La Reforma Agraria en Toledo.

Primero textos del capítulo 3 de nuestro libro Orígenes de la Guerra Civil en la comarca de Torrijos (Toledo, 2020)

La proclamación de la República había causado por sí misma una grave crisis financiera en España. Gran parte de los españoles ricos comenzaron inmediatamente a transferir sus capitales a los bancos extranjeros, y los círculos financieros internacionales acogieron con escepticismo el nuevo régimen. De esta manera, los primeros ministros de Hacienda fijaron como su primer objetivo la estabilización de la peseta como preludio  a la restauración del crédito internacional.

Dentro del laboratorio de reformas políticas, educativas, laborales, religiosas o culturales, la agraria fue la más desarrollada en esta comarca de Torrijos, que aún sigue siendo agrícola. La reforma agraria era, sin duda, la más crucial de todas las cuestiones económicas. El articulado de la Ley perseguía la puesta en práctica de diferentes mecanismos de asignación de tierras y recursos agrícolas que propiciasen el cultivo directo de las mismas. Asimismo, se optó por la aplicación de diferentes soluciones que satisfarían, ante todo, el “hambre de tierras” de los jornaleros y campesinos más pobres.

Los distintos decretos y disposiciones legislativas elaboradas por el Ministerio de Trabajo (al frente del cual se hallaba el socialista Largo Caballero) durante el primer bienio republicano, afectaron seriamente a los esquemas de dominio tradicionales de los grandes propietarios. Se sancionó  un sistema de intervención estatal  en favor de los cultivadores directos, y en contra los propietarios que acaparasen en cada municipio una superficie considerada excesiva, como ocurría con el terrateniente Taramora, afincado en Barcience. Este titular había dejado parte de sus fincas sin cultivar, desde 1931, pues temía una confiscación revolucionaria inmediata. Sin embargo, hay que resaltar, que el Instituto de Reforma Agraria (IRA) solo desposeía en situaciones muy concretas. Por todo ello, la desconfianza en la República motivó que muchos latifundistas prefirieran vender sus tierras y colocar el dinero en bancos extranjeros.

El Decreto de 7 de mayo de 1931 promovió la creación de los denominados Jurados Mixtos, constituidos por un presidente, un secretario y representantes de patronales y obreros. El presidente era nombrado por el Ministerio de Trabajo, el cual estaba controlado por los socialistas durante el periodo de 1931-1933, y motivó que sus decisiones se inclinaran en defensa de los jornaleros. Las atribuciones de los jurados eran, entre otras, la fijación del salario, la duración mínima de contratos y la jornada laboral. Hasta ese momento la mano de obra agrícola había sido manipulada por la patronal agraria, que provocó el rechazo hacía esta institución. A partir de ahora, los jurados trabajarían para reducir el poder de los patronos y aumentar el de los obreros.

Fotografía archivo Rodríguez. Toledo