La República tras la sublevación en la comarca de Torrijos

La República tras la sublevación en la comarca de Torrijos

 

El golpe militar de julio de 1936 fracasó en algunos lugares y triunfó en otros, dividiendo al país en dos. La gran paradoja consistió en que aquel levantamiento, que supuestamente pretendía evitar una revolución en ciernes, terminó provocándola. En la comarca de Torrijos se cumplió lo que tantos analistas han señalado: en aquellas zonas de España donde no triunfó el golpe de Estado, estalló una revolución originada por el propio movimiento militar. Así, el alzamiento terminó desencadenando precisamente lo que pretendía impedir.

Durante el verano de 1936, la revolución desató en la retaguardia —y la comarca de Torrijos estaba en esa zona— una represión indiscriminada contra personas sospechosas de colaborar con los rebeldes o, simplemente, de simpatizar con las derechas, entre las que se incluyó al clero. A diferencia de la capital toledana, en los pueblos de la comarca de Torrijos no hubo apoyo a la rebelión, salvo en La Torre de Esteban Hambrán. Allí, un nutrido grupo de vecinos se amotinó en torno a su líder, Juan Aguado, jefe local de Falange, como se relata más ampliamente en su capítulo correspondiente.

El jefe del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, había ordenado a los gobernadores civiles que no distribuyeran armas entre las milicias obreras. Sin embargo, los acontecimientos lo desbordaron el mismo 18 de julio. A la mañana siguiente, tras su dimisión, el socialista José Giral asumió la presidencia del Gobierno y dio el paso decisivo de armar al pueblo, que salió a las calles para combatir a los sublevados. En ese contexto se produjeron hechos como los asesinatos en la Cárcel Modelo de Madrid, donde fueron ejecutados destacados líderes de derechas.

Se puso así en marcha una revolución espontánea, liderada principalmente por los sindicatos UGT y CNT. No se trató de una revolución que sustituyera al poder del Estado, sino de una que creó múltiples organismos paralelos, independientes de él. Fue, en cualquier caso, un proceso breve y limitado, cuyo desarrollo coincidió con el hundimiento del aparato estatal republicano durante los meses de verano de 1936.

 

El poder en manos de las clases populares

 

Como apunta el historiador Santos Juliá, el epicentro del poder se desplazó entonces hacia las clases obreras y campesinas, debido al papel decisivo que desempeñaron las milicias políticas y sindicales en los lugares donde el golpe militar había fracasado, como ocurrió en la comarca de Torrijos. Las calles de los pueblos se llenaron de hombres y mujeres armados. Muchos de ellos no estaban allí para defender la República, sino para hacer la revolución. Allí donde no habían llegado las reformas republicanas, lo harían ahora las acometidas revolucionarias.

Personas aparentemente pacíficas se convirtieron en verdugos de sus propios vecinos. Resulta difícil imaginar que, antes del 18 de julio, Zoilo Fernández Alonso, vecino de Novés y conocido como El Lechoncillo, pudiera participar en el asesinato de cuarenta y seis de sus paisanos en aquel verano sangriento. Lo mismo sucedió con el fuensalidano Teófilo Estepa García, implicado en numerosos crímenes de su localidad, o con el torrijeño Manuel Sánchez Espinosa, apodado Clavel, que participó en la muerte del cura Liberio y de los hermanos Yébenes. También miembros del Comité de Burujón intervinieron en la ejecución del capitán Alba.

No podíamos imaginar —y así lo hemos comprobado en nuestras investigaciones— que figuras representativas de la izquierda comarcal, como el último alcalde republicano de Torrijos, el médico Agustín Rivera Cebolla, conspiraran en la trágica muerte del cura Liberio. Tampoco parecía posible que el alcalde socialista de Fuensalida, Manuel Gómez Escalonilla, estuviera implicado en el asesinato de los hermanos falangistas Evencio, Teodoro y Vicente Caro Sardinero. En efecto, la mayoría de los máximos mandatarios municipales estaban en contra de la violencia, como más adelante quedará evidenciado.

 

Ejemplos de resistencia y clemencia

 

En Carpio de Tajo, toda la población protegió a sus vecinos derechistas. Aunque permanecieron apresados en la iglesia parroquial, salvaron la vida hasta que, a comienzos de agosto de 1936, un grupo de milicianos forasteros llegados de Madrid convocó al pueblo en la plaza para decidir el destino de los prisioneros. Desde el balcón del Ayuntamiento, El Granadino, jefe de las Milicias de Toledo, pidió que votaran a mano alzada si debían ser asesinados. El resultado fue un “no” unánime. Pero el orador, encolerizado, les advirtió con acento andaluz: “A estos que hoy perdonáis, serán los que en el futuro os quiten la vida a vosotros”. Y así fue: meses después, entre septiembre y diciembre de 1936, casi cuarenta carpeños fueron ejecutados por las tropas sublevadas que entraron en el municipio, acompañadas por falangistas canarios.

Al igual que en Carpio, hubo muchas voces que se alzaron contra la violencia desde el primer momento. En Gerindote, Nombela y Alcabón, sus alcaldes frentepopulistas —Adrián Rodríguez, Alejandro Martín y Tomás Campos— evitaron que se cometieran asesinatos. En otras villas, como Torrijos, Fuensalida o Santa Olalla, pese a la buena voluntad de sus primeros ediles, los Comités terminaron adueñándose del poder en detrimento de los Ayuntamientos. En ocasiones, incluso los propios miembros de los Comités evitaron crímenes. Tal fue el caso de Almorox, donde varios de ellos viajaron hasta una checa de Madrid para liberar a destacados derechistas locales, como se relata en su apartado correspondiente.

 

Los Comités del Frente Popular

 

Como respuesta inmediata a la rebelión militar y aprovechando el vacío de poder, en los últimos días de julio de 1936 se formaron los Comités de Defensa del Frente Popular —también llamados Comités de Guerra o simplemente Comités—. Actuaban por su cuenta, sin coordinación con el gobierno de Toledo, y se extendieron por todo el territorio leal a la República. Eran poderes autónomos, encargados de vigilar a las corporaciones municipales y a las autoridades, aunque no las sustituyeran formalmente.

Su misión era controlar las incautaciones, cárceles, multas, registros y ejecuciones. Sus miembros pertenecían o simpatizaban con partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, PCE, IR, CNT, UGT). Muchos jóvenes preferían marcharse al frente antes que quedarse en el pueblo, para evitar las tareas represivas que imponían los Comités. Acertaron los que lo hicieron, como el joven comunista Justino de la Concepción, natural de La Puebla, que abandonó su localidad para no cumplir las crueles órdenes de sus superiores.

Al finalizar la contienda, los tribunales militares consideraron que el simple hecho de haber participado en alguna detención durante aquel verano bastaba para condenar a muerte o, en el mejor de los casos, a largas penas de prisión. Sirva como ejemplo la veintena de torrijeños ejecutados por desplazarse, siguiendo órdenes del Comité, hasta San Martín de Pusa para detener al cura Liberio.

 

El Comité de Torrijos

 

El Comité de Torrijos se constituyó en los primeros días tras la insurrección y se instaló en una habitación del Ayuntamiento, que utilizó como sede. Como sucedió en la mayoría de las localidades de la comarca, dentro de este órgano existía una clara bicefalia de poder: por un lado, quienes defendían las ejecuciones; por otro, los que solo apoyaban las detenciones preventivas, las incautaciones o la imposición de multas. La mayoría de las veces, el Comité actuaba al margen de las directrices del Ayuntamiento.

Así lo expresaba el alcalde interino de entonces, el médico señor Fiscer:

“Yo nunca ocupé la presidencia del Comité durante los dieciséis días que estuve como alcalde sustituto. El Comité era una entidad extraoficial, desconectada de la vida municipal y funcionando al margen de toda relación de derecho público. Su actuación se desarrollaba en un local distinto del oficial del Ayuntamiento y se jactaba de arrollar toda autoridad formalmente instituida.

El dicente no solo se abstuvo de participar en aquellas actuaciones, sino que estuvo a punto de ser víctima de ellas, debido a mis gestiones oficiosas a favor de personas perseguidas. Este fue el caso de la supuesta denegación de auxilio que se me imputa respecto a los asesinatos del cura de Carriches y de su padre enfermo.

Ocurrió que una mañana, a comienzos de agosto de 1936, llegaron a Torrijos los referidos señores, huyendo de la persecución y preguntando por mi domicilio, sabedores de que yo era una persona honrada, con el fin de que los pusiera a salvo. Pero antes de llegar a mi casa fueron interceptados por unos milicianos que los reconocieron y asesinaron en el cruce de la carretera de Gerindote con Albarreal.

También han querido presentarme como inductor o autor moral de las muertes del cura de Val de Santo Domingo, don Francisco Aguilera; del capitán de Infantería señor Alba; y de cuantos vecinos de Torrijos fueron asesinados.”

En muchas poblaciones, los Ayuntamientos quedaron relegados a un segundo plano, mientras el poder real recaía en los Comités. En otras, como Gerindote, Nombela o Alcabón, las corporaciones municipales siguieron siendo el centro de autoridad, al menos en lo administrativo. En todos los casos, sin embargo, los primeros ediles participaron en las incautaciones de bienes, multas o requisas destinadas a financiar la guerra recién iniciada. Pero esta tarea “patriótica” degeneró en muchas ocasiones en un simple pillaje, donde el botín quedaba en manos de los propios miembros de los Comités, como veremos en cada caso local.

 

Incautaciones y economía de guerra

 

El alcalde de Fuensalida, Manuel Gómez Escalonilla Zapardiel, se mantuvo al margen de los asesinatos, que él mismo imputó en sus declaraciones a los miembros del Comité. Este edil ejerció una intensa actividad económica, requisando bienes y aplicando sanciones. Rendía cuentas ante los tribunales militares que, tras la guerra, lo ejecutarían. Fuensalida fue el municipio más eficaz de la comarca en lo referente a incautaciones de industrias y servicios. “Requisé todo el trigo que había en el pueblo, incluidas las 1.900 fanegas del convento de monjas, ante la necesidad de fabricar harina para abastecer a la población”, declaró el propio alcalde al finalizar la contienda.

Ningún empresario fue respetado en su propiedad, salvo la banca privada local, que no sufrió efecto alguno de la socialización. Esta excepción, curiosamente, fue general en toda la provincia de Toledo. Solo el Banco Central de Torrijos fue sancionado con 2.000 pesetas, y el Banesto de Talavera de la Reina con 5.000.

En Fuensalida y en otros municipios se incautaron las industrias agroalimentarias locales —bodegas, almazaras, fábricas de harinas, etc.—. También el comercio mediano y minorista siguió un proceso similar, pasando a ser gestionado por los Comités. Se constituyó así una economía colectivizada, donde los bienes socializados pertenecían a la comunidad y se sustituyó la moneda de curso legal por vales.

El primer alcalde franquista de Fuensalida relató más tarde:

“La mayoría de los vecinos se quedaron sin dinero porque el alcalde lo cambiaba por vales de imprenta, con su firma y valor en pesetas. Como los artículos necesarios para vivir solo podían adquirirse en el economato municipal, el dinero legal dejó de tener utilidad.”

Durante aquel verano de 1936, muchos comercios y talleres de la comarca colgaron carteles en sus fachadas que decían: “En esta firma se trabaja en colectividad.” En algunos casos, la incautación no fue total: se obligaba a los propietarios a enseñar a los Comités el manejo de la maquinaria.

En Torrijos, las empresas de la familia Calderón sufrieron todo tipo de saqueos e incautaciones que culminaron con el asesinato de uno de sus dueños, Domingo Calderón Bajo. También fueron despojados de su fábrica de conservas La Piedad, en La Puebla de Montalbán, por iniciativa de José Villaplana Balmaseda y José Baeza Amat, miembros del Comité local. Ambos viajaron a Madrid para solicitar al Ministerio de Agricultura fondos con los que reactivar la producción conservera.

 

Entre la memoria y los juicios sumarísimos

 

En la memoria de los habitantes más ancianos aún perdura el recuerdo de aquellos hechos sangrientos. Los testimonios orales no se equivocan cuando recuerdan a ciertos alcaldes que se mantuvieron ajenos a los asesinatos ocurridos en sus pueblos, como sucedió en Santa Cruz de Retamar. Los documentos judiciales lo confirman: el líder de la izquierda local, Segundo Sánchez González, Tacones, primer y último edil republicano de la villa y miembro de Izquierda Republicana, presidió un Ayuntamiento bajo cuyo mandato se produjeron dieciocho asesinatos de derechistas locales.

“El Ayuntamiento que yo presidía fue obligado a ceder todo su poder en favor de un Comité al que nunca pertenecí”, declaró en el proceso seguido contra él. “Algunos miembros del Comité me tacharon de fascista cuando intenté evitar una muerte y me advirtieron que también había un cartucho para mí. Nunca imaginé que aquellos jóvenes paisanos, a los que había intentado educar políticamente, acabarían perdiendo la cabeza.”

Su pena de muerte fue finalmente conmutada por treinta años de reclusión.

El caso de Val de Santo Domingo

 

La única localidad donde los familiares de los detenidos intentaron liberarlos fue Val de Santo Domingo. El 3 de agosto de 1936 se produjo allí un tiroteo en pleno centro de la villa. El Comité había arrestado a un hijo de Federico Gómez; éste, junto con tres de sus hijos, salió en su búsqueda para liberarlo. En el lugar conocido como Las Cuatro Calles, fueron recibidos a tiros por miembros del Comité. Damián Gómez Ramos cayó mortalmente herido en brazos de su padre, que también resultó herido y murió poco después en el Hospital Provincial de Toledo.

 

Miedo, pasividad y polarización

 

La mayoría de los habitantes de la comarca se abstuvo de participar en actos violentos y dejó que los acontecimientos siguieran su curso. Muchos no se opusieron por miedo a ser represaliados. No debe olvidarse que, apenas cinco meses antes, la población local había votado mayoritariamente a la derecha en las elecciones generales, con excepción de Gerindote, Maqueda, Santa Olalla, Santa Cruz, Los Cerralbos, Novés, Caudilla y Barcience.

Una gran parte de la población rural de derechas no militaba en ningún partido político: su identidad estaba marcada sobre todo por un profundo arraigo religioso, duramente atacado por sectores de la izquierda. En el lado opuesto, muchos votantes del Frente Popular tampoco pertenecían a partidos, aunque sí formaban parte de las Sociedades Obreras locales, vinculadas al sindicato socialista UGT-FETT. Afiliarse era, de hecho, requisito indispensable para acceder al trabajo.

 

Testimonios judiciales y casos ejemplares

 

En los juicios sumarísimos contra los alcaldes frentepopulistas abundan las declaraciones similares a la de Esteban López Martín, alcalde de Portillo hasta 1936. Se desconoce si actuó bajo presión o por mera supervivencia, pero en su declaración judicial atribuyó la muerte del líder local de Acción Popular, Agustín Díaz Guerra, a cuatro miembros del Comité, acompañados por un teniente republicano apodado Siliano, natural de Tembleque, que dirigía un grupo de milicianos forasteros:

“No pude persuadir a los forasteros de que rompieran la lista de vecinos a ejecutar, a pesar de que me desplacé hasta la carretera, junto a Amado Martín y Agustín Díaz Guerra, para intentar impedir su entrada en la villa”, declaró el alcalde.

Hubo localidades, sin embargo, donde apenas se notó el estallido de la guerra. En Mesegar, Erustes y Los Cerralbos no se cometió ningún asesinato. Los primeros alcaldes franquistas reconocieron la conducta ejemplar de sus predecesores republicanos.

En Mesegar, Arturo Ovejero Herradón, último mandatario frentepopulista, evitó que la revolución se cebara con su pueblo. El primer alcalde franquista, José Adánez Collado, escribió de él: “Tuvo un comportamiento ejemplar y una conducta intachable.” Tanto insistió en su defensa que llegó a declarar ante los tribunales militares: “Si no es cierto lo que decimos de Arturo Ovejero, estamos dispuestos a pagar con nuestras vidas.”

En Erustes, el alcalde y presidente del Comité, Julián Jerez Vaquerizo, afiliado a la UGT desde 1931, también logró evitar la violencia. El primer edil franquista de la localidad, Alejandro Palomo, escribió en 1939:

“A pesar de que Julián Jerez fuera fundador de la Sociedad Obrera y obligara a los jornaleros a afiliarse a la UGT, fue un hombre justo y sensato. Gracias a él no hubo derramamiento de sangre y dejó las cuentas municipales cuadradas, sin faltar una sola peseta.”

 

Los Cerralbos y la paradoja de la convivencia

 

En Los Cerralbos, Fulgencio Pérez Carrasco, primer edil frentepopulista, recibió pacíficamente a las tropas sublevadas en septiembre de 1936. Hombre de izquierdas y afiliado a la UGT, contaba con el respeto de los patronos derechistas del pueblo, especialmente de Eliezer García de la Torre, que sería el primer alcalde franquista. Ambos colaboraron en el traspaso de poderes y, de manera insólita, se reunieron en el Ayuntamiento para designar juntos a los nuevos mandatarios municipales.

Fulgencio había evitado días antes que milicianos forasteros de la FAI detuvieran a los patronos locales, convenciéndolos para Perfecto, aquí tienes la continuación y cierre del artículo completo, exactamente donde lo dejamos, con el mismo tono fluido, riguroso y legible para blog:

 

Fulgencio había evitado días antes que milicianos forasteros de la FAI detuvieran a los patronos locales, convenciéndolos para que se marcharan sin causar daño alguno. También salvó la vida de Miguel Olmedo, un derechista de Domingo Pérez perseguido por milicianos de su pueblo. Gracias a la ayuda del alcalde socialista y de su amigo Julio Riesgo, logró refugiarse en Los Cerralbos. Mientras tanto, su padre, Besa Olmedo, fue asesinado tras intentar rescatarlo, víctima de la violencia desatada en Domingo Pérez.

La tragedia de Caudilla

En el diminuto municipio de Caudilla —hoy deshabitado y entonces con menos de un centenar de habitantes—, el Comité esperó la evolución del conflicto antes de decidir el destino de sus detenidos. El 19 de septiembre de 1936, cuando las tropas rebeldes se encontraban a escasos kilómetros, Petra García Alonso, su esposo Álvaro Rodríguez (autoproclamado alcalde) y su hijo Alfonso (jefe del Comité) solicitaron ayuda a los vecinos de Novés y Val de Santo Domingo para ejecutar a Claudio Ruiz Bajo y a sus tres hijos.

Entre ambas familias existía una larga relación laboral: Álvaro había trabajado como guarda en las fincas de Ruiz Bajo. Pero el estallido de la guerra liberó resentimientos acumulados tras años de patronazgo y servidumbre. El mismo 18 de julio fueron detenidos Claudio y sus hijos —Salvador, Alejandro y Jesús, afiliados a Falange— y obligados a trabajar en sus propias tierras hasta el fatídico 19 de septiembre, cuando fueron asesinados y despojados de sus bienes.

El destino de los asesinos fue el mismo que el de sus víctimas: el padre fue fusilado en Val de Santo Domingo el 26 de octubre, y el hijo, pocos días después, en las tapias del cementerio de Caudilla. Petra García Alonso, considerada inductora, fue detenida en Casarrubios tras huir hacia Madrid. En su casa se hallaron los sellos de oro con las iniciales de la familia Ruiz Bajo, prueba irrefutable de su implicación.

La difícil labor del historiador

Uno de los grandes problemas historiográficos en el estudio de los Comités es la desaparición de su documentación: fue destruida o escondida por sus propios miembros para evitar que cayera en manos de las fuerzas sublevadas. Sin embargo, un análisis minucioso de los juicios sumarísimos seguidos tras la guerra permite reconstruir parte de su actuación, aunque siempre con cautela. Estas fuentes jurídico-militares están, en muchos casos, manipuladas por el bando vencedor, por lo que solo los hechos contrastados con otras evidencias pueden considerarse verosímiles.

Epílogo: una herida aún abierta

Como afirmó Santos Juliá, España llevaba siglos dividida, y sus contendientes decidieron, ante la perplejidad del mundo, saldar sus cuentas matándose entre sí. La responsabilidad de aquella catástrofe quedó diluida en el propio carácter nacional. Los golpistas sabían lo que hacían y emplearon todos los medios para lograrlo, como si cumplieran un destino escrito por mano ajena.

Pero basta pensar que, si un grupo de conspiradores militares hubiera mantenido su juramento de lealtad a la República, jamás habría comenzado una guerra entre españoles. Podrían haber ocurrido otras cosas, sí, pero no una contienda fratricida de tal magnitud, cuyas secuelas todavía hoy perduran.

 Conclusión

La historia de la comarca de Torrijos durante los primeros meses de la Guerra Civil española resume, en microcosmos, la tragedia nacional: la división, la violencia desatada, las venganzas personales y, también, los gestos de humanidad de quienes se negaron a cruzar ciertas líneas. Entre el caos, hubo quienes mantuvieron la cordura, resistiendo el odio y defendiendo la vida.

Recordar aquellos hechos no es reabrir heridas, sino comprender su profundidad. Solo a través del conocimiento, la memoria y la verdad se puede mirar el pasado sin repetir sus errores.