LA CONSTITUCIÓN DE 1931

LA CONSTITUCIÓN DE 1931

 El reciente Gobierno Provisional de la República se comprometió a convocar unas elecciones encaminadas a la formación de un Parlamento constituyente. Dichas elecciones se regirían por una normativa enteramente nueva, orientada a poner fin de una manera definitiva a las viejas prácticas caciquiles que habían prevalecido durante la Monarquía. Para ello se procedió a dictar un decreto modificando parcialmente la Ley Electoral de 1907.

 

NUEVOS COMICIOS MUNICIPALES Y ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES DE 1931

           Repetición de elecciones municipales del 31 de mayo de 1931

 

Los acontecimientos anticlericales de mayo obligaron al Gobierno Provisional a tomar decisiones apresuradas. Entre ellas, la de convocar nuevas elecciones municipales en aquellos Ayuntamientos en los que se habían producido fundadas irregularidades en los procesos de votación y nominación de concejales durante las pasadas elecciones del 12 de abril de 1931. Ante la multitud de reclamaciones presentadas por casi 2.500 municipios, el ministro Maura decidió el nombramiento de comisiones gestoras formadas por concejales republicanos o socialistas, en un número aproximado de 882 municipios.

En estas localidades donde se celebraron nuevas elecciones el 31 de mayo, como Torrijos y Santa Olalla, ahora controladas provisionalmente por gestoras claramente inclinadas hacia la defensa de la República, los resultados arrojaron una aplastante victoria de los candidatos republicanos. Frente a unos 7.612 concejales de habían salido elegidos, tan solo 952 `podían considerarse monárquicos.

En Torrijos compitieron dos candidaturas: la monárquica-conservadora y la republicana-socialista, triunfando la primera. Pero hubieron de celebrarse nuevos comicios para el 31 de mayo siguiente. Éste día ya salió vencedora la otra lista, a pesar del críticas de la candidatura perdedora. El candidato más votado fue Agustín Rivera Cebolla que sería nombrado alcalde. Este era natural de Sueca(Valencia), de familia acomodada, donde dejó una notable hacienda de naranjos y otras posesiones para venir a Torrijos en el año 1928 con el fin de ejercer su profesión de médico.

Lo ocurrido en Torrijos fue un fiel reflejo del resto de la comarca. Los resultados de la nueva votación arrojaron una apabullante victoria de los candidatos republicanos, comenzando así la andadura democrática en los municipios. La forma en la que llegó Rivera Cebolla al Ayuntamiento no fue muy del agrado de la oposición. Por ello, el futuro líder indiscutible de la derecha torrijeña, Julio González Sandoval, criticaría años después, la forma en que la izquierda accedió a gobernar el primer Ayuntamiento republicano de esta localidad. Éste, oriundo de Extremadura, lo trataba en una carta abierta al periódico católico El Castellano que decía así:

 

Los concejales señores Rivera Cebolla y Fiscer Barbeyto, no fueron elegidos en las primeras elecciones celebradas el día 12 de abril. Pero dichos comicios fueron anulados por el decapitador de Ayuntamientos democráticos, el señor Maura. En las nuevas elecciones celebradas el 31 de mayo de 1931 no acudieron los hombres triunfantes en el primer referéndum, ante el temor de una nueva anulación. Por ello, nadie supondrá que el carácter de legítimos que ellos se apropian sólo es producto de la fantasía creadora de los elementos de izquierdas, pues su ilegitimidad es bien manifiesta.[i]

 

La otra cara más negativa de la proclamación de la Segunda República, tras el 14 de abril de 1931, fue la violencia incardinada en actitudes intransigentes ante el rival político que se convirtió en el gran problema. La vocación democrática del joven Estado trajo consigo el continuo boicot a las nuevas instituciones por parte de los monárquicos que veían atacados sus privilegios, o de la izquierda más radical que sentía frustradas sus expectativas revolucionarias. Así, ya en los meses de abril y de mayo de 1931, observamos una gran agitación en pueblos como Carmena, Santa Olalla ó Gerindote, entre otros. Ocurría que el artículo 29 de la Ley Electoral provocó la repetición de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, para el siguiente 31 de mayo. Este precepto estipulaba la proclamación automática de candidatos en aquellas circunscripciones en las que el número de aspirantes a ser elegidos fuese igual o inferior al de puestos a cubrir.[ii]

En este intervalo de tiempo se produjo un vacío de poder municipal que el Gobernador intentó suplir con Comisiones Gestoras afines a su ideología. Pero esto solo lo consiguieron los gobiernos inclinados hacia la defensa de la República, como en Santa Olalla. Aquí,  estos delegados provisionales no se constituyeron con normalidad porque el Partido Republicano Radical Socialista se opuso a las instrucciones del Gobernador de Toledo mediante una movilización popular el día 16 de abril. Esta lucha por el gobierno municipal comenzó en esa jornada con una manifestación de seguidores de dicha formación que intentó tomar el Ayuntamiento. La avalancha humana rompió, sin pretenderlo, las puertas del Consistorio, que continuó abierto y sin protección durante los días que duró la reparación de la entrada. Ante el vacío de poder creado, tras la impugnación de las primeras elecciones municipales, existió una lucha interna en Santa Olalla por obtener el bastón de mando del Ayuntamiento. Los distintos grupos políticos se lo quitaban unos a otros, casi de manera clandestina. Por ello, en el espacio de tiempo transcurrido, entre el 12 de abril al 31 de mayo, todos querían  entrar en la Corporación para manejar los resortes de la política municipal y salir con ventaja en los siguientes comicios.[iii]

Entretanto en Gerindote, el gran descontento del vecindario con el nuevo regidor, Juan Francisco Sánchez de Rivera, de convicciones monárquicas, tuvo su culminación el 27 de mayo de 1931. El atemorizado primer mandatario municipal fue obligado a dimitir ante la presión  de la Sociedad Obrera La Segura, que aconsejó a sus afiliados a manifestarse ante la puerta del domicilio de aquel. De esta manera, Cipriano Gutiérrez, sería su sustituto, y por tanto el segundo alcalde de la República. Al igual que su antecesor, ninguno de los dos fue elegido democráticamente por el pueblo.  Este extemporáneo cambio, ordenado por el delegado gubernativo, reflejaba el sentir de la población, en su mayoría jornaleros del campo. Sin embargo, las maneras empleadas por los vecinos para provocar su renuncia, empuñando hoces y bieldos en la puerta de la casa del señor Sánchez de Rivera, en la misma plaza de la localidad, sólo son entendibles desde el convulso contexto histórico en el que se produjeron.

Volviendo a abril de 1931, debemos resaltar la singularidad de Alcabón con respecto a otros pueblos. Aquí el cura párroco consensuó una candidatura única para las elecciones municipales de ese mes. La figura del sacerdote, Jesús Alía López, natural de Escalonilla, ejerció una gran autoridad moral y política sobre todos los vecinos del pueblo, hasta su fallecimiento en 1934. El religioso ejerció su respetado liderazgo para armonizar una candidatura entre los patronos y los todavía sumisos obreros. Entre todos alzaron a la alcaldía a Emiliano Rodríguez Marugán, próximo al partido de Niceto Alcalá Zamora, Derecha Liberal Republicana.

En el municipio de Escalona también continuó gobernando la derecha tras las elecciones de mayo. Sería Bibiano Díaz el primer alcalde republicano de la villa, en el año 1931, aunque dirigido por el terrateniente Sánchez Cabezudo. Este prefirió que fuera el guarda de sus fincas, y no él, quien estuviera al frente de la Corporación, según afirmaron sus detractores. Sin embargo, el líder agrario argumentó que no podía dedicar el tiempo necesario a su pueblo y que con éste testaferro se defendían mejor los intereses del Ayuntamiento.

El último alcalde monárquico de Novés, Santiago Cardassay Bourdet, entregó su bastón de mando a su homólogo republicano, Eladio Rodríguez Esteban, sin incidentes dignos de resaltar. Aunque éste nuevo primer edil no demostró una ideología bien definida, satisfacía las necesidades de la población. Era el encargado de la finca Guadavisa, y por tanto asalariado de la acaudalada familia Benayas. Como ocurriera en Escalona, estos nuevos mandatarios eran marionetas de los patrones que preferían gobernar desde los elegantes despachos de sus señoriales casas.  Por ello, es posible que partiera de su amo la brillante idea de remodelar la plaza con piedras blancas y calizas traídas de las canteras propiedad del terrateniente Arturo Taramona. Este potentado vecino de Barcience fue requerido por el primer edil, para permitir la cesión de las piedras existentes en las canteras de su propiedad, con el fin de acometer tan majestuosa obra.[iv]

 

           Elecciones del 28 de junio de 1931

 

           Una vez asegurado el poder local por las fuerzas políticas más afines al nuevo régimen, el Gobierno Provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 3 de junio. El decreto de convocatoria ordenada que dichas Cortes estarían compuestas por una sola Cámara, además de investidas de plenos poderes para legislar.

Las derechas acudieron a las elecciones bastante fraccionadas y debilitadas. La mayor parte de las viejas formaciones políticas de signo monárquico quedaron disueltas, escondidas en el desprestigio sufrido por la Corona tras el fracaso del régimen dictatorial del general Primo de Rivera. Aquellos políticos más comprometidos con la Dictadura desaparecieron de la vida pública. Sin embargo, aparecieron nuevos partidos de signo republicano conservador, como la Derecha Liberal Republicana (DLR), que reunía a antiguos políticos recién convertidos a la defensa de un republicanismo moderado.

Por su parte, el Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, se convirtió en un deseado referente para electores de integrantes de las clases propietarias, e incluso aquellas clases medias rurales y urbanas, que adivinaban estar desprotegidas por las reformas propugnadas por el socialismo. El republicanismo moderado de Derecha Liberal Republicana, partido que agrupaba a destacados dirigentes convertidos al republicanismo, como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, también jugó una función importante en los primeros años del nuevo régimen. Para los nuevos republicanos conservadores, la República era entendida como un nuevo régimen que debía sustituir a la Monarquía porque esta última había demostrado su incapacidad para democratizarse, y solo una República moderada podría contener el peligro de radicalización izquierdista arrastrada por las masas.

Los socialistas cerraron filas en torno al nuevo sistema político como una inmejorable oportunidad para expansionarse. Tanto las direcciones del PSOE y la UGT estaban convencidas de que la nueva estrategia mejoraría las condiciones de vida de los trabajadores frente a la patronal. Todos atribuían a la República un hecho histórico irrepetible, idóneo para la futura edificación de una utópica sociedad socialista, solidaria e igualitaria.

Las derechas de signo católico-tradicionalista o monárquico se presentaron fragmentadas. Sin embargo, las fuerzas del republicanismo y el socialismo acudieron más o menos unidos a las elecciones de junio, gracias a los acuerdos que ya habían alcanzado en el Pacto de San Sebastián. El Partido Radical, junto con Acción Republicana y el Partido Federal, habían mantenido acudir en alianza con los socialistas, pero en la práctica no fue así. En algunas circunscripciones donde, por ejemplo Galicia, confiaban en sus propias fuerzas para ganar prescindieron de pactos. En otras zonas, donde los radicales de Lerroux eran la única alternativa seria de frenar a los socialistas, por ejemplo Toledo, se alinearon con la DLR para ganar a los candidatos del PSOE. Sin embargo, en otras provincias los radicales sí se unieron a los socialistas o azañistas para vencer a la DLR.

 

Sin apenas tiempo de haber superado tanto sobresalto con la proclamación de la Segunda República, el día 20 de junio de 1931, ocurrieron unos sucesos que marcaron negativamente el devenir de este periodo republicano en Santa Olalla. Al caer la tarde, una gran manifestación popular se disponía a recibir a sus paisanos, Serafín y Quintín Sacristán Fuentes que viajaban desde Toledo, en compañía del alcalde de  la capital, José Ballester. Las elecciones a Cortes Constituyentes del día 28 de junio de 1931 estaban próximas y éste candidato intensificaba su campaña por los pueblos. Su trabajo se vio recompensado días después con su elección como diputado por Toledo por el Partido Republicano Radical Socialista.

Una multitud de más de 600 santaolalleros, con banderas y banda de música, salieron a recibirles. Caminaron por la carretera de Madrid hasta casi un kilómetro, en dirección a la localidad de Maqueda. Cuando el vehículo que transportaba a los políticos llegó hasta donde estaba la muchedumbre, se apearon sus ocupantes, entre vítores y aclamaciones, para dirigirse todos juntos de vuelta al centro de la villa donde estaba planificado un mitin que nunca llegó a celebrarse.

El ruido de la música, los gritos de niños y mayores, las canciones y eslóganes electorales, impidieron oír el ronco ruido de un motor que se acercaba y les embestiría por detrás. Una camioneta de transporte, cargada de pellejos con vino, “circulaba a una velocidad excesiva”, según narraba El Castellano. El conductor se azaró con los gritos y en vez de pisar el freno, aceleró. La máquina se detuvo cuando la inmovilizaron los cuerpos atropellados. El resultado fue de cuatro muertos y más de una veintena de heridos.[v]

 

           Elecciones en toda España

 

           La participación en toda España fue del 70% del censo electoral, para elegir a 470 parlamentarios. La derecha consiguió unos resultados decepcionantes, en términos generales, a excepción de la provincia de Salamanca, las provincias vascas, Navarra y el norte de Castilla La Vieja. En su conjunto, las derechas no republicanas obtuvieron poco más de medio centenar de diputados, casi fueron barridos del mapa político. Los grandes favorecidos de la conjunción republicano-socialista fueron los socialistas con 113 diputados elegidos, los radicales con 87 y los radical-socialistas con 61. Más lejos quedaron los 16 diputados electos bajo las siglas de la Acción Republicana de Manuel Azaña, y los 19 diputados federales.

En definitiva, se configuró un sistema de partidos con un total de 19 formaciones políticas o grupos parlamentarios representados en las Cortes. A ellos les fue encomendada la difícil tarea de redactar una Constitución. Por ello, el sistema de partidos que resultó tras los comicios planteó serios problemas a la hora de garantizar el funcionamiento ordenado del nuevo régimen político. La derecha agraria y católica quedó aislada ante la aplastante mayoría alcanzada por los candidatos de la conjunción republicano-socialista. Sobre todo porque los partidos que habían suscrito el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 y que, posteriormente, aceptaron el ingreso en el Comité Revolucionario, acordaron no alterar la coalición firmada en aquellos decisivos momentos, al menos hasta que se aprobase una nueva Constitución.

Tal y como podía deducirse de los propios resultados electorales y del escaso grado de participación de las clases medias, las bases sociales no eran tan sólidas como parecía indicar el resultado del masivo voto republicano cosechado en las urnas. Más bien podría tratarse de un voto antimonárquico, ejercido por una dispar mezcla de grupos que se habían decantado por otorgar su confianza a la conjunción republicano-socialista a falta de encontrar otras opciones disponibles.  Podría afirmarse, según el profesor Santos Juliá, que el sistema de partidos surgidos de los años 1930-1931 era el menos susceptible de consolidarse, al dejar fuera del grupo predominante a un sector numeroso de la sociedad.

Aunque las derechas liberales y conservadoras, recién convertidas al republicanismo, habían obtenido malos resultados no fue motivo para que el presidente del Gobierno y el ministro de la Gobernación pertenecieran a una formación política como la DLR, mucho menos votada que el Partido Radical. Esa disparidad detectada en el respaldo electoral se vio compensada con la decisión, tan criticada por Lerroux,  de no alterar la composición del Gobierno Provisional, una vez que se hubo convertido en el primer Gobierno ordinario de la República.

 

 

           Evolución de la política laicista después de las elecciones a Cortes

 

           La aplicación de las disposiciones constitucionales en materia religiosa comenzó en enero de 1932. Se disolvió la Compañía de Jesús y se concedió a sus miembros diez días para abandonar sus casas, estableciéndose la nacionalización de sus bienes. Pero la mayoría de ellos no figuraban a su nombre. En realidad, ya se habían efectuado numerosas y precipitadas ventas de bienes antes del 20 de agosto de 1931, fecha en la que el Gobierno había suspendido la facultad de vender sus bienes. Ante la oleada de pleitos incoados sobre los derechos de propiedad, Azaña presentó ante las Cortes un proyecto de Ley, por el que se suspendieron todos los procedimientos judiciales sobre los bienes de la Compañía de Jesús ya fueran incautados o incautables, cuyas reclamaciones serían decididas en adelante por el Patronato Administrador. También se llegó a crear un juzgado especial encargado de investigar la ocultación de bienes. Según Verdoy, el monto total de lo expropiado superó los 141 millones de pesetas de un patrimonio total estimado de 230 millones. A la vista de todo ello, Pío XII llegó a considerar a los jesuitas españoles “mártires del Vicario de Cristo”. Durante el segundo bienio, la CEDA aprobó una Ley que devolvería a los jesuitas algunas propiedades confiscadas y reconoció la libre facultad de vender bienes inmuebles sin necesidad de autorización del Ministerio de Justicia.

Las medidas laicizadoras siguieron su curso: se prohibieron los símbolos y prácticas religiosas en las clases de primaria, y se suprimió la clase de religión de los centros docentes públicos. La Ley de Secularización de Cementerios vino a derogar un decreto de 1879 que reconocía a la Iglesia la facultad exclusiva para declarar quienes morían dentro o fuera de su comunión, y por tanto quienes eran enterrados en sagrado o en cementerios “neutros”.  Ahora la República preveía la incautación de los camposantos parroquiales y fijaba la posibilidad de enterramiento religioso si así lo había dispuesto el finado, o en caso de los menores de edad si lo reclamaban sus familiares, pero el ritual sólo podía celebrarse al pie de la sepultura.

La reacción católica ante todas estas medidas fue inmediata, y se inició una campaña de movilización, produciéndose una división fundamental de la sociedad española entre creyentes agredidos y no creyentes agresores. El problema es que, como el mismo Gil Robles recordaría años después, “la cuestión religiosa se convirtió en bandera de combate, agudizando el choque de la dos Españas”. En la campaña para la creación de Acción Nacional (AN), Gil Robles azuzaba a sus oyentes para defender sus derechos en la calle, levantando el espectro de la guerra civil por culpa del acoso continuo del Gobierno sobre los católicos. Miguel Maura dijo que el lenguaje empleado por Gil Roble era una apelación a la guerra religiosa y podía hacer un daño irreparable a la República. (El Sol, 15-10-1931)

 

Las Cortes surgidas de las elecciones celebradas en junio de 1931 eligieron como presidente al socialista Julián Besteiro. Una vez formado el Gobierno Provisional de la República, tras la designación de Niceto Alcalá-Zamora como presidente del mismo, se aprobó el Estatuto Jurídico del Gobierno, promulgado con la finalidad de proporcionar un código legal y normativo al nuevo régimen, hasta tanto no se aprobase una nueva Constitución.

El debate constitucional transcurrió a lo largo de más de tres meses. En el transcurso de los ásperos debates parlamentarios se sucedieron a veces lances verdaderamente brillantes, con discursos cargados de una gran oratoria. La prensa y los demás medios de comunicación informaron con precisión de lo sucedido en la Cámara, provocando fuertes discusiones en la opinión pública. En numerosas ocasiones, ni tan siquiera los ministros tenían asegurado el respaldo a sus propuestas de sus propios grupos parlamentarios, y tenían que emplearse a fondo para convencerlos.

En el transcurso de los debates prevaleció el criterio de la izquierda, en torno al cual se labró una estrecha colaboración que entrecruzaba a socialistas, radical-socialistas y republicanos azañistas. Los socialistas persistían en sacar adelante aquellos aspectos del proyecto constitucional que más afectaban a la reforma social, con diversos mecanismos legislativos destinados a limitar los privilegios de las oligarquías tradicionales y la Iglesia católica. Los grupos regionalistas y nacionalistas, y de manera clara los catalanistas, pretendían alzar a la nueva Constitución en el marco legal que protegiese sus pretensiones de autogobierno. Por su parte, la derecha no republicana, parapetada en le férrea defensa de los fundamentos ideológicos del agrarismo conservador y el monarquismo católico, luchaba con una estrategia de rechazo frontal del programa defendido por los partidos gubernamentales de la conjunción republicano-socialista.

 

 La definición de la República y la regularización de la propiedad

 

La discusión del debate estribaba entre si la República era definida como “democrática” o como “República de trabajadores”. El acuerdo final adoptado, rechazado por la derecha, definía al nuevo régimen como una “República de trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y de Justicia”.

Más polémico fue el debate sobre la discusión del artículo 44, que si bien reconocía el derecho de propiedad, admitía “la expropiación con o sin indemnización” por causas de utilidad pública, subordinando las fuentes naturales de la riqueza a “los intereses de la economía nacional”, y proponiendo una socialización progresiva a través de una profunda reforma agraria. Los socialistas abogaron por una economía sometida al poder público, aunque después transigieron a algunas de sus exigencias. Los radicales se opusieron rotundamente a la socialización forzosa y exigieron garantías para los propietarios. A su vez, las derechas agraristas, representadas por José María Gil Robles, defendieron la propiedad privada, al tiempo que inculpaban a los socialistas de promover el sometimiento de la riqueza nacional al control absoluto del Estado. El presidente del Gobierno, Alcalá-Zamora, intercedió mediante la formulación de una enmienda intermedia, que también fue rechaza, lo cual provocó que amenazase con su dimisión. La propuesta que resultó finalmente resultante, defendida por la Agrupación al Servicio de la República, limitaba los alcances de la capacidad expropiatoria concedida al Estado. Pese a mantenerla casi intacta, incluso sin recurrir a la preceptiva indemnización, la ajustaba únicamente a aquellos casos en que así quedase estipulado en una futura ley, que debía ser aprobada por la mayoría absoluta de los diputados de la Cámara.

 

 La cuestión regional y la definición del “Estado Integral”

 

 

Muchos problemas originó el artículo que estipulaba la aconfesionalidad del Estado. También fueron objeto de tensas disputas los apartados que declaraban al castellano como idioma oficial en todo el territorio nacional y concebían a la República como un “Estado integral”, opuesto al anacrónico “Estado centralista”. El conjunto de las derechas estaba a favor del modelo centralista, mientras los federales y catalanistas abogaban por la implantación de un modelo federalista puro. Finalmente, los acuerdos logrados entre socialistas y los republicanos de Azaña permitieron la adopción de la exitosa fórmula del “Estado integral”. De esta manera se daba satisfacción a las aspiraciones de autogobierno de los catalanistas, autorizando un Estado unitario que, si declararse centralista ni federal, se mostraba respetuoso con la autonomía otorgada a los municipios y a las regiones.

La proclamación de la República había dado alas al anhelo autonomistas de las formaciones catalanistas, dando paso así al reconocimiento de la Generalitat y a la aprobación bajo referéndum del proyecto de Estatuto de Autonomía de Núria, tal y como fue entregado finalmente al Gobierno. Esquerra Republicana, convertida en el partido hegemónico en Cataluña tras los buenos resultados electorales obtenidos en junio de 1931, había participado en el Pacto de San Sebastián, mostrándose de acuerdo con que fueran las Cortes republicanas las que decidieran el grado de autogobierno a conceder a la región catalana.

Por su parte, aunque los vascos andaban divididos y no habían participado en el Pacto de San Sebastián, pronto pusieron en marcha un conjunto de iniciativas para presentar a las Cortes un proyecto de Estatuto de Autonomía respaldados por las derechas nacionalistas y refrendado por las tres cuartas partes de los ayuntamientos vasco-navarros reunidos en la localidad de Estella. El llamado Estatuto de Estella, que privaba del derecho a voto de los inmigrantes y contemplaba la firma de un Concordato entre el futuro Estado vasco y la Santa Sede con el fin de evitar la aplicación de la legislación anticlerical republicana en el territorio de las provincias vasco-navarras, fue defendido ante las Cortes por la representación parlamentaria mayoritariamente tradicionalista y nacionalista triunfante en las elecciones de junio de 1931. Sin embargo, la declaración del “Estado integral” en que había de convertirse la República dejaron frustradas las aspiraciones autonomistas vascas. El rechazo del Estatuto de Estella, y otras cuestiones religiosas, motivaron la retirada de las Cortes de la minoría vasco-navarra, produciéndose así una nueva profunda escisión entre el nuevo régimen republicano y el nacionalismo vasco.

 

 

 El reconocimiento de la mujer del derecho al sufragio

  

Durante la elaboración del artículo 36 se suscitaron intensos debates en las Cortes republicanas. Fue defendido de manera inequívoca por Clara Campoamor, en representación de su grupo político, aunque no contó con el respaldo de sus compañeros de filas. Fueron estos últimos quienes manifestaron su temor a que la tradicional influencia ideológica ejercida por el clero sobre las mujeres, las inclinase hacía un amenazador y mayoritario respaldo electoral a las derechas. Incluso la izquierda republicana, a través de la diputada Victoria Kent, se mostró temerosa a la hora de conceder el derecho de voto a las mujeres. La propuesta venció, finalmente, a pesar de que votaron en contra los representantes de Acción Republicana, así como los radicales, los radicales-socialistas, los agrarios y los catalanistas.

Como bien es sabido, la concesión del voto femenino y la igualdad jurídica no estuvo exenta de tensión durante el debate parlamentario. Entre los que se oponían al derecho al voto de la mujer, unos se basaron en tesis biologicistas sobre la inferioridad intelectual, la debilidad física y el desequilibrio emocional de las féminas, mientras que otros alegaban cuestiones de estrategia, en relación con lo poco oportuno que resultaría otorgar ciudadanía política a las mujeres por su escasa preparación y por la excesiva influencia que ejercía la Iglesia sobre ellas. Este último argumento fue esgrimido por la diputada Victoria Kent. Sobre los argumentos físicos, el diputado Hilario Ayuso afirmó sin rubor que se debía permitir el voto a las mujeres solo después de la menopausia para evitar “el nerviosismo y las alteraciones de la menstruación”. A lo que el diputado y psiquiatra, seguidor de las tesis de Freud, César Juarros, contestó: “A los 45 años, la edad crítica hace que la mujer comience a perder serenidad y dominio en sí misma; es la época de los trastornos de involución y, por tanto, podría darse el caso anómalo de que se concediera el voto al empezar la fase en que su equilibrio mental corre mayor peligro”. A lo que se produjeron risas por todos los escaños.

El arquetipo de mujer preponderante aún en los años treinta era el del “angel del hogar” impuesto por la burguesía a toda la sociedad desde el siglo XIX. La mujer dependía del esposo porque no debía desempeñar ningún trabajo remunerado, y por tanto obediente a él. Su destino era ser madre y esposa. Sin embargo, las mujeres del campo y la ciudad de las clases populares se habían visto obligadas a realizar tareas fuera del hogar por necesidades económicas, aunque esto no fuese del gusto de sus maridos. En las primeras décadas del siglo XX, el desarrollo económico y el crecimiento urbano posibilitó el acceso de las mujeres a nuevos empleos; aún así, las trabajadoras oficiales solo representaban el 9% de la población femenina. Así, en La Puebla de Montalbán (Toledo) muchas mujeres trabajaban en la fábrica de conservas de la torrijeña familia Calderón.

A pesar de esta situación generalizada, pronto sobresalió un conjunto de elite de mujeres vanguardistas, muchas de ellas famosas, que a través de la prensa y radio influyeron en otras muchas anónimas. Era mujeres transgresoras, animadas por el régimen democrático de la República, que buscaban su emancipación frente al hombre. En vida diaria mantuvieron relaciones amorosas y sexuales con libertad, al margen de la moral religiosa y civil. Algunas tuvieron varias parejas, como la pintora Maruja Mallo, que fue amante de Rafael Alberti, Pablo Neruda y Miguel Hernández, pero a ella se la juzgó por promiscua y a ellos como “machotes”. Incluso a Dolores Ibárruri se la atacó por su doble vida sentimental, casada y con amante. Otras incluso tuvieron hijos fuera del matrimonio, como la feminista y política socialistas Margarita Nelken. Por no hablar de la orientación sexual de Victoria Kent, abogada y diputada, que soportó las burlas por su condición de lesbiana.

La presencia de la mujer en la vida pública en el ámbito local debemos destacar a Elvira Méndez de la Torre, que llegó a Toledo en 1910, encontrándose una ciudad provinciana sumergida en un páramo cultural, prisionera de la nostalgia de tiempos pasados en la que habían puesto sus ojos literatos españoles como Gustavo Adolfo Bécquer o Vicente Blasco Ibañez. Una Ciudad Imperial muy mediatizada por el peso de la Iglesia y en particular por su condición de Sede Primada de las Españas. En la capital se enraizó y formó parte de instituciones tan toledanas como el Ayuntamiento, donde se incorporaría como concejal, o la Academia Real de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Fue la máxima responsable educativa de la Escuela Normal.

Este cambio se puso de manifiesto en el uso de prendas de baño en playas y piscinas. El control de su cuerpo, el cuidado de su físico, la higiene o la moda, la práctica del deporte, el naturismo o la vida al aire libre. Además, la vida urbana y el trabajo fuera de hogar potenciaron la reducción de la familia numerosa. En definitiva, hubo una mayor visibilidad y protagonismo de las mujeres en la sociedad republicana, a las que hasta entonces habían sido privadas del derecho de votar.

 

 

 Aprobación de la Constitución de 1931. Balance general

 

El 9 de diciembre de 1931, tras varios meses de intensos debates, las Cortes aprobaron el texto definitivo de la Constitución Republicana. Le otorgaron su respaldo 368 diputados, a los que se sumaron después los sufragios de 17 ausentes.  No hubo ningún voto en contra, aunque nacía sin el respaldo de las minorías católico-agraria y vasco-navarra, que se habían retirado tras la aprobación del polémico artículo 26, sobre la cuestión religiosa. Las derechas tomaron una postura de intransigencia frente al texto constitucional, hasta afirmar de forma reiterada que aquella Constitución no era la suya, sobre todo lo relacionado con las disposiciones antirreligiosas. Gil Robles calificó el texto de “disparate jurídico”. Y como católico convencido señaló que “en el orden de las libertades públicas es tiránica; en el orden religioso es persecutoria, y en el orden de la propiedad es vergonzosamente bolchevizante”.

La Constitución de 1931 estaba claramente escorada hacia la izquierda, resultante del pacto alcanzado entre socialistas y los representantes parlamentarios del republicanismo progresista, que marcaba la trayectoria para la implantación de un sistema político instalado en la profunda democratización de las instituciones. En muchos aspectos resultaba más avanzada, incluso, que otras Constituciones en las que se había inspirado, como la mexicana de 1917, la alemana de 1919 o la austriaca de 1920. La Constitución española reconocía la igualdad jurídica entre los sexos, al mismo tiempo que reconocía el derecho de voto a las mujeres, esto último pese a establecer en 23 años la edad necesaria para el reconocimiento de su ejercicio.

En lo referido a la regularización de los derechos de la familia, reconocía la absoluta libertad de los cónyuges a la hora de disolver, por mutuo acuerdo, el vínculo matrimonial. Los derechos de propiedad quedaban garantizados pese a su limitación en atención a la función social que dicha propiedad debería cumplir, contemplándose la expropiación forzosa controlada por las Cortes.

En lo referente al Estado, la Constitución reconocía el derecho a la autonomía regional, concebido como el cauce idóneo por donde deberían transcurrir los denominados “hechos diferenciales” o históricos que afectaban a distintas regiones. La designación del presidente de la República descansaba sobre el principio de designación indirecta que confiaba el nombramiento al acuerdo surgido en el seno de una asamblea mixta de compromisarios y diputados. El presidente de la República tenía la potestad de designar al jefe del Gobierno, siempre que este último contase con la confianza del Congreso de Diputados, única Cámara parlamentaria existente.

En definitiva, toda una amplia gama de derechos económicos y sociales, en consonancia con la prevalencia de un principio intervencionista del Estado nacido al amparo de los progresos en materia de derecho político y constitucional que se habían alcanzado durante el periodo de entreguerras.

 

Los  Estatutos de Autonomía

 

Uno de las grandes controversias del inicio de la República giró en torno al modelo de organización territorial. El Pacto de San Sebastián de 1930 plasmó el compromiso de solucionar la cuestión catalana en base al principio de autodeterminación y mantuvo la predisposición a un pacto vagamente federalista, aunque supeditó la fórmula definitiva del autogobierno a la aprobación soberana de las futuras Cortes Constituyentes.

Por su parte, aunque los vascos andaban divididos y no habían participado en el Pacto de San Sebastián, pronto pusieron en marcha un conjunto de iniciativas para presentar a las Cortes un proyecto de Estatuto de Autonomía respaldados por las derechas nacionalistas y refrendado por las tres cuartas partes de los ayuntamientos vasco-navarros reunidos en la localidad de Estella. El llamado Estatuto de Estella, que privaba del derecho a voto de los inmigrantes y contemplaba la firma de un Concordato entre el futuro Estado vasco y la Santa Sede con el fin de evitar la aplicación de la legislación anticlerical republicana en el territorio de las provincias vasco-navarras, fue defendido ante las Cortes por la representación parlamentaria mayoritariamente tradicionalista y nacionalista triunfante en las elecciones de junio de 1931. Sin embargo, la declaración del “Estado integral” en que había de convertirse la República dejaron frustradas las aspiraciones autonomistas vascas. El rechazo del Estatuto de Estella, y otras cuestiones religiosas, motivaron la retirada de las Cortes de la minoría vasco-navarra, produciéndose así una nueva profunda escisión entre el nuevo régimen republicano y el nacionalismo vasco.

 

 

El modelo de Estado en la Constitución de 1931. El Estado Integral

 

Tras la conmoción causada por la frustrada proclamación por Maciá de la República Catalana dentro del futuro Estado Federal español, el anteproyecto resultó ambiguo al no pronunciarse sobre la naturaleza de los nuevos entes territoriales de alcance regional.

El calificativo finalmente adoptado de “Estado integral” fue el resultado de una difícil negociación, patrocinada por Alcalá-Zamora, entre las fuerzas republicano-socialistas y la minoría catalana. Ello motivó las críticas de los sectores menos autonomistas de la Cámara, como los representados por Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset, quien propuso la regionalización de todo el Estado y que las autonomías fuesen la norma general para todo el territorio. Las Cortes republicanas tuvieron que conciliar las tendencias unitaristas de algunos partidos como el PSOE —tradicionalmente antinacionalista, aunque ofrecía su apoyo a las aspiraciones autonomistas de Ezquerra Republicana sin pronunciarse sobre la forma concreta de Estado, y condicionado a la puesta en marcha de la reforma agraria— con el regionalismo de algunos sectores de derechas y las aspiraciones federalistas de los grupos minoritarios de izquierda.

Se optó, así, por una noción ecléctica pero que era políticamente aceptable para el momento: el Estado integral. Este era tendente al centralismo, ya que era el único poder que podía conceder los estatutos a las regiones que así lo solicitasen. La autonomía no provenía de una soberanía regional previa, ni de unos derechos naturales históricos, sino de la voluntad soberana de las Cortes. De hecho, los distintos estatutos fueron el resultado de una intensa negociación de los partidos nacionalistas y la mayoría parlamentaria, que se inclinaba a recortar los propósitos de autogobierno y soberanía compartida.

Sin embargo, por el estallido de la Guerra Civil solo se puso en marcha el Estatuto Catalán; mientras los del País Vasco y Galicia se encontraban en trámite parlamentario para su promulgación, y otras regiones apenas habían comenzado a dar los primeros pasos para su preparación.

 

El Estatut de Núria y la Generalitat de Catalunya

 

El avance autonómico catalán con respecto a otras regiones procede del Pacto de San Sebastián de 17 de agosto de 1930, que selló el compromiso de dar solución al viejo “problema de Cataluña”. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 supusieron un gran triunfo del republicanismo catalán, en concreto de la coalición electoral Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), plataforma de convergencia de separatistas (EC), socialdemócratas (Grupo de L´Opinió) y el antiguo Partit Republicá Catalá, que seguía la tradición democrática, federalista y republicana heredada de Pi y Margall. La votación de 12 de abril fue vista por buena parte de la población como un referéndum de separación respecto de la Monarquía centralista, y Maciá se pronunció en este sentido el 14 de abril (cuando aún no existía el Estado republicano), proclamando el Estado Catalán en el marco de una futura confederación de pueblos ibéricos, y luego, tras la proclamación de la República en Madrid a las 8 de la tarde, declarando a Cataluña “Estado integrante de la federación ibérica”.

Maciá, que formó un Gobierno provisional catalán, no pensaba en la independencia, sino en forzar mediante una política de hechos consumados el cumplimiento del Pacto de San Sebastián. Esto alarmó al también Gobierno provisional madrileño que mandó viajar a dos ministros a Barcelona para buscar soluciones. El resultado fue el acuerdo de elaborar un texto de Estatuto que debería ser ratificado por la población catalana y sancionado por las Cortes españolas. Maciá aceptó el estatutismo como marco de relaciones de la República Española con Cataluña y emplazó el contencioso federalista a la futura voluntad popular tanto española como catalana manifestadas en las elecciones a Cortes Constituyentes.

Tras una serie de decretos, el Gobierno de la Generalitat estaría autorizado a resolver, también por decreto, todas las cuestiones de interés para Cataluña que durante este periodo de interinidad no estuvieran reservadas al Gobierno Provisional de la República, y podrían incluso requerir el auxilio del Ejército.

El proceso de elaboración del denominado Estatuto de Núria fue rápido, y se adaptó al procedimiento acordado en el Pacto de San Sebastián. La clara victoria de la coalición liderada por Esquerra en las elecciones parlamentarias del 28 de junio de 1931, donde obtuvo 35 de los 53 escaños de la región, preparó sin duda el éxito del referéndum estatutario. El Gobierno Provisional de Madrid intentó retrasar la aprobación del Estatuto hasta la reunión de las Cortes Constituyentes, pero la Generalitat se adelantó a los acontecimientos. Con mínimas excepciones, el texto fue aprobado por unanimidad o por aclamación en los distintos ayuntamientos y fue sometido a referéndum de la población masculina (la mujer no votaba aun) catalana el 2 de agosto de 1931 que aprobó el Estatuto masivamente. Las Cortes españolas se vieron forzadas a respetar políticamente el resultado del plebiscito o modificarlo según el tenor de la nueva Constitución, que como es sabido no tuvo alcance federal.

Una vez que la Generalitat declaró aprobado el Estatuto, una delegación encabezada por Maciá entregó el texto al presidente del Gobierno Provisional , y el 18 de agosto de 1931 el Estatuto de Núria fue presentado ante las Cortes para su debate como ponencia del Gobierno de la República. Las negociaciones y debates para encajar este Estatuto de máximos en la Constitución republicana fueron muy difíciles. Las sesiones duraron hasta el 9 de septiembre de 1932, y vinieron marcadas por el obstruccionismo de la derecha, las críticas de intelectuales como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, y las reticencias de los socialistas, nada motivados por la cuestión catalana. Los puntos más debatidos fueron la lengua oficial, la enseñanza (el castellano era de estudio obligatorio), la autonomía judicial, el control del orden público, la potestad legislativa de Cataluña, la hacienda y la aplicación de la legislación social.

La recomposición de muchos artículos del proyecto permitió sortear gran parte de las enmiendas presentadas. La campaña generalizada de las derechas españolistas en contra del Estatuto fue intensa: desde 1931 se habían organizado boicots de productos catalanes. Por su parte, amplios sectores del catalanismo protestaron por la lentitud de la tramitación y las modificaciones que se iban produciendo. Maciá recibió más de 350.000 tarjetas reclamando que el Estatuto entrase en vigor sin ningún retoque, y el 24 de abril de 1932 miles de personas se manifestaron en idéntico sentido por las calles de Barcelona.

Para tratar de superar estos problemas, Azaña pronunció un discurso que se basó en la discusión simultánea del Estatuto y de la Ley de Reforma Agraria, consiguiendo que los 36 diputados de la izquierda catalanista apoyasen la Reforma Agraria y los 115 socialistas no se opusieran al Estatuto. Sin esperar una reacción así, el nuevo impulso republicano conseguido tras la derrota del intento de golpe militar de Sanjurjo, permitió la rápida aprobación del Estatuto y de la Reforma Agraria el 9 de septiembre de 1932.

El proceso de transferencias fue lento, en medio de constantes tensiones. A pesar de estas dificultades, a lo largo de 1933 se traspasaron muchas competencias, y a fines de ese año se cedieron los servicios de orden público y justicia. La desaparición de los gobernadores civiles y la subordinación de la Guardia Civil a la Consellería de Governació hicieron pasar el control efectivo de las fuerzas de seguridad a la Generalitat, ante la hegemonía de Esquerra. El 6 de diciembre de 1932 fue inaugurado el Parlamento bajo la presidencia de Companys, y después Maciá fue nombrado presidente de la Generalitat.

Tras la victoria de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 1933 se fue difundiendo la imagen de Cataluña como baluarte de la República amenazada por sus enemigos. Ya en el II Congreso Nacional de Esquerra, celebrado el 7 de octubre de 1933 en la perspectiva de adelanto electoral, Maciá había hablado de la necesidad de luchar hasta las últimas consecuencias por la libertad de Cataluña, y advirtió que “si la República cau allà, la República es mantindrà, ací”.

Tras el fracaso insurreccional de Octubre de 1934 la autonomía catalana quedó en suspenso: el 8 de octubre, el coronel Francisco Jiménez Arenas asumió accidentalmente  la presidencia de la Generalitat y todos los poderes del Consell Executiu, adoptando medidas punitivas como la incautación de las recaudaciones sobre las contribuciones e impuestos del Estado y la eliminación de la inmunidad de los parlamentarios o la suspensión de empleo y sueldo a los funcionarios de la Comisaría General de Orden Público de la Generalitat, cuyas competencias volvieron al Gobierno central. Con la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, se normalizó la situación política con el retorno del Govern de la Generalitat encarcelado tras los sucesos revolucionarios de Octubre.

El Estatuto se mantuvo vigente durante la Guerra Civil a pesar de que sus competencias se vieron gravemente alteradas, pero sin actividad parlamentaria. A fines de octubre de 1937, el Gobierno de la República se trasladó a Barcelona, que se convirtió de improviso en la capital del Estado. Después, el 5 de abril de 1938, Franco derogó todas las facultades del Estatuto, hasta que acabó por ocupar militarmente el Principado el 10 de febrero de 1939.

 

 

[i] El Castellano 27 mayo 1935,  nº 8.102. Este periódico se puede ver digitalizado a través de Internet: Centro de Estudios de Castilla La Mancha. www.uclm.es

[ii] Gaceta nº 130, 10-V-1931, pp. 639-641.

[iii] MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla, Toledo, Ledoria, 2016, pp. 8 y ss.

[iv] Ibidem, pp. 19 y ss

[v] MORALES GUTIÉRREZ, Juan Antonio; MORALES PÉREZ, Belén: Segunda República y Guerra Civil en Santa Olalla, Toledo, Ledoria, 2016, pp. 15 y ss.