRA) solo desposeía en situaciones muy concretas. Por todo ello, la desconfianza en la República motivó que muchos latifundistas prefirieran vender sus tierras y colocar el dinero en bancos extranjeros.

El Decreto de 7 de mayo de 1931 promovió la creación de los denominados Jurados Mixtos, constituidos por un presidente, un secretario y representantes de patronales y obreros. El presidente era nombrado por el Ministerio de Trabajo, el cual estaba controlado por los socialistas durante el periodo de 1931-1933, y motivó que sus decisiones se inclinaran en defensa de los jornaleros. Las atribuciones de los jurados eran, entre otras, la fijación del salario, la duración mínima de contratos y la jornada laboral. Hasta ese momento la mano de obra agrícola había sido manipulada por la patronal agraria, que provocó el rechazo hacía esta institución. A partir de ahora, los jurados trabajarían para reducir el poder de los patronos y aumentar el de los obreros.

El periódico socialista  El Heraldo de Toledo se hacía eco de muchas de la quejas de los jornaleros, como ocurrió en Domingo Pérez. En esta localidad, el presidente de la Sociedad Obrera, Isidoro Gil Bautista, remitió una carta al rotativo publicada así:

Los patronos de Domingo Pérez obligan a trabajar a los obreros los domingos, y sin embargo, hicieron fiesta el día de San Pedro. Todas estas cosas las hacen porque los gañanes están ajustados por años y la primera condición que les ponen los “caritativos” burgueses es que no han de ser socialistas. Y en esta población trabajan doce horas en vez de ocho, como en otros municipios. Por ello, hemos buscado amparo en los Jurados Mixtos.

Las resoluciones de los Jurados en materia salarial  eran igualmente aplicables a cuantos pequeños propietarios o arrendatarios agrícolas precisaban de mano de obra temporal en época de recolección. Generalmente se desobedecían los acuerdos y pronto se vieron desbordados por la ingente cantidad de expedientes de denuncia. Así ocurrió en Arcicóllar, donde las controversias eran continuas. En una de ellas, el patrón Quintín Agudo Álvarez fue requerido por contratar a un “gañán ajustado para hacer tareas de arado de tierras y ser empleado en varear aceitunas, siendo que hay obreros parados para esta última faena”, se decía textualmente en la acusación inicial del presidente de los jornaleros. (2)

La actividad de los braceros arcicollanos contra sus patronos fue incesante durante aquel primer bienio. Sirva como ejemplo la denuncia presentada ante la alcaldía contra Julio Sánchez Villaluenga, “por tener empleados obreros en la correduría del vino, sin ser de su competencia dicha actividad”, imponiéndole una multa de 30 pesetas por ser reincidente. En otra ocasión, el propio alcalde socialista fue quien reclamó al patrón, Casimiro Salazar Ventero, su incumplimiento laboral por contratar a un menor de 14 años. Y una vez más, en septiembre de 1932, la reclamación laboral se interpuso  contra el fundador de la sociedad de patronos, Críspulo Martín Caro, que fue condenado a pagar 75 pesetas de multa por contratar obreros alterando el orden de la Bolsa de Trabajo: era culpado de incumplir la base primera del Jurado Mixto que obligaba a ocupar jornaleros que salieran del Registro de Colocación. (3)

Pero el mayor enfrentamiento entre los obreros y la patronal de Arcicóllar se produjo el 6 de abril de 1932.  A  la terminación de una de estas asambleas laborales, en la puerta del Ayuntamiento, en presencia del delegado gubernativo, los participantes salieron a la calle y uno de los propietarios, Martín López Agudo, se alarmó al ver a un nutrido grupo de obreros esperando el resultado de las negociaciones. Este patrón requirió al alcalde socialista que garantizase su seguridad personal y la de sus compañeros. El primer edil aceptó y, con su bastón de mando en mano, requirió a la multitud, entre las que se encontraban mujeres y niños, para que se disolviese.  Mientras tanto, el señor López Agudo, muy excitado volvió al Consistorio, donde aún se encontraba el presidente de la Patronal, con el que dialogó unos momentos. Acto seguido, empuñando una pistola, salió a la calle para hacer fuego contra las personas que aún quedaban en la puerta. De manera inmediata llegó la Guardia Civil que realizó varios disparos al aire para acabar de dispersar a los manifestantes.

El resultado de la agresión fue que el alcalde socialista, Eugenio Pantoja Moreno, con herida de bala en el muslo,  su hermano Félix, con fractura del fémur por orificio de bala, y el cuñado de ambos, Gervasio Sánchez Sánchez, presidente de la Sociedad Obrera, con rotura de tibia, fueron trasladados a Toledo quedando este último ligeramente cojo para toda su vida. Todos ellos, incluido el agresor, pagarían con sus vidas años después, a excepción del primer edil que huyó al extranjero al finalizar la Guerra Civil. (4)

Igualmente se abogó por un modelo “mixto” de asentamientos campesinos, permitiendo la explotación y el cultivo, tanto “individual” como “colectivo”, de las tierras asignadas por el IRA, en función de las decisiones asamblearias de las Sociedades Obreras. Por ello, se concedieron amplias facultades a estas organizaciones políticas de izquierdas (básicamente la FNTT-UGT), para obtener el derecho de ocupación y explotación colectiva de buena parte de las tierras expropiadas por el Ministerio.

Sin embargo, la legislación laboral del bienio reformista se posicionó claramente en la defensa del campesinado pobre y los jornaleros, que gozaba de una situación privilegiada  a la hora de negociar con la patronal rural. Todo ello se tradujo en la proliferación de constantes conflictos huelguísticos, como el ocurrido en Toledo. En la capital, los obreros del campo reivindicaban el incumplimiento  de la ley de Términos Municipales por parte de los patronos al contratar a mano de obra forastera. Los guardias de Asalto disolvieron a los manifestantes en la plaza de Zocodover en repetidas ocasiones. Otro día, en las inmediaciones del Corralillo, los huelguistas cortaron la luz con una cadena lanzada a los cables de cruzaban la calle. La intermediación del Gobernador, Isidro Liarte Lausín, fue crucial para su desconvocatoria. (5)

El conde Romanones, propietario de la finca Buenavista, próxima a la capital, opinaba del conflicto laboral:

Todo es consecuencia de la ley de Términos municipales, pues ocurre que en los pueblos se había fijado el sueldo de obrero agrícola en 4 pesetas, y en Toledo se elevó a 6,50. Naturalmente, ante esta diferencia, millares de jornaleros se han empadronado en la capital, para que una vez transcurridos los seis meses que marca la ley, adquieran carta de vecindad. Pero como resulta que en Toledo eran unos cientos, y los recién llegados varios miles, no hay trabajo para tantos. Ello ha originado la protesta de aquellos contra éstos. Pero los que vuelvan a sus respectivas localidades necesitarán otros seis meses para poder adquirir la vecindad, y por lo tanto para poder trabajar. Además, con estos calores quien sale perdiendo son las cosechas que en abril parecían magníficas y ahora están casi perdidas. (6)

La Ley de Términos Municipales también tuvo mucha repercusión en la zona. Prohibía la contratación de obreros agrícolas provenientes de otros términos municipales ajenos a aquel donde se hallasen radicadas las explotaciones demandantes de mano de obra, hasta tanto no se hubiese dado plena ocupación a los trabajadores agrícolas locales. La existencia  de términos municipales con reducida superficie, como Torrijos, y un elevado censo de campesinos en situación de paro forzoso motivaron numerosas protestas, además de perjudicar las estrategias patronales de abaratamiento de los salarios agrícolas, al dificultar la libre contratación de jornaleros de otros pueblos o regiones.

En las propias Sociedades Obreras, sus afiliados tenían opiniones contrapuestas con respecto a esta norma, y desde algunos Ayuntamientos se solicitó su derogación. Otras veces, los pueblos limítrofes, como Gerindote y Torrijos, suscribían acuerdos entre ellos: “Cuando un patrono, como era el caso de Arturo Taramona y el duque de Teba, labren en distintos términos a los de su domicilio, los jornaleros deberán ser la mitad del pueblo de su residencia y la otra mitad donde radiquen las fincas”. (7)

En La Puebla de Montalbán, el Ayuntamiento lerrouxista hizo verdaderos esfuerzos para que los titulares de las grandes dehesas  colindantes a su término municipal contratasen mano de obra local, y aprobó en pleno que se derogara el decreto. Por ello, la Corporación municipal remitió después una carta al ministro para que revocara la norma que tanto perjudicaba a un pueblo de grandes latifundios y que siempre fueron explotados por jornaleros pueblanos. (8)

             Las fricciones entre las Sociedades Obrera de Torrijos y Gerindote quedarían reflejadas en un pleno de este último Ayuntamiento, cuyos obreros eran los beneficiarios de la Ley de Términos, debido a la mayor extensión de su territorio. También la Corporación torrijeña expresaba su preocupación por los continuos requerimientos recibidos de Val de Santo Domingo y Barcience para hacer cumplir la polémica norma.

Algo atípico en esos años era ver a patronos y obreros, como en Val de Santo Domingo, unidos para hacer frente al acuerdo de Inter-Municipalización que el Ministerio de Trabajo había concedido a Caudilla y Torrijos. Una vez más, la Ley de Términos perturbaba las relaciones laborales: “obreros y patronos de esta localidad han protestado ante este Ayuntamiento contra el acuerdo al que han llegado los alcaldes de Torrijos y Caudilla. Se han unido para intercambiarse mano de obra y evadirse de cumplir el decreto. Por ello exigimos, y así lo haremos saber al Ministro que deseamos nos incluyan en dicho pacto o en caso contrario, nuestros patronos quedarán libres de contratar a jornaleros del lugar de la residencia del dueño”. (9)

Esta legislación beneficiaba a los jornaleros de  Gerindote o Santa Olalla, pero no a los de  Alcabón. En este municipio, los alcaboneros no podían trabajar en la Dehesa Perovequez, enclavada en el término de Val de Santo Domingo, ni en El Tapuelo, de Santa Olalla. Tras la publicación de esta nueva norma agraria, llegó  la primera huelga de los jornaleros del campo de aquel pueblo. Como al propio Ayuntamiento no le quedaban ya argumentos qué esgrimir, los braceros marcharon andando hasta Toledo para ver al gobernador. Así relataba, el 28 de enero de 1932, El Castellano la noticia:

 

Setenta obreros de Alcabón vienen a Toledo a pie. Carecen de trabajo y no la Ley de Términos les impide trabajar en otras localidades. Dicen que su situación es muy angustiosa al faltarles ya el alimento y todas las puertas de los patronos se les cierran. El gobernador ha prometido hacer todo lo posible para buscar una solución.  (10)

 

La patronal pedía con insistencia la derogación de esta ley que tanto les desfavorecía. Pero sus aspiraciones no quedaron colmadas hasta mayo de 1934, cuando la mayoría radical-cedista derogó tan polémica norma. Hasta entonces, el alcalde de Torrijos, utilizó su autoridad ante el Ministerio de Trabajo para suscribir el  Acuerdo de Inter-Municipalización con el fin de eludir, en la medida de lo posible, aquel precepto. El mismo Rivera Cebolla así lo reconoció, dos años después, en una entrevista a la revista Toledanos: “Busqué el acuerdo para colocar a algunos de los más de 600 trabajadores del campo de Torrijos que están en paro”. (11)

Muchos opinaron que el torrijeño, Juan José Benayas Sánchez-Cabezudo, Ministerio de Agricultura entre abril y mayo de 1935,  influyó favorablemente para facilitar las mejoras en la comarca de los jornaleros del campo de Torrijos. Éste   militó durante el primer bienio en el Partido Republicano Progresista de Alcalá Zamora y era sobradamente conocido el favoritismo del señor Benayas por su villa natal, aunque siempre se excusara con la coletilla de que “todo obedecía a razones de utilidad social”. Otras veces, como en la entrevista concedida a la revista Toledanos,  reconocía su predilección sin reserva: “Firmo con placer y estudio con atención todo lo que yo creo que beneficia a Torrijos y a Toledo”. Y prueba de dicha preferencia, del entonces director general de la Reforma Agraria, es la respuesta que daba al periodista que realizó el reportaje:

Por Toledo he hecho todo lo que pude. La prueba está  en que el IRA había entregado cerca de 150.000 pesetas para la intensificación de cultivos en once pueblos. Además, tras haber sido cedidas voluntariamente por sus dueños, de manera temporal, se  ocuparon  las fincas Olveite, del término de Novés y Barcience, asentándose 57 campesinos. Para ello se concedido 800.000 pesetas. Por último, se ha expropiado, a los fines de la Reforma Agraria, la finca Valdepusa, del marqués de Arión, donde se asentarán 623 campesinos de Malpica, Mesegar y Cebolla. Toledo es la provincia que tiene más campesinos asentados. (12)

La norma que más favoreció a los jornaleros del municipio de Huecas fue el decreto de Arrendamientos Colectivos de 19 de junio 1931. Largo Caballero, intentó atajar el problema agrario con esta disposición. Se establecía que las Sociedades Obreras legalmente constituidas podían concertar un contrato de arrendamiento colectivo, recibiendo ayudas económicas y técnicas. Y al abrigo de la misma se constituyó una colectividad agraria de 93 familias sobre las fincas La Dehesilla, Carrascalejo, Las Cunas y Huerta de don Gregorio. Explotaban 1.465 hectáreas propiedad de José Antonio Téllez, “El Señorito”. También la Sociedad Obrera cultivó  en 1932 otra finca abandonada propiedad de Gregorio López. (13)

Este decreto fue acogido en Gerindote con la esperanza de dar solución al  desempleo y al amparo del mismo, se acordó el arrendamiento de las fincas La Dehesilla, y otras de Arturo Taramonas. Se hicieron lotes de 30 fanegas, además de una yunta de mulas y aperos, para que fueran explotadas por setenta trabajadores pertenecientes a la Sociedad Obrera. Esta experiencia comunitaria se mantuvo hasta 1936, a pesar de que en 1934 existió una Corporación presidida por el cedista Pedro Rivera (14)

El nuevo gobernador de Toledo, Manuel Asensi Maestre, tomó posesión de su cargo con  un nuevo conflicto: el asalto de la finca El Alamín. Según narraba El Castellano, en octubre de 1931, fue perpetrado por un grupo de más de cien jornaleros armados con escopetas y hoces, vecinos de Portillo de Toledo, capitaneados por Mariano Mora López. Para su contención fue precisa la concentración de las fuerzas de la Benemérita de Méntrida, Almorox, y Santa Cruz del Retamar. Ese 27 de septiembre de 1931, se detuvieron a 70 personas que fueron puestas en libertad ante el temor de amotinamientos en pueblos vecinos. Esta misma finca, propiedad del duque de Güel, también fue asaltada al mes siguiente por obreros de Almorox. Aquellos incidentes fueron muy censurados por los socialistas, porque se daba la circunstancia de que la extensa finca era explotada en arrendamientos colectivos por numerosas familias modestas, perteneciente a las sociedades obreras de Méntrida, La Torre de Esteban de Hambrán, Santa Cruz del Retamar y Quismondo.

La prensa socialista, a través del Heraldo de Toledo, de fecha 10 de octubre de 1931,  criticaba en portada al citado Gobernador y a la actitud de la Guardia Civil:

  A los campesinos, que se les ofreció pan y cultura con la República, hasta ahora no se les ha dado más que encarcelamientos y balazos. Los campesinos, que están hambrientos, van a terminar con su hambre a tiros y a sablazos de la Guardia Civil. ¿Terminará esto algún día? ¿Vendrá alguna vez un Gobernador que haga  comprender a la Guardia Civil que su misión no tiene por objeto la caza del hombre? ¿O es que, como ahora ya no cazan los aristócratas, este deporte se le ha encomendado a la Guardia Civil?

Este artículo era replicado el 15 de octubre de 1931, por El Castellano, a través de su corresponsal en  La Puebla de Montalbán:

     Siempre la Guardia Civil, desde que la fundara el Duque de Ahumada, ha sido objeto de hostilidad por parte de los transgresores de la ley. Es natural que la combatan aquellos cuyos designios encuentran el obstáculo de la  legalidad defendida fielmente por un Cuerpo que es esclavo de su deber. Ahora la hostilidad se ha extendido a otro género de infractores que, como aquellos otros delincuentes de toda la vida, la ultrajan y calumnian. La Guardia Civil, ahora como siempre, ha defendido el derecho de propiedad y no puede permitir que las haciendas de los ciudadanos pacíficos sean violentadas como está ocurriendo recientemente en nuestra comarca.

La intensificación de las luchas agrarias venía motivada por la grave crisis del sector. La caída de los precios de mercado de excedentes agrarios, unida a la elevación de los costes de producción y al ascenso de los salarios pagados a los jornaleros, provocaron la pérdida de rentabilidad de numerosísimas explotaciones y el descenso del beneficio empresarial. Tal situación no afectó exclusivamente a los medianos y grandes propietarios o arrendatarios agrícolas, sino asimismo a los modestos y pequeños cultivadores. Todos tenían que recurrir al mercado de trabajo para contratar mano de obra jornalera en la mayoría de las faenas agrícolas: siembra, escarda, siega, recolección de frutos, etc.

Entre los años 1931 y 1933 se sucedieron toda clase de conflictos en las zonas rurales. El fortalecimiento de los sindicatos jornaleros se unió al control mayoritario que los socialistas ejercían sobre una gran cantidad de Ayuntamientos de la comarca de Torrijos. Sus alcaldes favorecían, en periodos de huelga, la paralización de las faenas agrícolas, y mostraban su connivencia con aquellos que coaccionaban a jornaleros esquiroles o a cuantos desoían los llamamientos para afiliarse a sus sindicatos.  Así, un vecino de Gerindote, José Marugán Rivera, había denunciado ser intimidado por los dirigentes de la Sociedad Obrera y otros miembros de la misma, que le apalearon por no querer asociarse a ella. (15)

Buena parte del campesinado intermedio se vio agredido por la difícil coyuntura económica nacional e internacional y comenzó a culpabilizar a la izquierda, y a la mayoría del republicanismo progresista, de las amenazas contenidas en el articulado de la Ley de Reforma Agraria. Como consecuencia de todo ello, el electorado rural giró hacia una defensa instintiva de sus más arraigadas prácticas tradicionales divulgadas por las derechas católicas antisocialistas. También se empezó a recelar de un régimen democrático que había permitido la proliferación de fuertes sindicatos jornaleros de izquierdas y la aplicación de medidas de signo anticlerical que resquebrajaron el orden rural tradicional. (16)

Por su parte, los pequeños partidos de izquierda burguesa(Acción Republicana y Partido Republicano Radical Socialista, principalmente) dieron reiteradas muestras de apoyo a la puesta en marcha de una reestructuración del sector agrario, con la que pretendían dotar de una firme base social al régimen democrático. Abogaban, pues, por una reducción de los arrendamientos y pensaban que había que facilitar el acceso a la propiedad de la tierras.

El compromiso con la defensa de los intereses de la clase media-baja rural cobró un perfil más nítido con la creación, en abril de 1932, de la denominada Alianza Nacional de Labradores. Esta fue concebida como una organización profesional que se proponía agrupar a los arrendatarios, colonos, aparceros y pequeños propietarios para contrarrestar el extremismo de los socialistas. Las preferencias electorales de numerosos campesinos y pequeños propietarios debieron iniciar en 1933 un éxodo que les condujo a la retirada de la fidelidad inauguralmente otorgada a los partidos de republicanos de la izquierda y centro-izquierda, hasta un acercamiento a la derecha católica y el republicanismo más conservador. (17)

Siguiendo la cronología de actos violentos ocurridos en la comarca, no podemos pasar por alto el acaecido en Hormigos la noche del 13 de julio de 1933 cuando se produjo el asesinato de un obrero del campo, de filiación socialista y secretario de la Casa del Pueblo. El joven Cruz Rojas Gómez apareció muerto, y junto a él se encontraron dos sacos de garbanzos recién segados y una hoz. El suceso produjo una gran revuelta en la zona, declarándose la huelga general en la localidad, y siendo necesaria la intervención de la Guardia Civil. Fueron detenidos el dueño del garbanzal y sus dos hijos, y puestos en libertad al comprobar que no eran ellos los asesinos. El periódico socialista El Heraldo de Toledo hacía referencia a la agresión a tiros por la espalda sufrida días atrás por un patrón del pueblo, Teodoro Zurita Sánchez-Palomo, que después sería alcalde de Santa Olalla durante la dictadura. El artículo afirmaba, de manera confusa, la correlación de los hechos, por temor a incurrir en algún tipo responsabilidad penal. Sin embargo, El Heraldo de Toledo sí manifestaba que podrían haber sido los propios amigos de Zurita los autores del ataque contra éste:

Teodoro Zurita pudo ser herido por los suyos debido a una equivocación, pues estaban esperando a los obreros; y hasta es posible que fuera un tío suyo. ¡Y gracias a que empezó a voces, porque sabía lo que le iba a ocurrir!  Y si no grita lo asesinan. (18)

El crimen relatado ha llegado hasta nuestros días sin esclarecer, por lo que nunca se supo quién mató al jornalero socialista. No se ha podido averiguar, a pesar de haber analizado decenas de consejos de guerra. Solamente, estos cientos de legajos confirman que Teodoro «no fue herido en la espalda por los suyos». Después de consultar  estos juicios sumarísimos seguidos por los tribunales militares en la posguerra, se ha llegado a la conclusión de que el jornalero Pablo Rodríguez Sánchez fue quien disparó contra Teodoro, hiriéndole levemente en la espalda y no la propia familia o amigos del herido, como afirmaba el rotativo. Ambos vecinos de Hormigos, Teodoro y Pablo, volvieron a verse las caras en el Madrid republicano del otoño de 1936, cuando el primero fue detenido en una Checa de la capital por la denuncia de éste. En el escrito de acusación contra el derechista, en el que solo se le imputaba esta tendencia política, Pablo recordó aquella agresión y reconoció ser el autor de la misma. (19)

Así continuaba El Heraldo de Toledo el artículo de prensa de los sucesos de Hormigos:

El asesinato lo cometieron a las 11,30 de la noche y por la mañana mandaron a un chico que fuera a por agua al sitio donde estaba el muerto, advirtiéndole el camino que debía seguir, aunque fuera el más largo hasta llegar al pozo. Esto lo desfigura el cura, el representante de Dios en Hormigos, y a pesar de decir a los incautos de que Dios está en todas partes, él no tiene inconveniente en profanar la memoria de un muerto. Todas las cosas que pasan en el pueblo se las atribuyen al médico. Él es quien orienta a los obreros que están sumidos en la ignorancia.

Veamos un caso curioso relacionado con éste sacerdote. Un patrono, Benito Galán, tenía sus obreros asegurados; cuando uno se accidentó, pretendía que el médico extremista falseara la realidad diciendo que ganaba diez pesetas para obtener un beneficio. En su información, el cura termina con los tópicos jesuíticos diciendo que el pueblo era antes una balsa de aceite, que la paz del Señor estaba con todos y no había diferencias en el vecindario. La paz del Señor estaba con todos pagando a los trabajadores 2 pesetas de jornal, y a lo sumo 10 reales, por jornadas de trabajo de 12 horas. Si alguno protestaba, se le despedía fulminantemente para que no contagiara a los demás. Si alguno levantaba la voz se le apaleaba brutalmente, porque en este pueblo se pega a las personas como a las caballerías. A eso llama el cura la paz de Dios y la caridad cristiana. El veterinario titular, hijo del cacique, en tres años reconoció dos veces la leche para velar por la salud pública. Pero siguió cobrando el sueldo sin que nadie dijera nada. ¡Qué paz aquella!  El farmacéutico no quiere despachar a los socialistas por la noche. Ha dicho públicamente que, si algún socialista necesita medicinas por la noche, que le despachará con un tiro. El sumario del obrero asesinado se encuentra en el Juzgado de Escalona cuyo juez titular está ausente. Le sustituye el vecino de esta población Joaquín Vázquez, que fue secretario de Unión Patriótica y hoy contratista de la carretera de Escalona a Nombela. El abogado acusador, el compañero Ángel Lara, no ha encontrado Procurador de los que ejercen en el partido. Se niegan a ello por su amistad con los patronos. Al final se habilitó al compañero y médico de Escalona, Alejandro Rodríguez del Val.

 

Los periódicos socialistas se sentían particularmente sensibles respecto a los acontecimientos que estaban ocurriendo, como el citado de Hormigos. Otras veces, se produjeron incendios y asaltos provocados en los campos de Castilla por parte de los obreros. Pero no siempre sus dirigentes tenían el control sobre aquellos campesinos extremadamente pobres y analfabetos, muchos de los cuales se habían afiliado a la FETT-UGT esperando poder subsistir. Más adelante, veremos cómo los jornaleros también se desilusionaron con la leyes agrarias porque les habían informado mal, al creer que el Gobierno pondría incondicionalmente la tierra en sus manos.  (20)

           La vida cotidiana de la mayoría de las poblaciones  era bastante difícil por culpa de las precarias condiciones de vida, sobre todo por las largas jornadas de trabajo de sol a sol en verano. Pero en otoño las tareas eran escasas, salvo la vendimia y recogida de aceituna, y en invierno prácticamente inexistente, con la consiguiente falta de ingresos. La situación era especialmente grave en la comarca de Torrijos, donde los braceros y jornaleros vivían temporadas de paro que alcanzaban los 180 días anuales, sin ninguna prestación social. Por este motivo, se incrementaban los robos de bellotas, patatas y aceitunas cuando se acercaba el invierno. En muchas ocasiones estos hurtos iban acompañados de invasiones de fincas porque el hambre apremiaba, y lamentablemente estas prácticas provocaban incidentes con la Guardia Civil. Estos conflictos sociales y laborales son ampliamente abordados en otros capítulos de esta obra.

 

 

 

  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 24 y ss.
  • SALAZAR GÓMEZ, Pablo: La República en Arcicóllar. Apuntes sin editar, Toledo 2020.
  • Ibidem
  • El Castellano, 8 de abril de 1932.
  • El Castellano, 22 mayo de 1933.
  • El Castellano, 21 mayo 1933.
  • Libro de sesiones, 23-03-1932. Gerindote.
  • MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso: La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005,  página 74.
  • Libro de sesiones, 24-04-1933. Val de Santo Domingo.
  • El Castellano, 28 de enero de 1932.
  • Revista Toledanos, 12 de enero de 1935.
  • Revista Toledanos, 2 de febrero de 1935.
  • FÉLIX GARCÍA, Roberto: Segunda República y Guerra Civil en Huecas, autoedición, página 12 y ss.
  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. Pregón de Fiestas de Gerindote. Año 2004.
  • El Castellano, 13 marzo de 1933.
  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 124 y ss.
  • Ibidem
  • El Heraldo de Toledo, 15 de julio de 1933.
  • Archivo General e Histórico de Defensa, sumarios 1167 y 3276, seguidos contra Pablo Rodríguez Sánchez y otros.
  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 124 y ss.

 

 

 

 

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Juan Antonio Morales Gutiérrez
moralesgutierrez@telefonica.net

Guti para los amigos. Abogado en ejericio e investigador. Autor del libro: Una memoria sin rencor, ambientando en la Segunda República y posterior conflicto bélico

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