ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES DE 1931

NUEVOS COMICIOS MUNICIPALES Y ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES DE 1931

           Repetición de elecciones municipales del 31 de mayo de 1931

 Los acontecimientos anticlericales de mayo obligaron al Gobierno Provisional a tomar decisiones apresuradas. Entre ellas, la de convocar nuevas elecciones municipales en aquellos Ayuntamientos en los que se habían producido fundadas irregularidades en los procesos de votación y nominación de concejales durante las pasadas elecciones del 12 de abril de 1931. Ante la multitud de reclamaciones presentadas por casi 2.500 municipios, el ministro Maura decidió el nombramiento de comisiones gestoras formadas por concejales republicanos o socialistas, en un número aproximado de 882 municipios.

En estas localidades donde se celebraron nuevas elecciones el 31 de mayo, como Torrijos y Santa Olalla, ahora controladas provisionalmente por gestoras claramente inclinadas hacia la defensa de la República, los resultados arrojaron una aplastante victoria de los candidatos republicanos. Frente a unos 7.612 concejales de habían salido elegidos, tan solo 952 `podían considerarse monárquicos.

En Torrijos compitieron dos candidaturas: la monárquica-conservadora y la republicana-socialista, triunfando la primera. Pero hubieron de celebrarse nuevos comicios para el 31 de mayo siguiente. Éste día ya salió vencedora la otra lista, a pesar del críticas de la candidatura perdedora. El candidato más votado fue Agustín Rivera Cebolla que sería nombrado alcalde. Este era natural de Sueca(Valencia), de familia acomodada, donde dejó una notable hacienda de naranjos y otras posesiones para venir a Torrijos en el año 1928 con el fin de ejercer su profesión de médico.

Lo ocurrido en Torrijos fue un fiel reflejo del resto de la comarca. Los resultados de la nueva votación arrojaron una apabullante victoria de los candidatos republicanos, comenzando así la andadura democrática en los municipios. La forma en la que llegó Rivera Cebolla al Ayuntamiento no fue muy del agrado de la oposición. Por ello, el futuro líder indiscutible de la derecha torrijeña, Julio González Sandoval, criticaría años después, la forma en que la izquierda accedió a gobernar el primer Ayuntamiento republicano de esta localidad. Éste, oriundo de Extremadura, lo trataba en una carta abierta al periódico católico El Castellano que decía así:

Los concejales señores Rivera Cebolla y Fiscer Barbeyto, no fueron elegidos en las primeras elecciones celebradas el día 12 de abril. Pero dichos comicios fueron anulados por el decapitador de Ayuntamientos democráticos, el señor Maura. En las nuevas elecciones celebradas el 31 de mayo de 1931 no acudieron los hombres triunfantes en el primer referéndum, ante el temor de una nueva anulación. Por ello, nadie supondrá que el carácter de legítimos que ellos se apropian sólo es producto de la fantasía creadora de los elementos de izquierdas, pues su ilegitimidad es bien manifiesta.[i]

La otra cara más negativa de la proclamación de la Segunda República, tras el 14 de abril de 1931, fue la violencia incardinada en actitudes intransigentes ante el rival político que se convirtió en el gran problema. La vocación democrática del joven Estado trajo consigo el continuo boicot a las nuevas instituciones por parte de los monárquicos que veían atacados sus privilegios, o de la izquierda más radical que sentía frustradas sus expectativas revolucionarias. Así, ya en los meses de abril y de mayo de 1931, observamos una gran agitación en pueblos como Carmena, Santa Olalla ó Gerindote, entre otros. Ocurría que el artículo 29 de la Ley Electoral provocó la repetición de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, para el siguiente 31 de mayo. Este precepto estipulaba la proclamación automática de candidatos en aquellas circunscripciones en las que el número de aspirantes a ser elegidos fuese igual o inferior al de puestos a cubrir.[ii]

En este intervalo de tiempo se produjo un vacío de poder municipal que el Gobernador intentó suplir con Comisiones Gestoras afines a su ideología. Pero esto solo lo consiguieron los gobiernos inclinados hacia la defensa de la República, como en Santa Olalla. Aquí,  estos delegados provisionales no se constituyeron con normalidad porque el Partido Republicano Radical Socialista se opuso a las instrucciones del Gobernador de Toledo mediante una movilización popular el día 16 de abril. Esta lucha por el gobierno municipal comenzó en esa jornada con una manifestación de seguidores de dicha formación que intentó tomar el Ayuntamiento. La avalancha humana rompió, sin pretenderlo, las puertas del Consistorio, que continuó abierto y sin protección durante los días que duró la reparación de la entrada. Ante el vacío de poder creado, tras la impugnación de las primeras elecciones municipales, existió una lucha interna en Santa Olalla por obtener el bastón de mando del Ayuntamiento. Los distintos grupos políticos se lo quitaban unos a otros, casi de manera clandestina. Por ello, en el espacio de tiempo transcurrido, entre el 12 de abril al 31 de mayo, todos querían  entrar en la Corporación para manejar los resortes de la política municipal y salir con ventaja en los siguientes comicios.[iii]

Entretanto en Gerindote, el gran descontento del vecindario con el nuevo regidor, Juan Francisco Sánchez de Rivera, de convicciones monárquicas, tuvo su culminación el 27 de mayo de 1931. El atemorizado primer mandatario municipal fue obligado a dimitir ante la presión  de la Sociedad Obrera La Segura, que aconsejó a sus afiliados a manifestarse ante la puerta del domicilio de aquel. De esta manera, Cipriano Gutiérrez, sería su sustituto, y por tanto el segundo alcalde de la República. Al igual que su antecesor, ninguno de los dos fue elegido democráticamente por el pueblo.  Este extemporáneo cambio, ordenado por el delegado gubernativo, reflejaba el sentir de la población, en su mayoría jornaleros del campo. Sin embargo, las maneras empleadas por los vecinos para provocar su renuncia, empuñando hoces y bieldos en la puerta de la casa del señor Sánchez de Rivera, en la misma plaza de la localidad, sólo son entendibles desde el convulso contexto histórico en el que se produjeron.

Volviendo a abril de 1931, debemos resaltar la singularidad de Alcabón con respecto a otros pueblos. Aquí el cura párroco consensuó una candidatura única para las elecciones municipales de ese mes. La figura del sacerdote, Jesús Alía López, natural de Escalonilla, ejerció una gran autoridad moral y política sobre todos los vecinos del pueblo, hasta su fallecimiento en 1934. El religioso ejerció su respetado liderazgo para armonizar una candidatura entre los patronos y los todavía sumisos obreros. Entre todos alzaron a la alcaldía a Emiliano Rodríguez Marugán, próximo al partido de Niceto Alcalá Zamora, Derecha Liberal Republicana.

En el municipio de Escalona también continuó gobernando la derecha tras las elecciones de mayo. Sería Bibiano Díaz el primer alcalde republicano de la villa, en el año 1931, aunque dirigido por el terrateniente Sánchez Cabezudo. Este prefirió que fuera el guarda de sus fincas, y no él, quien estuviera al frente de la Corporación, según afirmaron sus detractores. Sin embargo, el líder agrario argumentó que no podía dedicar el tiempo necesario a su pueblo y que con éste testaferro se defendían mejor los intereses del Ayuntamiento.

El último alcalde monárquico de Novés, Santiago Cardassay Bourdet, entregó su bastón de mando a su homólogo republicano, Eladio Rodríguez Esteban, sin incidentes dignos de resaltar. Aunque éste nuevo primer edil no demostró una ideología bien definida, satisfacía las necesidades de la población. Era el encargado de la finca Guadavisa, y por tanto asalariado de la acaudalada familia Benayas. Como ocurriera en Escalona, estos nuevos mandatarios eran marionetas de los patrones que preferían gobernar desde los elegantes despachos de sus señoriales casas.  Por ello, es posible que partiera de su amo la brillante idea de remodelar la plaza con piedras blancas y calizas traídas de las canteras propiedad del terrateniente Arturo Taramona. Este potentado vecino de Barcience fue requerido por el primer edil, para permitir la cesión de las piedras existentes en las canteras de su propiedad, con el fin de acometer tan majestuosa obra.[iv]

            Elecciones del 28 de junio de 1931

            Una vez asegurado el poder local por las fuerzas políticas más afines al nuevo régimen, el Gobierno Provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 3 de junio. El decreto de convocatoria ordenada que dichas Cortes estarían compuestas por una sola Cámara, además de investidas de plenos poderes para legislar.

Las derechas acudieron a las elecciones bastante fraccionadas y debilitadas. La mayor parte de las viejas formaciones políticas de signo monárquico quedaron disueltas, escondidas en el desprestigio sufrido por la Corona tras el fracaso del régimen dictatorial del general Primo de Rivera. Aquellos políticos más comprometidos con la Dictadura desaparecieron de la vida pública. Sin embargo, aparecieron nuevos partidos de signo republicano conservador, como la Derecha Liberal Republicana (DLR), que reunía a antiguos políticos recién convertidos a la defensa de un republicanismo moderado.

Por su parte, el Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, se convirtió en un deseado referente para electores de integrantes de las clases propietarias, e incluso aquellas clases medias rurales y urbanas, que adivinaban estar desprotegidas por las reformas propugnadas por el socialismo. El republicanismo moderado de Derecha Liberal Republicana, partido que agrupaba a destacados dirigentes convertidos al republicanismo, como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, también jugó una función importante en los primeros años del nuevo régimen. Para los nuevos republicanos conservadores, la República era entendida como un nuevo régimen que debía sustituir a la Monarquía porque esta última había demostrado su incapacidad para democratizarse, y solo una República moderada podría contener el peligro de radicalización izquierdista arrastrada por las masas.

Los socialistas cerraron filas en torno al nuevo sistema político como una inmejorable oportunidad para expansionarse. Tanto las direcciones del PSOE y la UGT estaban convencidas de que la nueva estrategia mejoraría las condiciones de vida de los trabajadores frente a la patronal. Todos atribuían a la República un hecho histórico irrepetible, idóneo para la futura edificación de una utópica sociedad socialista, solidaria e igualitaria.

Las derechas de signo católico-tradicionalista o monárquico se presentaron fragmentadas. Sin embargo, las fuerzas del republicanismo y el socialismo acudieron más o menos unidos a las elecciones de junio, gracias a los acuerdos que ya habían alcanzado en el Pacto de San Sebastián. El Partido Radical, junto con Acción Republicana y el Partido Federal, habían mantenido acudir en alianza con los socialistas, pero en la práctica no fue así. En algunas circunscripciones donde, por ejemplo Galicia, confiaban en sus propias fuerzas para ganar prescindieron de pactos. En otras zonas, donde los radicales de Lerroux eran la única alternativa seria de frenar a los socialistas, por ejemplo Toledo, se alinearon con la DLR para ganar a los candidatos del PSOE. Sin embargo, en otras provincias los radicales sí se unieron a los socialistas o azañistas para vencer a la DLR.

Sin apenas tiempo de haber superado tanto sobresalto con la proclamación de la Segunda República, el día 20 de junio de 1931, ocurrieron unos sucesos que marcaron negativamente el devenir de este periodo republicano en Santa Olalla. Al caer la tarde, una gran manifestación popular se disponía a recibir a sus paisanos, Serafín y Quintín Sacristán Fuentes que viajaban desde Toledo, en compañía del alcalde de  la capital, José Ballester. Las elecciones a Cortes Constituyentes del día 28 de junio de 1931 estaban próximas y éste candidato intensificaba su campaña por los pueblos. Su trabajo se vio recompensado días después con su elección como diputado por Toledo por el Partido Republicano Radical Socialista.

Una multitud de más de 600 santaolalleros, con banderas y banda de música, salieron a recibirles. Caminaron por la carretera de Madrid hasta casi un kilómetro, en dirección a la localidad de Maqueda. Cuando el vehículo que transportaba a los políticos llegó hasta donde estaba la muchedumbre, se apearon sus ocupantes, entre vítores y aclamaciones, para dirigirse todos juntos de vuelta al centro de la villa donde estaba planificado un mitin que nunca llegó a celebrarse.

El ruido de la música, los gritos de niños y mayores, las canciones y eslóganes electorales, impidieron oír el ronco ruido de un motor que se acercaba y les embestiría por detrás. Una camioneta de transporte, cargada de pellejos con vino, “circulaba a una velocidad excesiva”, según narraba El Castellano. El conductor se azaró con los gritos y en vez de pisar el freno, aceleró. La máquina se detuvo cuando la inmovilizaron los cuerpos atropellados. El resultado fue de cuatro muertos y más de una veintena de heridos.[v]

Elecciones en toda España

           La participación en toda España fue del 70% del censo electoral, para elegir a 470 parlamentarios. La derecha consiguió unos resultados decepcionantes, en términos generales, a excepción de la provincia de Salamanca, las provincias vascas, Navarra y el norte de Castilla La Vieja. En su conjunto, las derechas no republicanas obtuvieron poco más de medio centenar de diputados, casi fueron barridos del mapa político. Los grandes favorecidos de la conjunción republicano-socialista fueron los socialistas con 113 diputados elegidos, los radicales con 87 y los radical-socialistas con 61. Más lejos quedaron los 16 diputados electos bajo las siglas de la Acción Republicana de Manuel Azaña, y los 19 diputados federales.

En definitiva, se configuró un sistema de partidos con un total de 19 formaciones políticas o grupos parlamentarios representados en las Cortes. A ellos les fue encomendada la difícil tarea de redactar una Constitución. Por ello, el sistema de partidos que resultó tras los comicios planteó serios problemas a la hora de garantizar el funcionamiento ordenado del nuevo régimen político. La derecha agraria y católica quedó aislada ante la aplastante mayoría alcanzada por los candidatos de la conjunción republicano-socialista. Sobre todo porque los partidos que habían suscrito el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 y que, posteriormente, aceptaron el ingreso en el Comité Revolucionario, acordaron no alterar la coalición firmada en aquellos decisivos momentos, al menos hasta que se aprobase una nueva Constitución.

Tal y como podía deducirse de los propios resultados electorales y del escaso grado de participación de las clases medias, las bases sociales no eran tan sólidas como parecía indicar el resultado del masivo voto republicano cosechado en las urnas. Más bien podría tratarse de un voto antimonárquico, ejercido por una dispar mezcla de grupos que se habían decantado por otorgar su confianza a la conjunción republicano-socialista a falta de encontrar otras opciones disponibles.  Podría afirmarse, según el profesor Santos Juliá, que el sistema de partidos surgidos de los años 1930-1931 era el menos susceptible de consolidarse, al dejar fuera del grupo predominante a un sector numeroso de la sociedad.

Aunque las derechas liberales y conservadoras, recién convertidas al republicanismo, habían obtenido malos resultados no fue motivo para que el presidente del Gobierno y el ministro de la Gobernación pertenecieran a una formación política como la DLR, mucho menos votada que el Partido Radical. Esa disparidad detectada en el respaldo electoral se vio compensada con la decisión, tan criticada por Lerroux,  de no alterar la composición del Gobierno Provisional, una vez que se hubo convertido en el primer Gobierno ordinario de la República.

           Evolución de la política laicista después de las elecciones a Cortes

            La aplicación de las disposiciones constitucionales en materia religiosa comenzó en enero de 1932. Se disolvió la Compañía de Jesús y se concedió a sus miembros diez días para abandonar sus casas, estableciéndose la nacionalización de sus bienes. Pero la mayoría de ellos no figuraban a su nombre. En realidad, ya se habían efectuado numerosas y precipitadas ventas de bienes antes del 20 de agosto de 1931, fecha en la que el Gobierno había suspendido la facultad de vender sus bienes. Ante la oleada de pleitos incoados sobre los derechos de propiedad, Azaña presentó ante las Cortes un proyecto de Ley, por el que se suspendieron todos los procedimientos judiciales sobre los bienes de la Compañía de Jesús ya fueran incautados o incautables, cuyas reclamaciones serían decididas en adelante por el Patronato Administrador. También se llegó a crear un juzgado especial encargado de investigar la ocultación de bienes. Según Verdoy, el monto total de lo expropiado superó los 141 millones de pesetas de un patrimonio total estimado de 230 millones. A la vista de todo ello, Pío XII llegó a considerar a los jesuitas españoles “mártires del Vicario de Cristo”. Durante el segundo bienio, la CEDA aprobó una Ley que devolvería a los jesuitas algunas propiedades confiscadas y reconoció la libre facultad de vender bienes inmuebles sin necesidad de autorización del Ministerio de Justicia.

Las medidas laicizadoras siguieron su curso: se prohibieron los símbolos y prácticas religiosas en las clases de primaria, y se suprimió la clase de religión de los centros docentes públicos. La Ley de Secularización de Cementerios vino a derogar un decreto de 1879 que reconocía a la Iglesia la facultad exclusiva para declarar quienes morían dentro o fuera de su comunión, y por tanto quienes eran enterrados en sagrado o en cementerios “neutros”.  Ahora la República preveía la incautación de los camposantos parroquiales y fijaba la posibilidad de enterramiento religioso si así lo había dispuesto el finado, o en caso de los menores de edad si lo reclamaban sus familiares, pero el ritual sólo podía celebrarse al pie de la sepultura.

La reacción católica ante todas estas medidas fue inmediata, y se inició una campaña de movilización, produciéndose una división fundamental de la sociedad española entre creyentes agredidos y no creyentes agresores. El problema es que, como el mismo Gil Robles recordaría años después, “la cuestión religiosa se convirtió en bandera de combate, agudizando el choque de la dos Españas”. En la campaña para la creación de Acción Nacional (AN), Gil Robles azuzaba a sus oyentes para defender sus derechos en la calle, levantando el espectro de la guerra civil por culpa del acoso continuo del Gobierno sobre los católicos. Miguel Maura dijo que el lenguaje empleado por Gil Roble era una apelación a la guerra religiosa y podía hacer un daño irreparable a la República. (El Sol, 15-10-1931)

[i] El Castellano 27 mayo 1935,  nº 8.102. Este periódico se puede ver digitalizado a través de Internet: Centro de Estudios de Castilla La Mancha. www.uclm.es

[ii] Gaceta nº 130, 10-V-1931, pp. 639-641.

[iii] MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla, Toledo, Ledoria, 2016, pp. 8 y ss.

[iv] Ibidem, pp. 19 y ss

[v] MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla, Toledo, Ledoria, 2016, pp. 15 y ss.