Arcicóllar en la Guerra Civil

ARCICÓLLAR.

           La gran mayoría del pueblo español dependía de la agricultura para vivir, pero ni siquiera la Reforma Agraria pudo solucionar el problema de los campesinos sin  tierra. Sólo un desarrollo industrial rápido habría podido absorber a los parados rurales, pero no ocurrió así. Por este y otros motivos, la Segunda República de 1931 nació de una serie de circunstancias especialísimas: una larga crisis política y la conjunción de problemas económicos internos con la depresión mundial.

El 14 de abril de 1931 el rey Alfonso XIII hizo las maletas para el exilio y el pueblo vitoreaba a la República a los sones de la Marsellesa y el Himno de Riego. Por todas las mentes pasaba el recuerdo de la Revolución Francesa y como contraste, los republicanos españoles señalaban orgullosos el hecho de que al rey lo hubiesen dejado de marchar en paz.

Como en algunos pueblos de la comarca, en Arcicollar ondeó la bandera tricolor en el balcón de un Ayuntamiento cuyo alcalde venía de gobernar en el régimen caduco: Eugenio González Serrano. Junto con Críspulo Martín Caro Sánchez, último primer edil de la monarquía, y el patrón Martín López Agudo, entre otros, ganaron las poco transparentes elecciones del 12 de abril de 1931. Ocurrió que en los pueblos pequeños las votaciones no tuvieron un marcado cariz político, sino más bien administrativo. De ahí que en muchos Ayuntamientos los concejales fueran nombrados por el artículo 29 de la ley electoral.

Por estas y otras razones de fraude electoral se convocaron nuevos comicios municipales, a celebrar el 31 de mayo de 1931, en aquellos Ayuntamientos en los que se habían producido irregularidades. Ante el aluvión de reclamaciones presentadas, el ministro de Gobernación Miguel Maura, decidió el nombramiento de comisiones gestoras provisionales.

En esta nueva convocatoria electoral, los viejos monárquicos de Arcicollar  ya si tuvieron como rivales políticos a la candidatura republicana-socialista que, después de tantos años de dictadura, también aspiraban a aproximarse a la Corporación. Pero su líder, Eugenio Pantoja Moreno, militante del PSOE, era aún inexperto. Ignoraba los entresijos de la política municipal porque durante la anterior etapa absolutista no tuvo oportunidad de acceder al Ayuntamiento.

Sin embargo, éste jefe de la izquierda local, junto con su hermano Félix, y el  cuñado Gervasio Sánchez Sánchez, pronto fundaron  la Sociedad Obrera “El catorce de abril”, desde la cual alcanzarían fracciones importantes de poder municipal. Como la mayoría de estas asociaciones obreras estaban encuadradas dentro de sindicato U.G.T. y fueron impulsadas en la provincia por el diputado socialista Domingo Alonso. La afiliación a las mismas era casi obligatoria para los jornaleros del campo porque gestionaban la Bolsa de Trabajo. Pero también los propietarios estaban incorporados a la Sociedad Patronal de Labradores, fundada meses después por Críspulo Martín Caro y Quintín Agudo.

Ignoramos las causas que tuvo el Gobernador para sustituir en su cargo de alcalde a Emilio González Serrano, pero por referencia de otros pueblos de la comarca, podemos interpretar que se debió al empuje que la Sociedad Obrera  ejercía sobre un Ayuntamiento que no se adaptaba a las normas de la Reforma Agraria. La transcripción de esta misiva remitida por los jornaleros al Ayuntamiento, el 9 de septiembre de 1931, nos ayuda  esclarecer el relevo:

 

“Señor alcalde: Con el debido respeto pongo en su conocimiento que no siendo aprobadas las bases de trabajo que fueron presentadas en este alcaldía el pasado día 8 de septiembre, y a petición de la asamblea de la Sociedad Obrera “El catorce de abril”, presidida por Manuel Gallego, le hago saber que el próximo día 14 está acordada la huelga general para los trabajadores del campo, pastores y similares de esta localidad de Arcicóllar.

También hago constar nuestra protesta unánime porque el alcalde favorece al patrón Carlos Saavedra. También denunciamos a Críspulo Martín Caro por pagar a los obreros menos precio de los firmado en las bases”

 

Ya en el mes de enero del 1932 aparece como primer edil el socialista Eugenio Pantoja Moreno, “El Bicha”. Era de profesión zapatero, natural de Bargas, y afiliado a U.G.T. Ostentó dicho cargo  durante la mayor parte del periodo republicano (1932-1936), a excepción del intervalo del gobierno de la CEDA. A partir de este momento, el bargueño tenía todo el poder municipal en sus manos, rivalizando con los amos Críspulo Martín Caro,  Felipe López García, Casimiro Salazar Ventero y Carlos Saavedra, entre otros.

El ministro de Trabajo, Largo Caballero, fue muy criticado por la derecha, y por los comunistas, con la implantación del decreto de Términos Municipales de 28 de abril de 1931. Le acusaban de favorecer a la UGT y a su filial agraria, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) y hacer del sindicato socialista una agencia de colocación encubierta.

Toledo era una provincia de acentuados contrastes sociales y económicos, de latifundios y grandes terratenientes. En Arcicollar, la duquesa de San Carlos, María Luisa Carvajal de Dávalos, era una de las mayores titulares de suelo agrícola, junto con Antonio Vélez Fernández.

De las reformas emprendidas durante el primer bienio republicano, sólo la reforma agraria excede en importancia a la cuestión religiosa(o clerical, si se prefiere). Los pueblos de toda España en general vivieron inmersos en una exasperada protesta social. Las huelgas fueron más duraderas y violentas. La intensa tensión, que muy pronto existió en el ambiente social de estos primeros años treinta, obedeció a la expectativa de soluciones inmediatas que se esperaban de la República.

El conjunto de las disposiciones que Largo Caballero llevó a término al frente del Ministerio de Trabajo estaban ya en plena ejecución al finalizar el verano de 1932, siendo el decreto de Jurados Mixtos de 7 de mayo de 1931 la norma que más afectó a Arcicollar. Era un precepto  de suma importancia que se convirtió en objeto de la resistencia patronal y del conjunto de la derecha española, porque regulaba las condiciones de trabajo en la agricultura.

También el decreto de laboreo forzoso, de 7 de marzo de 1931, fue origen de multitud de conflictos entre patronos y trabajadores de Arcicóllar. Esta nueva disposición del Ministro de Trabajo fue muy polémica también. Optimizada e intensificaba los recursos agrarios, tanto materiales como humanos, y creaba instituciones de vigilancia de los denominados “usos y costumbres de un buen labrador”. Dicho control se llevaba a cabo a través de Comisiones municipales de policía rural formadas por la paridad de los intereses de patronos y jornaleros.

A través de esta norma se obligó a los propietarios a realizar todas las labores propias de un buen cultivo, evitando que dejasen de labrar la tierra. La corporación derechista de Escalona se inhibió de las pretensiones de los obreros de la localidad que solicitaban autorización de los patronos para rebuscar frutos ya cosechados, aunque “sólo fuera durante el mes de agosto”. Situaciones parecidas, con mayor o menor permisividad, ocurrieron en localidades como Gerindote, Val de Santo Domingo y Barcience.

Fiel reflejo de esta ley fue la denuncia formulada por los representantes de los jornaleros de Arcicólar:

 

“El señor Casimiro Salazar, mayordomo de Antonio Vélez Fernández de la Torre, se niega a abonar 36 pesetas,  a razón de 4,50 pesetas jornal, que fuimos a trabajar sin mandarnos porque vimos que había laboreando mujeres y había muchos hombres en paro. Y ante la mala fe de dicho capataz, pues cuando llevábamos media hora trabajado nos mandó cargar la camioneta”.

 

En el acto del juicio el señor Casimiro afirmó que no estaba dispuesto a pagar los jornales porque ese día tenía suficiente mano de obra en su propia casa para escardar la remolacha y le rogó a los trabajadores que no entraran en su finca, aunque luego les ordenó acarrear la camioneta. Siendo esta contradicción la que motivó que la sentencia dictada por el juez municipal, directivo de la Sociedad Obrera “El catorce de abril”, estimara las pretensiones de los jornaleros porque legalmente las mujeres no podían prestar ese trabajo.

El Ministro de Trabajo, Largo Caballero, intentó atajar el problema agrario con el decreto de Arrendamientos Colectivos de 19 de mayo de 1931. Se establecía que las sociedades obreras legalmente constituidas podían concertar un contrato de arrendamiento colectivo, recibiendo ayudas económicas y técnicas. El diputado católico por Toledo, Dimas de Madariaga, atacó esta norma en una carta abierta al ministro de Economía en el periódico El Castellano:

 

“No se ocultan al señor ministro los problemas de la agricultura como consecuencia de la escasez de cosechas, bajo valor de los productos y aumentos de los jornales que se han sucedido en los últimos meses. Por si ello fuera poco, el decreto que sobre arrendamientos dictó el ministro de Justicia ha empeorado aquella situación

 

En Arcicóllar esta disposición obligó a la duquesa de San Carlos a arrendar sus fincas por lotes a los afiliados a la Sociedad Obrera “El catorce de abril”. También se acordó por el Ayuntamiento socialista que la finca comunal, “El Prado Tejar”, fuera explotada desde el 17 de octubre de 1932 a través de una colectividad agraria formada por la Sección Filial de la Sociedad Obrera. Dicho contrato dio lugar a un procedimiento judicial cuyo resultado luego se comentará, para seguir un orden cronológico de los acontecimientos.

             El nuevo gobernador de Toledo, Manuel Asensi Maestre, tomó posesión de su cargo con  un nuevo conflicto: el asalto de la finca El Alamín. Fue perpetrado por un grupo de más de cien jornaleros armados con escopetas y hoces, vecinos de Portillo de Toledo, capitaneados por Mariano Mora López. Para su contención fue precisa la concentración de las fuerzas de la Benemérita de Méntrida, Almorox, y Santa Cruz del Retamar. Ese día 27, de septiembre de 1931, se detuvieron 70 personas que fueron puestas en libertad ante el temor de amotinamientos en pueblos vecinos. Esta misma finca, propiedad del duque de Güel, también fue asaltada al mes siguiente por obreros de Almorox. Aquellos incidentes fueron muy censurados por los socialistas, porque se daba la circunstancia de que la extensa finca era explotada en arrendamientos colectivos por numerosas familias modestas, perteneciente a las sociedades obreras de Méntrida, La Torre de Esteban de Hambrán, Santa Cruz del Retamar y Quismondo.

La prensa socialista criticaba en portada al citado gobernador y a la actitud de la Guardia Civil:

 

A los campesinos que se les ofrecieron pan y cultura con la República, hasta ahora no se les ha dado más que encarcelamientos y balazos. Los campesinos, que están hambrientos, van a terminar con su hambre a tiros y a sablazos de la Guardia Civil. ¿Terminará esto algún día? ¿Vendrá alguna vez un Gobernador que haga  comprender a la Guardia Civil que su misión no tiene por objeto la caza del hombre? ¿O es que, como ahora ya no cazan los aristócratas, este deporte se le ha encomendado a la Guardia Civil?

 

Este artículo era contestado por El Castellano a través de su corresponsal de La Puebla de Montalbán:

 

Siempre la Guardia Civil, desde que la fundara el Duque de Ahumada, ha sido objeto de hostilidad por parte de los transgresores de la ley. Es natural que la combatan aquellos cuyos designios encuentran el obstáculo de la  legalidad defendida fielmente por un Cuerpo que es esclavo de su deber. Ahora la hostilidad se ha extendido a otro género de infractores que, como aquellos otros delincuentes de toda la vida, la ultrajan y calumnian. La Guardia Civil, ahora como siempre, ha defendido el derecho de propiedad y no puede permitir que las haciendas de los ciudadanos pacíficos sean violentadas como está ocurriendo recientemente en nuestra comarca.

 

El Gobierno de la República supeditó la propiedad de la tierra a una función social provocando graves enfrentamientos. La promulgación de las citadas leyes fue un intento de pacificar la lucha de clases existente en España y especialmente en nuestra provincia.

Con la llegada de los Jurados Mixtos al campo, el gremio de los gañanes, sumiso a la casa de labor desde la corta edad en que entraba a trabajar, cambió considerablemente. Había dos tipos de gañanes: ajustados y diarios. La fecha de contratación de los primeros solía hacerse al iniciarse el año agrícola, es decir, para San Miguel (29 de septiembre). La contratación o ajuste del gañán consistía en la manutención más una participación en la siembra. Un propietario con una labor de ocho o más pares de mulas necesitaba tres tipos de gañanes: un mayoral, un ayudador y uno o varios zagales. Solían dormir en los camastros de las cuadras con las mulas.

Al entrar en vigor esta nueva norma laboral la contratación de este tipo de jornaleros cambió. La nueva legislación obligó al descanso nocturno, días de permiso, jornada de ocho horas. La representación patronal se reunió para protestar contra los acuerdos citados, argumentando que tal y como estaban cotizando los pocos productos agrícolas recolectados ese año no se podía sostener la situación. He aquí como lo narraba el periódico católico El Castellano:

 

Parte de la siega de cebadas y leguminosas ha quedado en pie, sin poderse recolectar, porque la falta de rendimiento de los obreros y lo limitado de la jornada, ha dado lugar a que el fruto se pase sin poderse recoger. Las tarifas de los jornales en aquel año en nuestra comarca, pactados por el Jurado Mixto de Talavera, eran las siguientes: En primavera, gañan eventual, 3,50 pesetas; mujeres y chicos, 2 pesetas; y en verano, el segador percibía 7 pesetas; los atadores de 4 segadores, 7 pesetas y los atadores de 3 segadores, 5 pesetas.*(El Castellano 22 julio 1932).

 

También en Arcicóllar las controversias eran continuas. En una de ellas, el patrón Quintín Agudo Álvarez fue denunciado por contratar a un “gañán ajustado para hacer tareas de arado de tierras y ser empleado en varear aceitunas, siendo que hay obreros parados para esta última faena”, se decía textualmente en la acusación inicial del presidente de los jornaleros.

La actividad de los braceros arcicollanos contra sus patronos era incesante durante aquel primer bienio. En otra denuncia, presentada ante la alcaldía contra Julio Sánchez Villaluenga, “por tener empleados obreros en la correduría del vino, sin ser de su competencia dicha actividad”, se le impuso una multa de 30 pesetas por ser reincidente. En otra ocasión, el propio alcalde socialista fue quien reclamó a Casimiro Salazar Ventero su incumplimiento laboral por contratar a un menor de 14 años.

En otra ocasión la reclamación laboral se interpuso contra el fundador la sociedad de patronos, Críspulo Martín Caro, que fue condenado a pagar 75 pesetas de multa por contratar obreros alterando el orden de la Bolsa de Trabajo. Era culpado de incumplir la base primera del Jurado Mixto que obligaba a ocupar jornaleros que salieran del Registro de Colocación.

Pero el mayor enfrentamiento entre Ayuntamiento y patronal se produjo el 6 de abril de 1932. En este día Arcicóllar fue noticia de primera página de la prensa provincial con un suceso anunciado así:

 

“En una reunión en la que se negociaban las bases de trabajo, un patrón disparó  sobre un grupo de vecinos y deja heridas a tres personas, entre ellas el alcalde de la localidad y su hermano”.

 

Ocurrió que en la terminación de una de estas asambleas laborales, en la puerta del Ayuntamiento, en presencia del delegado gubernativo, los participantes salieron a la calle y uno de los propietarios, Martín López Agudo, se alarmó al ver a un nutrido grupo de obreros esperando el resultado de las negociaciones. Este patrón requirió al alcalde socialista que garantizase su seguridad personal y la de sus compañeros. El primer edil aceptó y requirió al público, con su bastón de mando en mano, para que se disolviese la multitud entre las que se encontraban mujeres y niños.  Mientras tanto, el señor López Agudo, muy excitado, volvió al Consistorio, donde aún se encontraba el presidente de la Patronal, con el que dialogó unos momentos. Acto seguido, empuñando una pistola, salió a la calle para hacer fuego contra las personas que aún quedaban en la puerta. De manera inmediata llegó al Guardia Civil que realizó varios disparos al aire para acabar de dispersan a los manifestantes.

El alcalde socialista, Eugenio Pantoja Moreno, con herida de bala en el muslo,  su hermano Félix, con fractura del fémur por orificio de bala, y el cuñado de ambos, Gervasio Sánchez Sánchez, presidente de la Sociedad Obrera, con rotura de tibia, fueron trasladados a Toledo. Este último quedó ligeramente cojo para toda su vida.

Sin embargo, la versión que la esposa del agresor, Emilia Agudo López, daba a los Tribunales Militares que juzgaron a los tres heridos al acabar la guerra fue muy diferente: “Mi marido hizo uso de la pistola en legítima defensa, dejando cojo a Gervasio. Pero después fue objeto de continuas amenazas hasta que, una vez estallada la guerra, fue asesinado por aquel”. Sin embargo, según la prensa católica no existió defensa propia alguna por parte del autor de los disparos del que afirmó estar “afiliado a un partido radical”. Para el periódico católico “El Castellano”, el culpable debió actuar con mayor serenidad, como lo hizo el delegado gubernativo y demás autoridades presentes, a pesar de que la multitud estuviera crispada.

A finales de enero de 1933 se constituyó en Arcicóllar una nueva una nueva junta de patronos y obreros, bajo la presidencia del alcalde, Eugenio Pantoja, ya recuperado de las heridas. Acordaron “que la jornada de los trabajadores de azadón y demás faenas sería de seis horas, a razón de 4,95 pesetas por día. Además, según el Jurado Mixto de Talavera, se recuerda que la hora de entrada es a las 8 horas y disfrutando de dos horas para comer y siesta”.

El alcalde seguía quejándose ante el Gobernador de la mala fe de los patronos por no acudían a la Bolsa u Oficina de Colocación Obrera, y “no me hago responsable de lo que ocurra desde este momento”, decía Manuel Gallego, presidente de la Sociedad Obrera “El catorce de abril”, en una carta remitida a la autoridad de Toledo, en febrero de 1933. Días después, en otro escrito, comunicaban la detención del patrono Carlos Saavedra por no comparecer en el Ayuntamiento a las llamadas para solucionar el paro obrero. Pero la respuesta del Gobernador al ilegal arresto no se hizo esperar, haciendo saber que cada uno se haría responsable de los excesos en sus atribuciones:

 

“A pesar de mi comunicación de 15 de febrero de 1933, relativa a la detención del señor Saavedra, ha insistido esa alcaldía en seguir practicándolas. Y como ello, además de las responsabilidades en que puede incurrir, es solo exigible por los Tribunales de Justicia, espero de Vd. que se abstenga de realizar actos de esa naturaleza que redunden en perjuicio del cargo que tengo el deber de vigilar y que se ejercite con la debida imparcialidad”.

 

Los jornaleros arcicolleros deciden hacer una huelga, ante la falta de protección de las autoridades provinciales con respecto a las pretensiones de aquellos. Así, el presidente de la Sociedad Obrera, Manuel Gallego Yuncos, comunica al Ayuntamiento:

 

En sesión celebrada el 6 de junio de 1933, se acordó ir a la huelga general de obreros del campo, por no cumplir los señores patronos de esta localidad con la legislación social.

 

 

Desde la elecciones  generales del 19 de noviembre de 1933 hasta las celebradas el 12 de febrero de 1936.

 

El periodo que transcurre entre septiembre de 1933, al producirse la crisis de la colaboración socialista en el Gobierno republicano, con la radicalización caballerista, y el final de la guerra civil es el más complejo y conflictivo de la historia del socialismo español en el siglo XX. Largo Caballero tendría en esta escabrosa historia un papel muy relevante. El caballerismo también constituiría con posterioridad el núcleo duro de la repulsa a renovar la alianza republicana con el republicanismo burgués si no era bajo estrictas condiciones particulares. Para la mayoría de autores, la contraposición entre democracia y revolución parece considerarse como real, aunque con matizaciones, en la política a seguir por el líder socialista.

Con esta nueva fase de la estrategia socialista en la Segunda República nos aproximamos a las nuevas elecciones generales. La crisis real del Gobierno se produjo el 8 de junio de 1933. Azaña presentó su dimisión del Gabinete. El momento de abandonar el poder se acercaba.

La aclamación al Lenin español se produjo en todos los mítines de la campaña electoral con alusiones a la llamada dictadura del proletariado. Fueron los primeros comicios en que se ejerció el voto femenino.

Entre los mítines preelectorales en la comarca de Torrijos hay que destacar el celebrado por la derecha toledana en el Palacio Ducal de La Puebla de Montalbán. El grandioso patio y las galerías circundantes rebosaron de público para escuchar los mensajes que los candidatos Molina Nieto y Félix Avia dirigían desde una ventana, junto con el político local señor San Miguel. Previamente, habían celebrado otro acto en el Teatro Principal de Escalonilla. Mientras, el mismo día, su compañero de partido, Dimas de Madariaga, hacía lo propio en Torrijos, compartiendo mesa con el presidente del comité local de la localidad, señor Sandoval. Pero fue en Huecas donde el líder político de Acción Popular fue recibido con mayor entusiasmo gracias a la labor del médico local, Antonio Téllez.

El Comité de Acción Popular de Huecas se constituyó, el 28 de enero de 1933, en un acto celebrado en el salón de baile de Lorenzo Delgado. Meses después, en ese mismo local de la calle Largo Caballero, se protagonizaron varios mítines de dicha formación política a los que asistieron sus candidatos llegados de Toledo.

La campaña de aquellos comicios fue dura y con graves ataques injuriosos a través de la prensa. En la portada del periódico socialista El Heraldo de Toledo, se podía leer un anuncio de gran tamaño:

 

Trabajador, frente al descarado intento de régimen de fuerza que pretende llevar a cabo el desaprensivo Gil Robles y su pandilla de bandidos de guante blanco, expresa el día 19 tu protesta enérgica de tales propósitos. Si tu alma siente el ideal de reivindicación de tu clase, el voto a favor de la candidatura socialista será el arma más poderosa para deshacer los planes criminales de la reacción.

 

Los comicios de 1933 son ganados por el centro derecha con holgada mayoría. Sus esperanzas se centraban en la C.E.D.A., liderada por Gil Robles, el primer partido católico de masas en España y gran vencedor de las elecciones, aunque la formación de Gobierno le correspondió a los “radicales” de Lerroux. Éste se daba cuenta, como apuntó Salvador Madariaga, de la importancia de la Iglesia y del Ejército en la vida española y se dispuso a reconquistar esas dos fuerzas. Esa rectificación era necesaria, e incluso obligada, a la vista de los resultados de noviembre de 1933.

La pérdida de apoyo electoral de los partidos republicanos, principalmente Acción Republicana de Manuel Azaña, se dejó notar. Pasó de 26 a 5 diputados. El propio Azaña estuvo a punto de quedarse sin escaño en el distrito de Bilbao. La herencia de Casas Viejas le había pasado factura.

En la comarca de Torrijos, y la provincia de Toledo en general, triunfó la derecha con absoluta nitidez. La candidatura socialista solo ganó en las siguientes localidades: Calera, Cazalegas, Gerindote, Malpica, Maqueda, Novés, Portillo, Santa Cruz, Quismondo, Rielves y Villamiel. En el resto de pueblos de nuestra comarca la vencedora fue la derecha de Acción Popular, siendo significativa la abultada victoria en La Puebla de Montalbán, donde casi duplicó a la suma del resto de candidaturas. Por el contrario, en Gerindote y Calera, la lista socialista fue la más distanciada de su contrincante en toda la provincia de Toledo.

 

Crítica fue también la actuación socialista al no saber encajar su derrota en la provincia. El citado periódico encabezaba así su artículo:

 

            ¿Triunfo de las derechas? Saludamos a Toledo emocionados porque ha salido del arbitrario de las instituciones arcaicas. Porque suponemos que se habrán enterado los toledanos que en la capital ha triunfado la izquierda. Candidatura marxista: 5.742 votos; Candidatura cavernícola: 4.738 votos. Aquí en la cuna del clericalismo, han sido derrotados los clericales. Por eso saludamos a Toledo republicano-socialista. ¡Y pensar en el derroche de dinero y prendas ofrecidas a los electores! Aquí es donde se puede apreciar la voluntad del pueblo, donde no se puede coaccionar a las clases humildes, ni tomar con ellas represalias de las que abundan en los pueblos rurales. Todos los partidos en contubernio cínico y asqueroso contra el Partido Socialista, y nosotros afrontamos la lucha, que en definitiva ha sido un triunfo.

 

           Tras las citadas elecciones generales, el ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, en su ofensiva generalizada de debilitamiento del poder local socialista, destituyó a parte de los Ayuntamientos constituidos en verano de 1931 y meses posteriores. Pero en Arcicóllar no llegó dicho cambio de alcalde hasta el 3 de abril de 1934, en la persona del cedista Felipe López García, de cuyo triste final después  hablaremos. Tanta demora en el cambio obedeció a la negativa de Eugenio Pantoja a abandonar su cargo. Por ello, el Gobernador nombró como Delegado a Manuel Gómez Espinosa para que instruyera un expediente de separación definitiva del primer edil y sus concejales.

Con este esperado cambio político, la patronal aprovechó la suspensión de las mejoras conseguidas por los obreros en el primer bienio republicano, sobre todo con la derogación de la ley de Términos. Los socialistas toledanos se opusieron con rotundidad a la nueva libertad de los patronos para contratar mano de obra de cualquier localidad. Antes de su aprobación el Heraldo de Toledo decía:

 

A todos los camaradas de la provincia de Toledo. Con la posible supresión de ley de Términos municipales tenemos condenadas al hambre a 12.000 familias en plena recolección. ¡Y ahora se pretende dejar en libertad al caciquismo para que agudice la cruel persecución! Eso no puede ser y no será, porque la gente no está dispuesta a morirse de hambre. Por ello pedimos un pequeño plazo a nuestros camaradas, hasta ver lo que acuerdan los hombres que tienen sobre sí la gravísima responsabilidad del momento que vivimos.*(Heraldo de Toledo. Noviembre 1933).

 

 

También la ley de Jurados Mixtos se aplicó de forma diferente en Arcicóllar a partir de ese momento. Ahora las resoluciones serían más benévolas para los patronos. También se produjeron venganzas y ajuste de cuentas de la etapa anterior gobernada por la Sociedad Obrera “El catorce de abril”, cuyos afiliados sufrieron un claro deterioro de sus derechos. También su líder, Eugenio Pantoja, pasó a su segundo plano de la política municipal ocupando el cargo de concejal.

                Pero a partir de este momento se produciría un acontecimiento que habría de venir a complicar más la situación política en España. Sería la huelga campesina de junio de 1934, puesta en marcha por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Se fundamentaba en el agravamiento de la situación del campo, la falta de trabajo y la necesidad de establecer un “turno” para contratar jornaleros. La rebeldía campesina se convertía, por tanto, en un problema global.

El día 6 de junio, en efecto, se generalizó la huelga para conseguir que los jornales no fuesen inferiores a los anteriores. Comenzó en 38 provincias y afectó a más de 700 municipios. En la provincia de Toledo, existen pocos datos oficiales de la misma, máxime cuando el diario de mayor difusión trató de minimizarla. En efecto, El Castellano escribía que solo afectaba de manera general a cinco pueblos(Los Cerralbos, Yuncos, Rielves, Navalcán y Los Yébenes) y a otros 17 de forma parcial. Reseña que en Santa Olalla se produjeron enfrentamientos con la Guardia civil.

La única noticia que tenemos de estos acontecimientos en Arcicóllar es la detención de su exalcalde, ahora concejal, Eugenio Pantoja. Ocurrió el 10 de junio de 1934 a manos de la Guardia Civil, que cumplía órdenes del Gobernador de la provincia. Meses después, el nuevo alcalde, Felipe López, remitió a éste un informe que le había sido requerido desde Toledo:

 

“Felipe López García, alcalde del Ayuntamiento de Arcicóllar, procede a informar sobre la conducta del vecino Eugenio Pantoja Moreno, natural de Bargas, de profesión jornalero, casado, afiliado a la Casa del Pueblo, de matiz político socialista:

Que el referido individuo ha desempeñado el cargo de alcalde y durante su actuación se ha significado por hacer uso de su puesto para fines revolucionarios. Y abusando de su autoridad ocurrieron los sucesos del 6 de abril de 1932.

Al cesar de presidente, con fecha 3 de abril de 1934, siguió molestando a las autoridades actuales y el día 17 de junio, el señor Pantoja recriminó a la Corporación estar compuesta de anarquistas, pretendiendo imponerse al señor alcalde que suscribe, para que le entregara las insignias el cargo de cuando fue primer edil. Con este incidente tuvo lugar la detención del referido señor Pantoja.

Así mismo, y al hacerme cargo de la administración municipal, se han observado que ha llegado a disponer de fondos y a denegar pagos de la mayoría de las obligaciones municipales”.

 

 

           La huelga campesina de junio de 1934 fue un fracaso en toda la provincia y no se consiguieron las mejoras económicas deseadas. Además fueron detenidos los dirigentes políticos que habían intervenido, así como a sus afiliados. Los militantes socialistas y sindicalistas pertenecientes a la FETT fueron discriminados en toda la provincia tras la huelga de junio de 1934, y más aún tras los sucesos que a continuación relatamos.

Nos referimos a la huelga-insurrección de octubre de 1934, que se ha considerado como el momento culminante de toda aquella deriva hacia la radicalización del PSOE y su líder Largo Caballero, emprendida desde 1933. Pero como en Arcicóllar no tenemos información de cómo repercutió en la población, nos remitimos a lo sucedido en otras  localidades cercanas (como La Puebla de Montalbán) para evitar reiteraciones.

Sin embargo, lo que sí se ha podido constatar documentalmente es la nueva política agraria seguida por el Ayuntamiento de derechas. Ahora, se invierten las funciones del primer bienio, y el entonces controvertido Casimiro Salazar Ventero ahora pasa a desempeñar la función de juez municipal. Por el contrario, la Sociedad Obrera “El catorce del abril” es requerida en multitud de ocasiones para hacer efectivos pagos atrasados de costas judiciales, llegando incluso a soportar la subasta de varios quintales de trigo de su propiedad.

En cuanto al arrendamiento colectivo de la finca municipal El Prado Tejar, que explotaba una comunidad agraria de jornaleros, el nuevo alcalde Felipe López informa de las supuestas irregularidades de contratación en el año 1932:

 

“No se tomó el acuerdo del Ayuntamiento con el quorum adecuado de concejales, ni se requirió a los anteriores arrendatarios de la terminación de su contrato. Tampoco se acreditó que Manuel Gallego Yuncos fuera el legal representante de la sociedad, pues creemos que entonces lo era Eugenio Pantoja. En definitiva, fue acuerdo entre Ayuntamiento y Sociedad Obrera “El catorce de abril”, cuyos componentes y directivos eran las mismas personas; sin dejar concurrir a otra sociedad distinta de la citada”.

 

 

Esta controversia desencadenó un procedimiento judicial en el Juzgado de Primera Instancia de Torrijos. Ocurría que la Corporación había despojado de la posesión y explotación del Prado Tejar a los jornaleros asociados, bajo la denominación de Sociedad Filial de Agricultores Campesinos de Arcicóllar. El juicio se celebró el día 3 de diciembre de 1935, y la sentencia se dictó días después. El fallo, que dio la razón a los jornaleros, declaró haber lugar al interdicto de recobrar la posesión interpuesto por ellos contra el Ayuntamiento despojante, así como al pago de las costas, más daños y perjuicios.

 

 

Elecciones generales de febrero de 1936.

La interpretación que hace la historiografía del fracaso de las derechas en estos comicios, es la que las diversas tendencias internas de la CEDA imposibilitaron un pacto electoral a nivel de estado con los radicales y con los monárquicos. Pero la realidad investigada a nivel local nos muestra, sin embargo, que dicha agrupación derechista consideró más ventajoso adecuarse pragmáticamente a cada  panorama provincial, porque la provincia era la clave del sistema electoral. Gil Robles, seguro del triunfo, prescinde de algunos sectores antimarxistas, como la Falange. Como consecuencia de ello, este partido político se ve obligado a presentar candidaturas en ciertas circunscripciones como Toledo, donde se presentó su líder, José Antonio Primo de Rivera.

Las izquierdas, en cambio, escarmentadas por lo sucedido tres años atrás, logran constituir el llamado Frente Popular. Éste confecciona un programa, relativamente moderado, afirmando que sólo gobernarían con republicanos de su misma ideología; que no se nacionalizará la banca ni la tierra; que toda expropiación se realizará mediante la oportuna y justa indemnización. Además prometía intensificar la enseñanza primaria para terminar con el analfabetismo y  garantizar el orden público. Aparte de todo esto,  como primera y más urgente medida, propugnaba una amplia amnistía para toda clase de delitos políticos y sociales, especialmente para los cometidos con ocasión de los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934.

El número de electores en los 206 pueblos que comprendía ascendió a un total de 270.830, de los cuales, 15.587 correspondían a la capital. Con este número de votantes, procedía la elección de 10 Diputados a Cortes. En 164 de esas localidades triunfó la Candidatura Antirrevolucionaria de Gil Robles, y en el resto el Frente Popular de Largo Caballero y Azaña. Aunque la diferencia de sufragios no fue muy grande, en la práctica y por aplicación de la Ley Electoral, 8 fueron los diputados elegidos por Toledo de la C.A. y 2 del Frente Popular.

Desde las primeras horas de la noche del domingo se tiene la firme impresión de que en Toledo ha ganado la derecha, pero en España la victoria puede ser del Frente Popular. En la mañana del lunes, no sólo se confirman las primeras apreciaciones, sino que se confirma el triunfo logrado por las izquierdas. En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y otras ciudades importantes la diferencia de votos no deja lugar a dudas. Ni siquiera habrá que esperar a una segunda vuelta prevista para el 1 de marzo. Aunque la diferencias de votos en toda España fue muy apretada, la aplicación de la ley electoral determina que los diputados de izquierda sean muy superiores a sus adversarios.

Los únicos pueblos de la comarca de Torrijos en los que ganó el Frente Popular fueron: Barcience, Cerralbos, Gerindote, Maqueda, Novés y Santa Olalla.

Durante la campaña existieron ciertas restricciones para el Frente Popular, ya que muchas Casas del Pueblo seguían cerradas por los sucesos de Octubre. También se siguió considerando apología del delito las simples referencias a Asturias y se suspendieron actos electorales. Por ello, el secretario general del PSOE, Manuel Aguillaume, fue el encargado de presentar las reclamaciones que concernieron a los colegios de 30 municipios y la anulación de las elecciones.

El Comité Ejecutivo de dicho partido y la minoría parlamentaria socialista acordaron apoyar la impugnación de las actas electorales de Toledo. La iniciativa se frustró, sin embargo, en la Comisión de Actas del Parlamento, porque su presidente, Indalecio Prieto, impuso su criterio de renunciar a la mayoría de las impugnaciones, que luego no se llevaron a cabo. No era necesario, ya que, el Frente Popular había triunfado ampliamente a nivel nacional.*(José Mª Ruiz Alonso. La guerra civil en la provincia de Toledo)

 

           El día 20 de febrero, en el salón de actos de la Audiencia Provincial de Toledo, se constituyó la Junta provincial del Censo Electoral, presidida por el máximo responsable judicial de la provincia. Se dio lectura a todas las impugnaciones de las elecciones, en presencia de todos los candidatos que replicaban las acusaciones. A continuación pasamos a transcribir literalmente:

 

Asisten además, en uso de su derecho a esta sesión, y ocupan lugar en los estrados, los candidatos proclamados: Dimas de Madariaga, Félix Avia, Dimas Adanes, Luis Felipe Sánchez Cabezudo, Víctor Paredes, Silvano Cirujano, Orencio Labrador, Moisés Gomero, Andrés Torres, Manuel Aguillaume, Santiago Muñoz y Rodríguez Iglesias.

Seguidamente, y por orden alfabético, fueron puestos sobre la Mesa los pliegos recibidos de cada una de las Secciones de las localidades de la provincia, a excepción de Segurilla, que no ha sido recibida aún.

Antes de proceder a la apertura de pliegos, invitó  la Presidencia a los señores candidatos presentes para que, si lo deseaban, pudiesen examinar y adverar la legitimidad de los sellos estampados en los pliegos emitidos por las Mesas Electorales de cada localidad.

El candidato Sr Gomero realiza una reclamación previa, se extraña de que siendo el acto público se pongan trabas y dificultades para su acceso a la sala. El Sr. Presidente le responde que en el Salón se encuentra el número suficiente de personas que el mismo permite.

Insiste el Sr. Gomero en que deben pasar al Salón el mayor número de personas, asegurando que es necesaria la presencia de público porque hay cosas interesantes que oír. El Sr. Aguillaume indica que hay intención deliberada en que no asista público al acto, lo que mueve a confirmar su protesta contra la Junta.

Por el candidato Sr. Labrador se reitera que el local está vacío y que a la clase trabajadora la policía no se les permite entrar, además de no haber representación obrera. Por la Presidencia se accede a que se admita tanto público como responda la capacidad del local.

El Sr. Gomero dice, que como norma inicial para la discusión de las actas, se ha de partir de que en las elecciones se han realizado las mayores inmoralidades  a cargo de las derechas y de sus caciques. Advierte, que trae escrita una protesta para que se incluya en la cabeza del Acta, que dice así:

“ A la Junta Provincial del Censo de Toledo.- Los que suscriben, candidatos a Diputados a Cortes que integramos el Frente Electoral de Izquierdas, en el ejercicio que les confiere al artículo 51 de la vigente Ley Electoral, exponen: Que existen hechos de tal naturaleza que vician de nulidad las elecciones verificadas el día 16 de Febrero de 1936. La enumeración detallada de todos los hechos sería labor ímproba y su examen nos llevaría largo tiempo.

Para sintetizar, las protestas se dividen en dos partes:

Primera.- Sobre hechos anteriores a las elecciones, decir que se nos impidió el libre ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos en nuestra Carta Fundamental de la República.

El Sr. Gobernador civil estuvo siempre en disposición afable para sus promesas, pero con absoluta ineficacia en los hechos. Queremos resaltar, según su propia e imprudente confesión, que su misión en esta provincia era la de defender y sacar a flote a un determinado candidato ministerial.

Por otra parte, las Autoridades locales, en su totalidad en poder de enemigos de la República, han sido los mayores obstáculos para nuestros derechos. Prueba de ello es la larga lista de actos públicos y mítines suspendidos o coartados, bajo el pretexto de limitaciones de hora. En nuestra campaña electoral se nos ha sometido a las vejaciones más humillantes, tanto por las Autoridades gubernativas como por la Guardia civil, y de ello hay constancia en la Prensa diaria. Se nos impide hablar en los pueblos, se nos ultraja, cachea y amenaza de muerte de la Guardia civil.

Por si después de todo lo dicho fuera poco, días antes de las elecciones se nombran delegados gubernativos, en aquellos donde ya no los había de antes o donde aún había alcalde de elección popular, para suplir las deficiencias caciquiles de dichas Autoridades locales.

 

Segunda.- Las inmoralidades y vicios de nulidad producidos por coacciones llevadas a cabo en el mismo momento de la emisión del voto a cargo de esas Autoridades. A otros electores se les compra el voto o se le suplanta su personalidad. Por todo ello, los candidatos que suscriben, solicitamos la nulidad de las elecciones verificadas en la provincia de Toledo el día 16 de Febrero de 1936, y la convocatoria de nuevos comicios.

Seguidamente se procedió a la operación del escrutinio, haciéndose constar las protestas siguientes:

 

ALBARREAL DE TAJO.- El candidato Sr. Aguillaume manifiesta que este acta le parece amañada por la Junta Municipal del Censo, ordenando la Presidencia que se una el sobre al acta, sin perjuicio de abrir aquel.

El candidato Sr. Labrador protesta asimismo, y añade, que tanto esta protesta como la anterior llevan la solidaridad de todos los candidatos del Frente Popular. Sigue diciendo que en este pueblo existe un Sindicato Católico que ha coaccionado a los obreros, amanerándoles con expulsarles de las tierras si votaban a las derechas y llevando las papeletas abiertas. Los obreros coaccionados fueron Casimiro Palomo y Rafael de la Rosa

ALDEAENCABO.- El candidato Sr. Carretero manifiesta que en este pueblo se designó para el cargo de Presidente de Mesa a un elemento de Acción Popular, médico de la localidad. Ha amañado las actas, además de haber coaccionado a los electores. Promete de todo esto actas notariales.

ARCICOLLAR.- Por el Sr. Labrador se manifiesta que en este pueblo la fuerza pública y la Guardia civil ejercieron coacciones sobre los electores, amenazándoles con que les quitarían la Comunidad y no podrían vivir allí. Uno de estos obreros coaccionados fue Francisco Pantoja.

La guerra civil.

Eran muchos quienes en la primavera de 1936 barruntaban que una sublevación militar era posible y, aún más, entre aquellos que poseían datos de que estaba en marcha una conspiración anterepublicana. El golpe del 18 de julio no fue solo obra de militares sino también de civiles. Existió una organización militar secreta denominada Unión Militar Española (UME) destinada a planificar el complot, mucho antes de las elecciones de febrero de 1936. Recientemente, el historiador Ángel Viñas ha sacado a la luz contratos firmados con los italianos, 17 días antes del golpe, para el suministro de 40 aviones y mucho más armamento. Están redactados en italiano y firmados en Roma por Pedro Sainz Rodríguez. Los documentos eran hasta ahora desconocidos e inéditos, pese a encontrarse olvidados en archivos españoles.

Cuando estalló la guerra seguían en el recuerdo de muchos vecinos de Arcicóllar los sucesos ocurridos el 6 de abril 1932, que enfrentaría a varias familias y marcaría el devenir de las mismas hasta el final de sus vidas. Se ajustaron cuentas con el pasado, viejos litigios, y rencillas familiares, en un pueblo donde todos se conocían, donde existían relaciones de parentesco o de amistad, que podían “costarte o salvarte la vida”

Eugenio Pantoja Moreno, “El Bicha”, de profesión zapatero, natural de Bargas, y afiliado a U.G.T., ostentó el cargo de alcalde la localidad en durante la mayor parte del periodo republicano (1932-1936), a excepción del intervalo del gobierno de la CEDA. Como tantos otros, sería juzgado por los seis  asesinatos ocurridos en su pueblo bajo su mandato. Pero como huyó a Orán (Argelia) al acabar la guerra, hubo que esperar a su regreso voluntario, 21 años después, para que fuera condenado a muerte por los tribunales militares en 1961. Pero su ejecución no se llevó a cabo porque le fue conmutada la pena. Peor suerte corrieron sus hermanos, Félix y Francisco, que sí fueron ejecutados en Ocaña y Toledo, respectivamente, una vez acaba la guerra. Su cuñado Gervasio Sánchez Sánchez, falleció  de tuberculosis en la cárcel de Talavera antes de cumplirse la pena de muerte a la que fue condenado.(3)

El alcalde tuvo la gran fortuna de tomar el último barco que se marchó del puerto de Alicante, el “Stanbrook”, el 28 de marzo de 1939, donde viajaban más de dos mil refugiados en condiciones precarias. El mismo día  partió el “Maritime”  inexplicablemente vacío, a excepción de algún gobernador civil, algunos altos cargos y varios refugiados republicanos.

La embarcación del primer edil toco tierra en Orán un mes después, pero las autoridades francesas le denegaron el permiso para desembarcar a sus pasajeros. Con escasez de alimentos y agua, en condiciones de hacinamiento extremo, los franceses sólo cedieron cuando hubo riesgo de enfermedades infecciosas, y finalmente trasladaron a los refugiados a campos de internamiento.

Los cuatro primeros años de su estancia en el continente africano los pasó el exilado recluido en el campo de concentración de Bogaril (Argel) y cuando obtuvo la libertad ejerció su profesión de zapatero en ésta capital hasta que en 1960 decidió voluntariamente volver a España para ser juzgado.

El buque francés “Sidi Mabrouk” atracó en el puerto de Alicante, procedente de Argelia, el día 5 de abril de 1960, con el primer edil a bordo. Se le negó la entrada en España, pero Eugenio Pantoja anunció a las autoridades aduaneras que venía para que se le juzgara por hechos cometidos hacía 24 años. El viejo alcalde era sabedor de que el régimen de Franco había promulgado leyes más benignas con los represaliados de la guerra civil.

Durante todos esos años, los cientos de legajos que componían su procedimiento sumarísimo, iniciado a instancia de los familiares de las referidas víctimas, se mantuvieron paralizados ante la rebeldía del acusado.

En su primera comparecencia judicial el acusado negó los hechos que se le imputaban: “ Cuando llegué a Archicollar el 25 de agosto de 1936, procedente de Madrid me encontré a una veintena de vecinos, los más destacados derechistas de la villa, subidos en un camión de milicianos valencianos que les querían conducir a Toledo. Sin embargo, yo les persuadí en su empeño y les bajaron a todos. Los detenidos se marcharon a sus domicilios pero después, cinco de ellos fueron conducidos a Toledo para ser asesinados”, declaró el primer edil. Sin embargo, la sentencia que puso fin al proceso decía expresamente que “el acusado ordenó dicha detención”, a pesar de las insistentes reiteraciones del abogado defensor de que su cliente estuvo ese mismo día en la capital con el terrateniente local Carlos Saavedra y Gaytán de Ayala. Insistía que su defendido salió de la capital a las 14 horas y llegó a Archicollar  a las 19 horas, en el coche de un tal “Bailla”, taxista del pueblo.

Los detenidos, después asesinados en el paraje “Fuente Salobre”, próximo a la toledana Puerta de Bisagra, fueron: Benjamín Tenorio Álvarez, Casimiro Salazar Ventero, Mariano Suárez de Cepeda, Martín López Agudo y Victorio Martín Caro Salazar, jefe de Falange. Otro vecino, Felipe López García, consiguió escapar antes de ser detenido en su domicilio, pero sería apresado en el vecino pueblo de Villamiel hasta donde llegó herido.

Sin embargo,  había un testigo presencial de los hechos, llamado Benito Martín López. Éste insistía, y así lo confirmó en el acto del juicio celebrado el 16 de marzo de 1961 en Madrid, que él conducía la camioneta que transportó a los detenidos hasta la Ciudad Imperial. “No puedo afirmar que el alcalde disparara contra ellos, pero intervino en su detención y posterior viaje a Toledo donde fueron asesinados”, declaró. Por su parte, el abogado defensor del primer edil le rebatía diciendo que “ Benito se encontraba en Madrid aquel 25 de agosto de 1936, al servicio de su jefe, Herencio Sánchez Villanueva, y que éste le facilitó su vehículo para ir a Arcicollar con el fin de pagar los jornales a los obreros de Carlos Saavedra  Gaytan”.

La primera persona que pagó, injustamente, con su vida los sucesos revolucionarios del verano de 1936 fue el conciliador maestro nacional Félix Lorente Reviriego. Era natural de  Alcañizo(Toledo), y con 33 años llegó a la localidad para hacerse cargo de la escuela en 1933. Pero el 17 de julio de 1936, junto con su esposa, natural de la villa de La Mata, ambos simpatizantes del partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana,  se marcharon de vacaciones estivales al pueblo citado. En esta localidad, el matrimonio estaba más seguro porque su cónyuge era una persona muy querida en su pueblo natal. Pertenecía a una de las familias más acomodadas de la villa y su esposo mantenía muy buena relación con la izquierda mateña. Por ello, allí estaba más seguros al estar en armonía con ambos bandos. El maestro estaba en lo cierto de elegir La Mata, como pueblo más tranquilo.(4)

Pero en la villa de La Mata, una vez comenzada la revolución, pronto se requirió la presencia del maestro en el Ayuntamiento para realizar labores administrativas. Su alcalde, Vicente Ruiz Bolonio, le exigió colaboración para pacificar el pueblo y aplacar ánimos de los sectores más radicales de la izquierda, cada vez más furiosos por el golpe militar.  Y cumplió su cometido. Su primera actuación fue la de dar protección  a los derechistas Julián Muñoz y Santiago Vázquez, que ya habían sido detenidos junto con el jefe de Falange, (Hijo de José Muñoz), todos ellos liberados. Pero el 29 de agosto del 36 llegaron a La Mata los temidos “coches de la muerte” y unos milicianos forasteros detuvieron a ocho derechistas: Federico y Pedro Muñoz Illescas, Eduardo Juárez y Julián Peinado, que fueron conducidos a la Dirección General de Seguridad de Madrid. Hasta la capital les acompaño el maestro para brindarles protección y evitar una previsible desgracia. Pero, una vez en la capital, su liberación fue inmediata. Para su excarcelación sólo exigían un informe favorable del Ayuntamiento y del Comité.

El 3 de septiembre de 1936 el maestro, en virtud de una orden ministerial, vuelve a Arcicollar para reanudar las clases hasta que el 19 de noviembre es detenido por la Guardia Civil, una vez “liberado” el pueblo por las fuerzas nacionales. El cabo de la Benemérita, Eleuterio Ramos Galletero, le acusaba  de “ser un elemento peligroso porque a los niños de la escuela les hacía levantar el puño”, según el primer atestado que el maestro negaba. Pero el cabo denunciante, que acababa de salir del asedio del Alcázar,  intentaba convencer al juez instructor. Afirmaba que cuando los niños saludaban a sus superiores cantaban la tradicional frase de “para servir a Dios y a usted” y el maestro les replicaba afirmando “que no había Dios, que era un mito de la sociedad capitalista”.

El Consejo de Guerra celebrado el 16 de marzo de 1937 en el salón de actos del Ayuntamiento de Toledo, actuaba como presidente el coronel de la Academia de Infantería, Antonio Valencia Somalo; y como vocales, los capitanes, José González García, Cándido Lugo Rincón, Roberto González Estéfani, Eduardo Martínez Medrano y Rodrigo Arellano Requena, así como el teniente Rafael Milán del Boshs. La única acusación que recogía la sentencia que le condenó a muerte era  que “el procesado inculcó a sus alumnos de la escuela de Arcicollar ideas disolventes, negando la existencia de Dios y haciéndoles saludar con el puño en alto; y con posterioridad estuvo en contacto con los Comités Rojos de La Mata y Arcicollar, siendo de éste último secretario del mismo”. En dicha resolución no se hacía ninguna referencia a un informe, unido a la causa, emitido por el Ayuntamiento franquista de Las Mata, firmado por su alcalde, Federico Vázquez, en fecha 22 de enero de 1937. En éste documento se decía expresamente que: 1º.- Aunque si bien el acusado simpatizaba con los rojos, les amonestaba y se oponía a todos los acuerdos revolucionarios que no estuvieran ajustados a la razón. 2º.- No consta que formara parte de ningún Comité del Frente Popular de La Mata; y si subió al Ayuntamiento unos ochos días fue por orden del Gobierno rojo. 3º.- Se le tenía buen concepto. 4º.- Desconocemos su ideología política y que militara en partido alguno. La familia de su esposa es francamente de derechas. 5º.- Que los ocho patronos que fueron detenidos y llevados a Madrid, emparentados con sus esposa, a los que profesaba un gran cariño, le rogaron que les acompañar hasta la capital para evitar ser fusilados. Le acompañó, a pesar de que su suegro, Félix Lorente de Madrid, se encontraba en trance de muerte.

A las 5 de la mañana del día 11 de mayo de 1937 fue pasado por las armas en las tapias del cementerio de Toledo.(5)

 

 

  • El Castellano, 8 de abril de 1932.

 

 

  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Causa 1920.p. Toledo, seguido Félix Pantoja Moreno.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 984 y Legajo 249 , seguido contra Eugenio Pantoja Moreno.
  • Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 184 y Legajo 769 , seguido en Toledo en el año 1937, contra Félix Lorente Reviriego.

 

 

 

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Juan Antonio Morales Gutiérrez
moralesgutierrez@telefonica.net

Guti para los amigos. Abogado en ejericio e investigador. Autor del libro: Una memoria sin rencor, ambientando en la Segunda República y posterior conflicto bélico

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