Las amnistías de los años 1936 y 1977

La amnistía de 1977

Desde el 20 de noviembre de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1983, fecha en la que empezaron a trascender los primeros crímenes de los GAL, la transición española  se cobró 591 vidas; incluyendo en este concepto los terrorismos de extrema derecha, nacionalistas, de extrema izquierda, la guerra sucia, la represión en la calle, la tortura y otras manifestaciones de violencia política emanada de instituciones del Estado. Es lo que se ha dado en llamar “la sangre de la transición”. De ellas hablaré en mi tercera novela aún por terminar.

El tratamiento jurídico de la violencia política durante la transición fue competencia exclusiva de la Audiencia Nacional (AN), creada por el Gobierno en enero de 1977 mediante decreto, para investigar y juzgar los casos de terrorismo. Dicho Tribunal se convirtió en la herramienta esencial para el castigo y desmantelamiento de los restos más violentos del franquismo, así como condenar las acciones terroristas surgidas con la transición.

La Audiencia Nacional fue también el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977, de la que se beneficiaron inculpados en los crímenes de Montejurra y Atocha, el dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey, Mariano Sánchez Covisa, de quienes hablo en mi novela Secuelas de una guerra, así como otros destacados policías procesados por torturas o por matar a personas en el transcurso de manifestaciones. La aplicación de la Ley Antiterrorista fue también un instrumento importante que puso en la práctica un estado de excepción permanente, que facilitó la aplicación de la llamada violencia “oficial”.

La matanza de Atocha fue el crimen más trascendental y significó el fin de la violencia institucional en los inicios de la transición. Los asesinatos a los abogados laboralistas fueron organizados desde un despacho del Sindicato de Transportes y relacionado con miembros de la Policía. Antes quedó también patente en el caso Montejurra, en cuya organización participaron incluso el ex ministro de Franco Oriol y altos cargos del Ministerio de la Gobernación. Más tarde, ya con la Constitución vigente, en el caso Yolanda González, quedó probada la participación de una alto cargo de Fuerza Nueva —partido de ultra derecha— y la intervención de la policía nacional; aunque la Audiencia Nacional siempre mantuvo en sus sentencias la versión de que tales crímenes fueron realizados por “grupos incontrolados” de extrema derecha. Y cuando este Tribunal dictaminó las amnistías para estos, les catalogó como “no adscritos”; es decir, como elementos aislados y desorganizados, sin partido.

 La amnistía de 1936

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, las primeras medidas gubernamentales fueron la amnistía (medida que iba en el programa electoral) y restablecimiento de la Generalitat, para lo que, y con intención de evitar un decretazo exclusivamente gubernamental, se recurrió a reunir la Diputación de las Cortes para hacerlo de acuerdo con ella, para lo que se contó con cierta colaboración del centro derecha y de la representación de la CEDA.

Se aprobó la amnistía para todos aquellas personas que habían sido condenadas como consecuencia de la llamada revolución de Octubre de 1934. Después de que salieran de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalitat, en aplicación de la amnistía aprobada, un decreto posterior reponía las funciones del Parlament y a Lluís Companys en su puesto de presidente, así como a sus consejeros. Debemos recordar que había sido una de las principales reivindicaciones del programa político del Frente de Izquierdas, que había triunfado en toda Cataluña. El 28 de mayo de 1936, Companys formó un nuevo Gobierno, con participación de Acció Catalana y la retirada de la USC, que iba camino de nutrir al PSUC.

El Estatuto se mantuvo vigente durante la Guerra Civil  a pesar de que sus instituciones y competencias se vieron gravemente alteradas, ya que el poder autonómico catalán tuvo que asumir amplias atribuciones en la producción militar y la administración de justicia, manteniendo una virtual independencia del Gobierno de Madrid, pero sin actividad parlamentaria, y en medio de una difícil coexistencia entre la Generalitat y el Comité Central de Milícies Antifeixistes hasta el 26 de septiembre de 1936. A fines de octubre de 1937, el Gobierno de la República se trasladó a Barcelona, que se convirtió de improviso en la capital del Estado. El Gobierno de Negrín culminó la política de reasunción de competencias con el control e intervención de la economía catalana al margen de la Generalitat.  Ante el empeoramiento de la situación político y militar, en octubre de 1938 Companys sondeó, de acuerdo con Aguirre, la posibilidad de una mediación franco-británica para conseguir un armisticio y un referéndum como garantías de continuidad de ambas autonomías, pero la la maniobra se urdió demasiado tarde. Franco, que había derogado todas las facultades del Estatuto el 5 de abril de 1938, acabó por ocupar militarmente el Principado el 10 de febrero de 1939.

Todo ello llevó a Companys a exiliarse en Francia. Años después, en 1940, agentes de la policía militar alemana detienen al catalán y lo entregan a las autoridades franquistas. Fue encarcelado en el castillo de Montjuic en Barcelona, y el 15 de octubre de 1940 es fusilado.

Sánchez Soler, Mariano. La transición sangrienta. Península. Atalaya. Madrid. 2018.