PROYECTO REPUBLICANO

 

  Cómo llegó la Segunda República a España

 

 España salía de la era dictatorial del general Primo de Rivera, en la que se había establecido una Monarquía autoritaria basada en una dictadura militar que inicialmente gozó de gran popularidad. Durante este régimen, hubo una represión política y social de baja intensidad y un partido oficial ficticio llamado Unión Patriótica. El tándem Alfonso XIII-Primo de Rivera (1923-1930) contó con la colaboración de muchos líderes de la derecha antiliberal, como Gil Robles, José Calvo Sotelo, Juan Ignacio Luca de Tena, José María Pemán y José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador), así como un amplio sector de la burocracia del Estado, civiles, militares (incluyendo las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil) y eclesiásticos, es decir, la Iglesia católica y sus organizaciones afines.

El hecho de que la dictadura fuera profundamente confesional hizo que fuera excluyente e intransigente con aquellos que no compartían su fe, como ateos, librepensadores, agnósticos o personas simplemente indiferentes a todo ello. Los grupos eclesiásticos desempeñaron un papel importante como referencia ideológica, dirección espiritual y apoyo material y financiero de todo el frente autoritario. En Toledo, por ejemplo, el diario El Castellano era una muestra de ello.

José Calvo Sotelo tenía amistades y familiares en Toledo, donde fue destinado como funcionario de Hacienda en 1916. Allí conoció a su futura esposa, Enriqueta Grondona, y a José Félix Lequerica, un político bilbaíno, hombre de negocios e «intelectual orgánico» de la oligarquía de Neguri, que fue un conspirador activo en los meses previos a la guerra. Junto al polémico cardenal Segura, estos personajes verían fracasar a la Monarquía autoritaria a la que habían apoyado tanto.

La dimisión de Primo de Rivera provocó una crisis que hizo que el proceso de cambio revolucionario fuera irreversible. El gobierno del general Dámaso Berenquer heredó muchos de los problemas que Primo no pudo solucionar, como una clase política resentida con el rey y un ejército dividido e inestable. A partir de entonces, el gobierno tendría que emplear una nueva táctica para lograr sus objetivos autoritarios.

Para los constitucionalistas, el desenlace de la crisis de principios de 1930 fue un revés en su intento de controlar la transición a un régimen parlamentario sin grandes cambios políticos y sociales. Sin embargo, los partidos republicanos se encontraron con la oportunidad más favorable desde el verano de 1917. Las fuerzas antidinásticas solo tuvieron que insistir en la ilegitimidad de un rey que había actuado como cómplice del régimen dictatorial para obtener el apoyo de gran parte de la opinión pública.

En 1930, la oposición a la Monarquía salió a la luz mediante una maniobra que incluía la movilización de masas. A pesar de las huelgas y movilizaciones generales, los republicanos cometieron los mismos errores que los liberales y constitucionalistas en el pasado al intentar crear un instrumento subversivo eficaz. La necesidad de mantener un frente amplio que diera cobertura política a una insurrección principalmente militar arruinó la conspiración, que explotó precipitadamente en Jaca a mediados de diciembre de 1930. En ella, los capitanes Fermín Galán y García Hernández, formados en la Academia Militar de Toledo, intentaron sublevarse y derrocar a Alfonso XIII.

Después de que Berenguer otorgara amnistía a todas las víctimas de la Dictadura y permitiera la exposición pública de opiniones políticas que antes estaban prohibidas, los mítines experimentaron un crecimiento sin precedentes. Aprovechando esta libertad de expresión, Marañón, Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset difundieron un manifiesto republicano. Mientras tanto, Miguel Maura proclamaba su republicanismo en el Ateneo de San Sebastián. Varias semanas más tarde, José Sánchez Guerra, quien se había convertido en un símbolo de la lucha contra Primo de Rivera, acusó al rey de haber patrocinado la Dictadura y exigió su abdicación, proponiendo la convocatoria de unas Cortes que se encargarían de la reforma constitucional.

           El Frente de San Sebastián

 

Poco a poco se hizo evidente que el régimen estaba atravesando una crisis irreparable, lo que no solo se debía a la impopularidad del rey, ya que las instituciones del Estado seguían siendo leales a la Corona. A medida que el debate se intensificaba y el Gobierno de Berenguer mostraba signos de debilidad, los partidos políticos empezaron a presentar sus programas, y la protesta estudiantil se volvió más intensa.

Tras el fin de la Dictadura, las fuerzas políticas y sociales comprometidas en la transformación revolucionaria del régimen de la Restauración cobraron nueva energía. La Unión Republicana convocó a los representantes de diversos partidos antimonárquicos en San Sebastián para acordar un mínimo común denominador que ofreciera una alternativa real al régimen imperante. De este encuentro surgió el Comité Revolucionario Nacional Político (CRN), que se encargó de establecer contactos con socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, y de buscar el apoyo del Ejército para un posible levantamiento. El CRN asumió el papel de contrapoder «en la sombra» del Gobierno, con la vista puesta en la futura República.

Durante el verano de 1930, muchos militares de graduación se afiliaron a Acción Republicana, Derecha Liberal Republicana y al Partido Radical de Lerroux. La Asociación Militar Republicana (AMR), dirigida por el general Queipo de Llano, se convirtió en la organización secreta encargada de canalizar las relaciones del CRN con los oficiales y jefes del Ejército opositores. A pesar de la reticencia inicial de los socialistas a apoyar movimientos insurreccionales, la presión de sus bases los llevó a continuar los contactos con los conspiradores republicanos.

El plan de difusión republicana culminó en un gran mitin en la Plaza de Toros de Madrid el 29 de septiembre de 1930, en el que participaron Unamuno, Prieto y De los Ríos, en medio de un importante despliegue policial. Un mes después, el CRN comenzó a organizar una huelga y una sublevación a escala nacional, en la que se implicaron numerosas guarniciones. Fue entonces cuando, a pesar de las divisiones internas, los dirigentes socialistas decidieron finalmente unirse al complot ante la presión de sus bases.

Por su parte, la CNT decidió por aparcar sus compromisos con los republicanos por temor a que estas fuerzas manipularan las movilizaciones y comenzó a hacer la guerra por su cuenta de manera descoordinada, lo que puso al Gobierno en alerta. Al comienzo de la segunda semana de octubre, el impulso insurreccional cenetista parecía fuera de control: tras los paros de la semana  anterior, se esperaba una intentona de huelga general para el 10-12 de octubre, que podía desembocar en la tan codiciada insurrección entre los días 15 y 19. Ante certeza de que se estaba preparando una huelga general revolucionaria, el Gobierno ordenó una amplia redada de cenetistas, pero quienes más sufrieron las consecuencias de la represión fueron los miembros más destacados de la oposición: Lerroux, Alcalá-Zamora, Domingo y Azaña acabaron en la cárcel, entre otros muchos.

La revolución preparada por el CRN se frustró por las hostilidades internas entre las distintas facciones de la conspiración, por la actuación policial y, sobre todo, por la impaciencia anarcosindicalista que propició la integración de las fuerzas políticas catalanas en el plan a escala estatal que estaba diseñando el CRN.

La rebelión de Jaca

 

 La situación de huelgas, disturbios estudiantiles y posturas cada vez más beligerantes de intelectuales y políticos, junto con la crisis del Gobierno Berenguer, creó un ambiente propicio para la sublevación republicana. Sin embargo, las diferencias entre las fuerzas políticas implicadas en el Comité Revolucionario Nacional (CRN) generaron muchos problemas y llevaron a varios aplazamientos del movimiento.

Los sucesos del 13 de noviembre de 1930, durante el entierro de cuatro obreros fallecidos en el hundimiento de una obra, marcaron el inicio de una movilización en Madrid contra la Monarquía. La sublevación comenzaría con la ocupación de algunas guarniciones en distintas poblaciones, especialmente en Madrid, donde se alzaría el aeródromo de Cuatro Vientos. Un destacamento de Aviación, liderado por el comandante Ramón Franco, ocuparía los polvorines de Campamento, mientras Queipo de Llano sublevaría la Escuela de Tiro y otras instalaciones militares en Madrid. Todas estas fuerzas formarían una columna mixta que avanzaría hacia el Palacio de Oriente. Luego, las organizaciones obreras secundarían la iniciativa castrense mediante una huelga general revolucionaria.

Después de que el primer intento fuera abortado, un grupo de jóvenes oficiales apoyó el proyecto insurreccional gestionado por el Comité Revolucionario Militar de Queipo. El capitán Fermín Galán consiguió introducir su plan insurreccional dentro del proyecto político resultante del Pacto de San Sebastián. Sin embargo, Galán precipitó los acontecimientos el 12 de diciembre de 1930 y fue interceptado y batido por las tropas gubernamentales al día siguiente, junto con el también capitán Ángel García Hernández. El intento fracasó debido a las discrepancias internas en la coalición opositora formada por la burguesía republicana, el movimiento obrero y el Ejército, así como por su ineficacia para crear un adecuado instrumento de rebeldía.

           La caída definitiva de la Monarquía

 

La «revolución de diciembre» cerró definitivamente la vía insurreccional hacia la República y fue la última vez que se contó con la adhesión de las Fuerzas Armadas. La Corona y el CRN aceptaron una tregua tácita hasta las elecciones de abril de 1931, ya que no parecían dispuestos a solucionar su contencioso por medio del consenso. En resumen, el balance de los sucesos de diciembre no fue prometedor, y la Corona demostró estar dispuesta a defender su supervivencia de manera sangrienta.

A fines de 1930, la agitación revolucionaria en España parecía haberse calmado después de que la mayoría de los principales líderes del CRN fueron encarcelados. Sin embargo, en menos de cuatro meses, la República se proclamó pacíficamente, sorprendiendo tanto al público como a sus promotores.

A principios de febrero de 1931, la censura de prensa fue levantada, lo que permitió una mayor libertad de expresión y la publicación de versiones no oficiales de los eventos de diciembre, en particular el procesamiento y ejecución de Galán y García Hernández. Sin embargo, la caída final del gobierno de Berenguer se debió a las diferencias políticas dentro de las filas monárquicas. La convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo provocó una ola de declaraciones en contra, y los cinco partidos republicanos decidieron no participar en las elecciones amañadas, exigiendo en su lugar un verdadero proceso constituyente.

En la primavera de 1931, los grupos republicanos estaban dispuestos a traer la República, ya fuera pacífica o violentamente. La campaña para las elecciones municipales del 12 de abril estuvo llena de referencias catastróficas por parte de la derecha antirrevolucionaria, incluyendo el peligro de una invasión rusa, el bolchevismo y una cruzada contra la anti-España. En realidad, las fuerzas políticas eran conscientes de que la votación tenía un carácter plebiscitario después de ocho años sin ejercer el voto. La caída de la monarquía era inevitable.

 

En las elecciones de la ciudad de Toledo hubo una intensa disputa electoral entre los partidos monárquicos y republicanos. Los monárquicos, apoyados por el cardenal Segura y el periódico El Castellano, formaron la candidatura conservadora con la ayuda de diferentes asociaciones católicas que se unieron en torno a Acción de Orden Social. Sin embargo, el alcalde de Toledo, Alfredo van den Brule, a pesar de ser un seguidor entusiasta de Alfonso XIII, no formó parte de esta candidatura. Toledo era una capital dirigida por una mentalidad católico-monárquica, pero la candidatura republicano-socialista liderada por Guillermo Perezagua Herrera ganó las elecciones. Después de la noticia, hubo manifestaciones espontáneas y desde el balcón del Ayuntamiento se proclamó la implantación de la República. Los concejales electos ganadores redactaron una diligencia para incorporarla al Libro de Actas Municipales y declarar que Ballester asumía la autoridad municipal. El ambiente de júbilo fue captado por la cámara del fotógrafo Rodríguez. La bandera republicana se izó en el balcón de la Diputación Provincial y los acordes de La Marsellesa sonaron en toda la ciudad. El capitán Salvador Sediles, uno de los héroes de Jaca, visitó Toledo días después.

 

           Resultados de las elecciones en el resto de España

 

Como se sabe, en las elecciones celebradas en 9,259 municipios, los monárquicos obtuvieron la mayoría de los concejales electos, sin votación, según lo establecido en el artículo 29 de la Ley Electoral de 1907. De los concejales elegidos el 12 de abril, los republicanos ganaron en 45 de las 52 capitales de provincia y en numerosas grandes localidades con una población superior a 6,000 habitantes. A pesar de que en la noche del 14 de abril de 1931, los resultados oficiales del Ministerio de Gobernación indicaban que los monárquicos habían elegido 29,953 concejales en comparación con los 8,855 republicanos, la derrota de la coalición gubernamental en las grandes ciudades demostró la victoria de la opinión política más libre sobre el caciquismo que seguía imperando en el mundo rural, gracias al citado artículo 29.

           Proclamación de la Segunda República

 

Todavía hoy en día se discute si los sucesos que ocurrieron desde el 12 de abril y la transferencia de poder que se llevó a cabo el 14 de abril pueden ser considerados como revolucionarios, y si había otras opciones disponibles para resolver la crisis política. Finalmente, la opción rupturista del Gobierno Provisional, que había utilizado habilidosamente la presión de los ciudadanos en la calle durante los últimos días, triunfó.

La mayoría de los ministros reunidos en la sede de la Presidencia del Consejo estuvieron de acuerdo en la dimisión, salvo dos de ellos que se mostraron dispuestos a formar un gobierno que defendiera a la Corona con sangre y fuego, a pesar de no tener el apoyo militar necesario. Berenguer y Sanjurjo desaconsejaron esta opción y los diarios vespertinos comenzaron a difundir rumores sobre la abdicación y la inminente marcha del rey. A la mañana siguiente, el 14 de abril, con la República ya proclamada en ciudades como Vigo y Eibar, el rey y la vieja clase política intentaron jugar sus últimas cartas.

Romanones se ofreció como intermediario con el CRN para resolver el conflicto político mediante una consulta general en las Cortes. Sin embargo, el rey agradeció la gestión privada de Romanones y ordenó a Honorio Maura la redacción de un documento de despedida. El conde y Alcalá-Zamora se reunieron en el domicilio de Gregorio Marañón. El primero intentó ganar tiempo ofreciendo la marcha del rey y la formación de un gabinete que garantizara la paz pública, y convocar una tregua de unas pocas semanas antes de convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Pero el presidente in pectore del Gobierno Provisional de la República no cedió y exigió la marcha de don Alfonso sin condiciones. La Monarquía cayó en favor de la República, que no llegó al poder de manera revolucionaria de tipo clásico, sino de la mano de un pueblo que tomó las calles de forma festiva. La presencia masiva de la ciudadanía en las calles durante las jornadas de abril legitimó a la joven República.

Aunque el día soleado y ruidoso del 14 de abril transcurrió pacíficamente en Madrid, algunas estatuas reales sufrieron daños: la imagen de Isabel II fue empujada hasta el convento de las Arrepentidas y luego destrozada en la Puerta del Sol, mientras que la estatua ecuestre de Felipe III fue derribada y arrastrada por la Plaza Mayor.

A última hora de la tarde, el régimen republicano quedó oficialmente instaurado en España, ya que el nuevo ministro de la Gobernación, Miguel Maura, llamó por teléfono a todos los gobernadores para que entregaran el poder a los presidentes de los comités republicanos. A las nueve de la noche, también desde el despacho del ministro de la Gobernación, Niceto Alcalá-Zamora proclamó la República en toda España por medio de la radio. Quince minutos más tarde, el rey partió del Palacio Real hacia el exilio.

Los efectos sobre la economía de la Gran Depresión.

 

La economía española experimentó una cierta afectación durante la Gran Depresión, aunque no con la misma virulencia e intensidad que los países capitalistas de su entorno, debido a que era una economía algo más atrasada y menos vinculada al comercio exterior. Sin embargo, la proclamación de la Segunda República en 1931 causó una gran convulsión en el mundo empresarial, ya que los grandes industriales españoles que habían disfrutado de la prosperidad en los años veinte, no veían con buenos ojos el cambio de régimen. La banca se mostró recelosa ante la nacionalización y la burguesía rural latifundista temía ser expropiada tras el anuncio de las leyes agrarias que afectarían a la propiedad privada. Esto provocó una fuga masiva de capitales y una brusca paralización de la inversión extranjera.

Estas circunstancias obligaron a las empresas importantes, que dependían de las inversiones estatales, a sobreponerse a la parada en seco decretada por el Gabinete Berenguer en 1930. Uno de los sectores más afectados fue el de la construcción, que había experimentado un boom durante los años veinte y había dado lugar a la creación de poderosas sociedades anónimas con recursos financieros propios, capaces de emprender grandes proyectos de obras públicas encargados por las administraciones estatales. Sin embargo, la grave crisis que sufrió el sector durante los años de la Segunda República se debió en parte a la drástica paralización del extenso plan de obras públicas que había puesto en marcha la dictadura de Primo de Rivera en su etapa final. La falta de obras se vio agravada por el incremento de los costes sociales que encarecían la mano de obra.

El sector agrario también se vio gravemente afectado por la crisis económica que originó la Gran Depresión. La agricultura española dependía en exceso de cultivos tradicionales como el cereal, y su retraso en la mecanización de las labores, los bajos rendimientos y la escasa competitividad frente a los trigos extranjeros fueron algunos de los problemas que enfrentaba. A pesar de haber logrado una capacidad de autoabastecimiento hacia comienzos de los años treinta, todavía se recurría con frecuencia a la importación en los años de malas cosechas. En cambio, en los años de exceso de producción, el trigo se almacenaba en los graneros, lo que provocaba una intensa caída de precios y grandes disputas entre agricultores e industriales. Estos últimos exigían una liberalización de las importaciones para abaratar los precios del trigo en el mercado nacional.

 

Fotografía tomada del Archivo Rodríguez. Mujeres rezando en una iglesia de Toledo.