PROCESION EN ESCALONILLA

SEGUNDA REPÚBLICA EN LA COMARCA DE TORRIJOS

Este es el capítulo 4 del libro Orígenes de la Guerra Civil en la comarca de Torrijos.

  1. Elecciones generales de noviembre de 1933. Segundo bienio.

            La victoria electoral obtenida por la coalición de centro-derecha, en noviembre y diciembre de 1933, permitió que la patronal agraria  comenzara a sentirse protegida por la presencia de una confortable mayoría parlamentaria con un marcado acento antisocialista. Con una mayor participación de unas derechas reorganizadas, las elecciones fueron mucho más disputadas que las de 1931. La clase media católica, sin definir políticamente, se había volcado hacia los partidos que garantizaban la protección de la propiedad y la religión. (1)

En vísperas de los comicios de 1933, el PSOE ya había decidido concurrir en solitario a las mismas, prescindiendo de  una incómoda alianza con los republicanos de izquierdas. Según la historiografía, esta última decisión fue adoptada, más que por voluntad propia, por la intolerancia de sus exasperadas bases rurales que comenzaban a sentir rechazo hacia cualquier propósito político que no contemplase la inmediata puesta en marcha de las medidas de reforma agraria todavía vigentes. (2)

En la comarca de Torrijos, y en la provincia de Toledo en general, venció la derecha con absoluta nitidez. La candidatura socialista solo ganó en las siguientes localidades de la comarca: Gerindote, Maqueda, Novés, Portillo, Santa Cruz, Quismondo, Rielves y Villamiel. En el resto de pueblos  triunfó la derecha de Acción Popular, siendo significativa la abultada victoria en La Puebla de Montalbán, donde casi duplicó a la suma del resto de candidaturas. Por el contrario, en Gerindote, la lista socialista fue la más distanciada de su contrincante en toda la provincia de Toledo. (3)

El periodo comprendido entre septiembre de 1933 y la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 es conocido por la izquierda española como el bienio negro. Por el contrario, para la derecha fueron los momentos de mayor auge económico y menor conflictividad social en la nación. Pero lo cierto es que fue una etapa de luces y sombras que, cuanto menos, interrumpió seriamente el proceso modernizador  iniciado en abril de 1931. A este segundo bienio se le suele bautizar como contrarreformista ya su deseo siempre fue revisar la legislación del primero, en particular aquella que consideraban de inspiración socialista.

La caída del Gobierno, en septiembre de 1933, no se debió a una pérdida de la mayoría parlamentaria, sino a una maniobra muy polémica de Alcalá Zamora, como otras tantas decisiones suyas. No obstante, esto no es objeto de nuestro estudio. Solo decir aquí que a partir de esa fecha la fuerza dominante en el Ejecutivo fue el Partido Radical de Lerroux. Esta formación política, sin ser un partido patronal, tenía muy buenas relaciones con los empresarios y se disponía a revisar lo legislado en el primer bienio, pese a que había sido colaborador de la mayoría de las medidas adoptadas.

Sin embargo, los radicales de Lerroux prefirieron los retoques de  estas normas, en lo que consideraban sus aspectos más nocivos. Por ello, sumaron pocas anulaciones, salvo la Ley de Términos (derogada en mayo de 1934). Pero tampoco fueron capaces de aprobar leyes nuevas realmente alternativas, bien porque la CEDA las había impedido, bien por falta de unidad interna, voluntad, convicción o un conjunto de todas esas cosas. (4)

Desde las elecciones de 1933 las derechas católicas y el republicanismo conservador afianzaron mucho más intensamente sus posiciones electorales en aquellas provincias, como Toledo, en las que se concentraba la mayor parte del campesinado familiar. Es decir, allí donde un significado porcentaje de pequeños propietarios concurría al mercado laboral enfrentados a una considerable masa de jornaleros. Pero el primer Gobierno de Lerroux dependía de los votos de la CEDA y su jefe, Gil Robles, a quien ya miraba con recelo. Aunque éste había actuado como abogado defensor de los militares implicados en el golpe de Sanjurjo, y de los jesuitas, siempre afirmó su lealtad por el parlamentarismo. Sin embargo, la historiografía coincide en afirmar que el acercamiento entre radicales y cedistas fue meramente estratégico y nunca se basó en un programa concertado, ni en un proyecto común de Estado republicano.

Aunque durante la República hubo tres elecciones generales, en junio de 1931, noviembre de 1933 y febrero de 1936, las fuerzas políticas no fueron capaces de realizar unas elecciones municipales independientes del Ejecutivo de turno, como se debía haber hecho. De modo que cada vez que cambiaba el Gobierno central (y lo hizo en 1933 y en 1936 con signos opuestos), se renovaban los concejales del Ayuntamiento. Por ello, y a partir de ahora, tras los comicios de 1933, podremos ver a alcaldes de la CEDA y Lerroux gestionando los Ayuntamiento de la comarca sin haber sido elegidos por el pueblo, como inversamente ocurriría meses después tras la victoria del Frente Popular.

Tras las citadas elecciones generales, el Ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso,  destituyó a parte de los Ayuntamientos constituidos en verano de 1931. En Torrijos, el comité local de Acción Popular, presidido por Julio Gómez Sandoval, presionó al lerrouxista Gobernador civil  de Toledo para que a su pueblo también llegara el tan deseado cambio de Ayuntamiento de izquierdas, pero el relevo se demoró hasta mayo de 1934. El señor Cebolla estuvo gobernando, desde noviembre de 1933, sin ningún apoyo del gobierno central. No obstante, una vez verificada la sustitución, se designó a Ángel González Angulo al frente de la Corporación derechista torrijeña.

El primer acuerdo adoptado por el nuevo Consistorio torrijeño tuvo como objeto  revocar otro pacto, convenido de tres años atrás. Nos referimos a aquel que comportaba la expulsión de la Compañía de Jesús adhiriéndose a la misma propuesta planteada por el alcalde de Toledo:

 

Se acuerda la revocación del acuerdo, tomado tres años atrás, de adherirse a la expulsión de la Compañía de Jesús, por entender que el mismo sobrepasa los límites de la misión administrativa que a la Corporación compete; ya que aquella es uno de los timbres más gloriosos que puede ostentar España, por ser su fundador, San Ignacio de Loyola, una de las más grandes figuras de nuestra Historia. (5)

 

La sustitución de la alcaldía llegó a Gerindote en febrero de 1934. Los nuevos miembros de la Comisión Gestora, eran labradores de clase media de significación política conservadora, con Pedro Rivera Navarro a la cabeza, como primer edil. La gobernabilidad de este municipio, con un electorado abrumadoramente socialista, como quedó reflejado en todos los comicios celebrados en el periodo republicano, fue difícil para aquellos. Su primera actuación municipal fue para pedir responsabilidades al antecesor, exigiéndole clarificar una partida de gastos de 605 pesetas, con cargo al Ayuntamiento, empleada en la celebración de la fiesta del 1º de Mayo en la sede de la Sociedad Obrera: “Porque sólo sus afilados disfrutaron de los buñuelos, cacahuetes, pastas y vinos”, se transcribía en el acuerdo municipal. Pero sobre todo, el flamante primer mandatario municipal reclamaba daños y perjuicios por la usurpación de un terreno municipal para construir la sede de la Casa del Pueblo y Sociedad Obrera. En aquella queja contaba con la ayuda del secretario municipal, que seguía expresando su malestar contra la anterior Corporación municipal socialista por no seguir el procedimiento expropiatorio que marcaba la ley. (6)

Aunque el Gobernador civil de Toledo repuso la mayoría de los Ayuntamientos de la izquierda, en La Puebla de Montalbán seguirían mandando estas fuerzas hasta agosto de 1934. Llegado el día 27 del citado mes, se destituye al primer mandatario municipal, el socialista Bernardo de la Cruz, y se forma un nuevo Ayuntamiento con hombres de la CEDA y del Partido Radical de Lerroux. El presidente de ese grupo político, Jesús García Balmaseda, volvió a tomar el bastón de mando que detentó durante unos días en el mes de abril de 1931. Aunque esta decisión de las autoridades provinciales fue común para bastantes localidades, mucho influyó en la voluntad del Gobernador la huelga general campesina de junio de 1934, que después se narrará. (7)

También la citada protesta jornalera fue determinante en Santa Olalla para sustituir al alcalde Manuel Arroyo, del Partido Republicano Radical Socialista. Este recibió una llamada telefónica del Gobernador de Toledo ordenando su destierro a Madrid y la destitución inmediata del cargo. A través del acuerdo del pleno de 12 de junio de 1934 se puso fin al mandato de Arroyo en favor de Eugenio de la Vega Plaza. Así se reseñaba el cese:

 

Esta convocatoria tiene por objeto la persecución, tan inmotivada como implacable que viene siendo objeto el señor Arroyo por las autoridades provinciales, tendenciosamente informada por los caciques locales. Todo culminó con una llamada telefónica, recibida el 10 de junio de 1934, por la cual se le desterraba a Madrid. No obstante, dicha autoridad aconsejó su dimisión que fue aprobada por el pleno, en favor de Eugenio de la Vega Plaza.

 

Este nuevo primer mandatario municipal de Santa Olalla, Eugenio de la Vega, delegado gubernativo, en sustitución de Arroyo, ni tan siquiera había sido concejal electo hasta la fecha de su nombramiento. Su buena relación con el secretario del Ayuntamiento, Jorge Besteiro, de ideología socialista, familiar de Julián Besterio, presidente del PSOE, influyó en tan inesperada designación que no contentaba a los vecinos que habían votado a la CEDA (Acción Popular) en los últimos comicios. Así pues, este municipio tendría un alcalde que no comulgaba con el ideario político mayoritario del pueblo y que luego apoyó al Frente Popular. (8)

Tras las elecciones de 1933, la patronal aprovechó la suspensión de las mejoras conseguidas por los obreros en el primer bienio republicano, sobre todo con la derogación de la ley de Términos. Los socialistas toledanos se opusieron con rotundidad a la nueva libertad de los patronos para contratar mano de obra de cualquier localidad. Antes de su anulación, El Heraldo de Toledo publicaba esta nota de prensa:

 

A todos los camaradas de la provincia de Toledo. Con la posible supresión de ley de Términos municipales tenemos condenadas al hambre a 12.000 familias en plena recolección. ¡Y ahora se pretende dejar en libertad al caciquismo para que agudice la cruel persecución! Eso no puede ser y no será, porque la gente no está dispuesta a morirse de hambre. Por ello pedimos un pequeño plazo a nuestros camaradas, hasta ver lo que acuerdan los hombres que tienen sobre sí la gravísima responsabilidad del momento que vivimos. (9)

            

Muchos de estos alcaldes derechistas que surgieron tras los comicios noviembre, como el de Gerindote o  Arcicóllar, serían asesinados al comienzo de la guerra. En esta última localidad no llegó dicho cambio municipal  hasta el 3 de abril de 1934, en la persona de Felipe López García, de cuyo triste final después  hablaremos. Tanta demora en el cambio obedeció a la negativa del socialista arcicollero, Eugenio Pantoja, a abandonar su cargo. Por ello, el Gobernador nombró como delegado a Manuel Gómez Espinosa para que instruyera un expediente de separación definitiva del primer edil y sus concejales. (10)

Los nuevos gobernantes españoles habían expresado su compromiso con el desmantelamiento de la avanzada legislación laboral que tanto había perjudicado, según ellos, a un amplio estrato de clases medias patronales. Sin embargo, solamente se derogó, en mayo de 1934, la “odiada” Ley de Términos, y revisada la composición de los Jurados Mixtos a fin de erradicar la supuesta “parcialidad” de sus presidentes y evitar la influencia socialista en el famoso voto dirimente. Sin embargo, la Ley de Reforma Agraria no fue derogada  y en 1934 comenzaron las primeras expropiaciones de fincas y asentamiento del nuevo Gobierno, sin bien es verdad que la reforma avanzó a paso muy lentamente.

Las actitudes patronales de rechazo y boicot al conjunto de la legislación laboral reformista, a partir de 1934, era la práctica más usual. La mayoría de los jefes agrícolas recurrieron, con demasiada frecuencia, al impago de jornales en las bases de trabajo socialistas firmadas durante el año 1933, cosechando multitud de denuncias formuladas por los jornaleros. Asimismo eludieron, de manera sistemática, el acatamiento de la preceptiva contratación de los obreros que precisasen para sus faenas. Este clamor revanchista se aprecia nítidamente en el municipio de Arcicóllar, descrito en su capítulo correspondiente.

La patronal agraria continuó con sus aspiraciones en presionar al Gobernador para conseguir la destitución de todos aquellos alcaldes y concejales socialistas, republicanos de izquierdas o comunistas que aún permaneciesen representados en los Ayuntamientos constituidos tras las elecciones municipales celebradas en los meses de abril y mayo de 1931. En definitiva puede afirmarse que con el triunfo electoral de la derecha en los comicios de noviembre de 1933 y tras el fracaso de la insurrección de Octubre de 1934, de la que luego hablaremos, se acabaron las manifestaciones y huelgas en la comarca de Torrijos.

La situación de los jornaleros empeoró tras el abandono de la legislación laboral y social, pero la disposición de los agricultores terratenientes tampoco era muy halagüeña por la alarmante bajada del precio del trigo y la grave crisis existente. Por ello, la emprendedora familia torrijeña Calderón pretendió acometer la creación de innovadoras empresas. Los miembros más destacados de la saga, Cirilo y su hermano Domingo, tenían el gran sueño de hacer fértil la vega del río Tajo y añoraban levantar fábricas de conservas, además de la ya existente de Alcubillete,  a orillas de la huerta toledana. No obstante, los vaivenes políticos, que culminaron con la guerra, les truncaron el ambicioso proyecto que, años después, una vez terminada ésta, verían desarrollado.

En el aspecto religioso durante el  segundo bienio, la CEDA impuso la contrarreforma legal: en abril de 1934 se aprobó una Ley que devolvía a los jesuitas algunas propiedades confiscadas. Un decreto de 9 de octubre, reconoció a los institutos religiosos la libre facultad de vender bienes inmuebles sin necesidad de autorización del Ministerio de Justicia. En definitiva, aunque no se modificaron los artículos constitucionales, diversas medidas dulcificaron la situación del clero. Las leyes simplemente existían, como la polémica de Congregaciones, pero no se aplicaban en ciertos aspectos.

Las escuelas privadas católicas no estaban prohibidas por la Constitución, por lo que siguieron funcionando. Sin embargo, el ambicioso plan escolar republicano no llegó a consumarse, en tan breve plazo, porque los  presupuestos y las carencias logísticas eran insuficientes, incluso con la buena voluntad de Azaña. Tampoco se abolieron el divorcio o el reconocimiento de los hijos naturales. Hay que resaltar, en definitiva, que no comenzaron a aprobarse medidas confesionales en abundancia, ni mucho menos. (11)

Otro de los grandes problemas de la República fue el modelo de organización territorial. Sin embargo, después de 1933, el tema autonómico cayó en el olvido, lo que padecieron en particular el PNV y los galleguistas, pero también el Gobierno de la Generalitat que siempre se quejó de la falta de competencias. Y a partir de noviembre de 1933 se fue difundiendo la imagen de Cataluña como refugio de la República amenazada por sus enemigos. En cualquier caso, no se suspendió el funcionamiento de las instituciones catalanas; para eso hubo que esperar a las secuelas de la revolución de Octubre de 1934.

 

  • JACKON, Gabriel: La República y la Guerra Civil, Biblioteca Historia de España, Madrid, 2005, pp. 123
  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 135 y ss.
  • MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio: Segunda República y Guerra Civil en la comarca de Torrijos, Toledo, Autoedición, 2006, pp. 43 y ss.
  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 135 y ss.
  • Libro de Actas, sesión de fecha 2 de mayo de 1934. Otros miembros de esta Corporación fueron: Sotero Carrillo del Campo, Aurelio Almoguera, Domingo Calderón, Graciano Cebeira Díez y Pedro Zamorano, gobernaron el ayuntamiento hasta febrero de 1936. Dos miembros de esta Comisión Gestora, el alcalde señor González Angulo y Domingo Calderón serían asesinados al comienzo de la guerra civil.

Otros miembros del Comité de Acción Popular eran César Sánchez de Rivera, Aurelio Almoguera, Severiano Parra, Domingo Calderón y Faustino López

  • Libro de actas, sesión 22 de enero de 1934.
  • MARTÍN DÍAZ-GUERRA, Alfonso; La Segunda República y Guerra Civil en La Puebla de Montalbán, Ayuntamiento de la Puebla de Montlabán, Toledo, 2005, página 56
  • Libro actas, Santa Olalla, sesión 12 de junio de 1934.
  • Heraldo de Toledo, 23 de enero de 1934.
  • SALAZAR GÓMEZ, Pablo: La República en Arcicollar. Apuntes sin editar, Toledo 2020.
  • GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 135 y ss.

 

 

Fotografía de Escalonilla(TOLEDO)

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Juan Antonio Morales Gutiérrez
moralesgutierrez@telefonica.net

Guti para los amigos. Abogado en ejericio e investigador. Autor del libro: Una memoria sin rencor, ambientando en la Segunda República y posterior conflicto bélico

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