La Puebla de Montalbán. Segunda República y Guerra Civil

Capitulo tomado del libro Orígenes de la Guerra Civil en la comarca de Torrijos.

 

Segunda República

 Como ocurriera en otros tantos pueblos de la provincia, tras la desamortización de Madoz (año 1855) la tierra quedó mal distribuida y las familias  más  acomodadas se adjudicaron a bajo precio grandes extensiones de terreno convirtiéndose en propietarios de grandes fincas como La Zarzuela, Ventosilla, El Bosque, Castrejón, La Soledad, Nohalos, Alcubillete, Campanario, Villaviciosa   y el Robledo, esta última fue propiedad del conde de Romanones y utilizada  de recreo hasta 1931. El malestar entre los campesinos sin tierra y los dueños de las mismas pasó a formar parte de la vida cotidiana de La Puebla de Montalbán (1)

Para defender sus derechos laborales ante los propietarios de estos latifundios, y otras fincas menores, los jornaleros del campo se asociaron en torno a la sociedad obrera “La Protectora” también conocida como “El Progreso Agrícola”, fundada en 1931 por Epifanio Rodríguez Garrido. Los patronos también estaban agrupados en torno a su sociedad denominada “Alianza Agraria”. (2)

           El olivo de sus fértiles campos, de excelente calidad y hermosa planta, era uno de sus principales cultivos. Además de viñas, también existían importantes injertales de albaricoqueros y melocotoneros, cuyos frutos se  exportaban a Madrid desde los años veinte del siglo XX. La mayoría de la población vivía del campo. Tan solo una fábrica de conservas, “La Piedad”, propiedad de Domingo y Cirilo Calderón, componía la base industrial de la localidad; si bien empleaba a más de 200 mujeres pueblanas. Pero les faltaba la locomotora que impulsara su exigua actividad industrial: el ferrocarril. A pesar de que dicho proyecto fue aprobado por el Ministerio de Fomento, y constituyó el gran caballo de batalla que desde 1878 las sucesivas corporaciones venían reclamando, lo cierto es que los ansiados raíles nunca llegaron a la ribera del río Tajo.

El edificio de más valor arquitectónico era el convento de monjas Franciscanas Concepcionistas, fundado en 1522 por Juan Pacheco. Los frailes de esta orden tuvieron, en la época que nos ocupa, aula de latinidad y gramática. Además, los seminaristas terminaban en el sus estudios de Filosofía y Teología. Sin embargo, en mayo de 1931, el convento fue cerrado provisionalmente ante los alarmantes sucesos anticlericales que estaban ocurriendo en Madrid. Sería ya, en días posteriores al 18 julio de 1936, cuando fue ocupado por miembros de la Casa del Pueblo en busca de armas para defender la República, a la vez que expulsaban a las monjas y franciscanos. (3)

La República se proclamó en oposición a una Monarquía cuyos últimos años se había apoyado en una dictadura militar con ayuda del rey Alfonso XIII. Este impopular monarca solo visitaba  esta zona cuando viajaba a La Ventosilla, finca propiedad del duque Santoña, para abatir a tiros cientos de perdices y faisanes. Aquí se reunía con la burguesía local, entre la que se encontraba la torrijeña familia Calderón, dueños de Alcubillete. Este era otro extenso latifundio, colindante con aquel otro que presidía una señorial mansión de estilo inglés diseñada por los arquitectos más afamados de la época.

Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la izquierda pueblana  adquirió un protagonismo real en la vida pública y por vez primera formó parte de los gobiernos municipales a través de la conjunción republicano-socialista. Los procesos electorales se hicieron por primera vez auténticamente competitivos, y en buena medida veraces, debido a los cambios de la Ley Electoral, que llevó al fin de la aplicación del artículo 29 de las Ley Maura de 1907. En base a dicha ley no se celebraron elecciones el 12 de abril de 1931, y saló elegido alcalde Jesús García Balmaseda. Por estas y otras razones de fraude electoral se convocaron nuevos comicios municipales, a celebrar el 31 de mayo de 1931, en aquellos Ayuntamientos en los que se habían producido irregularidades. Ante el aluvión de reclamaciones presentadas, el ministro de Gobernación Miguel Maura, decidió el nombramiento de Comisiones Gestoras que en este municipio fueron encabezadas por Andrés Martínez de la Casa Muñoz, como presidente, y Santiago Muñoz Agudo de vocal.

En este intervalo de tiempo de produjo un vacío de poder municipal que el Gobernador intentó suplir con estas Comisiones Gestoras afines a su ideología. Sin embargo,  tras los comicios del 31 de mayo salió elegido alcalde Santiago Muñoz Agudo, de manera democrática. Este primer edil republicano fue el fundador del partido de Manuel Azaña en la localidad, Izquierda Republica, con 500 afiliados. Esta primera Corporación municipal estaba compuesta por concejales de todas formaciones políticas del espectro nacional.

A partir de este momento, tras renuncias, dimisiones o sustituciones, existe hasta 1934 un continuo cambio de alcaldes en el municipio que se omitirán para no cansar al lector. Solo decir, que el PSOE era el partido con más afilados (1.300), seguido por el citado de Izquierda Republica, y el Partido Republicano Radical Socialista (300). Por su parte, la derecha de Acción Popular tenía 150 y el Partido Radical de Lerroux, 300 militantes.(4)

Según el investigador pueblano, Alfonso Martín Díaz-Guerra, de quien estamos tomando esta información, Santiago Prudencio Vázquez, era el presidente de la Juventudes Socialistas y aún no había tenido acceso al Ayuntamiento como concejal. Sin embargo, como luego veremos, fue un socialista destacado en la vida municipal de los últimos años de la República.

Los primeros acuerdos municipales fueron encaminados para contratar mano de obra en paro. Los jornaleros del campo, mal pagados y escasamente alimentados, esperaban que las reformas fueran drásticas e inmediatas. La República creó unas expectativas desmesuradas en relación a las posibilidades reales del cambio y el campesinado respondió ilusionado a unas promesas de difícil materialización. La crisis del campo angustiaba a los Ayuntamientos que se veían desbordados por las quejas de los vecinos que pedían pan y trabajo. En los libros de actas municipales se reflejaban acuerdos atendiendo las peticiones de la Sociedad Obrera.

Pero cada pueblo tenía que resolver sus propias dificultades laborales en función de sus recursos económicos y en La Puebla de Montalbán el desempleo era más desolador, si cabe, que en otras poblaciones. Así se hizo constar, de forma fehaciente en los libros municipales, como introducción previa para convencer al resto de concejales de la necesidad de realizar obras municipales. Todo el empeño municipal se traducía en generar puestos de trabajo hasta que se agotaba el presupuesto municipal.

Por todas estas razones se acometieron obras para generar empleo. Se construyeron los caminos de Alcubillete y Carpio de Tajo y se reparó la presa Fuente de Magán, con un coste aproximado de 10.000 pesetas. Pero sobre todo, el Ayuntamiento impulsó el trámite para ejecutar el cuarto tramo de la carretera de Toledo a Puente del Alberche y el abastecimiento de aguas potables. También se edificó un templete en la plaza para los conciertos de la banda de música, pero tras la muerte de una vaquilla en un encierro, al impactar violentamente contra el cemento, se acordó su demolición años después. Y por último, el deteriorado acceso a la puerta de la iglesia fue sustituido por una esplendorosa escalinata que facilitaba la entrada al templo. (5)

Los distintos decretos y disposiciones legislativas elaboradas por el Ministerio de Trabajo (al frente del cual se hallaba el socialista Largo Caballero) durante el primer bienio republicano, afectaron seriamente a los esquemas de dominio tradicionales de los grandes propietarios de la comarca de Torrijos. Se sancionó pues un sistema de intervención estatal  sobre los principios de la expropiación de los cultivadores directos, siempre que acaparasen en cada municipio una superficie considerada excesiva, como ocurría con la duquesa de Osuna. El articulado de la Ley perseguía la puesta en práctica de diferentes mecanismos de asignación de tierras y recursos agrícolas que propiciasen el cultivo directo de las mismas. Asimismo, se optó por la aplicación de diferentes soluciones que satisfarían, ante todo, el “hambre de tierras” de los jornaleros y campesinos más pobres.

El Decreto de 7 de mayo de 1931 promovió la constitución de los denominados Jurados Mixtos, formados por un presidente, un secretario y representantes de patronales y obreros. El primero era nombrado por el Ministerio de Trabajo que estaba controlado por los socialistas durante el periodo de 1931-1933, motivando que sus decisiones se inclinaran en defensa de los jornaleros. Las atribuciones de los jurados eran, entre otras, la fijación del salario, duración mínima de contratos y la jornada laboral. Hasta ese momento la mano de obra agrícola había sido manipulada por la patronal agraria, que provocó el rechazo hacía esta institución.

Las resoluciones de los Jurados en materia salarial  eran igualmente aplicables a cuantos pequeños propietarios o arrendatarios agrícolas precisaban de mano de obra temporal en época de recolección. Generalmente se desobedecían los acuerdos y pronto se vieron desbordados por la ingente cantidad de expedientes de denuncia. Así ocurrió en La Puebla de Montalbán, donde las controversias eran continuas. En una de ellas, Cayetano García-Tenorio, presidente de la Patronal, comunica al Ayuntamiento la fecha de la recogida de aceituna, ateniéndose las bases de trabajo aprobadas. También recordó a los braceros de la Sociedad Obrera que no pagarían más del precio estipulado por el jornal de un hombre, 3,50 pesetas, y 1,75 pesetas por la mujer, según las bases del Jurado de Talavera. Sin embargo, puntualiza su misiva diciendo que “no hay inconveniente en abonar a las mujeres 2 pesetas bajo la condición de que su jornada laboral se alargue hasta la siete horas”. Sin embargo, a pesar de la anterior cita, la legislación laboral del bienio reformista se posicionó claramente en la defensa del campesinado pobre y los jornaleros, que gozaba de una posición privilegiada  a la hora de negociar con la patronal rural. También en la finca Alcubillete, propiedad de los hermanos Domingo y Cirilo Calderón, que explotaban la fábrica de conservas “La Piedad”, surgieron muchas fricciones en obreros y patronos. Ya en mayo de 1932, el presidente de la Sociedad Obrera denunció irregularidades en los salarios y los empresarios torrijeños fueron sancionados con una multa de 50 pesetas. (6)

La Ley de Términos Municipales también tuvo mucha repercusión en este municipio. Prohibía la contratación de obreros agrícolas provenientes de otros términos municipales ajenos a aquel donde se hallasen radicadas las explotaciones demandantes de mano de obra, hasta tanto no se hubiese dado plena ocupación a los trabajadores agrícolas locales. En base a dicha norma, el Ayuntamiento lerrouxista hizo verdaderos esfuerzos para que los patronos de las grandes dehesas  colindantes a su término municipal contraten mano de obra local, y aprueba en pleno que se derogue el decreto. Por ello, la Corporación municipal remite una carta al ministro para que derogue el decreto que tanto perjudica a un pueblo de grandes latifundios que siempre fueron explotados por jornaleros pueblanos.

Entre los años 1931 y 1933 se sucedieron toda clase de conflictos en la agricultura en las poblaciones rurales. El fortalecimiento de los sindicatos jornaleros se unió al control mayoritario que los socialistas ejercían sobre una gran cantidad de Ayuntamientos de la comarca de Torrijos. Sus alcaldes favorecían, en periodos de huelga, la paralización de las faenas agrícolas y mostraban su connivencia con aquellos que coaccionaban a jornaleros esquiroles o cuantos desoían los llamamientos para afiliarse a sus sindicatos.

Durante el primer bienio, los gobiernos de coalición republicano-socialistas pusieron en marcha un extenso catálogo de proyectos reformistas, encaminados a lograr una profunda transformación de las estructuras económicas, políticas y culturales, para lograr una más equitativa distribución de los recursos productivos. También, algunos de estos cambios pretendían culminar el proceso de separación entre Iglesia y Estado, que tanta trascendencia tuvo en el municipio pueblano.

Una vez proclamada la Carta Magna, la legislación posterior alcanzó una tonalidad abiertamente secularizadora. En tal sentido, los maestros nacionales recibieron una circular prohibiéndoles enseñar cualquier doctrina religiosa y obligándolos a retirar los crucifijos de las aulas. También fue disuelta la Compañía de Jesús y los bienes de los jesuitas fueron nacionalizados. Además, se aprobó la Ley de Divorcio y un decreto de secularización de cementerios. Sin embargo, las derechas expresaron su oposición, señalando que aquella Constitución no era la suya y que pasaría a ser objeto de sus esfuerzos para lograr su revisión, especialmente en todo lo relacionado con las disposiciones antirreligiosas.

Los primeros actos de hostilidad en Toledo vinieron de la mano del cardenal Segura,  a través de una pastoral que homenajeaba a la extinta Monarquía y se mostraba contrario al régimen republicano que le trajo aparejada su expulsión inmediata de España. En ella tuvo un recuerdo de gratitud a Alfonso XIII, además de anunciar medidas respecto a una posible incautación de bienes de clero. Sin embargo,  meses después la Compañía de Jesús fue disuelta y sus bienes nacionalizados.

Las medidas laicizadoras tuvieron una nueva derivación en los acuerdos  tomados por Ayuntamientos, dirigidos a gravar con impuestos las procesiones públicas, exigir autorización del alcalde para la celebración de entierros católicos, retiradas de imágenes de las fachadas o incautarse de edificios religiosos y restringir el toque de campanas. Los desfiles procesionales tenían que ser autorizados por el Gobernador, se quitó el crucifijo de las escuelas y se eliminaron símbolos y nombres religiosos de las vías públicas.

En general, las citadas prohibiciones exacerbaron a gran parte de la población como ocurrió en La Puebla de Montalbán. Aquí, ya en agosto de 1931 la Corporación comienza las gestiones para averiguar la titularidad de un solar contiguo al cementerio, sobre el que había construida una ermita que amenazaba ruina y se pretendía su demolición. También, los órganos municipales se interesaron por la propiedad de la Torre de San Miguel para hacer tributar a sus dueños por el toque de campanas. También,  el 10 de enero de 1932, salieron a pública subasta imágenes religiosas que fueron rematadas, a buen precio, por varios vecinos. Habría que esperar a 1938 para  ver reintegradas dichas obras de arte al Ayuntamiento, previa devolución del dinero satisfecho en su día.(7)

 

Las elecciones de noviembre de 1933 y la revolución de Octubre de 1934

 

Pero sería en noviembre de 1933, a partir del triunfo electoral de las derechas en España, cuando se radicalizaron las posturas de socialistas y cedistas. Aunque el Gobernador civil de Toledo repuso la mayoría de las Corporaciones municipales gobernadas por la izquierda, en La Puebla de Montalbán seguirían mandando estas fuerzas hasta agosto de 1934.

En la comarca de Torrijos, y en la provincia de Toledo en general, triunfó la derecha con absoluta nitidez. La candidatura socialista solo ganó en las siguientes localidades: Gerindote, Maqueda, Novés, Portillo, Santa Cruz, Quismondo, Rielves y Villamiel. En el resto de pueblos de nuestra comarca la vencedora fue la derecha de Acción Popular, siendo significativa la abultada victoria en La Puebla de Montalbán, donde casi duplicó a la suma del resto de candidaturas. Por el contrario, en Gerindote, la lista socialista fue la más distanciada de su contrincante en toda la provincia de Toledo.

Llegado el día 27 del citado mes, el Gobernador destituye al primer mandatario municipal, el socialista Bernardo de la Cruz, y forma un nuevo Ayuntamiento con hombres de la CEDA y del Partido Radical de Lerroux. El presidente de ese grupo político, Jesús García Balmaseda, vuelve a tomar el bastón de mando que detentó durante uno días en el mes de abril de 1931. Aunque esta decisión de la autoridades provinciales fue común para bastantes localidades, mucho influyó en la voluntad del Gobernador la huelga general campesina de junio de 1934 que tanta repercusión tuvo en el municipio. (8)

El Gobierno tomó la decisión de ilegalizarla, tipificando la recogida de cosecha como “servicio público”, lo que sirvió para debilitar a la FETT-UGT de una manera muy eficaz y desmantelar buena parte de los sindicatos agrarios. Comenzó en 38 provincias y afectó a más de 700 municipios. Se mantuvo con todo el empuje hasta los días 9 ó 10 de junio de 1934, y a partir del 11 sólo continuará en aquellas zonas de mayor militancia socialista como Gerindote, Fuensalida, Maqueda, Santa Olalla o Novés.

            En La Puebla de Montalbán, ya en el mes de mayo, la sociedad obrera “El Progreso Agrícola”, comunicó formalmente al Ayuntamiento de izquierdas que “a partir del día 5 de junio,  a las 6 horas de la mañana sus miembros declararán la huelga campesina”. Previamente había sido acordada en la Casa del Pueblo y posteriormente publicada mediante pregón autorizado por el Ayuntamiento. Las demandas laborales fueron entregadas por escrito: cumplimiento de las bases de trabajo, turnos rigurosos en la contratación de forasteros y restricciones en el uso de maquinaria, entre otras. El gobernador civil, que la desautorizó, conminó mediante telegrama al alcalde a la suspensión de la misma y vaticinó: “la huelga pudiera perjudicar a las operaciones de la próxima y espléndida cosecha que se avecina”.

Después, para el día 22 de septiembre, y posiblemente en protesta por los hechos del verano, los partidos de izquierda habían convocado una asamblea en la Casa del Pueblo para tratar otra huelga de campesinos. “Estaba autorizada por el gobernador, y así se comunicó a los vecinos mediante un pregón”. Después, tras ser desautorizada, no hubo tiempo material para avisar a los obreros que acudieron a la misma. La Guardia Civil se presentó en el Centro Obrero y tomó nota de todos los asistentes. Se detuvieron a 23 personas, con el presidente de la sociedad obrera, Félix Maldonado Ruiz, y el alcalde Santiago Prudencio a la cabeza. Todos ellos fueron juzgados y condenados a 2 meses y un día de cárcel que cumplieron en la prisión de Ocaña. (9)

La huelga campesina de junio de 1934 fue un fracaso en toda la provincia y no se consiguieron las mejoras económicas deseadas. Además fueron detenidos los dirigentes políticos que habían intervenido, así como a sus afiliados. Los militantes socialistas y sindicalistas pertenecientes a la FETT fueron discriminados en toda la provincia tras la huelga de junio de 1934, y más aún tras los sucesos de la Revolución de Octubre que vendrían después.

El clima político era de máxima tensión. Muchos creían que el 1 de octubre de 1934, cuando se reabrieran las Cortes tras las vacaciones de verano, el líder de la CEDA exigiría entrar en el nuevo ejecutivo. Serían entonces el momento de la insurrección que ya se venía gestando desde hacía meses. Y así fue, al siguiente día 4 se anunciaba la formación de un gobierno presidido por Lerroux e integrado por siete ministros radicales, tres de la CEDA y otros cuatro de diversa significación derechista. “La suerte estaba echada”, dirá Caballero dos años después al escribir sus memorias. Ya estaba decidido con anterioridad declarar la huelga general si se producía el citado cambio de gobierno.

Los hechos de octubre tuvieron como principales escenarios Asturias y Cataluña. En realidad, lo sucedido en esta región fue que el gobierno catalán de Companys, aprovechando la reacción de la izquierda contra el nuevo gobierno, declaró unilateralmente la República Catalana dentro de la República Española. El gobierno de la Generalitat fue inmediatamente encarcelado y el Estatuto de Autonomía suspendido.

La huelga en toda la provincia de Toledo fue general y el comandante militar de Toledo, el coronel Moscardó, publicó bandos declarando el Estado de Guerra y la relación de penas que llevaban aparejadas los delitos de rebelión y sedición, así como los atentados y resistencia contra la autoridad.    Como las sociedades obreras y las casas del pueblo hicieron caso omiso a dichas advertencias, una gran parte de ellas fueron disueltas. Para ello fue necesario enviar un destacamento de tropa y a la Guardia Civil, para declarar el estado de guerra por varios pueblos de la provincia (Torrijos, Gerindote, Mora, Villa de Don Fadrique, y otros muchos).

No se produjeron víctimas mortales en la provincia, ni durante las acciones revolucionarias ni en la represión posterior del general Moscardó. Las consecuencias fueron desastrosas para socialistas y demás fuerzas de la oposición. La mayoría de los líderes de la izquierda toledana fueron detenidos preventivamente; entre ellos: Domingo Alonso, Virgilio Carretero, Manuel Aguillaume, Santiago Muñoz, Orencio Labrador y Ángel Lara.

El día 10 de octubre de 1934, en la primera página del periódico El Castellano   titulaba: “Informe del movimiento sedicioso en la provincia “. A continuación realizaba un examen de la situación de orden público y enumeraba los atentados en la provincia. En Toledo, el día 8 de octubre, explotó un petardo en el último tren que llegó a la capital esa jornada. En Talavera, un grupo de sindicalistas y socialistas intentaron que un tren no tomara la salida, pero la Guardia Civil lo impidió y posteriormente clausuró la casa del pueblo. Fueron muchos los toledanos detenidos en aquellos días de octubre que posteriormente fueron juzgados por tribunales militares.

 

 

Triunfo del Frente Popular. La izquierda pueblana vuelve al Ayuntamiento

 

Tras la victoria de la izquierda en las elecciones de febrero de 1936, Azaña fue elegido presidente de la República, pero el socialista Indalecio Prieto no pudo formar gobierno por la oposición que encontró en su compañero de partido Largo Caballero. A partir de ese momento la confrontación en las calles españolas fue patente. Algunos sectores, de la izquierda y de la derecha, iniciaron desórdenes que fueron en aumento, a pesar de las insistentes llamadas del Gobierno.

Pronto se nombró como Gobernador de Toledo a Guillermo Perezagua. Este designaría como alcalde, el 21 de marzo, al socialista Santiago Prudencio Vázquez; reponiendo así a los elegidos en 1931.  El primer saludo de aquel, dirigido a los toledanos y publicado en el Boletín Oficicial de la Provincia, fue para ordenar la recogida de armas cortas. Las constantes huelgas, invasiones de tierras y otros conflictos sociales aconsejaban esta medida preventiva.

La actividad huelguística durante la primavera del 1936 aumentó notablemente y el sindicato UGT-FETT se radicalizó paralelamente a su líder Largo Caballero, que ya se había convertido en la figura indiscutible del PSOE. Pero enfrente tenían al pistolerismo de ultraderecha, que en La Puebla de Montalbán giraba en torno a Eusebio Liébana, Luís Calderón y Julio Rodríguez, amigo éste de Jose Antonio Primo de Rivera con quien compartió mesa y mantel en recordado mitin de Carpio de Tajo.

No cabe duda de que la victoria del Frente Popular «autorizó» a los jornaleros a imponer su voluntad sobre los patronos en la más completa impunidad. Además, la FETT convocó movilizaciones campesinas  con el fin de urgir al Gobierno el cumplimento de la Reforma Agraria. Sin embargo, marzo de 1936 fue protagonista de  multitud de desfiles campesinos que llenaron de terror a las clases propietarias

En este contexto histórico llegaron los sucesos ocurridos en La Puebla de Montalbán el 7 de marzo de 1936. Sucedió que cuando una  manifestación de jornaleros transcurría por la calle Aduana, los huelguistas oyeron disparos que procedían del domicilio de los hermanos Eugenio y Pedro Flores, “Los Pachones”, militantes de Acción Popular. Resultaron heridos los vecinos Procopio de la Caña Expósito y Bernardo Maldonado Ruiz que fueron trasladados al Ayuntamiento para ser curados. (10)

Allí acudió la Guardia civil con el teniente Arturo Rodríguez Durán a la cabeza, mientras la gente se arremolinaba en las puertas del Consistorio  y del Túnel. En medio del alboroto popular, alguien agredió al oficial con un golpe en la cabeza. Al grito de “¡fuego a mí!”,  dado por aquel, el resto de guardias civiles dispararon contra la fachada del Ayuntamiento para dispersar a los agresores. El teniente cayó herido y su arma reglamentaria apareció después en el toril. Los serenos municipales fueron detenidos por el juez de instrucción de Torrijos como personas intervinientes directamente en los hechos.

El presidente de la recién nombrada Comisión Gestora, el socialista Cecilio de la Vega, al día siguiente de ocurrir los hechos, dio cuenta de los mismos al gobernador civil y al juez de instrucción de Torrijos. Además, se dirige a la Guardia civil para que retire una escopeta de dos cañones al vecino Eugenio Flores. También puso a disposición judicial a Eusebio Fernández Alonso, que fue detenido el día de autos en posesión de un puñal. Pretendía, al parecer, que el juzgado concediera la libertad a los serenos. Años después, La Causa General imputó la autoría de los hechos a éstos, y acusaba a uno de ellos, Agustín Sánchez Chiquito, “Corrota”, de desarmar al oficial después de golpearle.

A finales de marzo de 1936 fue elegido alcalde de La Puebla al socialista Santiago Prudencio, conocido como “el tío Chile”. En una entrevista que le hiciera antes de fallecer  el profesor pueblano Alfonso Martín, el primer edil recordaba los “sucesos del 7 de marzo”  de otra manera sensiblemente distinta a la relatada. Según su versión, él mismo evitó que un manifestante atacara con un hacha a un destacado derechista de la localidad.

Los días próximos al V Aniversario de la República, La Puebla de Montalbán salió a relucir en los medios de comunicación nacionales. Ocurrió que en la noche del 13 de abril de 1936 cayó abatido el magistrado Manuel Pedregal, instructor de la causa por el atentado a Jiménez Asúa, presuntamente a manos de pistoleros del SEU. En los actos celebrados el día 14, el falangista Isidoro Ojeda arrojó una traca junto a la tribuna presidencial, causando la natural confusión. Reanudada la parada, y durante el paseo de la Guardia Civil, se produjo un tumulto que degeneró en tiroteo por Recoletos y la Castellana y que causó numerosos heridos, además de la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, un notorio derechista que fue abatido por la Policía cuando estaba situado junto a la tribuna presidencial en actitud que fue considerada sospechosa. Este oficial de la Benemérita fallecido era natural de La Puebla de Montalbán, y desde el año 1962 las escuelas públicas de la calle Canes llevaron su nombre.(11)

En la tarde del 16 de abril de 1936 se verificó el sepelio del pueblano, Anastasio de los Reyes, a cuyo cortejo, presidido por autoridades republicanas y parlamentarios de la derecha, como Gil Robles, se unieron unos 3.000 jefes y oficiales del Ejército. Desde el primer momento la comitiva fúnebre se convirtió en una manifestación tumultuaria contar el Gobierno, hasta el punto que, al llegar a la Plaza de Cibeles, el grupo más violento, alentado y apoyado por las milicias falangistas, pretendió asaltar el Congreso de los Diputados. La relación total de víctimas fue muy confusa, pero la más plausible se cifra en cinco muertos y cincuenta heridos.

Por estos días de la primavera de 1936, el general Mola  asumió la dirección de la conspiración. El golpista Sanjurjo, desde Portugal, le nombró representante suyo y el “Director” se encargó de la organización enviando “instrucciones reservadas”. Así pues, a inicios del verano de 1936 convergieron tres procesos conspirativos militares distintos: el de la UME en numerosas guarniciones, el de la Junta de generales que operaba en Madrid y la conspiración organizada por Mola desde Navarra.

Resultó determinante para el triunfo de la sublevación la postura unánime de los mandos de la Benemérita. El núcleo de la trama militar, dirigido por el teniente coronel Pedro Romero Basart, radicó en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de Toledo. Todos los comandantes de puesto de los cuarteles  habían recibido un sobre lacrado, con instrucciones precisas para marchar hacía el Alcázar de Toledo, que sólo deberían abrir cuando recibieran la consigna: “Siempre fiel a su deber”.

 

La guerra civil

Santiago Prudencio Vázquez, “El Chile”, carpintero de profesión, fue el último alcalde republicano de  La Puebla de Montalbán y tras su vuelta del exilio en 1979 encabezó la candidatura por el PSOE en las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en ese año. Estos comicios fueron ganados por el partido U.C.D., pero “El tío Chile”, como así se le conocía, fue elegido concejal. Sería así uno de los pocos políticos de España que formó parte de la  última corporación republicana y primera en la  democracia de 1979. Falleció a los 88 años de edad en La Puebla de Montalbán. (12)

Al finalizar la contienda se siguió un procedimiento sumarísimo contra este primer edil que terminó archivándose, sin sentencia, ante la ausencia del acusado que huyó al extranjero. De haber sido detenido antes de su marcha fuera de España, la suerte de su vida hubiera cambiado totalmente porque los tribunales militares le podrían haber condenado, injustamente, a muerte como les ocurriera a los alcaldes de Torrijos o Fuensalida. Ninguno de los tres ediles  participó en hecho sangriento alguno en aquel verano de 1936, pero bajo sus mandatos se cometieron varias decenas de asesinatos. (13)

Santiago Prudencio fue el máximo representante de la izquierda pueblana y lideró la huelga de campesinos, previa a la Revolución de Octubre de 1934, que acabó con 20 vecinos en la cárcel de Ocaña, incluido él mismo. Falleció “con la conciencia muy tranquila”, solía afirmar a sus más allegados, y harto de repetir a sus familiares y amigos que nada pudo hacer por impedir los cruentos asesinatos que se cometieron en La Puebla bajo su mandato en aquel verano de 1936.

Aquel 18 de julio de 1936 era sábado. Había sido un día caluroso y la localidad se encontraba celebrando sus fiestas patronales. Al baile de la plaza, frente al esplendoroso palacio de los condes de Montalbán, llegaron las primeras noticias del golpe militar. Las luces se apagaron, la verbena pública fue suspendida y el temor se adueñó de todos los vecinos que se marcharon a sus casas. A tan solo unos metros, en el rincón de la misma plaza, los socios del Casino o Círculos Recreativo de Artistas,  a través de las lujosas cristaleras, observaban atónitos la rápida finalización del espectáculo. Los camareros del Círculo Agrícola de los Patronos, se apresuraban a recoger los veladores instalados frente al palacio.

Pero el teniente de la Guardia Civil, Frutos Arechina Casamayor, ya  sabía que el golpe militar se iba a producir. Tras recibir la contraseña, “Siempre fiel a tu deber”, era la hora de abrir el sobre lacrado recibido días antes del teniente Coronel Romero Basart. Siguiendo las instrucciones superiores de los golpistas se marcha con todo su destacamento al Alcázar de Toledo. Pero, previamente había entregado las llaves del abandonado cuartel al alcalde de la localidad, con el que mantenía una buena relación. Esa misma noche, entre la una y las dos de la madrugada, todos el acuartelamiento de la Benemérita emprendían camino a Torrijos, según ya estaba previsto semanas antes. El viaje hacía El Alcázar de Toledo se realizó en camiones, taxis, vehículos particulares y a caballo.(14)

El día 20 de julio, en la sede de la Casa del Pueblo, al pie de la Torre de San Miguel, se constituye el Comité, nombrando como presidente a Félix Maldonado Ruiz. Después de delegar funciones a los distintos miembros, se acuerda la incautación del  palacio de los Condes de Montalbán que se convertiría en su nueva sede, ya que aquella se encontraba en estado ruinoso al estar construida de adobe.

Uno de los factores que más contribuyó a aumentar la tensión social durante la primavera de 1936 fue el anticlericalismo. La animadversión religiosa se dejó notar con más intensidad en pueblos, como La Puebla de Montalbán, donde el clero había aplaudido la represión, tras los sucesos de octubre de 1934, que tanto castigó a dicha localidad. La clase obrera, compuesta en su totalidad de jornaleros del campo sin trabajo, ya estaba profundamente radicalizada antes del verano de 1936. Por su parte, los terratenientes mantenían una actitud beligerante en sus relaciones laborales después de las reformas del Frente Popular.

Todos eran conscientes de que el golpe militar era el preludio de una represión salvaje, como así estaba sucediendo en Canarias y otros lugares  de España a manos de los rebeldes.  La venganza estaba servida. Así, el 30 de julio, el alcalde comunica por carta al Gobernador de Toledo “que se ha cumplido el decreto de 27 de julio último sobre incautación y ocupación de Órdenes Religiosas”. Y en efecto, esta orden se cumplió el 24 de dicho mes, con unos días de antelación, en el que un grupo de más de 50 vecinos, armados con palos y hoces, encabezados por los dirigentes del Comité, desalojó a los frailes del convento que fueron alojados en casas particulares. Otros religiosos, intentaron viajar en autobús para Madrid el día 29, pero fueron detenidos en Escalonilla para ser conducidos a Rielves donde fueron asesinados.

A finales de julio, una turba de vecinos se encaminaron hacía el Juzgado Municipal. En sus archivos se encontraban copias de decenas de expedientes referidos a  los sucesos de octubre de 1934. Todos los archivos fueron quemados en presencia del concejal Santiago Muñoz Agudo, que sería juzgado por permitir estos hechos al finalizar la guerra.

Entre las primeras ocho víctimas, conducidas de madrugada hasta la Venta del Hoyo, se encontraban el Juez de Paz y el jefe de Falange local, Leocadio Corcuera y Julio Rodríguez Navarro. Y así hasta un total de 22 personas. Al respecto de estos asesinatos, el alcalde manifestó: “La autoría de dichas muertes hay que atribuírselas a las milicias forasteras que ya traían los nombres de las personas a ejecutar. Ante mi negativa a dar nombres, obligaron a punta de pistola a un vecino”.

El día 31 de julio una camioneta, cargada de milicianos forasteros y  de algún miembro del Comité local, recorría las calles de La Puebla buscando a sus primeras víctimas. En opinión del entonces alcalde socialista de la villa, Santiago Prudencio, “la autoría de tales muertes hay que adjudicárselas a los grupos anarquistas llegados de Toledo. Aunque me amenazaron a punta de pistola, me negué a dar direcciones. Otros vecinos no pudieron resistir la amenaza”, terminó declarando el primer edil a su interlocutor, el profesor pueblano Alfonso Díaz Guerra (15)

El alcalde siguió ejerciendo el control, o mejor dicho el descontrol de la población y, según consta en los archivos municipales, el 27 de agosto del 36 solicita armas, ya de manera extemporánea, al gobernador de Toledo para contener la revolución.

El 24 de septiembre del 36, ante la inminente llegada de las tropas nacionales a La Puebla, el alcalde cruza el río Tajo, camino de zona republicana, a través de la barcaza de Ventosilla: “Creo que íbamos algunos más de 200 personas”, recordaba el primer edil. Pero lo cierto es fueron 1.700 personas las que abandonaron la población a distintos destinos, por unos u otros motivos. Los huidos volaron  el puente sobre el río Tajo y la barcaza que servía para transportar personas de una a otra rivera. (16)

Aunque el atroz comportamiento de las columnas africanas a su paso por los pueblos conquistados era de todos conocidos, la ocupación de La Puebla de Montalbán por las tropas nacionales vino precedida por un sólo vehículo. Entre sus ocupantes se encontraba un militar de la Legión, después apodado por los vecinos “El legionario loco”. Éste campeó a sus anchas durante unas horas por la villa, deteniendo y golpeando a personas que, previamente, habían sido señaladas por los familiares de las víctimas. Pero el castigo que los militares superiores infringieron al legionario no se hizo esperar: Éste sufrió azotes en público en el balcón del Ayuntamiento y después trasladado al frente de batalla. Pero esto sólo fue un espejismo de lo que ocurriría después. (17)

En los archivos municipales aún consta que en los últimos días del mes de septiembre de 1936 llegaron a la villa la Falange de Canarias y Écija (Sevilla) para realizar su “trabajo” encomendado de limpiar la retaguardia de posibles enemigos. (18) Con la llegada de los falangistas forasteros pronto comenzaron los fusilamientos de los denunciados por las familias de las víctimas. El informe de La Causa General  lo relata así: “La justicia no se hizo esperar  sobre aquellos elementos que más se destacaron en contra del Alzamiento y que se encontraban presentes en la localidad”. Pero lo cierto es que “los que se encontraban presentes en la localidad no tenían responsabilidad alguna, porque si no hubieran huido a zona roja unos días antes”, rebela sin rubor la fuente informante citada. Los únicos fusilados que habían ostentado cargo público fueron: Petrolino Baro Castaño (concejal) y Félix Maldonado Ruiz e Isidoro Corsino Moratilla( miembros de la primera directiva de la Casa del Pueblo en el año 1931).

La represión se había invertido de signo con respecto a unas semanas atrás. Ahora, serían los familiares de las víctimas quien señalarían las personas a ejecutar por los falangistas recién llegados. Éstas eran llevadas, al amanecer, a las tapias del cementerio donde eran fusiladas. Otras veces era ejecutadas en la Cañada de Escalonilla, lugar donde murieron algunos derechistas semanas atrás, y después conducidos los cadáveres hasta el camposanto. Casi 90 personas fueron asesinadas en aquellos días, pero según La Causa General, en el epígrafe correspondientes a muertos, desaparecidos o ignorado paradero “hasta la fecha se tiene el conocimiento de 110 personas”, dice textualmente (19)

En La Puebla se dieron situaciones como la ocurrida a un simpatizante de izquierdas llamado Leocadio Jiménez, “El Fati”, que permaneció escondido en las cuevas de su casa desde septiembre desde 1936 hasta 1939. Fue detenido con una melena que le llegaba hasta la cintura y después provocó un intento de suicidio al cortarse las venas en su celda de la improvisada de cárcel del Convento. (20)

Mientras tanto, en la comarca más próxima a Torrijos, durante estos años de guerra, los conatos bélicos se vivían en forma de guerrillas. El ferrocarril que comunica Madrid con Talavera de la Reina, pasando por Torrijos o Carmena, sufrió continuos actos de sabotaje por parte de  comandos republicanos que se infiltraban en el territorio enemigo para colocar bombas en las vías férreas. Existía un gran trasiego de espías y guerrilleros por aquellas áreas colindantes con la zona republicana donde, por este motivo, era relativamente fácil su infiltración.

Con habitantes de las poblaciones de Albarreal de Tajo, La Puebla, Burujón, Torrijos y Gerindote nutría de combatientes a la guerrilla del otro lado de río Tajo. Eran grandes conocedores del terreno que seguían manteniendo estrecha relación con sus enlaces del pueblo, los cuales  les informaban de los movimientos de las fuerzas enemigas: armas, polvorines, depósitos de gasolina etc.

Estos aguerridos combatientes republicanos solían hacer sus exploraciones cruzando el río por la finca Portusa, en el término de Albarreal de Tajo o Burujón, utilizando una barcaza que era accionada mediante cuerdas, tendidas de poste a poste, con rodillos a ambas riberas. Aprovechaban para ello la oscuridad de la noche y permanecían escondidos durante las horas diurnas entre los sembrados de cereal, las junqueras de los prados o la escasa maleza que les brindaba las hondonadas del terreno. Además, se veían favorecidos por el dominio de la orografía en que se movían. Aunque el relieve era poco quebrado, y desprovisto de arbolado, era escasamente vigilado por falta de destacamentos nacionales tan necesarios en el frente. (21)

Era muy habitual que los guerrilleros realizaran capturas de prisioneros enemigos para su posterior interrogatorio en la base de la unidad. Así ocurriría, el 9 de septiembre de 1938, con un comando formado por el pueblano Joaquín Losana López, el gerindotano Juan Rivera Garoz, y posiblemente junto con Valentín Gil Valiente, “El Chato de la Puebla”. (22)

Su misión era llegar hasta la carretera de Toledo-Ávila y, a la altura de la localidad de Rielves, dar el alto algún vehículo militar y hacer prisioneros a sus ocupantes. Para ello utilizaban la estrategia de vestir a dos de sus miembros con uniforme de la Guardia Civil y así hacer detener al coche, mientras el resto del grupo atacaba por otro lado. De esta manera hicieron prisioneros a dos alféreces de aviación, un artillero y dos mandos más que viajaban con destino era el aeródromo militar de Barcience.

Una vez ejecutada la acción, todos juntos, presos y guerrilleros, campo a través, atravesaron el río Tajo por la finca Portusa.  Pero el alférez Juan Cinza no llegó a la base de Navahermosa porque fue abatido a tiros cuando intentaba escapar del grupo.

Algunos de los integrantes del citado comando serían ejecutados en las tapias del cementerio de Torrijos al finalizar la guerra. Entre estos se encontraba Luciano López Ramos. Tenía 21 años cuando regresó a Torrijos, a pesar de las advertencias de su abuela sobre el serio peligro que corría si volvía  su villa natal. El presagio de la anciana se cumplió y su nieto sería ejecutado el 5 de agosto de 1940, junto con Manuel Díaz Díaz y Mariano Castaño Rodríguez, miembros de aquel comando. (23)

Mejor suerte tuvo otro componente del comando, el  pueblano Joaquín Losana López, que fue absuelto en el año 1940, mientras los otros compañeros citados, enjuiciados por los mismos hechos relatados, eran condenados a muerte o a 30 años de reclusión. En la sentencia que puso fin al proceso se decía expresamente “que Losana gozaba de buenos antecedentes derechistas y excelente conducta antes de estallar la guerra”. Pero dicha resolución judicial no hacía mención a otra acción de sabotaje en la que también participó  su comando ocurrido en la estación de tren de Erustes. Aquí falleció una mujer de manera fortuita. La intención del grupo era la de hacer volar un tren a su paso por la localidad, pero fracasó en el intento. (24)

La explicación a esta benevolencia de los tribunales militares con Losana la averiguamos después, en otros juicios sumarísimos seguidos contra guerrilleros. Ocurrió que con posterioridad al citado golpe de mano en Rielves, el pueblano se pasó al servicio de espionaje (S.I.P.M.) del bando nacional a los que ayudó desde la zona roja.  Así informaba el jefe de la Policía Militar y dirigente de primer grupo del S.I.P.M., Ignacio Iglesias López:

 

Que desde el mes de junio de 1938 Joaquín Losana López empezó a realizar servicios de espionaje a favor de la Causa Nacional desde campo rojo y entregando a los agentes de enlace del S.I.P.M. importantes datos de información militar. Indicaba, asimismo los lugares por donde los guerrilleros rojos se infiltraban a la Zona Nacional para realizar actos de sabotaje, por cuyos informes dos de los mismos fueron hechos prisioneros por nuestras fuerzas. También ayudó a evacuar a Zona Nacional a dos personas de derechas desde el campo rojo.

 Madrid, 10 de septiembre de 1939. (25)

 

 

El guerrillero Losana también gozaba del apoyo de su paisano Fernando San Miguel San Miguel. Éste, además de farmacéutico en La Puebla de Montalbán, fue diputado electo en los comicios de febrero de 1936 por el partido Acción Popular y “hermano de mártir”. Así expresaba San Miguel su aval a través de una carta unida al juicio sumarísimo seguido contra su protegido:

 

He sido perseguido por las hordas marxistas que asesinaron a mi hermano mayor, Jerónimo, médico de La Puebla, el 12 de agosto de 1936. Tuve que huir a Madrid y aquí detenido cinco veces, sufriendo castigos en checas. Por ello, juro por mi honor decir verdad y así manifiesto que Joaquín Losana López es persona de buenísimos antecedentes, como me probó visitándome en Madrid donde varias veces me proporcionó alimentos para mis hijos y siempre sus conversaciones fueron a favor del Glorioso Movimiento.

La Puebla de Montalbán a 14 de enero de 1940.

 

Otros compañeros de Losana, miembros de la  232 Brigada de Guerrilleros fueron Pascual Corsino Sanz, Nicolás López Maldonado, Juan Mena Álvarez,  Isidoro García González,  Julián de la Rosa Morón, Pedro Díaz Recio y Demetrio Díaz Gómez. Este último hacía las funciones de barquero  facilitando cruzar a los comandos de una ribera  otra del río Tajo a su paso por la finca Portusa.

Lo que ignoramos es la relación que hubo antes de acabar la guerra entre Losana y “El Chato de la Puebla”, excepción hecha de la acción de sabotaje de Rielves. También desconocemos la repercusión que originó la actividad de aquel confidente sobre la trayectoria futura del guerrillero.   Este tuvo una participación muy activa en la guerra, ascendiendo rápidamente a teniente del Grupo de Información Guerrillera de Espionaje, con sede en Navahermosa. Pero donde alcanzó “El Chato” sus más altas cotas de popularidad fue al finalizar la contienda, ya que lideró una de las partidas de maquis más activas de los Montes de Toledo.

En su etapa de guerrillero durante la guerra, “El Chato” contaba con la colaboración inestimable de una mujer apodada “La Molinilla”. Este  enlace femenino vivía en la calle Canes, de La Puebla de Montalbán, y hasta allí llegaba el combatiente para recibir información sobre el armamento y polvorines de las fuerzas enemigas. En una de sus incursiones a zona nacional intentó detener, siguiendo las indicaciones de sus contactos, al vecino de La Puebla apodado “El Quemao”.

El policía militar del bando nacional, con residencia en La Puebla de Montalbán, Jacinto Gálvez Calderón, era el  encargado de contrarrestar la labor de espionaje y sabotaje en la línea fronteriza con la zona republicana.  Buen conocedor de la lucha de guerrillas, así informaba a sus superiores de la labor guerrillera de “El Chato de la Puebla”:

 

El día 27 de septiembre de 1938, para conmemorar el aniversario de la liberación de El Alcázar de Toledo, intervino en un golpe de mano en Olías del Rey, deteniendo a varios oficiales nacionales. Días antes, el 9 de septiembre, hizo prisioneros a unos oficiales de aviación nacional que viajaban por la localidad de Rielves. Meses después, en octubre de 1938, el comando de Juan Rivera Garoz, acompañados de su teniente, el torrijeño Mariano Castaño y cinco más se vistieron de guardias civiles para parar una camioneta a la altura de Barcience. Hicieron prisioneros a dos alféreces de aviación, un artillero y dos mandos más. Todos juntos, campo a través, atravesaron el río Tajo una vez más por Portusa. Pero antes, el alférez Juan Cinza fue abatido a tiros al intentar fugarse. (26)

 

Tenemos serias dudas de que “El Chato” participara en la acción de Rielves antes relatada. Después de investigar decenas de sumarios, con cientos de declaraciones de los guerrilleros que participaron en aquellos hechos, en ninguno aparece la intervención del mismo. Sólo en el informe del S.I.P.M, antes trascrito, se hace referencia a su colaboración.

Según la  única declaración judicial  prestada por “El Chato”, ante los tribunales militares que le juzgaron, realizó más de “50 coladas” a zona nacional”, según su propia terminología. En una de ellas, su comando dinamitó parte de puente sobre el río Guadarrama de la carretera Toledo-Ávila. En otra ocasión, tendieron una emboscada a un destacamento militar que atravesaba la población de Escalonilla, resultando herido el guerrillero pueblano Modesto “Machaca”. Pero nunca el guerrillero hizo mención alguna a esta acción que nos hace recelar. (27)

 

Final de la guerra.

 

Así lo narró en su libro autobiográfico el pueblano Justino de la Concepción García, soldado del Ejército Republicano, tras su regreso a La Puebla de Montalbán en aquel año de 1939:

Cuando llegué al pueblo, mi madre y hermanas abrieron la puerta a las 2 horas de la madrugada. Todos fueron abrazos y lágrimas. Vestían de luto porque habían matado a mi padre. Al día siguiente, me aconsejaron presentarme en el cuartel de la Guardia Civil, y así hice. Pero al llegar, me encerraron en el convento Franciscano con el resto de compañeros. Al primero que vi fue a Leocadio Jiménez, “El Fati”, que tenía el cuello y las muñecas vendadas tras un intento de suicidio: había pasado toda la guerra encerrado en una cueva. Pidió a su madre una cuchilla de afeitar porque estaba harto de que se rieran de él.

Todos los días nos sacaban a recoger las basuras del pueblo. En una ocasión me encontré con Joaquín “El Mulero” y me tiró un palo llamándome rojo. A la vuelta un grupo de vecinos, que eran los chivatos del pueblo, no cesaron de insultar.

 Pasado cinco meses, el día que nos sacaron en dos camiones para llevarnos a la prisión de Toledo, el pueblo nos gritaba e injuriaba mientras subíamos. Al final de la carretera vi a mi madre llorando que me saludaba con la mano.  (28)

En La Puebla de Montalbán, al no existir prisión municipal, se utilizó el convento de Franciscanos como recinto para detenidos. Después, algunos quedaron provisionalmente en libertad y otros muchos fueron trasladados a la cárcel de San Bernardo, en Toledo. Pero la gran mayoría serían juzgados por los tribunales militares. Mientras tanto, a  algunas mujeres se les rapó la cabeza y fueron obligaron a beber aceite de ricino. Después serían paseadas semidesnudas por las calles del pueblo. También se propinaron palizas a los detenidos por parte de falangistas que habían sufrido la muerte de familiares durante la República.

Dos meses después de terminar la guerra, el 1 de junio de 1939, casi un centenar de vecinos, llegados desde todos los puntos de España, estaban apresados en el convento. Aquí esperaron hacinados, durante cinco meses, la determinación que las autoridades franquistas iban a tomar con sus vidas. Su finalidad fue la de acoger al ejército republicano cautivo y servir de filtro para la depuración de responsabilidades. La primera intención del régimen fue abrir una investigación, pidiendo informes sobre cada prisionero, para proceder a su liberación si éstos eran positivos. Pero tal empresa se reveló complejísima, por lo que se decidió que fueran los propios cautivos quienes buscaran sus  avales.

La triste paradoja del destino había decidido que algunos de aquellos jornaleros, que en agosto de 1936 habían asaltado el convento, ese lugar sagrado en el que ahora ellos estaban presos. Pero ahora no pensaban aquellos funestos sucesos, ni en el macabro final que sufrieron los frailes, y solo pretendían salir en libertad sin cargos. Algunos lo conseguirían, con la simple obligación de acudir periódicamente al Ayuntamiento y la prohibición de salir de la localidad sin salvoconducto. Otros serían trasladados a Toledo para ser juzgados. Sin embargo, la mayoría se arrepentían de haber regresado a sus domicilios ante la creencia de que, al no haber estado implicado en delitos de sangre, su vida no correría peligro. Pero para la mayoría de los que no volvieron también habría castigo.

La casi totalidad de las acusaciones iban referidas a la posible implicación del recluso en los sucesos ocurridos en La Puebla de Montalbán durante aquel sangriento verano de 1936. Sirva como ejemplo el caso de Valentín Gil Valiente, “El Chato de la Puebla”. Fue imputado de participar en  en la detención y asesinatos que tuvieron lugar el 31 de julio y el 12 de agosto de 1936, sin prueba alguna. Tras ser coaccionado por los tribunales militares, solo admitió que “de las detenciones de Jerónimo Sanmiguel Sanmiguel, Dámaso Montalvo,  Felipe Madrigal y Gregorio Alonso del Álamo las presenció porque iba en la camioneta que conducía a los milicianos que desde Toledo vinieron a la Puebla a por los referidos individuos. Que a los mencionados señores les montaron en una camioneta llevándolos con dirección a Toledo y a dos kilómetros de la Puebla fueron asesinados por  milicianos de Toledo”. (29)

Sin embargo, “El Chato” niega su participación en los asesinatos del 31 de julio y declara: “Que de la detención de Enrique García Tenorio San Miguel, Joaquín González Cárdenas, Julio Rodríguez, Leocadio Corcuera del Río y los tres religiosos Franciscanos no sabe nada por hallarse  segando el día que los detuvieron en una labranza llamada Gualdo”. (30)

El destino que seguiría cada uno de los detenidos era muy incierto porque la mayoría habían pertenecido a la Sociedad Obrera o a algún partido de izquierdas, como Pedro Ochoa López, Félix Maldonado, Demetrio Gómez Díaz, Pablo Cantoya Cantoya y Pedro Díaz Recio, todos condenados a muerte. Otros que sí estuvieron comprometidos políticamente, no volvieron a sus casas y se macharon al extranjero. (31)

Algunos de los detenidos en el convento estaban enfermos y desfallecidos después de tres años de guerra, por ello algunos  morirían en la cárcel cumpliendo condena. Tal sería el caso Eulalia Mendiguchía Vallejo, Félix Maseli de la Cuadra, Víctor de la Concepción Pinel y Víctor Marcial López. Después de arriesgar su vida muchas veces en el frente de batalla, fallecieron de tuberculosis o desnutrición en la prisión de turno.

Desde principios de 1937 hasta julio de 1948 toda la maquinaria represiva recayó sobre la jurisdicción militar. En lugar del Código Penal, Franco aplicó el Código de Justicia Militar que, en su artículo 237, castigaba la “rebelión militar” contra el Gobierno de la República; es decir, que los sublevados castigaban por “rebelión” a los que habían permanecido leales al Gobierno constitucional. Una curiosa aberración legal que se llamó “justicia al revés”. En definitiva, se concedió prioridad a la jurisdicción castrense, con procedimientos sin ninguna garantía jurídica, sobre la ordinaria.

A fin de sustanciar los miles de sumarios incoados contra más de 280.000 detenidos, el régimen se vio obligado a crear multitud de juzgados militares, que se vieron totalmente saturados en los tres primeros años de la posguerra. Los consejos de guerra a que daban lugar las referidas denuncias eran casi siempre colectivos. Una vez que los procesados se hallaban acomodados en la sala, amarrados de dos en dos, custodiados por guardias civiles, el tribunal ocupaba el estrado y comenzaba la farsa jurídica cuyo desenlace ya estaba previsto. Las intervenciones del tribunal incidían muy poco en el presunto delito cometido por los procesados y más en la trayectoria obrerista de los acusados, remontándose a los años de la República, destacándose su filiación a partidos y sindicatos.

El momento cumbre de los juicios era el informe final del fiscal, en un tono agresivo, vehemente y apocalíptico, con todos los tópicos de la retórica falangista. El trabajo del abogado defensor era el más llevadero, pues sólo se limitaba a pedir clemencia para los acusados. Momento especialmente dramático era el de las alegaciones por parte de los acusados. En un clima tan hostil, los pobres jornaleros apenas acertaban a balbucear. Como mucho, el tribunal concedía la palabra a uno, en nombre de todos. La breve alegación intentaba hacer ver que la denuncia y la acusación eran falsas. Así recordaba Justino de la Concepción la vista de su primer juicio celebrado en Toledo:

 

Éramos doce acusados sentado en el banquillo, esposados, frente a un tribunal formado por militares con un montón de medallas en su peño. El fiscal leyó un informe con los cargos que se nos imputaban. Me acusaban de cosas que yo no firmé y les pedí que me lo acreditaran; pero no me hicieron caso. Después el jurado se retiró a deliberar y salieron con la sentencia ya escrita. A los primeros seis del banquillo les condenaron a pena de muerte, pero a mí solo a 20 años de prisión. Cuando se enteró mi madre y los amigos se alegraron mucho por había evitado “la Pepa”, es decir, la pena de muerte. (32)

 

Junto con los clarines de la victoria sonó también en toda España la consigna de la venganza. La denuncia de los particulares se convirtió en el primer eslabón de la “justicia” y se completaban con el doble informe de las autoridades locales: alcalde y jefe de la Falange. Sus alegatos de mala conducta sobre los acusados eran remitidos al  juez militar instructor de los tribunales militares y eran tenidos muy en cuenta. Los negativos en contra del reo eran incuestionables y los positivos a favor, atenuaban la pena.

Así ocurrió en junio de 1939, cuando el vecino Francisco González de la Cruz se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar a Justino de la Concepción y Mariano Martínez de la Casa. Les acusaba de haber profanado la ermita de la finca “El Bosque” y los objetos religiosos en ella existentes. La sentencia dictada en Toledo, les condenó a 12 años y un día de reclusión. Ignoramos si se  trataba de una denuncia falsa, porque en nuestras conversaciones en vida de Justino nunca salió a colación este consejo de guerra. (33)

Otro juicio sumarísimo que nos ha servido para relatar el estado de alarma en que vivió la comarca de Torrijos en la primavera de 1941, ha sido el instruido contra Valentín Gil Valiente, “El Chato de la Puebla”. Éste fue un guerrillero que lideró una partida en los Montes de Toledo tras finalizar la guerra civil. De su voluminoso consejo de guerra hemos podido extraer mucha información de la actividad su grupo de huidos en la montaña. (34)

Después de ser condenado a muerte en consejo de guerra celebrado en Toledo, el 24 de septiembre de 1939, “El Chato” consigue fugarse de la cárcel de Navahermosa. Uno de sus dos compañeros de evasión, Gregorio Gomero Vázquez, natural de Gálvez,  perdió la vida en el intento. El otro, Marcelino López Mayoral, de San Pablo de los Montes, sólo resultó herido de bala. Éste último contaría al juez instructor, Victorino Hernández Martín, los detalles de la fácil escapada del presidio, planificada por “El Chato”. La huida no ofrecía mucha dificultad, toda vez que los presos andaban libres por el patio que se comunicaba con la calle a través de un gran portón, sin ningún tipo de ataduras o esposas. Sabían que a las 20 horas, aproximadamente, se abriría la entrada para dar acceso a los acarreadores de agua de la fuente pública. Así,  “El Chato” convenció a sus compañeros de huida argumentando que no tenían nada perder, pues los tres habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra. En la forma planificada, “El Chato”  golpeó con un botijo violentamente al centinela, y los tres evadidos salieron corriendo por el centro de la población. Habían acordado reagruparse en un espeso olivar  que ellos conocían bien. Pero sólo “El Chato” acudió a la cita. El huido anduvo fugitivo bastantes días por la montaña hasta que contactó con la partida de “El Rubio de Navahermosa”, “Manzanero”, “Mariblanca”, “Margallo” etc (35)

Ocurría que para muchos españoles la guerra civil todavía no había terminado. Nada más finalizar la contienda miles de republicanos perseguidos se refugiaron en las montañas para salvar sus vidas. Eran los llamados “maquis”. Aunque éste vocablo es un galicismo, lo utilizamos por su evidente popularidad junto con el de guerrilleros o huidos.

Los primeros “huidos” eran republicanos con responsabilidades políticas (alcaldes, concejales, miembros de comités obreros, etc.) o implicados en hechos sangrientos en el año 1936, que querían evitar ser juzgados por los tribunales militares. Fueron el primer embrión de las partidas de maquis, ya que la gran desbandada hacía la sierra se produjo a partir de 1940.

Los guerrilleros pensaron que la dictadura tenía los meses contados y soñaban que los aliados europeos derrocarían al régimen franquista.  Por este motivo, cuando los huidos bajaban a las poblaciones para robar y aprovisionarse de comida, lo primero que buscaban eran periódicos que les informaran de la evolución política en Europa.

Los guerrilleros más perseguidos de la comarca, que operaban en Los Montes de Toledo, fueron “El Chato de la Puebla” y “El Rubio de Navahermosa” que llegaron a liderar una partida de más de 30 hombres, entre los que se encontraba “El Lobo de Carmena”. Después pasaron a actuar por separado, aunque sus destinos corrieron trágicas suertes paralelas en el tiempo.

Los tres huidos citados, junto conManzanero”, fueron  símbolos de la rebeldía toledana, en su área de los Montes de Toledo, frente a la represión impuesta por los vencedores de la guerra. En el extremo Suroeste de la provincia, “Quincoces”, “Chaquetalarga” y “El Comandante Honorio”, fueron los más populares; y en la sierra de Gredos, Adolfo Lucas Reguilón, un intelectual comunista que se declaraba seguidor del pacifismo de Gandhi.

La biografía de estos guerrilleros de la comarca de Torrijos es muy similar. Así, Eugenio Sánchez-Gabriel Esteban-Manzanares “El Rubio de Navahermosa”, había sido un destacado dirigente socialista en su pueblo y presidente del Comité. Al finalizar la guerra intentó salir de España por el puerto de Cartagena, pero ante la imposibilidad de embarcarse regresó a su villa natal. Aquí encontró a su padre que estaba encarcelado y condenado a muerte; pena que finalmente se ejecutó el 23 de octubre de 1939. Con estos antecedentes, y como “El Rubio” estaba vinculado con la muerte del veterinario de su pueblo, al terminar la guerra civil, se marchó a vivir como huido en el monte. (36)

El perfil de la personalidad del “Chato” quedó reflejado en una carta manuscrita por él, cuyo original sigue unida a los viejos legajos que componen su consejo de guerra.  El 1 de agosto de 1940, el alcalde de Navahermosa, Manuel Villanueva, se encontró con un sobre cerrado que alguien había introducido por debajo de la puerta de su domicilio. El mensaje había sido escrito a lápiz por “El Chato” y, con una redacción muy defectuosa, le conminaba al primer edil a que pusiera en conocimiento de la justicia “este recao que os escribe “El Chato”, comenzaba diciendo el pueblano. “Que desde este momento sepa la justicia que “El Chato” deja de ser bueno, y de hacer bien a todos en la sierra, si ustedes están conformes con que mi mujer continúe en la cárcel”, seguía en su misiva casi ilegible, después transcrita a máquina por la Guardia Civil. De manera muy ingenua, con el fin de restar importancia al apresamiento de su cónyuge, quiso dar a entender que su esposa no le preocupaba mucho, y dice: “Mi mujer me importa tres cojones y si muere me caso con otra”, para continuar afirmando: “ Yo les digo una cosa, si ustedes fusilan a mi mujer, a todo aquel que eche las uñas de Navahermosa, que sea de derechas, le voy a fusilar”; e insistía en que sabía la identidad del responsable de la detención de su esposa: “ yo sé muy bien quien tiene la culpa de que esté detenida”. Se refería a un tal Jacinto y le amenazó de que no saliera del pueblo “porque le voy a cazar”, recordándole que “yo no me he metido con su familia”. La carta, antes de ser firmada, terminaba diciendo: “El que avisa no es traidor y conozco muy bien la dinamita y los petardos. Yo lo tengo todo jugado”, sabedor de que su final no estaba muy lejano. (37)

Las últimas semanas de vida de este guerrillero fueron muy intensas porque quebrantó uno de los postulados básico de la guerrilla, que era el de evitar muertes innecesarias. Así, el 4 de marzo de 1941, tuvo lugar la única acción ofensiva llevada a cabo por los huidos hasta le fecha, cuando “El Lobo”, “El Chato de la Puebla” y “El Moreno de Carpio”, asesinaron al guarda de la finca La Zarzuela, Agabio Moreno Ortiz, primer alcalde franquista de Escalonilla, en término de Carmena (Toledo).

La hija de Agabio, Candelas Moreno Duro, acompañaba a su padre ese fatídico día. Contaba con 21 años de edad cuando, sentados a la lumbre de paja de la casa, llamaron a la puerta. El guarda, sorprendido de que nadie contestara a su voz, tomó la escopeta y salió por la puerta trasera, “pero apenas tuvo tiempo de nada”, recuerda su hija. Una ráfaga, disparada por “El Lobo”, que casi alcanzó a Candelas, atravesó el mentón. Iba encapuchado para no ser reconocido. Sus dos acompañantes, “El Chato de La Puebla”  y un tercero no identificado, no utilizaron sus armas, pero sí ayudaron a maniatar a otro hijo del fallecido, Felipe, que llegó al oír los disparos. El primo de Candelas, Juan Gonzalez Alonso, que también se hallaba próximo al lugar de los hechos, contó a la Guardia Civil que reconoció a “El Chato”, de cuando vivía en el barrio Labradores de La Puebla. (38)

Los huidos se llevaron todas las armas que había en la finca (cinco escopetas, una pistola, munición de caza)  y 15.000 pesetas que se encontraban sobre la mesa, recibidas de una reciente compraventa de corderos. El guerrillero de Carmena  requirió a Candelas la caja fuerte, “pero yo la había soterrado en los rescoldos de la lumbre para evitar su robo” concluye. A continuación, “El Lobo” y sus acompañantes, abandonaron el lugar de los hechos y se dirigieron camino de Santa Olalla. Escondió las armas de fuego que robó, en un zulo próximo al Ventorro del tío Virique, a tan sólo tres kilómetros de esta localidad. Días después este sería su lugar de muerte.

En tan sólo unos días, desde que “El Lobo de Carmena”, de manera incomprensible, diera muerte al guarda de la finca La Zarzuela, los guerrilleros de la comarca sufrieron su mayor acoso desde el final de la guerra. Así, casi un mes después, el 2 de abril de 1941, “El Chato de la Puebla” fue detenido y luego fusilado en las tapias del cementerio de Navahermosa y su cadáver expuesto en la plaza pública. Y dos días después “Francisquillo”, “El Beato” y “Patala” resultaron muertos tras un chivatazo a la Guardia Civil de un confidente. A las pocas jornadas de la captura de “El Chato”, resultó muerto “El Rubio” cuando intentaba entrar en su pueblo disfrazado de cabrero. Su cadáver también fue expuesto al público colgado de un árbol. (39)

Cuando Justino de la Concepción regresó a La Puebla de Montalbán a finales de 1942, después de peregrinar durante tres años en cárceles y campos de concentración (había sido condenado a doce años por adhesión a la rebelión), le comunicaron la muerte de “El Chato”. Tras permanecer unos meses en el pueblo fue llamado a filas para cumplir el servicio militar en el Batallón de Trabajadores Penados de Ceuta, donde estuvo hasta septiembre de 1945. A partir de esta fecha, Justino inició una peligrosa tarea como fue la formación de un comité local del PCE junto a otros vecinos del pueblo, como había ocurrido con anterioridad en el pueblo de Gerindote.

Tras la detención del máximo dirigente del PCE clandestino en España, Jesús Monzón, y con el cambio de táctica utilizada en el seno de la actividad política comunista antifranquista (la lucha armada dentro de una serie de Agrupaciones Guerrilleras en casi todo el país), tuvo lugar el protagonismo de Santiago Carrillo (llegó a Francia, procedente del norte de África, tras su exilio americano) dentro del PCE en España y en Francia. Junto con la ayuda de sus hombres de confianza, Carrillo inició una etapa de acusaciones y depuraciones en la organización clandestina comunista con una estructura de partido más férrea y ortodoxa, imbuido por el estalinismo contra los enemigos del comunismo.

Desde finales de 1945 y principios de 1946, Justiniano se reunía en la taberna de Julián Pantoja, junto a este, a Mariano Peris y a Juan García Vallejo para hablar de la formación de un comité local del PCE en La Puebla de Montalbán. Mariano Peris estaba en contacto con algunas partidas de guerrilleros de los montes de Toledo y con el Comité Provincial del partido residente en Talavera de la Reina. El secretario general del comité local fue desempeñado por Mariano Peris, como secretario de organización estaba Juan García, el secretario de propaganda fue designado Julián Pantoja y el de finanzas, el propio Justiniano. Aprovechando que Mariano y otros vecinos trabajaban en la finca Alcubillete el comité fue aumentando con militantes y simpatizantes (llegaron a ser cerca de treinta) entre jornaleros del campo que trabajaban en dicha finca y algunos vecinos del pueblo. Andrés Ruiz Villaluenga organizó varios grupos de cotizantes, cuyos responsables fueron José Franco, Andrés Herrero, Pedro de Gracia, Eugenio Gómez y Jesús Tolón. La propaganda clandestina consistente en periódicos Mundo Obrero era recogida en Talavera de la Reina y distribuida entre los militantes del comité local en la Puebla, los cuales también cotizaban para ayudar a los presos y a sus familiares. El dinero de las cotizaciones era entregado al Comité Provincial toledano en Talavera de la Reina.

Entre el 26 y el 30 de abril de 1947, varios agentes de la Brigada Político Social llegados desde Madrid y algunos miembros de la Guardia Civil detuvieron a todos los integrantes del comité local de La Puebla de Montalbán. Las pesquisas partieron de varias detenciones producidas en la capital de España y en la ciudad talaverana, por lo que las indicaciones les llevaron a la policía a la localidad pueblana. Justino de la Concepción, Mariano París y Juan García fueron condenados a penas de seis años. Otros miembros del comité tuvieron condenas que iban de cinco a un año de prisión y otros individuos fueron absueltos. (40)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)El Castellano, especial La Puebla de Montalbán año 1928.

(2)MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso: La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Toledo 2005.

(3)Ibidem

(4)Ibidem

(5) Ibidem

(6)El Castellano, 10 de octubre de 1934.

(7)MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso: La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Toledo 2005.

(8)Ibidem

(9) Ibidem

(10) MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005,

(11)  ARÓSTEGUI, Julio. Largo Caballero. El tesón y la quimera. Debate, Madrid 2013; pp. 234

(12) MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005.

(13) Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. El sumario 13.680 seguido contra el alcalde Santiago Prudencio y sus compañeros  Atilano Cuadra y Aurelio “El Mondarro”, todos ellos en situación procesal de rebeldía, se inició por denuncia de Fernando San Miguel San Miguel. Éste manifestó que los dos últimos encausados citados le detuvieron en Madrid, el 23 de octubre de 1936, y le trasladaron a la comisaría de la calle Leganitos. Después sería conducido  a la Dirección General de Seguridad, donde se encontraba el primer edil Santiago Prudencio. A éste se le imputaba la responsabilidad de “no haber evitado la muerte del médico Jerónimo San Miguel y otros más”, sin que en ningún momento procesal se le imputara autoría alguna. Pero después el alcalde se marchó de España y no pudo ser juzgado.

(14) MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005,  página 74.

(15) Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 901, Legajo 564, seguido contra Pablo Cantoya Cantoya. El pueblano, afincado en Guadamur, Pablo Cantoya Cantoya, llegó a ser capitán de milicias. Ingresó en el Batallón Dimitroz, y era uno de los jefes del grupo miliciano los “Leones Rojos” que tantas muertes causaron en toda la comarca en aquel verano del 36, y en especial en La Puebla de Montalbán.

(16) MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005,  página 24.

(17)  MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005,  página 74.

(18) Acta municipal, sesión de 5 de octubre de 1936.

(19) Archivo Histórico Nacional; AHN-M, La Causa General, caja 1.039/1, pza. 2ª, “La Puebla de Montalbán”

(20) MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005,  página 56

 

(21) MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil. Toledo, 2012. Autoedición.

(22) Archivo General e Histórico de Defensa. Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 365, seguido Mariano Castaño Rodríguez,  Luciano López Ramos y Manuel Díaz Díaz. Tanto en éste consejo de guerra como en otros seguidos contra los miembros del citado comando, no aparece el nombre Valentín Gil Valiente. Sin embargo, en un informe del servicio de espionaje nacional (S.I.P.M.), si recoge la participación de “El Chato”.

(23) MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil. Toledo, 2012. Autoedición.

(24)  Archivo General e Histórico de Defensa. Procedimiento sumarísimo de urgencia nº 365, seguido contra Joaquín Losana López y otros.

(25) MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil. Toledo, 2012. Autoedición.

(26) Ibidem

(27) Ibidem.

(28) DE  LA CONCEPCIÓN GARCÍA, Justino: Esta fue mi lucha. Autoedición, 1998., pp. 25 y ss.

(29)  Archivo General e Histórico de Defensa.  Sumarios 19260, Caja 04015, seguido contra “El Rubio de Navahermosa” y otros. En esta acción de Escalonilla resultó herida una vecina de dicha localidad.

(30) Archivo General Militar de Madrid. AGMM, sumario 28885, seguido contra “El Chato de la Puebla”.

(31) Archivo General Militar de Madrid. AGMM, sumario 7563, seguido contra estos pueblanos.

(32) DE  LA CONCEPCIÓN GARCÍA, Justino: Esta fue mi lucha. Autoedición, 1998., pp. 57.

Archivo General e Histórico de Defensa. AGHD. Sumarios 14,, Legajo 5828, Caja 6513 seguido contra Justino de la Concepción y otros. En la sentencia de fecha 17 de junio de 1940, se recoge expresamente que Justino hizo guardias para el Comité, por orden de “El Fati”, además de que participó junto a su padre y otros más en la profanación de la ermita de la finca “El Bosque”.

(33) Archivo General Militar de Madrid. AGMM, sumario 19260, legajo 3414, caja nº 04015, seguido contra Eugenio Sánchez-Gabriel Esteban Manzanares, “El Rubio de Navahermosa”, y sumario 28885, seguido contra “El Chato de la Puebla”.

(34) Ibidem

(35) Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Fondo Madrid, causa 34953, legajo 2381, caja 02920, seguido contra Antonio Fernández Alonso, “El Lobo de Carmena”

(36) DIAZ DIAZ, Benito: Huidos y guerrilleros antifranquistas en el centro de España, Toledo, Editorial Tilia, 2011, pp. 50 y ss.

(37) Archivo General Militar de Madrid. AGMM, sumario 19260, legajo 3414, caja nº 04015,  seguido contra Eugenio Sánchez-Gabriel Esteban Manzanares, “El Rubio de Navahermosa”, y sumario 28885, seguido contra “El Chato de la Puebla”.

(38)Testimonio de Candelas Moreno Duro, en entrevista realizada en Toledo el 20 de mayo de 2001.

(39 )DIAZ DIAZ, Benito: Huidos y guerrilleros antifranquistas en el centro de España, Toledo, Editorial Tilia, 2011, pp. 50 y ss.

(40) FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid clandestino. La reestructuración del PCE, 1939-1945, Fundación Domingo Malagón, Madrid, 2002 y Archivo General e Histórico de Defensa, Sumario 140771.

 

 

 

 

 

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Juan Antonio Morales Gutiérrez
moralesgutierrez@telefonica.net

Guti para los amigos. Abogado en ejericio e investigador. Autor del libro: Una memoria sin rencor, ambientando en la Segunda República y posterior conflicto bélico

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