Estatutos de autonomía en la Segunda República

Estatutos de Autonomía en la Segunda República

Uno de las grandes controversias del inicio de la República giró en torno al modelo de organización territorial. El Pacto de San Sebastián de 1930 plasmó el compromiso de solucionar la cuestión catalana en base al principio de autodeterminación y mantuvo la predisposición a un pacto vagamente federalista, aunque supeditó la fórmula definitiva del autogobierno a la aprobación soberana de las futuras Cortes Constituyentes.

Por su parte, aunque los vascos andaban divididos y no habían participado en el Pacto de San Sebastián, pronto pusieron en marcha un conjunto de iniciativas para presentar a las Cortes un proyecto de Estatuto de Autonomía respaldados por las derechas nacionalistas y refrendado por las tres cuartas partes de los ayuntamientos vasco-navarros reunidos en la localidad de Estella. El llamado Estatuto de Estella, que privaba del derecho a voto de los inmigrantes y contemplaba la firma de un Concordato entre el futuro Estado vasco y la Santa Sede con el fin de evitar la aplicación de la legislación anticlerical republicana en el territorio de las provincias vasco-navarras, fue defendido ante las Cortes por la representación parlamentaria mayoritariamente tradicionalista y nacionalista triunfante en las elecciones de junio de 1931. Sin embargo, la declaración del “Estado integral” en que había de convertirse la República dejaron frustradas las aspiraciones autonomistas vascas. El rechazo del Estatuto de Estella, y otras cuestiones religiosas, motivaron la retirada de las Cortes de la minoría vasco-navarra, produciéndose así una nueva profunda escisión entre el nuevo régimen republicano y el nacionalismo vasco.

El modelo de Estado en la Constitución de 1931. El Estado Integral

Tras la conmoción causada por la frustrada proclamación por Maciá de la República Catalana dentro del futuro Estado Federal español, el anteproyecto resultó ambiguo al no pronunciarse sobre la naturaleza de los nuevos entes territoriales de alcance regional.

El calificativo finalmente adoptado de “Estado integral” fue el resultado de una difícil negociación, patrocinada por Alcalá-Zamora, entre las fuerzas republicano-socialistas y la minoría catalana. Ello motivó las críticas de los sectores menos autonomistas de la Cámara, como los representados por Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset, quien propuso la regionalización de todo el Estado y que las autonomías fuesen la norma general para todo el territorio. Las Cortes republicanas tuvieron que conciliar las tendencias unitaristas de algunos partidos como el PSOE —tradicionalmente antinacionalista, aunque ofrecía su apoyo a las aspiraciones autonomistas de Ezquerra Republicana sin pronunciarse sobre la forma concreta de Estado, y condicionado a la puesta en marcha de la reforma agraria— con el regionalismo de algunos sectores de derechas y las aspiraciones federalistas de los grupos minoritarios de izquierda.

Se optó, así, por una noción ecléctica pero que era políticamente aceptable para el momento: el Estado integral. Este era tendente al centralismo, ya que era el único poder que podía conceder los estatutos a las regiones que así lo solicitasen. La autonomía no provenía de una soberanía regional previa, ni de unos derechos naturales históricos, sino de la voluntad soberana de las Cortes. De hecho, los distintos estatutos fueron el resultado de una intensa negociación de los partidos nacionalistas y la mayoría parlamentaria, que se inclinaba a recortar los propósitos de autogobierno y soberanía compartida.

Sin embargo, por el estallido de la Guerra Civil solo se puso en marcha el Estatuto Catalán; mientras los del País Vasco y Galicia se encontraban en trámite parlamentario para su promulgación, y otras regiones apenas habían comenzado a dar los primeros pasos para su preparación.

El Estatut de Núria y la Generalitat de Catalunya

El avance autonómico catalán con respecto a otras regiones procede del Pacto de San Sebastián de 17 de agosto de 1930, que selló el compromiso de dar solución al viejo “problema de Cataluña”. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 supusieron un gran triunfo del republicanismo catalán, en concreto de la coalición electoral Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), plataforma de convergencia de separatistas (EC), socialdemócratas (Grupo de L´Opinió) y el antiguo Partit Republicá Catalá, que seguía la tradición democrática, federalista y republicana heredada de Pi y Margall. La votación de 12 de abril fue vista por buena parte de la población como un referéndum de separación respecto de la Monarquía centralista, y Maciá se pronunció en este sentido el 14 de abril (cuando aún no existía el Estado republicano), proclamando el Estado Catalán en el marco de una futura confederación de pueblos ibéricos, y luego, tras la proclamación de la República en Madrid a las 8 de la tarde, declarando a Cataluña “Estado integrante de la federación ibérica”.

Maciá, que formó un Gobierno provisional catalán, no pensaba en la independencia, sino en forzar mediante una política de hechos consumados el cumplimiento del Pacto de San Sebastián. Esto alarmó al también Gobierno provisional madrileño que mandó viajar a dos ministros a Barcelona para buscar soluciones. El resultado fue el acuerdo de elaborar un texto de Estatuto que debería ser ratificado por la población catalana y sancionado por las Cortes españolas. Maciá aceptó el estatutismo como marco de relaciones de la República Española con Cataluña y emplazó el contencioso federalista a la futura voluntad popular tanto española como catalana manifestadas en las elecciones a Cortes Constituyentes.

Tras una serie de decretos, el Gobierno de la Generalitat estaría autorizado a resolver, también por decreto, todas las cuestiones de interés para Cataluña que durante este periodo de interinidad no estuvieran reservadas al Gobierno Provisional de la República, y podrían incluso requerir el auxilio del Ejército.

El proceso de elaboración del denominado Estatuto de Núria fue rápido, y se adaptó al procedimiento acordado en el Pacto de San Sebastián. La clara victoria de la coalición liderada por Esquerra en las elecciones parlamentarias del 28 de junio de 1931, donde obtuvo 35 de los 53 escaños de la región, preparó sin duda el éxito del referéndum estatutario. El Gobierno Provisional de Madrid intentó retrasar la aprobación del Estatuto hasta la reunión de las Cortes Constituyentes, pero la Generalitat se adelantó a los acontecimientos. Con mínimas excepciones, el texto fue aprobado por unanimidad o por aclamación en los distintos ayuntamientos y fue sometido a referéndum de la población masculina (la mujer no votaba aun) catalana el 2 de agosto de 1931 que aprobó el Estatuto masivamente. Las Cortes españolas se vieron forzadas a respetar políticamente el resultado del plebiscito o modificarlo según el tenor de la nueva Constitución, que como es sabido no tuvo alcance federal.

Una vez que la Generalitat declaró aprobado el Estatuto, una delegación encabezada por Maciá entregó el texto al presidente del Gobierno Provisional , y el 18 de agosto de 1931 el Estatuto de Núria fue presentado ante las Cortes para su debate como ponencia del Gobierno de la República. Las negociaciones y debates para encajar este Estatuto de máximos en la Constitución republicana fueron muy difíciles. Las sesiones duraron hasta el 9 de septiembre de 1932, y vinieron marcadas por el obstruccionismo de la derecha, las críticas de intelectuales como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, y las reticencias de los socialistas, nada motivados por la cuestión catalana. Los puntos más debatidos fueron la lengua oficial, la enseñanza (el castellano era de estudio obligatorio), la autonomía judicial, el control del orden público, la potestad legislativa de Cataluña, la hacienda y la aplicación de la legislación social.

La recomposición de muchos artículos del proyecto permitió sortear gran parte de las enmiendas presentadas. La campaña generalizada de las derechas españolistas en contra del Estatuto fue intensa: desde 1931 se habían organizado boicots de productos catalanes. Por su parte, amplios sectores del catalanismo protestaron por la lentitud de la tramitación y las modificaciones que se iban produciendo. Maciá recibió más de 350.000 tarjetas reclamando que el Estatuto entrase en vigor sin ningún retoque, y el 24 de abril de 1932 miles de personas se manifestaron en idéntico sentido por las calles de Barcelona.

Para tratar de superar estos problemas, Azaña pronunció un discurso que se basó en la discusión simultánea del Estatuto y de la Ley de Reforma Agraria, consiguiendo que los 36 diputados de la izquierda catalanista apoyasen la Reforma Agraria y los 115 socialistas no se opusieran al Estatuto. Sin esperar una reacción así, el nuevo impulso republicano conseguido tras la derrota del intento de golpe militar de Sanjurjo, permitió la rápida aprobación del Estatuto y de la Reforma Agraria el 9 de septiembre de 1932.

El proceso de transferencias fue lento, en medio de constantes tensiones. A pesar de estas dificultades, a lo largo de 1933 se traspasaron muchas competencias, y a fines de ese año se cedieron los servicios de orden público y justicia. La desaparición de los gobernadores civiles y la subordinación de la Guardia Civil a la Consellería de Governació hicieron pasar el control efectivo de las fuerzas de seguridad a la Generalitat, ante la hegemonía de Esquerra. El 6 de diciembre de 1932 fue inaugurado el Parlamento bajo la presidencia de Companys, y después Maciá fue nombrado presidente de la Generalitat.

Tras la victoria de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 1933 se fue difundiendo la imagen de Cataluña como baluarte de la República amenazada por sus enemigos. Ya en el II Congreso Nacional de Esquerra, celebrado el 7 de octubre de 1933 en la perspectiva de adelanto electoral, Maciá había hablado de la necesidad de luchar hasta las últimas consecuencias por la libertad de Cataluña, y advirtió que “si la República cau allà, la República es mantindrà, ací”.

Tras el fracaso insurreccional de Octubre de 1934 la autonomía catalana quedó en suspenso: el 8 de octubre, el coronel Francisco Jiménez Arenas asumió accidentalmente  la presidencia de la Generalitat y todos los poderes del Consell Executiu, adoptando medidas punitivas como la incautación de las recaudaciones sobre las contribuciones e impuestos del Estado y la eliminación de la inmunidad de los parlamentarios o la suspensión de empleo y sueldo a los funcionarios de la Comisaría General de Orden Público de la Generalitat, cuyas competencias volvieron al Gobierno central. Con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se normalizó la situación política con el retorno del Govern de la Generalitat encarcelado tras los sucesos revolucionarios de Octubre.

El Estatuto se mantuvo vigente durante la Guerra Civil a pesar de que sus competencias se vieron gravemente alteradas, pero sin actividad parlamentaria. A fines de octubre de 1937, el Gobierno de la República se trasladó a Barcelona, que se convirtió de improviso en la capital del Estado. Después, el 5 de abril de 1938, Franco derogó todas las facultades del Estatuto, hasta que acabó por ocupar militarmente el Principado el 10 de febrero de 1939.