CRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS TREINTA

LA CRISIS ECONÓMICA DE LOS AÑOS TREINTA

España mantuvo una posición de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, circunstancia que le permitió acumular una importante masa de capitales. La economía española  se vio afectada, pero con menor intensidad que la sufrida por los países capitalistas de nuestro entorno, como consecuencia de los enormes desequilibrios desatados por la Gran Guerra sobre las finanzas públicas. Una vez concluido el conflicto bélico de 1914-1918, en España se volvió a sus posiciones de reclusión y relativo aislamiento, aun cuando todavía se mantuviese bastante alejada de una situación de plena autosuficiencia (Aldcroft, 2001 y Boyce, 2009)

La política económica llevada a cabo durante la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) se inspiró en el modelo totalitario ensayado por las principales potencias fascistas emergentes de la Europa de entreguerras, que promovían el reiterado recurso a la autarquía y a la instauración del Estado como el principal organizador de la producción nacional. Según tal modelo, se limitó la entrada de productos extranjeros y se promocionó a las empresas nacionales y de capital patrio. También se estimuló la inversión privada y la demanda a través de la ejecución de un ambicioso programa de obras públicas, dirigido a la ampliación de la red viaria y a la mejora de las infraestructuras de transporte, la electricidad y las comunicaciones. (González Calleja, 2005a: 232-234) El citado incentivo de la inversión privada se articuló ventajosamente con los positivos efectos de la fase de crecimiento que conoció la producción mundial desde 1923 en adelante. Hacia el año 1922 se puede considerar que la recesión internacional de la posguerra remitió.

Una catástrofe financiera y especulativa de tales dimensiones provocó un efecto ruinoso sobre la práctica totalidad de la economía internacional. En este contexto histórico, el cambio de régimen que se produjo en España con la proclamación de la Segunda República en 1931 causó una inmensa convulsión en el mundo de los negocios. Los grandes empresarios que se habían  acostumbrado al bienestar de los años veinte, y que se vieron favorecidos por las políticas motivadoras de la inversión a través del gasto público llevadas a cabo por la dictadura de Primo de Rivera, acogieron con preocupación la llegada del nuevo régimen.

Los efectos sobre la economía de la Gran Depresión.

 La economía española se vio afectada, pero con menor virulencia e intensidad que la padecida por los países capitalistas de nuestro entorno, por ser la suya algo más atrasada y por estar menos vinculada al comercio exterior. Sin embargo, el cambio de régimen que se produjo con la proclamación de la Segunda República en 1931 causó una inmensa convulsión en el mundo empresarial. Los grandes industriales españoles que se habían habituado a la prosperidad de los años veinte, aceptaron de mal grado la llegada del nuevo régimen. La banca receló der nacionalizada y la burguesía rural latifundista se sintió asustada  ante el riesgo de ser expropiada tras el anuncio de la inminente promulgación de unas leyes agrarias que afectarían a la propiedad privada. Se produjo una masiva fuga de capitales y una brusca paralización de la inversión extranjera.

Este conjunto de circunstancias obligó a las empresas importantes, que subsistían gracias a las inversiones estatales, a sobreponerse a la parada en seco decretada por el Gabinete Berenguer en 1930. El sector de la construcción fue uno de los grandes afectados. La inversión en obras públicas alcanzó su cenit durante la Dictadura. El boom de la edificación que se prolongó durante la segunda mitad de los años veinte, dio paso a la creación de poderosas sociedades anónimas con recursos financieros propios —tales como Agromán, Fierro o la toledana Sacristán Hermanos—, plenamente capacitadas para emprender los costos proyectos de obras públicas encargados por las administraciones estatales.

Sector de la construcción en Toledo

La grave crisis sufrida por el sector de la construcción durante los años del régimen republicano vino precedida de la drástica paralización del extenso plan de obras públicas que había puesto en marcha la dictadura de Primo de Rivera en su etapa final. La rigurosa restricción sufrida por la falta de obras se vio agravada por el incremento de los costes sociales que encarecían la mano de obra.

En la provincia de Toledo la sociedad más afectada fue Sacristán Hermanos S.A. Quintín Sacristán, presidente de dicha constructora, gozaba de un gran prestigio en este sector industrial. Su grupo empresarial competía a nivel nacional con otras grandes sociedades y desplazaba semanalmente desde Santa Olalla a Madrid más de 200 obreros locales que edificaban viviendas castrenses, iglesias o conventos en la capital. Como la familia Sacristán estaba muy bien relacionada con la aristocracia, la burguesía y el clero, había logrado una licencia, a nivel nacional, para construir viviendas de militares en toda España, merced al apoyo que le dispensaba el general Leopoldo Marín Saro.

La brillante trayectoria empresarial de Quintín Sacristán, a lo largo de la última década de la Monarquía de Alfonso XIII, tuvo como reconocimiento institucional la medalla del Trabajo concedida el 18 de mayo de 1930 de manos del ministro. El acto de entrega se celebró en los exuberantes jardines del restaurante La Bombilla, en Madrid. A tal evento asistieron unos 1.000 comensales, entre ellos el alcalde de Madrid, así como el conde de Santa Engracia y casi 800 obreros. A estos trabajadores se refirió el homenajeado en su discurso fin de fiesta, haciendo una petición al Gobierno para solucionar la crisis laboral.

Varios años antes, en 1923, Julián Sacristán Sánchez, hermano de Quintín, debutó como torero en la plaza de Vista Alegre, para tomar la alternativa meses después en el ruedo de Valencia, de manos de Marcial Lalanda. Pero sus comienzos tuvieron lugar en  el coso de Villena (Alicante), donde trabajó construyendo un esplendoroso casino. Después, en 1927, debutaría su hermano, Natalio, en Barcelona, quien solo llegó a novillero. Todos ellos, junto con Isidoro y Serafín, eran socios de la citada empresa familiar de construcción.

No todos los miembros de la familia Sacristán apoyaban las decisiones políticas de Quintín, entre ellas, la de afiliarse a un partido de nueva creación cuyo ideario distaba mucho, sobre todo en el aspecto religioso, ajeno al sentimiento del clan de empresarios y toreros. Pero las directrices económicas las marcaba siempre Quintín, con una intuición innata para los negocios, bajo la premisa de que las grandes obras de cuarteles, conventos o cementerios, se contrataban mejor cerca de los despachos ministeriales. Debido a ello Quintín Sacristán decidió acercarse a una formación política de nueva creación plagada de intelectuales y empresarios: el Partido Republicano Radical Socialista (PRRD).

Todo cambió con la instauración de la Segunda República en 1931 para esta estirpe de constructores y toreros. El conjunto de los contratos castrenses que le habían sido adjudicados en el anterior régimen fueron suspendidos por el nuevo gobierno republicano. Las edificaciones ya iniciadas en Zaragoza y Valencia quedaron paralizadas, y la boyante empresa quebraría, con la consiguiente repercusión laboral entre los obreros de la villa. La llegada de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, causó una inmensa conmoción en el mundo empresarial. Los grandes industriales, como la saga de los Sacristanes, que se habían acostumbrado a la prosperidad de los años veinte del siglo XX y que se vieron favorecidos por las políticas incentivadoras de la inversión a través del gasto público llevadas a cabo por la Dictadura de Primo de Rivera, acogieron de mal agrado el advenimiento del nuevo régimen republicano. Sin embargo, lejos de seguir el ejemplo de viejos y rancios empresarios monárquicos, Quintín y Julián se acomodarían al nuevo régimen republicano, si bien, años después acabarían reconvirtiéndose en jefes de Falange.

Sector agrario

El sector agrario fue un los grandes afectados por la crisis económica que originó la Gran Depresión. La agricultura española continuaba instalada, hacia la década de los años treinta del siglo XX, sobre una demasiada subordinación en torno a los cultivos tradicionales como el cereal. Otro problema era el retraso en la mecanización de las labores, los bajos rendimientos y la escasa competitividad frente a los trigos extranjeros. Hacia comienzo de los años treinta se había conseguido una capacidad de autoabastecimiento, lo que no impedía el frecuente recurso a la importación en los años de malas cosechas. Por el contrario, en aquellos otros de demasía, el trigo se almacenaba en los graneros, desencadenándose una intensa caída de precios. Las fuertes variaciones del precio del trigo en el mercado nacional provocaron grandes disputas entre agricultores e industriales. Estos últimos reclamaban una liberalización de las importaciones, a fin de conseguir su abaratamiento.