ELECCIONES GENERALES DE FEBRERO DE 1936 EN TOLEDO.

Este es el capítulo sexto del libro Orígenes de la guerra civil en la comarca de Torrijos.

 6.- Las elecciones generales de febrero de 1936

 Después de las derrotas del movimiento obrero en 1934, la represión trajo consigo una apariencia de calma social; aunque la violencia estaba a flor de piel. En una gran parte de los pueblos de la comarca, las Casas del Pueblo seguían cerradas dieciséis meses después de los sucesos de Octubre. Este aplastamiento de las organizaciones obreras implicadas en la insurrección, abonó el terreno para que estas buscaran un entendimiento electoral con los partidos de izquierda liberal, que también habían sido represaliados en gran medida.

Con anterioridad a las elecciones se vivieron momentos de euforia en la provincia. Así, en  Torrijos se celebró un acto de Acción Católica presidido por el diputado Julio González Sandoval, afincado en esta localidad. Éste prometió la construcción de un puente sobre el Tajo que beneficiaría a la comarca de La Puebla, Gerindote, Burujón y Albarreal. Se pretendía sustituir a la barcaza de la finca Ventosilla, donde días atrás una camioneta llena de jóvenes cayó al río, falleciendo cuatro de éstos. Semanas después, se obtuvo un buen resultado electoral  por la derecha en Torrijos. En ello influyó el apoyo de la poderosa familia Calderón, que ya era propietaria del latifundio Alcubillete, muy próximo al lugar citado, y de la fábrica de conservas vegetales La Piedad, que empleaba a más de 300 mujeres de La Puebla de Montalbán.

También José Antonio Primo de Rivera aprovechó el momento de precampaña para dar un mitin de Falange en el cine Moderno de Toledo. El secretario general, Manuel Fernández Cuesta, expuso el programa doctrinal puro de su partido, combatiendo al capitalismo de condición financiera. Abogó por el nacionalismo, por la mejor distribución de la riqueza, el imperio de la justicia social y la igualdad de los hombres ante el trabajo. En su alocución final, José Antonio, comenzó diciendo que sentía la poca asistencia de obreros, ya que a ellos quería dirigirse. También resaltó el alto índice de paro y el hambre que sufría un importante contingente de trabajadores. Como presagiaban todos los sondeos de opinión, el llamado voto “útil” en favor de la candidatura antirrevolucionaria impidió que el fundador de Falange fuera elegido diputado a Cortes por Toledo (solo consiguió 1.479 votos) y su voz resonara en el Congreso como la de Calvo Sotelo. (2)

Las proclamas de la campaña electoral giraron en torno al anticomunismo, para las derechas, y el antifascismo para las izquierdas. En realidad, el Frente Popular transformó una simple alianza electoral en un conglomerado de partidos con el propósito de gobernar la República. Se trataba de una gran coalición entre los republicanos de centro izquierda, que capitaneaban Azaña (IR) y Martínez Barrio (UR) por un lado, y las distintas fuerzas políticas y sindicales de la izquierda obrera por otro. El frentepopulismo fue un fenómeno internacional, y en absoluto exclusivo de España. Los tres ejemplos más triunfales fueron el FP francés, el español y el chileno, que llegaron a ganar las elecciones.

Los resultados electorales nacionales de los comicios de febrero 1936 arrojaron una victoria ajustada para las izquierdas. El cómputo final desveló una situación muy pareja, el 47,2% votó al Frente Popular, mientras que un 45,7% lo hizo por las derechas. La CEDA de Gil Robles fue el partido más votado, al recibir el 23,2% del total de votos emitidos frente al 16,4% de los socialistas o el 19,6% de los republicanos de izquierda. Sin embargo, en la provincia de Toledo el triunfo fue rotundo para la derecha: ocho diputados contra dos del Frente Popular. Por ello, los representantes de esta agrupación política  impugnaron las elecciones en la provincia denunciando el acoso sufrido en los pueblos por sus oponentes políticos, aunque luego se desistiera de dicho rebatimiento tras la victoria en toda España y ya no fueran necesarios más votos de dudosa procedencia. (3)

Tras conocerse el escrutinio, las presiones a Portela y su Gobierno para que se proclamase el estado de guerra fueron muy intensas. También se unió a esta conminación Gil Robles y Franco (todavía jefe del Estado Mayor). Éste militar llegó a cursar, la misma mañana del 17 de febrero, la declaración del estado de guerra para varias provincias, y de hecho era partidario de proclamarlo en todo el país. Sin embargo, el golpe no se consumó por la actitud de la Guardia Civil, que se negó a secundarle, así como por la de los Guardias de Asalto, y por la del presidente del Gobierno, Portela, que desautorizó a Franco. Mucho influyó en esa decisión negativa las manifestaciones multitudinarias que empezaron a proliferare por las calles y que dificultaban ese decisivo paso, a riesgo de provocar un baño de sangre. El resultado de tanto nerviosismo fue que Portela dimitió el día 17 de febrero, y por la tarde ya era presidente del Consejo de ministros Manuel Azaña. (4)

La jerarquía eclesial tomo partido claramente en favor del bloque contrarrevolucionario y, según Raguer, no hizo nada para aminorar la confrontación electoral, ni el ambiente de crispación que acabó conduciendo a la Guerra Civil. La derrota electoral de la CEDA colocó en primer plano la estrategia insurreccional a la que fueron sumándose buena parte de los partidos de derechas y ya, en febrero de 1936, se escribía en la revista El Pensamiento Alavés “que no sería el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada”. (5)

El triunfo del Frente Popular enfrió aún más las relaciones con la Iglesia católica y las medidas laicizadoras iniciadas en 1931, e interrumpidas durante el bienio radical-cedista, experimentaron un nuevo impulso. También se desencadenó un nuevo episodio de violencia anticlerical con asalto a edificios religiosos en algunas capitales de  España. Y desgraciadamente, se incrementaron las amenazas y burlas directas a los clérigos, algunos de los cuales sufrieron el acoso de  vecinos y la expulsión de sus parroquias, lo que implicaba la clausura del templo.

Sin embargo, en toda España ningún religioso murió violentamente  en la primavera de 1936. A pesar de ello, la prensa provincial, a través de  El Castellano, no se escondió a la hora de desligitimar al Gobierno republicano por su incapacidad para controlar el orden público, señalando el dedo acusador hacia los edificios religiosos destruidos y otros  incendiados o saqueados. Pero lo cierto fue que cuando la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria  alcanzó altas cotas de brutalidad, el anticlericalismo se hizo igualmente violento: ya no se atacaba bienes muebles e inmuebles, sino que se ejercitaba la violencia de palabra y contra las personas. (6)

Así ocurrió en la marcha de protesta celebrada en Torrijos, el 2 de marzo de 1936. A través del desfile de la muchedumbre, que pedía pan y trabajo, también se oyeron voces pidiendo a gritos la expulsión de sacerdote Liberio González. Pero al final del recorrido, el gentío cambio su rumbo para dirigirse a la Casa Parroquial en la que se encontraba el citado religioso, que fue socorrido por el alcalde Rivera Cebolla y acompañado por éste a la Iglesia del Cristo de la Sangre. Aunque la manifestación no se convocó específicamente para pedir la destitución de párroco, al día siguiente, éste viajaba coaccionado camino de Santa Ana de Pusa, su pueblo natal. Jornadas después escribía a la Curia Arzobispal: “He sido el dique de la revolución y tengo que ser su primera víctima”. (7)

En los meses inmediatamente previos al inicio de la Guerra Civil los conflictos huelguísticos aumentaron en la comarca de Torrijos y todos ellos iban orientados a mitigar el paro agrícola. Además, los sindicatos locales socialistas de la FETT-UGT pusieron en marcha una gran cantidad de manifestaciones reclamando la aplicación de las ventajosas Bases de Trabajo que habían estado vigentes durante el primer bienio. En otros muchos casos, las disputas giraron en torno al deseo de los jornaleros por obtener un mejor reparto de las ofertas de empleo. Este objetivo venía respaldado por los Ayuntamientos de izquierdas recién restablecidos y por las sociedades locales de la FETT. En este último sentido, las Corporaciones regidas por alcaldes de izquierda, en estrecha colaboración con las Casas del Pueblo, recurrieron en muchas poblaciones de la comarca de Torrijos  a la imposición de jornaleros en paro a los patronos locales. En tales casos se aducía la estricta aplicación de los preceptos contenidos en la Ley de Laboreo Forzoso, aun cuando frecuentemente se vulnerasen los procedimientos administrativos establecidos a tal efecto.

Hay que insistir en que una gran parte de las localidades volvieron a ser escenario de protestas y conflictos huelguísticos, en los que se perseguía  el cumplimiento de las Bases y la legislación laboral del primer bienio. También se reclamaba la elevación de los jornales mediante la aplicación de las normas de trabajo correspondientes a los años 1932 o 1933, hasta que no fuesen firmados nuevos acuerdos. Pero sin duda, la modalidad de conflicto laboral más frecuente volvió a consistir en la imposición a los propietarios para que obreros agrícolas, en determinadas fincas, trabajaran sin el consentimiento de aquellos. De esta manera, grupos de numerosos jornaleros ocupaban tierras sin la autorización previa del dueño, reclamando de este último el pago de los salarios una vez finalizada la jornada. La espontaneidad de estas  desbordó, incluso, a los dirigentes locales de la FETT, o si se prefiere de UGT, allí donde existían centros socialistas de trabajadores agrícolas. La intensidad de las “invasiones” motivó frecuentemente protestas patronales, que aconsejaron la intervención del Gobernador civil y de la fuerza pública.

Desde el mes de abril de 1936 comenzaron a hacer acto de presencia las interminables denuncias patronales acerca del “humillante” trato recibido por los jornaleros de numerosos pueblos de la comarca de Torrijos, casi siempre respaldados en sus actuaciones por los alcaldes socialistas o republicanos de izquierda que se amparaban en las disposiciones legales del Laboreo Forzoso. Ciertamente, la mano de obra campesina  desplegó una gran lucha agraria después de las elecciones de febrero de 1936. Sin embargo, las Sociedades Obreras argumentaban en  defensa de sus afiliados que sufrían serios episodios de hambruna y no tenían más remedio que buscar  el sustento de sus desnutridos hijos.

También, comenzaron a menudear las presiones dirigidas contra los patronos, funcionarios, exalcaldes y otros vecinos significados políticamente, como ocurrió en Gerindote. Aquí el exprimer edil cedista, Pedro Rivera, se marchó coaccionado con su familia a Madrid, en marzo de 1936, y no volvería más a su villa natal. Otros paisanos, como el veterinario Pedro Rodríguez Merchán y el secretario del Ayuntamiento de dicha localidad, Manuel Ípola, junto con el maestro Roberto Pérez Grueso, fueron obligados a dejar sus puestos de trabajo. Los tres últimos volvieron después de acabar la guerra para seguir ejerciendo su profesión. Sin embargo, el exalcalde fue asesinado en Paracuellos después de ser detenido en la cárcel Modelo de Madrid tras una denuncia cursada por algún enemigo político de su villa natal. (8)

Por esas mismas fechas, un Partido Socialista radicalizado exigía el exacto cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de los jornaleros y la aceleración de la reforma agraria. Para sosegar los ánimos de los yunteros extremeños el ministro de Agricultura promulgó una serie de decretos encaminados a satisfacer las necesidades más perentorias del campesinado. Así pues, mediante decreto de 3 de marzo de 1936 se reconocía a los jornaleros de Extremadura el derecho a recuperar el uso y disfrute de las tierras de las que habían sido expulsados y, dos días después, se autorizaban los asentamientos temporales en algunas provincias como Toledo. Otra norma, en beneficio de los obreros, se decretó  el 20 de marzo, al amparo de la cláusula de utilidad social de la Ley para la Reforma Agraria de 1935, y se autorizó al IRA para que los jornaleros ocuparan determinadas fincas en varios municipios de la comarca, como Novés, Arcicóllar o La Puebla de Montalbán.  (9)

Con la esperanza puesta en contener la súbita radicalización jornalera que se adueñó de las más importantes regiones latifundistas, el Gobierno de Azaña dispuso nuevas medidas para colmar las demandas formuladas por el poderoso sindicato socialista. Aunque no fue rehabilitada la temida Ley de Términos Municipales, se restituyó el preceptivo cumplimiento por parte de los patronos del turno riguroso. Por si eso no fuese bastante, la mayoría de los jueces municipales y funcionarios que habían sido nombrados presidentes de los Jurados Mixtos durante el bienio radical-cedista fueron destituidos en sus puestos. Esta nueva medida se aprecia claramente en Arcicóllar donde las enconadas disputas entre patronos y obreros durante el primer bienio acabaron derramando sangre en sus calles por cuestiones laborales. (10)

Por fin, el 18 de junio de 1936 se decretaba la derogación de la Ley de Reforma Agraria de agosto de 1935 y volvía a declararse en pleno vigor la de agosto de 1932, regresando con ello el desánimo en la patronal agraria. El Ministro de Agricultura, Ruiz de Funes, de Izquierda Republicana, ya prescindió del torrijeño Benayas al frente del IRA, y adoptó  nuevas medidas. Se suspendieron por decreto los desahucios para los arrendatarios, colonos y aparceros de fincas rústicas, si no eran por falta de pago (28 de febrero). Esta norma anulaba uno de los efectos más perniciosos de la ley, sobre contratos de arrendamientos de 15 de marzo de 1935, que había permitido anular los contratos a los yunteros extremeños. Como éstos tenían que hacer las labores de barbechera, el decreto de yunteros se aprobó con toda urgencia el 5 de marzo. También se permitieron los asentamientos rápidos acogiéndose a la legislación del segundo bienio. Por último, hay que señalar la importancia del proyecto de ley sobre el rescate y readquisición de bienes comunales por parte de los municipios, que proponía la revisión del despojo sufrido por los Ayuntamientos desde la desamortización de Mador de 1855. De esta manera, pueblos como Alcabón, Fuensalida, Almorox, y otros muchos, podrían “rescatar las fincas que poseían y aprovechaban con posterioridad al 2 de mayo de 1808, con lo que se pretendía revisar todo el proceso de despojo municipal del siglo XIX”. (11)

Entre la mayor parte de la burguesía agraria de las regiones latifundistas empezó a expandirse un estado de opinión contrario a la persistencia del régimen republicano. Muchos de sus integrantes, cada vez más inquietos por las normas agrarias del Frente Popular, comenzaron a ver con buenos ojos el ensayo de una solución de carácter militar-golpista, que pusiese fin a la democracia parlamentaria y acabase con la despreciada Ley de Reforma Agraria. Es obvio que estas medidas agrarias no fueron el motor de las conspiraciones que desembocaron en la insurrección armada del 18 de julio, pero pudieron servir de acicate a los indecisos y terratenientes amenazados para colaborar con ellas, y sin duda fueron una importante motivación para apoyar el triunfo del golpe en ciertas áreas locales. (12)

Mientras esta normativa agraria se iba promulgando, los gobiernos de Azaña-Casares mostraron su gran debilidad para contener a los “revolucionarios”, y también para yugular el pistolerismo de Falange y abortar el golpe militar en marcha. La sede de Falange en Toledo, situada en la plaza de Zocodover, fue asaltada por una muchedumbre, causando graves destrozos. A continuación, los falangistas respondieron colocando un artefacto explosivo en la puerta de la Casa del Pueblo. Además, los partidarios de la insurrección  aumentaban con las primeras medidas gubernamentales: la amnistía y el restablecimiento de la Generalitat.

Sobre el Parlamento destacaron los discursos de Calvo Sotelo, los cuales mostraban el caos existente, ofreciendo una visión claramente sesgada como ocurriera en muchos casos. Pero solamente en Escalona hemos podido esclarecer esta tergiversación de hechos, con la que el líder de Renovación Española intentaba equivocar a la opinión pública. Los sucesos ocurridos en este municipio el 8 de marzo de 1936, aún con la resaca electoral, trascendió a la esfera política nacional y al mismo Congreso de los Diputados. Ocurrió que cuatro jornaleros del campo (Gabriel Recio Bullido, Melchor Jiménez Palomo, Virgilio Blanco Ruiz y Filiberto Rodríguez Caro)  en una manifestación campesina, fueron abatidos a tiros por la Guardia Civil en un lugar próximo a la plaza de la villa. Hubo además 21 heridos, dos de ellos miembros de la Benemérita. (13)

Los sucesos de Escalona tuvieron tanta relevancia que el diputado Calvo Sotelo expuso su versión en el Parlamento y presentó, erróneamente, las muertes  como un caso de legítima defensa.  Este político tenía mucha vinculación con dicha localidad, ya que el dueño de la finca Villarta, Luís de Grondona, era primo carnal suyo. Por su parte, el escalonero Felipe Sanchez Cabezudo Salanova, líder provincial del Partido Agrario, que fue elegido diputado en las elecciones de febrero por dicha formación, también mantenía una estrecha relación con Calvo, a quien informó de los sucesos del 8 de marzo.(14)

No hubiera sido difícil clarificar ahora, casi 85 años después, como ocurrieron aquellos hechos no sentenciados frente al “Bar Alberche”,  en la misma plaza de Escalona, propiedad del derechista Demetrio Rodríguez Esteban. No obstante, la investigación se complica porque algunas de las declaraciones judiciales prestadas en la posguerra por los acusados, debieron ser obtenidas bajo intimidación de los tribunales militares. Sin embargo, los magistrados de carrera que impartían justicia en Escalona, antes de estallar la contienda, no dudaron en encarcelar al citado propietario del bar, junto a los patronos Longinos Montero y Cipriano Gallego, por su implicación en los hechos. Los tres permanecieron en prisión hasta pocas semanas antes del 18 de julio, pero serían asesinados después por el Comité de Escalona. También fue encarcelado por los mismos hechos el izquierdista Zoilo Díaz Valdepeñas. Por su parte, el cabo de la Guardia Civil apodado “El Corneta” fue trasladado del acuartelamiento de la localidad al de otro lugar para evitar represalias del vecindario. (15)

Otro grave incidente ocurrió en Huecas el 14 de abril de 1936, en la celebración del quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República. Este día, el derechista Julián del Álamo falleció tras ser apuñalado por Pascual Sánchez-Escalonilla. Aquel fue conducido al Hospital Provincial de Toledo junto a tres heridos más. Tal hecho vino motivado por una revuelta en  la plaza en la que, a pesar de que el Gobernador había ordenado la retirada de armas, algunos derechistas iban armados. (16)

La historiografía ultraconservadora ha ofrecido una visión simplista de la violencia política producida  durante la República. La imagen que ha prevalecido de la etapa del Frente Popular es que la violencia desbocada de aquella primavera de 1936 fue el desencadenante de la Guerra Civil. Según Martínez Rus, esta visión resulta hoy claramente insostenible. No había una revolución en marcha, ni tolerada ni orquestada desde el Gobierno o desde las formaciones políticas o sindicales que le daban apoyo. La violencia se manifestó a lo largo de todo el periodo republicano, y no solo en la etapa del Frente Popular. No obstante, en el ámbito local se apreció mucho más porque las reformas tuvieron aquí más incidencia y fue donde el Estado republicano evidenció con más claridad su ineptitud para hacer frente a las causas de su crisis y derrumbe. (17)

Las memorias de dirigentes republicanos como Azaña, Prieto o Martínez Barrios, coinciden en achacar en buena parte de la responsabilidad en el hundimiento del régimen, a su incapacidad para preservar el orden público. Uno de los argumentos justificativos del golpe de estado de julio fue el rearme activista de la izquierda obrera, que había reanudado el despliegue de sus milicias, como parecía deducirse del hecho de que se hubieran manifestado  con toda libertad por las calles de Madrid el Primero de Mayo. Según González Calleja, la actitud política de las diversas formaciones de izquierdas podía calificarse de todo menos insurreccional, y las milicias del PSOE, de unos 15.000 hombres, con escaso número de armas, no eran sino para aplacar el nerviosismo contra la conjura del golpe militar anunciado. (18)

En cualquier caso, siguiendo a dicho autor, todo parecía responder al precio que pagaron los militantes izquierdistas por expresar abiertamente sus reivindicaciones y ocupar con sus protestas los espacios públicos. Si bien es cierto que en algunos sectores proletarios se manifestaban  actitudes irregulares que el Gobierno se vio obligado a tolerar y caucionar (la liberación espontánea de los presos, la ocupación masiva de fincas en Extremadura, la readmisión forzosa de los despidos de Octubre, el impago de alquileres, etc.), también hay que decir que el conjunto de las organizaciones obreras no transitó por la senda del ilegalismo prerrevolucionario. En cambio, estas mismas fuerzas revolucionarias decidieron otorgar un crédito de confianza al Ejecutivo mientras este pudiese encarar con energía la amenaza del golpe militar. (19)

En contraste con esta voluntad subversiva de algunas organizaciones de izquierda, las formaciones de derecha alcanzaron durante estos meses su punto culminante de radicalización. El 1 de marzo, tras haber contemplado la manifestación de 250.000 personas en Madrid para celebrar el triunfo del Frente Popular, José Antonio Primo de Rivera ordenó al SEU que se incorporara en pleno a las milicias de Falange. El partido, nutrido por la adhesión de jóvenes oficiales del Ejército organizó su propio comité militar por oficiales falangistas afiliados a la UME. Los incidentes violentos protagonizados por sus miembros se sucedieron casi a diario hasta el estallido de la Guerra Civil, arrojando un balance de, al menos, 64 víctimas mortales y 67 muertos propios, según González Calleja. Con la detención de Primo de Rivera el 14 de marzo, y la decisión de un tribunal de Madrid de suspender de actividad a su partido por tenencia ilícita de armas, Falange recibió el golpe más duro de su corta trayectoria, y se despeñó por la pendiente de la conspiración en favor del golpe militar. El 15 de marzo, unos pistoleros de derecha tirotearon el domicilio de Largo Caballero, siendo procesados y condenados a penas leves.(20)

Los días próximos al V Aniversario de la República fueron la culminación de esta estrategia de tensión. En la noche del 13 de abril de 1936 cayó abatido el magistrado Manuel Pedregal, instructor de la causa por el atentado a Jiménez Asúa, presuntamente a manos de pistoleros del SEU. Al día siguiente, en los actos celebrados el día 14, el falangista Isidoro Ojeda arrojó una traca junto a la tribuna presidencial, causando la natural confusión. Reanudada la parada, y durante el paseo de la Guardia Civil, se produjo un tumulto que degeneró en tiroteo por Recoletos y la Castellana y que causó numerosos heridos, además de la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, un notorio derechista que fue abatido por la Policía cuando estaba situado junto a la tribuna presidencial en actitud que fue considerada sospechosa. Este oficial de la Benemérita fallecido era natural de La Puebla de Montalbán, y desde el año 1962 las escuelas públicas de la calle Canes llevaron su nombre. (21)

En la tarde del 16 de abril de 1936 se verificó el sepelio del pueblano, Anastasio de los Reyes, a cuyo cortejo, presidido por autoridades republicanas y parlamentarios de la derecha, como Gil Robles, se unieron unos 3.000 jefes y oficiales del Ejército. Desde el primer momento la comitiva fúnebre se convirtió en una manifestación tumultuaria contar el Gobierno, hasta el punto que, al llegar a la Plaza de Cibeles, el grupo más violento, alentado y apoyado por las milicias falangistas, pretendió asaltar el Congreso de los Diputados. La relación total de víctimas fue muy confusa, pero la más plausible se cifra en cinco muertos y cincuenta heridos. (22)

La prensa derechista también publicó la prolija relación de hechos violentos ocurridos desde el 16 de febrero y la muerte de muchos falangistas, que culminaron con los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo. La muerte de este despertó gran indignación, pero ya ha quedado evidenciado que un sector del Ejército barajaba el cambio de régimen democrático desde antes de la llegada al poder del Frente Popular, y no desde el desafortunado fallecimiento del líder derechista en julio de 1936. Pero no es objeto de nuestro trabajo cifrar el número de víctimas de ambos bandos ajenas a nuestra zona de investigación.

Más fácil nos ha resultado cuantificar los brotes de violencia en la comarca de Torrijos, en cuanto a asesinatos u homicidios se refiere, durante la primavera de 1936. Solo hemos contabilizado los cuatros obreros muertos en Escalona a manos de la Guardia Civil y el derechista apuñalado en Huecas. Sin embargo, agresiones de ambos bandos contamos muchas más: Maqueda, Domingo Pérez, La Puebla de Montalbán, La Mata y Torrijos, entre otros municipios, que son narradas al final de este libro.

A pesar de que hubiera disturbios en nuestra zona de investigación, con cierta frecuencia se trataba de hechos esporádicos, en absoluto generalizados. Así ocurrió en Maqueda el día 21 de junio de 1936. Aquí, la derecha maquedana exhibió un arma de fuego en un acto público. En ese comienzo del verano, los patronos celebraban su baile en lugar distinto que los obreros, pero a la salida de ambos, el secretario del Ayuntamiento, de filiación derechista, Enrique Valverde Merchán, fue herido de bala. En estos enfrentamientos rurales entre personas de ideología contraria era difícil determinar dónde empezaba el desafío y dónde acababan las revanchas, pero lo cierto fue que la pistola que éste portaba ese día fue objeto de intensa búsqueda, sin ser localizada, por milicianos forasteros que irrumpieron en la villa una vez iniciada la contienda. (23)

También se vivió una primavera intensa en Domingo Pérez, donde la Causa General afirmaba “que Falange tenía 30 afiliados a su nombre y las Juventudes Socialistas más de 400”. El jefe de aquella formación política derechista, Juan Garrido, y su compañero Besa Olmedo,  mantuvieron serios enfrentamientos contra sus adversarios políticos antes de estallar la guerra. Ya el 15 de mayo de 1936 las disputas dialécticas pasaron a las manos y dos vecinos de izquierdas, Mariano López Martín, “Cascarilla” y Julián Sepúlveda, “El Ruso”, ingresaron en  cárcel de Torrijos por agredir a, Juan Garrido. Según el alcalde socialista, Marcos Galán Castro, “Monjo”, “no fue una simple agresión, sino una gran paliza”, lo que motivó el apresamiento citado. Pocas semanas después, una vez estallada la guerra, tanto Juan Garrido como Besa Olmedo serían asesinados. (24)

Aunque la tranquilidad reinaba en números pueblos, como Albarreal de Tajo, Alcabón, Los Cerralbos, Erustes y Almorox, entre otros, en Fuensalida la hostilidad acumulada durante años entró en erupción en cuanto se supieron los resultados de las elecciones.  Aquí, Pedro García, hijo del veterinario local, se asomó a la ventana y vio que un hombre, escopeta en mano, mantenía a raya a una multitud que avanzaba hacia él en la plaza, arrojándole piedras. El hombre armado era un rico terrateniente de derechas, el único que se había atrevido a dejarse ver. (25)

 

 

 

 

• MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil, Toledo, Autoedición, 2012, pp. 7-11.
• El Castellano, 12 noviembre de 1935.
• GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 724 y ss.
• Ibidem
• Ibidem
• El Castellano, 10 de febrero de 1936.
• MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil, Toledo, Autoedición, 2012, pp. 45-47
• Libro de sesiones del Ayuntamiento de Gerindote.
• GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 724 y ss.
• Ibidem
• Ibidem
• Ibidem
• MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil, Toledo, Autoedición, 2012, pp. 69
• DSC, sesión de 15 de abril de 1936, tomo I, página 32 DSC, sesión de 15 de abril de 1936, tomo I, página 32.
• (23) Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 614 y Legajo 334, seguido contra Zoilo Díaz Valdepeñas, entre otros muchos.
• FÉLIX GARCÍA, Roberto: Segunda República y Guerra Civil en Huecas, autoedición, página 12 y ss.
• GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 724 y ss.
• GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 654 y ss.
• GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COBO ROMERO, Francisco; MARTÍNEZ RUS, Ana; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco: La Segunda República Española, Pasado&Presente, Barcelona, 2014. pp 784 y ss.
• Ibidem
• Ibidem
• Ibidem
• Archivo General Militar de Madrid. AGMM. Sumarios 714 y Legajo 334, seguido contra Gonzalo Díaz Morejón, último alcalde republicano de Maqueda.
• MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Torrijos 1931-1944. La Guerra Civil, Toledo, Autoedición, 2012, pp. 69
• Testimonio de Pedro García, en Fraser, 1979: I, 117.

Fotografía: Acto electoral en el Teatro Rojas de Toledo. Archivo Rodríguez.